Ni la Comunidad, ni Alicante, ni los votantes, ni los militantes del PP se merecen el espectáculo organizado en torno al proceso de elaboración y proclamación de las listas del Partido Popular tanto para las autonómicas, como para las elecciones locales.
Un proceso largo y tedioso plagado de enfrentamientos, traiciones y conspiraciones que ha concluido con la aprobación de unas candidaturas que no han terminado de satisfacer, por lo visto, a ninguna de las partes enfrentadas en este procedimiento (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/04/09/cien-candidatos-pp-alicantino-cercanos-ripoll-indignados-lista-autonomica/1114686.html ) y que está dando que hablar, y mucho, a los rivales del PP.
Sin entrar en la apreciación que pueda merecer la presencia de imputados en diferentes procedimientos judiciales en estas listas, pues es evidente la utilización sectaria y partidista que de la justicia y de los medios policiales se viene haciendo desde hace tiempo, lo cierto es que sirve para “echar carnaza” a los adversarios políticos, siempre dispuestos a acabar con la presunción de inocencia cuando no se trata de los propios conmilitones.
Hay un hecho indiscutible que afecta a todas estas listas recientemente aprobadas y que podrán satisfacer más o menos a unos y a otros: que estas listas se han hecho de espaldas de los militantes de Partido Popular. Y ello es así en virtud del procedimiento establecido en los Estatutos del propio Partido y que al final determina que los dirigentes de Madrid, miembros del Comité Electoral Nacional, saben mucho mejor qué candidatos convienen a los alicantinos, por ejemplo, que los propios afiliados del Partido Popular de Alicante. A los afiliados del partido Popular ni se les consulta ni se les deja opinar internamente sobre sus preferencias para la designación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad o a los escaños de las Cortes Valencianas. Es un hecho evidente e incontestable, como lo es también el hecho de que, pudiendo hacerlo, ningún candidato a la Alcaldía de las grandes ciudades tiene el valor de someterse a una asamblea informativa del Partido para medir el apoyo con que cuentan entre la militancia. Los militantes del Partido Popular solo cuentan para pagar la cuota de afiliación, para que los llamen para llenar las sillas de los actos electorales y para esperar ahora a que les llamen para hacer de apoderados e interventores el día 22 de mayo.
Otro hecho que denotan estas listas recientemente aprobadas es la pretensión de acumular puestos institucionales por parte de algunos candidatos. Los estatutos del PP regulan determinadas incompatibilidades para que esto no ocurra. Pero, hecha la norma, hecha la trampa: hay excepciones. Y, acogiéndose a la excepción generalizándola, hay quienes son candidatos a la Alcaldía de su ciudad, como en Alicante y Valencia, y al mismo tiempo candidatos a ser diputados por la Provincia en las Cortes. Seamos serios por favor ¿dirigir una ciudad como Alicante no exige una dedicación al cien por cien? Y ¿representar a la Provincia en las Cortes no exige también una dedicación permanente? Supongo que la respuesta a ambas preguntas sólo puede ser afirmativa. Entonces ¿cómo se puede hacer compatible ser Alcaldesa, por poner un ejemplo, de Alicante y al mismo tiempo diputada en las Cortes? ¿En cuál de los dos cargos no va a haber una dedicación al cien por cien? Que nos lo digan, porque los electores tenemos derecho a saberlo.
Los que hoy se sienten defraudados o indignados por esta forma de hacer las cosas deberían tomar buena nota de ello y actuar en consecuencia cuando llegue la hora de elegir a los dirigentes del partido en su localidad o cuando llegue la hora de apoyar, en el próximo Congreso, las enmiendas destinadas a devolver la palabra y el poder a los afiliados del Partido Popular y a reforzar el sistema de incompatibilidades para acabar con estos abusos.
Santiago de Munck Loyola
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