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martes, 11 de junio de 2024

La derecha ha ganado, digan lo que digan.


Pues sí, la derecha ha ganado en España las elecciones europeas. Y sí, también lo ha hecho en Europa. Cualquiera pensaría lo contrario escuchando a los dirigentes socialistas y a sus voceros en todos los medios de comunicación. Los hechos y las cifras no hacen otra cosa que dejarles en el más absoluto ridículo porque no admiten discusión. Su sobreactuación es vergonzosa, pero se compadece mucho con su falta de talante democrático al no felicitar al ganador, algo ya habitual.


El Partido Popular ha sido el más votado aventajando al segundo, el PSOE, en 700.000 votos, o lo que es lo mismo un 4% más de los votos. Es el partido que más aumenta su representación, 9 diputados, mientras que el PSOE pierde uno. El primero sube un 14 % respecto a 2019 y el segundo baja un 3%. No obstante lo anterior y pese a la evidencia, los socialistas tratan de engañar con todo descaro a los ciudadanos fingiendo una victoria que solo existe en sus deseos oníricos. Eso sí, además presumen de haber contenido a la “ultraderecha”. Sí, a la ultraderecha que han convertido, con el concurso de los “comunicadores” paniaguados, en la bestia negra de la democracia. Los mismos que, utilizando su propio sistema de localización política, pactan con la “ultraizquierda”, ya sea ésta con genes terroristas o sin ellos. No tienen escrúpulos. Estoy esperando a que uno solo de los comunicadores o tertulianos políticos “progres” nos cuente ¿por qué es muy mala, malísima la llamada ultraderecha y por qué es buena, buenísima, la ultraizquierda? O ¿dónde empieza el territorio de la una y la otra? Es como el bulo, convertido en dogma oficial, de que los comunistas siempre han luchado por la libertad. ¡Já! “¿Libertad? ¿Para qué?” decía Lenin. Los comunistas siempre han luchado por derribar, incluso a la fuerza, los regímenes democráticos para sustituirlos por dictaduras del proletariado. Solo en los años 70 iniciaron un cambio estratégico aceptando el pluripartidismo y la democracia parlamentaria de la mano del italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais, a los que se sumaría Santiago Carrillo. La caída del muro de Berlín terminaría por desinflar  y fraccionar a los partidos comunistas, apareciendo multitud de corrientes políticas de carácter sectorial.

Hoy el eje político derecha-izquierda aparece más confuso que hace unas décadas porque la aceptación formal de las libertades públicas es aparentemente compartida por casi todos los partidos políticos. Un criterio racional sería situar en los extremos solo a aquellos partidos cuyo objetivo sea acabar con el actual sistema de libertades públicas y, por ende, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pretender modificar la estructura territorial del Estado a través de las urnas no es una señal de extremismo o de carácter “ultra”, como no lo es pretender sustituir la monarquía por un sistema republicano; regular y restringir la inmigración tampoco lo es, ni lo es discrepar de la ideología de género o combatir la supuesta emergencia climática. Son ultras, extremistas, los que pretenden acabar con la libertad de asociación, con los partidos políticos, los que quieren imponer la censura a los medios de comunicación o los que pretenden imponer un pensamiento único medioambiental, histórico o sobre las políticas llamadas de “género”. Pero la izquierda política, anclada en prácticas totalitarias, tiende a situar en el extremo ultra a todo aquel que discuta sus dogmas. Y ya está bien. No podemos seguir tragando con su continua expedición de carnés democráticos.

En estas elecciones europeas no han ganado los “ultras” o la extrema derecha, no. En Europa y en España han avanzado los partidos de centro derecha y los conservadores. Han avanzado los partidos que mejor han sintonizado con unas legítimas aspiraciones ciudadanas de cambios profundos en las políticas europeas sobre inmigración, de modificaciones radicales en las políticas agrarias y medioambientales, de recortes en un modelo europeo excesivamente burocratizado dirigido por élites muy alejadas de los problemas de las calles; aspiraciones que incluyen la voluntad y el deseo de conservar los valores identitarios y culturales de cada país europeo, valores cada vez más cuestionados y acosados por una indolente tolerancia ante su suplantación por modelos ajenos a nuestra cultura. Y han perdido los partidos que se habían presentado como valedores de un “muro” contra todas esas aspiraciones ciudadanas. Si los socialistas españoles y la izquierda en general están convencidos de que “han ganado” porque se han convertido en un dique de contención de lo que llaman extrema derecha, mejor, porque seguirán insistiendo en los mismos errores que les han conducido a su derrota.


No son las estrategias del Partido Popular de Núñez Feijóo las que han favorecido la emergencia de Alvise Pérez con 800.000 votos y 3 escaños en Europa. Y no se puede minusvalorar la importancia de este hecho despachándolo con un par de ocurrencias de argumentario para tontos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay 800.000 mil españoles que han mostrado su radical rechazo con su voto a las políticas del gobierno que se traducen en una corrupción que llega hasta a las más altas esferas del poder, que campa a sus anchas con bastante impunidad, políticas permisivas con la inmigración ilegal y con el tráfico de personas, políticas impotentes para poner freno a la delincuencia sexual, a la proliferación de las manadas; políticas que propician el colapso de la justicia por falta de medios, la entrada y salida de los delincuentes de las comisarías,  el destino de millones de euros sin control para mantener a los inmigrantes ilegales, la imposición de una Agenda 2030 con consecuencias fatales para nuestra agricultura, nuestra industria e, incluso, nuestras libertades, etc. Son españoles que están hartos de la situación provocada por el Gobierno y no encuentran solución en las alternativas de los partidos clásicos, pero que han encontrado, pese al infame bloqueo informativo, a Alvise Pérez.

Algo ha empezado a cambiar y es hora de que nuestra sociedad despierte. Es hora de que nuestros dirigentes políticos tomen buena nota, de que no se recreen en la autocomplacencia y de que se pongan manos a la obra.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

sábado, 8 de junio de 2024

Mi voto protesta para las elecciones europeas.



Se supone que las campañas electorales sirven para que los partidos políticos que participan en unas elecciones transmitan a los votantes sus propuestas, para que presenten sus programas, sus compromisos para cumplir en el caso de que obtengan el respaldo suficiente de los electores. Se supone también que sirven para que los votantes puedan conocer mejor a los candidatos que participan en el proceso electoral. Bien es cierto que los compromisos y programas electorales ya no sirven de gran cosa. Han sido devaluados a la categoría de billetes falsos. No hay más que recordar las promesas en materia fiscal del PP en 2011 que desembocaron en la mayor presión fiscal de la historia (solo superada ahora por el PSOE) o las promesas más recientes de Pedro Sánchez de, primero, traer a Puigdemont a la cárcel y, después, de que nunca aprobaría una amnistía por inconstitucional. 

Hoy, un candidato puede tranquilamente prometer lo que le dé la gana porque conoce la falta de memoria de una gran parte del electorado. Las campañas electorales ya no sirven para cumplir con su principal objetivo. De una parte, porque el ambiente prelectoral es permanente y el ambiente político solo cambia por su intensidad y por la agudización de la polarización política. De otra, porque en estas campañas se habla de todo menos de lo que realmente se va a dilucidar en función del resultado. De hecho, en poco se nota ahora mismo que estamos en una campaña electoral para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Poco o nada nos han transmitido la inmensa mayoría de los candidatos sobre qué y para qué quieren representarnos en Europa. Poco o nada se ha dicho sobre la PAC y su reforma, sobre la homogeneización fiscal, sobre las políticas comunitarias en inmigración, sobre la posición europea, comunitaria, sobre conflictos tan relevantes como el de Ucrania u Oriente Medio, sobre la supuesta emergencia climática o sobre la infumable Agenda 2030.

Dado que no nos explican sus proyectos para Europa, nos han colado de lleno en una campaña nacional, en una votación casi plebiscitaria en la que se pretende aprobar o condenar al actual gobierno o, en su caso, a la oposición. La polarización a la que nos ha conducido Pedro Sánchez y sus satélites se traduce en la construcción de “un muro” para aislar a todos los que no sean de los suyos, entre los cuales me encuentro. Y así las cosas, lo más sensato para cualquiera que no crea en “los muros” es combatir a quienes los construyen lo que, traducido en términos electorales, es votar contra “los muros”, contra sus constructores. Deseo unos gobernantes que gobiernen para todos, no contra la mitad de la población, no solo para los suyos.

Durante la campaña solo he acudido a un pequeño acto electoral, al organizado por Alvise Pérez de “Se acabó la fiesta” en Alicante. Y me ha valido las críticas de algún conocido defensor de “los Muros”. Me preguntó ¿qué hacía una persona inteligente como yo (sic) en este acto? Me revienta que, desde su pretendida superioridad moral, algunas personas se vean en la obligación de decirte dónde debes ir y dónde no. En su arrogante actitud totalitaria se permiten el lujo de aleccionarte, por tu bien, de lo que debes o no escuchar. Y las cosas, para los que creemos en la libertad, no son así. Alvise Pérez es el único candidato al que he escuchado propuestas diferentes que parten de una profunda crítica a los peores vicios de la partitocracia. Lo inteligente es escuchar, comparar y analizar con espíritu crítico a todos. Si los defensores del “muro” lo practicasen quizás se harían un gran favor. Pero es pedir peras al olmo. Les basta con repetir las consignas sobre el fango, la ultraderecha y demás eslóganes para militantes sin capacidad de autocrítica. Es cierto que Alvise Pérez busca la inmunidad parlamentaria para poder seguir con su tarea de denuncia de la corrupción de políticos de todos los colores ¿Y qué? También la buscó Puigdemont y la consiguió y ahora los del “muro” prácticamente le adoran.

En todo caso, Alvise con sus cientos de miles de seguidores tiene asegurado su escaño en Europa. Por eso, en mi caso, voy a votar al Partido Popular. No porque me convenzan sus propuestas, lo voy a hacer porque, a pesar de sus tremendos errores en Baleares incumpliendo sus promesas en materia lingüística o subvencionando a entidades independentistas, es la opción que más puede doler a los defensores del “muro”. Voy a votar al Partido Popular porque es la opción con más capacidad para echar al actual gobierno, un gobierno al que la corrupción asfixia, un gobierno que atenta contra la independencia judicial y que amenaza las libertades, un gobierno que se ha constituido gracias al incumplimiento flagrante y desvergonzado de su compromiso electoral de no aprobar una amnistía para los golpistas y malversadores catalanes. Por una vez, voy a ejercer mi voto en forma de protesta sin otro objetivo que Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y su cuadrilla de Koldos y Armengoles se vayan a su casa tras rendir cuentas ante la justicia.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 17 de abril de 2024

Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.

lunes, 19 de febrero de 2024

Galicia señala el camino.

 

La fakencuesta del CIS.

Mala noche la del 18 de febrero de 2024 para la progresía en general y para los partidos que componen el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Y mira que lo han intentado todo, desde resucitar la catástrofe del Prestige hasta manipular, como suele ser habitual, las encuestas del CIS, pasando por promesas de inversiones millonarias o difundiendo el bulo de un posible vuelco electoral en las elecciones gallegas. Nada les ha funcionado, el PP ha mantenido su mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños en una competición electoral en la que se había convertido en la pieza a batir por todos, desde VOX hasta Podemos. 

 

Pero como suele ocurrir después de cada cita electoral, parece que a la hora de escuchar las valoraciones nadie ha perdido y, por supuesto, al contrario de lo que suele ocurrir en las democracias europeas, aquí nadie asume responsabilidades, no dimite nadie por malo que haya sido su resultado. Siempre hay una excusa por muy grande que sea el batacazo electoral. Y es que no se puede calificar de otra manera el resultado de los dos partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Los mismos partidos que señalaban las elecciones gallegas como una reválida para cuestionar el liderazgo de Feijóo, dicen ahora, a la vista de sus vergonzosos resultados, que los comicios gallegos no pueden interpretarse en clave nacional, ¡claro! Si el PP hubiese perdido la mayoría absoluta, entonces nos estarían contando justamente lo contrario: que habría perdido la derecha extrema y que habrían triunfado las políticas vergonzantes, las claudicaciones permanentes del Gobierno de España ante los golpistas separatistas y filoetarras.

 

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, obtuvieron el pasado mes de julio en Galicia el 41,1 % de los votos. Tras la formación del gobierno y la consumación de la estafa electoral promoviendo un amnistía para los delincuentes independentistas que negaban horas antes de cerrar las urnas, han cosechado en Galicia, tan solo siete meses después, un ridículo 15,9 % de los votos (el PSOE un 14 % y Sumar un 1,9 %). Han pasado de 664.000 votos en julio de 2023, a 235.000 votos el 18 de febrero. Un “hostión” de los que hacen época. Una debacle sin paliativos, por mucho que ahora quieran justificarlo algunos en la falta de tiempo originada por el adelanto electoral provocado por la convocatoria adelantada de estos comicios, como si las elecciones de julio pasado, celebradas además en plenas vacaciones, no se hubiesen debido también a un adelanto electoral. Por mucho que se empeñen, estas elecciones sí que tienen una lectura nacional, por eso el 65% de los votantes del PSOE y Sumar de julio de 2023 no les ha vuelto a votar en estas elecciones y ha transferido su voto al BNG. Y es muy probable que la pérdida de más del 50 % de los votantes de Vox, alineado en el “todos contra el PP”, se deba también a la misma causa.

 

Y si nos centramos en una lectura gallega, es evidente, le pese a quien le pese, que el PP conecta mejor que ningún otro partido con el galleguismo moderado e integrador, con el galleguismo constitucionalista y profundamente español, avalado por una larga trayectoria en el poder sustentada en una gestión bastante eficiente, aunque con un desequilibrio territorial como lo evidencia el crecimiento de Democracia Ourensana, un partido provincial que ha sabido recoger el legítimo deseo de buena parte de los orensanos de mejorar la financiación de la Xunta en su Provincia e influir en favor de una mejor distribución de los recursos públicos.
Igualmente hay que destacar que los gallegos, inmunes a la permanente campaña para promocionar su imagen, conocen mejor que nadie a la líder de Sumar, una consumada chaquetera, hábil en el manejo del puñal e intelectualmente escueta, Yolanda Díaz, lo que justifica sobradamente el vergonzoso resultado de su “chulísimo” partido que, ni sumando los escasos votos obtenidos por los agonizantes podemitas, supera a Vox.

 

Galicia demuestra que solo la concentración del voto liberal conservador en el Partido Popular puede desalojar al PSOE y sus satélites de la Moncloa. Y ello exige una amplitud de miras y una gran generosidad por parte de los dirigentes populares, que hasta ahora no han mostrado, para integrar en su organización a las distintas sensibilidades que componen el centro derecha. No hay otro camino que el de la unidad, pero para lograrla tienen que hacer un gran esfuerzo para adecuar su organización y su programa a una realidad que no es monolítica. Mientras eso llega, solo cabe felicitar al PP por su rotundo triunfo, a los gallegos por su sensata elección y a los demás por la esperanza que todo ello supone.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

lunes, 4 de diciembre de 2023

775 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE ALICANTE. MANIFIESTO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA EN HOMENAJE A NICOLÁS PERIS.



Un 4 de diciembre, hace 775 años, la ciudad de Alicante pasó a formar parte de nuevo de occidente. 

En pleno Siglo XXI, pertenecer a una cultura occidental significa tener derechos y libertades que la inmensa mayoría de los habitantes de oriente no tienen, siendo las mujeres y los homosexuales quienes más tienen que perder si esta situación se revirtiese. 


Recordar esta efeméride sirve para saber dónde estamos y qué se ganó gracias a aquellas personas que lucharon y vertieron su sangre para que ahora disfrutemos de los beneficios de la cultura que trajeron. Pero también hay que recordar que dentro de nuestro entorno cultural hay adversidades que debemos combatir para poder mantener y asegurar nuestros intereses y valores.

 

La Provincia de Alicante se convirtió en una tierra fronteriza. En 1296 el alcaide del castillo de Alicante luchó contra el invasor hasta la muerte, con las llaves de la ciudad en una mano y la espada en la otra. 


Hoy, la ciudad de Alicante y toda la Provincia luchan contra el expolio económico, contra las imposiciones lingüísticas y culturales, contra la falta de infraestructuras y contra un sinfín de adversidades, sin encontrar a un paladín que luche contra todas ellas. Nos falta un Nicolás, un Nicolás Peris que era como se llamaba el alcaide que dio su vida por defender Alicante.

 

Para recordar por qué somos lo que somos y recordar que no hay que rendirse sino seguir peleando por Alicante, el 4 de diciembre, Santa Bárbara, no está demás rendir un homenaje a todos los alicantinos que a lo largo de la historia trabajaron por Alicante. Y qué mejor lugar para hacerlo que en el monumento a Nicolás Peris, en el Castillo de Santa Bárbara. 


¡VIVA ALICANTE! ¡VIVA ESPAÑA! 




miércoles, 1 de noviembre de 2023

Los tres Pedros.


Corría el mes de noviembre de 2018 cuando Carmen Calvo, vicepresidente entonces del Gobierno, se vio obligada a realizar malabares dialécticos en una rueda de prensa para tratar de justificar el cambio de criterio del Presidente del Gobierno que había ordenado a la abogacía del estado que excluyera el delito de rebelión de su escrito de acusación en el juicio del “procés”, o sea, del golpe de estado de los independentistas catalanes. Y no encontró mejor argumento que afirmar que Pedro Sánchez nunca había dicho que se tratase de un delito de rebelión. Cuando el periodista le insistió afirmando lo contrario, la señora vicepresidente matizó que nunca lo había dicho como Presidente del Gobierno, sino que lo dijo cuando aún no lo era. Ya entonces deberíamos haber aprendido los españoles que hay dos o quizás tres Pedros Sánchez. A saber: Pedro sin el cargo de Presidente, Pedro el Presidente y Pedro el candidato a Presidente y que cada uno de ellos tiene sus propios principios, sus propias ideas y sus propias opiniones, nunca necesariamente coincidentes, de tal suerte, que ninguno de los Pedros es un traidor, un veleta o un mentiroso. Tres personas distintas en y para un solo ego.

A solo tres días del 23 de julio pasado, Pedro el candidato les dijo a los españoles que no habría amnistía para los golpistas, ni referéndum de independencia en Cataluña. Algo que no era la primera vez que lo decía y que machaconamente repetían Salvador Illa, los Bolaños, los políticos y afiliados socialistas, así como casi todos los comentaristas políticos y medios de comunicación, debidamente engrasados con dinero público. La amnistía no era constitucional afirmaban en coincidencia con el PP, Vox y algún que otro partido minoritario, con lo que el “no a la amnistía” superó ampliamente el 75% de los votos emitidos por los españoles en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Una cifra incontestable.

Pedro el candidato prometió lo que creía que mejor aceptarían los españoles, su olfato carroñero no le traicionó, pero, sorpresa: no fue suficiente ni para ganar las elecciones, ni para prescindir de sus infecciosos socios que, a pesar de obtener unos pésimos resultados electorales, se convirtieron en la llave para que Pedro el Presidente pudiese repetir en la Moncloa.

Finalmente, tras semanas mareando la perdiz, en las que Pedro el candidato no se atrevía a pronunciar la palabra “amnistía” y en las que sus conmilitones se esforzaban por suavizar, edulcorar y manipular el alcance de una hipotética amnistía, Pedro Presidente “in pectore” decidió hacer público “en nombre de España” su voluntad de impulsar y aprobar una “ley de amnistía” que borre el historial de los golpistas y del dinero robado para ello. Y en un alarde de cinismo y con el aplauso ovino de su audiencia,  afirma que el 80 % del electorado catalán está a favor de la amnistía, cuando lo cierto es que el 56 % (PSC+PP+Vox) votó contra la amnistía. En el nombre de España, los golpistas le darán a cambio su voto para que él pueda repetir como Presidente del Gobierno y ellos consumar por fin un golpe de estado. Y no lo dude el lector, después vendrá el referéndum de autodeterminación de Cataluña y, quién sabe, si no terminaremos como en la antigua Yugoeslavia.

A cualquiera que se haya preocupado un poco por conocer a los tres personajes del ególatra monclovita no le extrañará todo esto. Su catadura moral es más que evidente. Pero lo que más sorprende es que periodistas, comentaristas, miles de cargos socialistas y cientos de miles de votantes socialistas puedan variar 180 grados sus opiniones y sus supuestos principios políticos en poco más de dos meses. Hace falta tener poca vergüenza y muy poca autoestima para defender una cosa y la contraria en tan poco tiempo. Lo que no era constitucional el pasado mes de julio cuando había que pedir el voto a los ciudadanos, depositarios de la soberanía nacional, ahora sí lo es justo cuando lo que hay que pedir es el voto a los enemigos de España y de la Constitución. El “gironazo” de la mayoría de la prensa puede que tenga su explicación en las decenas de millones de euros distribuidos desde el gobierno y en la condición de simples mercenarios de muchos de sus profesionales. Pero cuando se observa la sumisión, la inconsistencia intelectual y la ausencia de principios éticos de tantos políticos y aspirantes a políticos profesionales, no es posible evitar un sentimiento de repugnancia y de profunda tristeza por el negro porvenir que nos depara la ausencia de calidad humana de buena parte de la clase política.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

martes, 12 de septiembre de 2023

Ni amnistía, ni amnesia.


 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.


 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.


Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

miércoles, 6 de septiembre de 2023

La peregrinación indigna de la besucona.


En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

domingo, 3 de septiembre de 2023

Una amnistía dañina para España.


 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 


El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.
Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.
¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 


Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.
Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

lunes, 28 de agosto de 2023

¡Adiós, agosto, adiós!


Vaya mes de agosto. Lo cierto es que los medios de comunicación en este mes de agosto han sido unos auténticos terrarios para reptiles veraniegos y han elevado a la categoría de hechos trascendentes o históricos, sucesos y noticias irrelevantes para la gran mayoría de los ciudadanos. Página tras página, programa tras programa, comentaristas de todo y expertos en nada nos han castigado de forma machacona,

inmisericorde y en oleadas sucesivas con sus elucubraciones sobre el viaje de novios de Falcón Crest y Onieva, pareja tan mediática como hueca, con marquesado incluido, con la paternidad tardía o no de Bertín Osborne, con el asesinato y descuartizamiento en Tailandia protagonizado por el hijo del actor Rodolfo Sancho, con el "picogate” del patán federativo Rubiales y, entre col y col, con una de olas de calor o de fuertes tormentas con salsa de calentamiento global, como si eso no fuera lo normal en pleno verano peninsular. 

No nos han contado, porque, total, ya lo notamos directamente en nuestros bolsillos, y no hace falta ensañarse con nuestras penurias, quién se está forrando con la brutal subida del aceite de oliva, esencial en las cocinas españolas, o por qué se sostiene la inflación en los productos alimentarios o qué ha pasado para tener que pedir un

préstamo para poder comprar una sandía este verano, o quién es el responsable político de permitir la invasión en nuestros supermercados de productos agrícolas marroquíes tratados con fertilizantes y pesticidas prohibidos a los agricultores españoles y europeos, o cuántos
pantanos y embalses y por qué se están derribando en nuestro país castigado por la sequía.

 



Sobre el monumental e inducido escándalo del “picogate” de Rubiales y la señorita Jenni hay que subrayar la inmensa hipocresía de nuestra sociedad y, como no, de nuestros políticos. Aquí y ahora todos tenemos que ser solidarios con la futbolista protagonista. ¿Y dónde está la solidaridad con la mujer sevillana que sufrió un intento de violación por parte de un violador que estaba en la calle antes de tiempo gracias a la rebaja de pena aprobada por el Gobierno de España? Claman por la dimisión de Rubiales por el pico consentido o no por la futbolista ¡Vaya usted a saber! ¿Y dónde están las peticiones de dimisión de los políticos que aprobaron una Ley que ha permitido la reducción de penas de más de mil violadores, asesinos y pederastas? Si esto no es hipocresía, si el “picogate” no es un escándalo artificial, azuzado y jaleado por los creadores de la ley del “sí es sí” y secundado bienintencionadamente por media España, que venga Dios y lo vea.

 

Llega septiembre y debemos irnos preparando para que nos inunden ahora con noticias, comentarios y programas sobre la vuelta al cole, sobre lo que cuesta cada niño, sobre las subidas de precios del material escolar, sobre las depresiones por la vuelta al trabajo y los divorcios que se cuajan en período estival, sobre si a Núñez Feijóo le salen o no las cuentas (que no le salen, evidentemente) y con anuncios de revistas con minuiaturas coleccionables interminables. Todo ello, mientras los perdedores de las elecciones se aprestan a negociar lo innegociable: la justicia a la carta, la dignidad del Estado y la unidad de la Patria. Ya nos va preparando Pedro cum laude y sus voceros a sueldo con una simpleza como la de que “en el derecho cabe todo”, refiriéndose a la amnistía. Nos ha jod… Pues claro, en el derecho por caber cabe hasta la pena de muerte, so mentecato. Ésa no es la cuestión, ése no es el debate. Pero la previsible amnistía requiere más espacio. Lo dejo para otro artículo y feliz septiembre para todos.

 

Santiago de Munck Loyola

  

martes, 22 de agosto de 2023

Un imparable proceso de degradación política.



Cada día que pasa, cada decisión política que se adopta, cada noticia nueva, cada declaración política no hacen otra cosa que poner de manifiesto que estamos en un proceso de progresiva degeneración de la política y de los miembros de la llamada “clase política”. Existe un abismo entre la política de la transición democrática y la actual. Una brecha insalvable entre los políticos de entonces y los actuales. Hemos pasado de los pactos de la Moncloa al mercadillo de la Moncloa, de considerar un mérito construir una España para todos a calificar de éxito desenterrar a un muerto, del consenso a los cordones sanitarios, del pacto antiterrorista a los pactos con los terroristas, de la vertebración del Estado a su descoyuntamiento. 


El proceso de negociaciones y su resultado para la elección de la nueva Presidenta del Congreso, la tercera magistratura más alta del Estado, son buena prueba de ello. Y como no podía ser de otra forma, la Presidenta electa es el resultado de lo que cabía esperar. Si comparamos los últimos presidentes del Congreso con los primeros de la transición nos podemos hacer mejor una idea de cómo ha degenerado nuestra democracia, de cómo nuestras más altas instituciones se han degradado hasta límites insospechados. 

 

Fernando Álvarez de Miranda, de la UCD, primer Presidente del Congreso de la etapa democrática, fue un político, abogado y profesor universitario. Había estudiado Derecho en las Universidades de Madrid y Zaragoza y Derecho Comunitario en la Universidad de Luxemburgo. Más tarde fue profesor de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid. 


Gregorio Peces-Barba, del PSOE, tercer Presidente del Congreso, político, jurista y catedrático español de filosofía del Derecho; uno de los siete padres de la actual Constitución Española. Se había licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró cum laude con una tesis sobre el pensamiento social y político de Jacques Maritain. En la Universidad de Estrasburgo obtuvo la licenciatura de Derecho comparado. Dos personas con un altísimo nivel intelectual y humano, dialogantes y con dilatadas trayectorias profesionales antes de asumir ningún cargo político.

 

Entre los últimos Presidente del Congreso, tenemos a Francisco Javier López Álvarez, alias Patxi López, del PSOE, se matriculó en una ingeniería industrial pero no llegó a terminar la carrera. A los 28 años ya era diputado y no se le conoce otro oficio. 


Y ahora nos acaban de colocar, con el permiso de un delincuente huido de la justicia, a Francina Armengol, del PSOE, licenciada en farmacia, no se le conoce otra experiencia laboral que la de haber trabajado en la farmacia de su padre hasta 1999. Tras varios cargos políticos desde 1998, en 2015 asumió la Presidencia del Gobierno Balear. Bajo su mandato, en 2019 se destapó la existencia de una red de prostitución y tráfico de drogas que afectaba a jóvenes custodiadas por su Gobierno. Un informe de la Comisión de la Unión Europea que denunció la situación y criticó la falta de medidas preventivas por parte de su Gobierno. Impidió que el caso se investigara en el Parlamento Balear. Durante la pandemia del covid, fue sorprendida de madrugada en el HAT BAR por la Policía Local de Palma, saltándose el horario de cierre nocturno. Y le persigue la polémica por el enriquecimiento de su marido, el ex-jardinero devenido en promotor inmobiliario de lujo, Joan Nadal. A todo ello hay que añadir sus posicionamientos políticos claramente inconstitucionales como su defensa de los inexistentes países catalanes, la imposición antidemocrática del catalán y su persecución contra el español o la defensa de un referéndum en Cataluña. Se ve que no había nadie con mejor nivel en el PSOE para complacer a los separatistas, golpistas y proetarras. Una presidenta a su medida.

 

Comparando a estos cuatro Presidente del Congreso es más que evidente que la política y los políticos al uso han sufrido un proceso de degeneración y de degradación que tiene consecuencias directas, aunque no se quieran percibir, en la calidad de nuestra democracia y, por tanto, en la vida de los ciudadanos.

 

Si para conseguir la elección de una señora carente de empatía con las víctimas de abusos y desconectada de los principios constitucionales básicos el gobierno en funciones no ha dudado en saltarse la Ley solicitando a Bruselas la inclusión de las lenguas regionales en el funcionamiento de las Instituciones europeas, podemos claramente hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los votos necesarios para lograr la investidura de quien, digan lo que digan, perdió las pasadas elecciones generales. Cuando los socialistas y demás satélites repiten como loros que el PP no tiene “amigos” para lograr los votos necesarios, nos están diciendo que el PSOE sí los tiene, que los amigos de los socialistas son los herederos de quienes asesinaron con un tiro en la nuca a sus compañeros, los que han robado a manos llenas en Cataluña, los que intentaron un golpe de estado con una parodia de referéndum y cualquier delincuente que se siente en el Congreso. Sabio es nuestro refranero: “dime con quién andas y te diré quien eres” o “más vale solos que mal acompañados”.

 

En estos días buenos es recordar a John Locke, pensador inglés padre del liberalismo moderno, quien contemplaba la posibilidad de resolver el “contrato social” cuando  el poder legislativo viola la ley fundamental de la sociedad, “ya sea por ambición, por miedo, por insensatez, por corrupción o por acumular excesivo poder”. ¿A eso vamos?

 

Santiago de Munck Loyola.