Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.

Galicia señala el camino.

 

La fakencuesta del CIS.

Mala noche la del 18 de febrero de 2024 para la progresía en general y para los partidos que componen el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Y mira que lo han intentado todo, desde resucitar la catástrofe del Prestige hasta manipular, como suele ser habitual, las encuestas del CIS, pasando por promesas de inversiones millonarias o difundiendo el bulo de un posible vuelco electoral en las elecciones gallegas. Nada les ha funcionado, el PP ha mantenido su mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños en una competición electoral en la que se había convertido en la pieza a batir por todos, desde VOX hasta Podemos. 

 

Pero como suele ocurrir después de cada cita electoral, parece que a la hora de escuchar las valoraciones nadie ha perdido y, por supuesto, al contrario de lo que suele ocurrir en las democracias europeas, aquí nadie asume responsabilidades, no dimite nadie por malo que haya sido su resultado. Siempre hay una excusa por muy grande que sea el batacazo electoral. Y es que no se puede calificar de otra manera el resultado de los dos partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Los mismos partidos que señalaban las elecciones gallegas como una reválida para cuestionar el liderazgo de Feijóo, dicen ahora, a la vista de sus vergonzosos resultados, que los comicios gallegos no pueden interpretarse en clave nacional, ¡claro! Si el PP hubiese perdido la mayoría absoluta, entonces nos estarían contando justamente lo contrario: que habría perdido la derecha extrema y que habrían triunfado las políticas vergonzantes, las claudicaciones permanentes del Gobierno de España ante los golpistas separatistas y filoetarras.

 

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, obtuvieron el pasado mes de julio en Galicia el 41,1 % de los votos. Tras la formación del gobierno y la consumación de la estafa electoral promoviendo un amnistía para los delincuentes independentistas que negaban horas antes de cerrar las urnas, han cosechado en Galicia, tan solo siete meses después, un ridículo 15,9 % de los votos (el PSOE un 14 % y Sumar un 1,9 %). Han pasado de 664.000 votos en julio de 2023, a 235.000 votos el 18 de febrero. Un “hostión” de los que hacen época. Una debacle sin paliativos, por mucho que ahora quieran justificarlo algunos en la falta de tiempo originada por el adelanto electoral provocado por la convocatoria adelantada de estos comicios, como si las elecciones de julio pasado, celebradas además en plenas vacaciones, no se hubiesen debido también a un adelanto electoral. Por mucho que se empeñen, estas elecciones sí que tienen una lectura nacional, por eso el 65% de los votantes del PSOE y Sumar de julio de 2023 no les ha vuelto a votar en estas elecciones y ha transferido su voto al BNG. Y es muy probable que la pérdida de más del 50 % de los votantes de Vox, alineado en el “todos contra el PP”, se deba también a la misma causa.

 

Y si nos centramos en una lectura gallega, es evidente, le pese a quien le pese, que el PP conecta mejor que ningún otro partido con el galleguismo moderado e integrador, con el galleguismo constitucionalista y profundamente español, avalado por una larga trayectoria en el poder sustentada en una gestión bastante eficiente, aunque con un desequilibrio territorial como lo evidencia el crecimiento de Democracia Ourensana, un partido provincial que ha sabido recoger el legítimo deseo de buena parte de los orensanos de mejorar la financiación de la Xunta en su Provincia e influir en favor de una mejor distribución de los recursos públicos.

Igualmente hay que destacar que los gallegos, inmunes a la permanente campaña para promocionar su imagen, conocen mejor que nadie a la líder de Sumar, una consumada chaquetera, hábil en el manejo del puñal e intelectualmente escueta, Yolanda Díaz, lo que justifica sobradamente el vergonzoso resultado de su “chulísimo” partido que, ni sumando los escasos votos obtenidos por los agonizantes podemitas, supera a Vox.

 

Galicia demuestra que solo la concentración del voto liberal conservador en el Partido Popular puede desalojar al PSOE y sus satélites de la Moncloa. Y ello exige una amplitud de miras y una gran generosidad por parte de los dirigentes populares, que hasta ahora no han mostrado, para integrar en su organización a las distintas sensibilidades que componen el centro derecha. No hay otro camino que el de la unidad, pero para lograrla tienen que hacer un gran esfuerzo para adecuar su organización y su programa a una realidad que no es monolítica. Mientras eso llega, solo cabe felicitar al PP por su rotundo triunfo, a los gallegos por su sensata elección y a los demás por la esperanza que todo ello supone.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

775 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE ALICANTE. MANIFIESTO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA EN HOMENAJE A NICOLÁS PERIS.

Un 4 de diciembre, hace 775 años, la ciudad de Alicante pasó a formar parte de nuevo de occidente. 

En pleno Siglo XXI, pertenecer a una cultura occidental significa tener derechos y libertades que la inmensa mayoría de los habitantes de oriente no tienen, siendo las mujeres y los homosexuales quienes más tienen que perder si esta situación se revirtiese. 

Recordar esta efeméride sirve para saber dónde estamos y qué se ganó gracias a aquellas personas que lucharon y vertieron su sangre para que ahora disfrutemos de los beneficios de la cultura que trajeron. Pero también hay que recordar que dentro de nuestro entorno cultural hay adversidades que debemos combatir para poder mantener y asegurar nuestros intereses y valores.

 

La Provincia de Alicante se convirtió en una tierra fronteriza. En 1296 el alcaide del castillo de Alicante luchó contra el invasor hasta la muerte, con las llaves de la ciudad en una mano y la espada en la otra. 

Hoy, la ciudad de Alicante y toda la Provincia luchan contra el expolio económico, contra las imposiciones lingüísticas y culturales, contra la falta de infraestructuras y contra un sinfín de adversidades, sin encontrar a un paladín que luche contra todas ellas. Nos falta un Nicolás, un Nicolás Peris que era como se llamaba el alcaide que dio su vida por defender Alicante.

 

Para recordar por qué somos lo que somos y recordar que no hay que rendirse sino seguir peleando por Alicante, el 4 de diciembre, Santa Bárbara, no está demás rendir un homenaje a todos los alicantinos que a lo largo de la historia trabajaron por Alicante. Y qué mejor lugar para hacerlo que en el monumento a Nicolás Peris, en el Castillo de Santa Bárbara. 

¡VIVA ALICANTE! ¡VIVA ESPAÑA! 

Los tres Pedros.

Corría el mes de noviembre de 2018 cuando Carmen Calvo, vicepresidente entonces del Gobierno, se vio obligada a realizar malabares dialécticos en una rueda de prensa para tratar de justificar el cambio de criterio del Presidente del Gobierno que había ordenado a la abogacía del estado que excluyera el delito de rebelión de su escrito de acusación en el juicio del “procés”, o sea, del golpe de estado de los independentistas catalanes. Y no encontró mejor argumento que afirmar que Pedro Sánchez nunca había dicho que se tratase de un delito de rebelión. Cuando el periodista le insistió afirmando lo contrario, la señora vicepresidente matizó que nunca lo había dicho como Presidente del Gobierno, sino que lo dijo cuando aún no lo era. Ya entonces deberíamos haber aprendido los españoles que hay dos o quizás tres Pedros Sánchez. A saber: Pedro sin el cargo de Presidente, Pedro el Presidente y Pedro el candidato a Presidente y que cada uno de ellos tiene sus propios principios, sus propias ideas y sus propias opiniones, nunca necesariamente coincidentes, de tal suerte, que ninguno de los Pedros es un traidor, un veleta o un mentiroso. Tres personas distintas en y para un solo ego.

A solo tres días del 23 de julio pasado, Pedro el candidato les dijo a los españoles que no habría amnistía para los golpistas, ni referéndum de independencia en Cataluña. Algo que no era la primera vez que lo decía y que machaconamente repetían Salvador Illa, los Bolaños, los políticos y afiliados socialistas, así como casi todos los comentaristas políticos y medios de comunicación, debidamente engrasados con dinero público. La amnistía no era constitucional afirmaban en coincidencia con el PP, Vox y algún que otro partido minoritario, con lo que el “no a la amnistía” superó ampliamente el 75% de los votos emitidos por los españoles en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Una cifra incontestable.

Pedro el candidato prometió lo que creía que mejor aceptarían los españoles, su olfato carroñero no le traicionó, pero, sorpresa: no fue suficiente ni para ganar las elecciones, ni para prescindir de sus infecciosos socios que, a pesar de obtener unos pésimos resultados electorales, se convirtieron en la llave para que Pedro el Presidente pudiese repetir en la Moncloa.

Finalmente, tras semanas mareando la perdiz, en las que Pedro el candidato no se atrevía a pronunciar la palabra “amnistía” y en las que sus conmilitones se esforzaban por suavizar, edulcorar y manipular el alcance de una hipotética amnistía, Pedro Presidente “in pectore” decidió hacer público “en nombre de España” su voluntad de impulsar y aprobar una “ley de amnistía” que borre el historial de los golpistas y del dinero robado para ello. Y en un alarde de cinismo y con el aplauso ovino de su audiencia,  afirma que el 80 % del electorado catalán está a favor de la amnistía, cuando lo cierto es que el 56 % (PSC+PP+Vox) votó contra la amnistía. En el nombre de España, los golpistas le darán a cambio su voto para que él pueda repetir como Presidente del Gobierno y ellos consumar por fin un golpe de estado. Y no lo dude el lector, después vendrá el referéndum de autodeterminación de Cataluña y, quién sabe, si no terminaremos como en la antigua Yugoeslavia.

A cualquiera que se haya preocupado un poco por conocer a los tres personajes del ególatra monclovita no le extrañará todo esto. Su catadura moral es más que evidente. Pero lo que más sorprende es que periodistas, comentaristas, miles de cargos socialistas y cientos de miles de votantes socialistas puedan variar 180 grados sus opiniones y sus supuestos principios políticos en poco más de dos meses. Hace falta tener poca vergüenza y muy poca autoestima para defender una cosa y la contraria en tan poco tiempo. Lo que no era constitucional el pasado mes de julio cuando había que pedir el voto a los ciudadanos, depositarios de la soberanía nacional, ahora sí lo es justo cuando lo que hay que pedir es el voto a los enemigos de España y de la Constitución. El “gironazo” de la mayoría de la prensa puede que tenga su explicación en las decenas de millones de euros distribuidos desde el gobierno y en la condición de simples mercenarios de muchos de sus profesionales. Pero cuando se observa la sumisión, la inconsistencia intelectual y la ausencia de principios éticos de tantos políticos y aspirantes a políticos profesionales, no es posible evitar un sentimiento de repugnancia y de profunda tristeza por el negro porvenir que nos depara la ausencia de calidad humana de buena parte de la clase política.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

PUCHINNEKEN PIS.

 

Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

La peregrinación indigna de la besucona.

En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

¡Adiós, agosto, adiós!

Vaya mes de agosto. Lo cierto es que los medios de comunicación en este mes de agosto han sido unos auténticos terrarios para reptiles veraniegos y han elevado a la categoría de hechos trascendentes o históricos, sucesos y noticias irrelevantes para la gran mayoría de los ciudadanos. Página tras página, programa tras programa, comentaristas de todo y expertos en nada nos han castigado de forma machacona,

inmisericorde y en oleadas sucesivas con sus elucubraciones sobre el viaje de novios de Falcón Crest y Onieva, pareja tan mediática como hueca, con marquesado incluido, con la paternidad tardía o no de Bertín Osborne, con el asesinato y descuartizamiento en Tailandia protagonizado por el hijo del actor Rodolfo Sancho, con el "picogate” del patán federativo Rubiales y, entre col y col, con una de olas de calor o de fuertes tormentas con salsa de calentamiento global, como si eso no fuera lo normal en pleno verano peninsular. 

No nos han contado, porque, total, ya lo notamos directamente en nuestros bolsillos, y no hace falta ensañarse con nuestras penurias, quién se está forrando con la brutal subida del aceite de oliva, esencial en las cocinas españolas, o por qué se sostiene la inflación en los productos alimentarios o qué ha pasado para tener que pedir un

préstamo para poder comprar una sandía este verano, o quién es el responsable político de permitir la invasión en nuestros supermercados de productos agrícolas marroquíes tratados con fertilizantes y pesticidas prohibidos a los agricultores españoles y europeos, o cuántos

pantanos y embalses y por qué se están derribando en nuestro país castigado por la sequía.

 

Sobre el monumental e inducido escándalo del “picogate” de Rubiales y la señorita Jenni hay que subrayar la inmensa hipocresía de nuestra sociedad y, como no, de nuestros políticos. Aquí y ahora todos tenemos que ser solidarios con la futbolista protagonista. ¿Y dónde está la solidaridad con la mujer sevillana que sufrió un intento de violación por parte de un violador que estaba en la calle antes de tiempo gracias a la rebaja de pena aprobada por el Gobierno de España? Claman por la dimisión de Rubiales por el pico consentido o no por la futbolista ¡Vaya usted a saber! ¿Y dónde están las peticiones de dimisión de los políticos que aprobaron una Ley que ha permitido la reducción de penas de más de mil violadores, asesinos y pederastas? Si esto no es hipocresía, si el “picogate” no es un escándalo artificial, azuzado y jaleado por los creadores de la ley del “sí es sí” y secundado bienintencionadamente por media España, que venga Dios y lo vea.

 

Llega septiembre y debemos irnos preparando para que nos inunden ahora con noticias, comentarios y programas sobre la vuelta al cole, sobre lo que cuesta cada niño, sobre las subidas de precios del material escolar, sobre las depresiones por la vuelta al trabajo y los divorcios que se cuajan en período estival, sobre si a Núñez Feijóo le salen o no las cuentas (que no le salen, evidentemente) y con anuncios de revistas con minuiaturas coleccionables interminables. Todo ello, mientras los perdedores de las elecciones se aprestan a negociar lo innegociable: la justicia a la carta, la dignidad del Estado y la unidad de la Patria. Ya nos va preparando Pedro cum laude y sus voceros a sueldo con una simpleza como la de que “en el derecho cabe todo”, refiriéndose a la amnistía. Nos ha jod… Pues claro, en el derecho por caber cabe hasta la pena de muerte, so mentecato. Ésa no es la cuestión, ése no es el debate. Pero la previsible amnistía requiere más espacio. Lo dejo para otro artículo y feliz septiembre para todos.

 

Santiago de Munck Loyola

  

Un imparable proceso de degradación política.

Cada día que pasa, cada decisión política que se adopta, cada noticia nueva, cada declaración política no hacen otra cosa que poner de manifiesto que estamos en un proceso de progresiva degeneración de la política y de los miembros de la llamada “clase política”. Existe un abismo entre la política de la transición democrática y la actual. Una brecha insalvable entre los políticos de entonces y los actuales. Hemos pasado de los pactos de la Moncloa al mercadillo de la Moncloa, de considerar un mérito construir una España para todos a calificar de éxito desenterrar a un muerto, del consenso a los cordones sanitarios, del pacto antiterrorista a los pactos con los terroristas, de la vertebración del Estado a su descoyuntamiento. 

El proceso de negociaciones y su resultado para la elección de la nueva Presidenta del Congreso, la tercera magistratura más alta del Estado, son buena prueba de ello. Y como no podía ser de otra forma, la Presidenta electa es el resultado de lo que cabía esperar. Si comparamos los últimos presidentes del Congreso con los primeros de la transición nos podemos hacer mejor una idea de cómo ha degenerado nuestra democracia, de cómo nuestras más altas instituciones se han degradado hasta límites insospechados. 

 

Fernando Álvarez de Miranda, de la UCD, primer Presidente del Congreso de la etapa democrática, fue un político, abogado y profesor universitario. Había estudiado Derecho en las Universidades de Madrid y Zaragoza y Derecho Comunitario en la Universidad de Luxemburgo. Más tarde fue profesor de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid. 

Gregorio Peces-Barba, del PSOE, tercer Presidente del Congreso, político, jurista y catedrático español de filosofía del Derecho; uno de los siete padres de la actual Constitución Española. Se había licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró cum laude con una tesis sobre el pensamiento social y político de Jacques Maritain. En la Universidad de Estrasburgo obtuvo la licenciatura de Derecho comparado. Dos personas con un altísimo nivel intelectual y humano, dialogantes y con dilatadas trayectorias profesionales antes de asumir ningún cargo político.

 

Entre los últimos Presidente del Congreso, tenemos a Francisco Javier López Álvarez, alias Patxi López, del PSOE, se matriculó en una ingeniería industrial pero no llegó a terminar la carrera. A los 28 años ya era diputado y no se le conoce otro oficio. 

Y ahora nos acaban de colocar, con el permiso de un delincuente huido de la justicia, a Francina Armengol, del PSOE, licenciada en farmacia, no se le conoce otra experiencia laboral que la de haber trabajado en la farmacia de su padre hasta 1999. Tras varios cargos políticos desde 1998, en 2015 asumió la Presidencia del Gobierno Balear. Bajo su mandato, en 2019 se destapó la existencia de una red de prostitución y tráfico de drogas que afectaba a jóvenes custodiadas por su Gobierno. Un informe de la Comisión de la Unión Europea que denunció la situación y criticó la falta de medidas preventivas por parte de su Gobierno. Impidió que el caso se investigara en el Parlamento Balear. Durante la pandemia del covid, fue sorprendida de madrugada en el HAT BAR por la Policía Local de Palma, saltándose el horario de cierre nocturno. Y le persigue la polémica por el enriquecimiento de su marido, el ex-jardinero devenido en promotor inmobiliario de lujo, Joan Nadal. A todo ello hay que añadir sus posicionamientos políticos claramente inconstitucionales como su defensa de los inexistentes países catalanes, la imposición antidemocrática del catalán y su persecución contra el español o la defensa de un referéndum en Cataluña. Se ve que no había nadie con mejor nivel en el PSOE para complacer a los separatistas, golpistas y proetarras. Una presidenta a su medida.

 

Comparando a estos cuatro Presidente del Congreso es más que evidente que la política y los políticos al uso han sufrido un proceso de degeneración y de degradación que tiene consecuencias directas, aunque no se quieran percibir, en la calidad de nuestra democracia y, por tanto, en la vida de los ciudadanos.

 

Si para conseguir la elección de una señora carente de empatía con las víctimas de abusos y desconectada de los principios constitucionales básicos el gobierno en funciones no ha dudado en saltarse la Ley solicitando a Bruselas la inclusión de las lenguas regionales en el funcionamiento de las Instituciones europeas, podemos claramente hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los votos necesarios para lograr la investidura de quien, digan lo que digan, perdió las pasadas elecciones generales. Cuando los socialistas y demás satélites repiten como loros que el PP no tiene “amigos” para lograr los votos necesarios, nos están diciendo que el PSOE sí los tiene, que los amigos de los socialistas son los herederos de quienes asesinaron con un tiro en la nuca a sus compañeros, los que han robado a manos llenas en Cataluña, los que intentaron un golpe de estado con una parodia de referéndum y cualquier delincuente que se siente en el Congreso. Sabio es nuestro refranero: “dime con quién andas y te diré quien eres” o “más vale solos que mal acompañados”.

 

En estos días buenos es recordar a John Locke, pensador inglés padre del liberalismo moderno, quien contemplaba la posibilidad de resolver el “contrato social” cuando  el poder legislativo viola la ley fundamental de la sociedad, “ya sea por ambición, por miedo, por insensatez, por corrupción o por acumular excesivo poder”. ¿A eso vamos?

 

Santiago de Munck Loyola.

 

 

  

¿Cambio de ciclo?

 

Algo está cambiando en el panorama político partidista y este cambio es más profundo de lo que podría suponerse a la vista de los últimos resultados electorales. Y este cambio afecta, por supuesto, a la gobernabilidad de España que está supeditada a la imposibilidad del centro izquierda y del centro derecha de alcanzar mayorías gubernamentales en solitario. El bipartidismo imperfecto del que se antes se hablaba hace tiempo que dejó de existir.

 

Dos eventos incidieron de forma importante en el nacimiento de un cambio de la estructura partidista, basada en el bipartidismo, en España.  De una parte, el Movimiento del 15 de mayo de 2011, llamado también movimiento de los indignados, nacido con la pretensión de promover una democracia más participativa y la eliminación de la influencia de los poderes económicos. De otra parte, la última victoria con una mayoría absoluta, cuando el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular obtuvo 186 escaños de los 350 que componen el Congreso de los Diputados. Victoria electoral precedida por el Congreso del PP de 2008 en el que se enseñó la puerta de salida a liberales y conservadores, por cierto.

 

Ambos eventos propiciaron el nacimiento y desarrollo de partidos políticos tanto en el campo de la derecha como en el de la izquierda. UPyD, Ciudadanos, Podemos y Vox son fruto de ambos procesos y su evolución desde su nacimiento guarda similitudes.

 

En el campo de la derecha, tanto la invitación a salir del Partido Popular hecha por Rajoy a liberales y conservadores, como el continuo incumplimiento del programa electoral y de los principios básicos del Partido durante la etapa de gobierno con mayoría absoluta propició la salida de mucha gente y el alejamiento de munchos votantes. La excusa de que la acción política debía primar la economía abandonando a su suerte todos los planteamientos de carácter ideológico no convencieron a buena parte de los seguidores del PP, como se puso de manifiesto en las siguientes elecciones. Una parte de la militancia se fue. Otra fue obligada a irse o fue expulsada. En mi caso por intentar promover un cambio de rumbo desde dentro reclamando regeneración y firmeza contra la corrupción. Curiosamente, mi verdugo político, José Juan Zaplana, enemigo acérrimo de la regeneración política y de la democracia interna, sigue disfrutando de un escaño en las Cortes Valencianas, gracias a la ausencia de democracia interna, asignatura pendiente del PP. Vox apareció entonces como una oportunidad para recuperar los principios y valores que el PP había olvidado para centrar su acción de gobierno en la economía. Y además nacía con la apariencia de una organización con la firme voluntad de construirse a través de la participación y la democracia interna. Pero duró poco. Alejo Vidal Cuadras, tras la derrota en las elecciones europeas fue desalojado en 24 horas de su despacho en Diego de León y sustituido, sin que la militancia pudiera pronunciarse. El cesarismo de Santiago Abascal se instauró entonces, asumiendo en solitario la responsabilidad de los éxitos y, aunque lo eluda, de lo fracasos de la organización.

 

Durante estos últimos diez años hemos vivido el nacimiento, crecimiento y muerte, o entrada en coma, de organizaciones políticas como UPyD que desapareció en 2015, Ciudadanos que ha desaparecido en 2023 o Podemos que de los 70 escaños que llegó a alcanzar tiene ahora 5, diluidos en el conglomerado de SUMAR que no ha alcanzado en las recientes elecciones generales los últimos resultados de Podemos y demás satélites. Y en la derecha, Vox ha iniciado su desplome pasando de 52 escaños a 33, una caída de un 35%. Tanto Vox como los otros partidos coinciden en algo que deberían haber tenido en cuenta, su incapacidad para consolidar en su fase de crecimiento electoral una implantación territorial capaz de estructurar de abajo a arriba su configuración. Y las evidencias señalan que, sin base territorial, con direcciones políticas centralizadas, sin democracia interna y con flujos unidireccionales de arriba abajo del discurso político, los partidos no pueden subsistir, tienen un plazo de caducidad imposible de eludir. Y Vox, tras un proceso ideológico de radicalización e involución, ha entrado ahora en descomposición con la fuga de algunos importantes dirigentes. No se puede culpar, como ha hecho Abascal, a los votantes o al PP de los errores propios. Es evidente que Vox, en la medida que el PP vaya recuperando su esencia y los valores que abandonó, se irá convirtiendo en una pieza prescindible en el tablero político y dejará de ser, en el campo de la derecha, un obstáculo para lograr mayorías que garanticen la gobernabilidad.

 

La derecha española, ante una izquierda radical, ante un PSOE sin un proyecto de Estado, entregado a las ultraizquierdas nacionales y separatistas, ante unas derechas separatistas que sacrifican sus principios ideológicos a sus sueños independentistas, no tiene otra opción que comparecer unida en las próximas elecciones generales si quiere beneficiarse de las peculiaridades de la Ley electoral y alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Hay que forzar el cambio de ciclo para lograr una mayoría que garantice la gobernabilidad y que no esté sujeta a los chantajes de pequeños partidos periféricos o nacionales. Hay que volver al bipartidismo si queremos que España siga siendo España. Y la unidad de la derecha se puede buscar de muchas maneras. Por ejemplo, mediante una refundación del espacio político apelando a la unidad de todas las fuerzas políticas del centro derecha en un proyecto común, amplio, flexible y democrático; una fuerza política capaz de dialogar y de plantear acuerdos de estado, desde la fortaleza de la propia unidad, con todos aquellos partidos que, por encima de su sesgo ideológico, compartan la necesidad de reconstruir y mantener un estado fuerte capaz de servir al conjunto de la sociedad española. Y hasta llegar a ese momento, la unidad también se debe buscar estableciendo pactos prelectorales, provincia por provincia, mediante coaliciones u otras fórmulas que permitan no perder ni un solo escaño. Lo que ahora mismo sobra de verdad es el lamentable espectáculo de los pactos poselectorales que trasladan a los ciudadanos, no unos debates sobre principios o programas, sino sobre poltronas. ¡Póngase a trabajar en serio de una vez por todas!

 

Santiago de Munck Loyola

 

  

PINCELADAS POSELECTORALES.

 

Creo que no me equivoco si afirmo que el resultado de las pasadas elecciones generales ha constituido una sorpresa para casi todo el mundo, fanáticos de uno y otro lado incluidos. Y tampoco creo equivocarme si califico el resultado como desastroso para la gobernabilidad de España que, con un sistema electoral necesitado de una profunda reforma, aboca, necesariamente, a la inestabilidad y a la compra y venta de voluntades para constituir un gobierno.

 

Aunque no lo parezca, a tenor de las celebraciones realizadas desde la misma noche electoral, las elecciones las ha ganado el Partido Popular y el centro derecha que en su conjunto pasa de 147 a 170 escaños y las ha perdido la coalición gubernamental que ha pasado de 155 escaños a 152. Por cierto, las formas son muy importantes, son indicativas del talante de los políticos, y hasta la fecha el Sr. Sánchez Castejón ni felicitó al partido ganador, el PP, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, ni lo hizo en la noche electoral del 28 de julio. Todo un detalle que caracteriza al personaje que, incapaz de realizar la más mínima autocrítica para asumir y explicar su derrota a pesar del uso ilegítimo en la campaña de todos los recursos del estado, se ha lanzado a una carrera para reunir, a cambio de lo que haga falta, cuantos apoyos pueda de separatistas y filoterroristas, ésos a los que les une, según la Ministra de Hacienda y vocera ordinaria, Montero, el amor a España. El personaje carece no solo de convicciones democráticas, sino del más mínimo sentido de estado, el mismo sentido de estado que condujo a Felipe González en 1996 a no intentar siquiera repetir los pactos que mantenía con Convergencia i Unió y PNV para mantenerse en el poder. Había sacado menos escaños (141) que el Partido Popular (156), lo asumió y renunció desde el primer minuto, tras felicitar al ganador, a intentar volver a formar gobierno.

 

Como estamos viendo esta victoria no será suficiente para alcanzar el poder, ni aún sumando el escaño de UPN y, posiblemente, el de Coalición Canaria. Los partidos perdedores de las elecciones harán todo lo posible para amalgamar una mayoría por la mínima para impedir un gobierno, sólo o en compañía, del partido ganador. Ello exige una autocrítica y una corrección de rumbo para, ante todo, aprovechar las características de nuestra denostada Ley Electoral y convertir las debilidades en fortalezas de cara al futuro.

 

Los partidos de centro derecha han cometido errores de bulto antes y durante la campaña electoral siendo corresponsables de esta situación. Llevamos cinco años con un gobierno socialista en coalición con la ultraizquierda. Sí, con la ultraizquierda porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se da por bueno que lo que está a la derecha del PP es la ultraderecha, habrá que concluir que lo que está a la izquierda del PSOE es la ultraizquierda. Sin embargo, pocos comunicadores asumen ese razonamiento y sustituyen el término “ultraizquierda” por “progresista”. Siempre había entendido que ultras eran todas aquellas formaciones políticas que rechazaban el sistema democrático y en su ideario proponían su sustitución por cualquier tipo de sistema autoritario y dictatorial, llámese democracia popular, democracia orgánica, corporativista o bolivariana. Ahora resulta que un partido democrático netamente conservador es calificado de ultra porque cuestiona, por ejemplo, la ideología de género o las teorías del calentamiento global. Y la realidad es que las ideologías no son dogmas que deban ser asumidos obligatoriamente en un sistema plenamente democrático, cuya base es precisamente la libertad de pensamiento y de expresión del mismo, como tampoco deben serlo las simples teorías. Pero como lo ultra suena mal, lo compran y dan por buenas las definiciones que la izquierda, con su habitual pretendida superioridad moral, difunde e imparte. Pero, lo peor es que el PP también compra esta mercancía adulterada. Y el problema de fondo que muchos dirigentes populares parecen ignorar es que Vox, en gran medida, es un hijo suyo. Sus dirigentes y sus votantes provienen de las filas populares expulsados de las mismas por las continuas traiciones en la era Rajoy a sus compromisos electorales. Cuando el PP se comportó como una derecha vergonzante, como una organización endogámica, encubridora de corruptos y escasamente democrática abrió la puerta para la fuga de votantes. Ahora existen dos organizaciones en el centro-derecha y aunque la lógica política sugiere que con el tiempo el pez grande comerá al chico, lo cierto es que no se puede asumir el discurso de la izquierda y tratar permanente de marcar diferencias ofendiendo a quienes antes habitaban en tu casa y a quienes puedes necesitar, en vez de plantar cara de una vez a tanto tópico interesado. Tan legítimo es que se llegue a acuerdos con Vox, como que el PSOE llegue a acuerdos con sus vecinos de SUMAR, antes Podemos. Y el PP no tiene por qué andar poniéndose estupendo, poniendo barreras y objeciones a sus excompañeros de partido cuando, además, los necesita. Las cuitas sobre los pactos en plena campaña, haciéndole el juego a la izquierda, han sido un verdadero desastre. Solo el PP de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, ha seguido una estrategia eficaz e inteligente: discreción, seriedad, rapidez y claridad. Un pacto sin trampa ni cartón, un pacto concreto y preciso publicado de forma inmediata que satisface plenamente a los votantes de ambos partidos. ¿Qué no le gusta a la izquierda y a sus palmeros? Pues, evidentemente, mejor. Les faltó tiempo para recordar que el candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, había sufrido una condena por malos tratos años atrás, rasgándose hipócritamente las vestiduras las ministras socialistas mientras durante años su partido ha protegido a su presidente en el País Vasco, el Sr. Eguiguren, condenado en 1992 por dar una paliza a su pareja.

A SUMAR se le escapó en su programa que pretendía acabar con la libertad de prensa, pero pasó desapercibido misteriosamente. Mientras la derecha no se sacuda los complejos y dé la batalla dialéctica y cultural marcando la agenda del debate será muy difícil desprenderse del yugo izquierdista.

 

No me resisto de dejar de señalar la falta de madurez política, en plena campaña, de quienes se ofendían y quejaban porque el PP apelase al voto útil, como si su cuota de votantes fuese fija y en propiedad. ¿En serio lo piensan? Los votantes de Vox son un caladero en el que el PP puede y debe intentar pescar, como lo hace Vox en el caladero de votantes populares. Perder un solo minuto en una campaña electoral en denunciar que te quieren quitar votos es de una simpleza y de una inmadurez impropia de un partido político serio. Como lo es quejarse que el PP, el rival, quiera ganar los suficientes escaños para poder gobernar en solitario. Pues claro, a eso es a lo que debe aspirar cualquier partido que se precie de serlo y no a conformarse con gobernar acompañado, a no ser que en el fondo se consideren un partido muleta.

 

Es muy probable, casi seguro y ojalá me equivoque, que el Partido Popular no alcance el gobierno esta vez. Lo habría alcanzado si no se hubiesen dejado enredar con los pactos autonómicos con Vox, si no hubiesen levantado el pie del acelerador confiados con las encuestas, si no hubiesen rehuido los debates tras el espectacular triunfo de Núñez Feijoó sobre un Sánchez descolocado, si hubiesen centrado su estrategia en exigir responsabilidades por la suelta de centenares de violadores durante los últimos meses, sobre la traición a los

saharauis o sobre los ataques del gobierno a las libertades públicas durante la pandemia por ejemplo. ¿Derogar el Sanchismo? ¿En serio?  El sanchismo es algo mucho más complejo que echar a Sánchez algo que probablemente no todos los votantes alcanzan a comprender. Y, por último, en la derecha deberían de una vez aprender a usar la Ley Electoral para maximizar los resultados y ello pasa necesariamente por cerrar acuerdos preelectorales que son mucho más beneficiosos que los poselectorales, además de transparentes para los votantes.

 

Santiago de Munck Loyola