Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola