Recogida de firmas PARA ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS: UN ESTATUTO PARA LOS CARGOS POLÍTICOS.

 Para:Congreso de los Diputados.

El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Son muchos los privilegios que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Los abajo firmantes exigimos al Congreso que elabore este Estatuto para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Firmantes

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N6306

EL ASQUEROSO PLUMERO DEL SR. DURAN I LLEIDA.

Me quedé de piedra al escuchar al Sr. Durán i Lleida en el telediario opinando a propósito de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones: "Hay que defender la dignidad; si ustedes quieren que aquí venga, simplemente, gente que no tenga ni un... nada de propiedad y ustedes, no usted como periodista, sino como sociedad en general, pretenden que esta cámara sea al final una cámara de funcionarios y de gente pobre, vamos por el peor de los caminos". ¡Toma ya! Más tarde empezó a matizar estas tremendas palabras: señaló que debería haber utilizado la expresión de gente "con pocos recursos" y que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

O sea que para el Sr. Durán i Lleida los parlamentarios deben ser ricos, gente con tantos recursos que una vez terminada su etapa política no tengan problemas para reincorporarse a sus ocupaciones habituales. Ni funcionarios, ni pobres. ¡Faltaría más!

Si es así, si lo mejor es que los parlamentarios sean ricos ¿para qué necesitan entonces tantos privilegios? ¿Para ser más ricos aún? ¿Por qué necesitan montarse un sistema de pensiones exclusivo a costa del bolsillo de los contribuyentes? ¿Por qué gozan de un sistema fiscal privilegiado que les permite tributar como mileuristas? ¿Por qué su teléfono o su ordenador personal se lo pagamos todos los ciudadanos?

El Sr. Durán se pegunta si de lo que se trata es de tener buenos políticos y la respuesta es obvia: pues claro. Y para ello no hacen falta privilegios, para tener buenos políticos, buenos parlamentarios no hace falta una buena cuenta corriente. Hace falta más honestidad, menos privilegios, más trasparencia y, sobre todo, una mayor identificación de los representantes con los representados.

Nadie se opone a que los señores parlamentarios gocen de unas retribuciones dignas, pero de ahí a abusar de su posición para legislar en provecho propio, como vienen haciendo desde hace décadas, hay un abismo. Y los privilegios de sus señorías existen. La constitución española en su artículo 71 sólo establece dos privilegios, dos garantías, para el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias: la inmunidad y la inviolabilidad. Todos los demás privilegios de los que gozan sus señorías se los han concedido ellas mismas y no son, ni mucho menos, necesarios para el desempeño de sus tareas. Y frente a estos privilegios se alza, con preferencia, el principio constitucional de igualdad ante la Ley y eso, Sr. Durán i Lleida, incluye la Ley General Tributaria o la legislación sobre pensiones.

Claro que los ciudadanos queremos tener buenos políticos y ser funcionario o pobre no es un obstáculo para ello, diga lo que diga este lenguaraz nacionalista catalán. Al revés, el hecho de que en las Cortes se puedan sentar ciudadanos normales y corrientes que tengan presente, por ejemplo, lo que supone llegar a fin de mes sería seguramente mucho más saludable e higiénico desde un punto de vista democrático que mantener a toda una casta política absolutamente corporativista y endogámica. Tanto que se viene negando de forma sistemática a reformar una legislación electoral que permite a los partidos perpetuar en los escaños a miembros de esa misma casta, de modo que se impida una mayor vinculación entre los electores y sus representantes y, por tanto, la existencia de responsabilidad electoral con los ciudadanos.

Al Portavoz nacionalista se le ha visto el plumero y es francamente asqueroso, pero no ha hecho más que expresar en voz alta lo que con más prudencia piensan muchos de sus compañeros de escaño, sean del partido que sean.

Santiago de Munck Loyola

RIVAS: INMACULADA SÁNCHEZ RAMOS, CANDIDATA PARACA DEL PP.

El pasado 27 de enero de 2011, se consumaron los negros presagios sobre la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid. En un mitin celebrado en Coslada, Esperanza Aguirre presentó, entre otras candidaturas, la correspondiente a Rivas-Vaciamadrid, Inmaculada Sánchez Ramos.

Sobre esta candidatura hay observaciones obvias e innegables:

1º La designación de la candidata se ha hecho incumpliendo los estatutos nacionales del Partido. Inmaculada Sánchez Ramos no ha sido propuesta por el Comité Electoral del PP de Rivas. Por tanto, su designación se ha hecho prescindiendo de la opinión de los militantes de la localidad.

2º La designada es lo que coloquialmente se conoce como “una paraca”, es decir, una persona absolutamente desvinculada del municipio, ignorante de su realidad que llega para hacerse con un sillón consistorial por razones de influencias y amistad y sin mérito y capacidad para ello. Por tanto, su designación se ha hecho ignorando los intereses y prioridades de los vecinos del municipio.

3º Inmaculada Sánchez Ramos es una persona incoherente. Proclama unos principios y practica otras cosas. Acepta una designación antidemocrática, prescindiendo de la voluntad de los afiliados de Rivas-Vaciamadrid y resulta que ella misma, hace menos de tres años, recriminaba al mismo Mariano Rajoy, con ocasión del Congreso de Valencia, que los militantes del PP no pudiesen elegir su futuro. He aquí lo que la Sra. Sánchez Ramos escribió el 3 de junio de 2008 en su blog:

“Primero, “Nosotros”. Mariano, cuando dices a lo largo del discurso “nosotros” somos los que elegiremos nuestros destino,¿A quién te refieres?. Haces referencia a los compromisarios como si de verdad representaran a los 700.000 militantes, cuando sabes que no es así. Para más abundamiento, indicas que el futuro del Partido Popular lo escribiremos todos y cada uno, sí, sí has dicho cada uno -quizá se te ha escapado-, de los 700.000 militantes, ¿Por qué te niegas a que de verdad elijamos nuestro futuro todos y c-a-d-a-u-n-o de los militantes, por ejemplo, mediante primarias? O bien, quizá, con el nosotros, no te refieres sólo a los compromisarios, sino que, usando su terminología, te refieres al tío éste llamado Lasalle, con Soraya, Soria y Arriola. Mariano, este uso del nosotros ambiguo que, ora somos cada uno y ora, son los compromisarios, con toda honradez, si no pensamos en intenciones, me parece claramente erróneo.”

http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=4088

Imagen sobre Rajoy en el Blog de Inmaculada Sánchez Ramos.

¿Se puede sostener una cosa y practicar exactamente la contraria sin que quepa, cuando menos, calificarlo de cinismo? ¿Puede tener credibilidad alguna esta candidata? Y, vista su opinión sobre Rajoy ¿a qué PP representa esta candidata? ¿Cabe mayor incoherencia?

Evidentemente no, pero aún hay más detalles sobre la trayectoria de candidata impuesta a la organización de Rivas, eso sí con el beneplácito de la dirección local, que iré desgranando en próximos artículos. Esta designación sí que es un error.

Santiago de Munck Loyola

REACCIONES A LA CACICADA CONTRA EL PP DE RIVAS. #links

#links
http://demofiloserrano.blogspot.com/2011/01/font-face-font-family-arialfont-face.html

LAS AUTONOMÍAS Y LOS CIUDADANOS.

En declaraciones recientes el ex Presidente Aznar se refería al estado autonómico como inviable a la vista del contexto económico actual. Hoy, el Secretario de Organización del PSOE y Presidente de Aragón lo califica de éxito y se remonta para justificarlo, nada menos, que a la experiencia de las guerras carlistas. Por su parte, Mariano Rajoy habla de reformar el estado autonómico para evitar duplicidades y limitar el techo del gasto de las autonomías pero no concreta ninguna medida.

Parece que la grave crisis económica empuja a los políticos a cuestionarse algunos extremos del funcionamiento de las autonomías más por necesidad que por convicción. Una vez más, da la impresión que la percepción de la clase política está muy alejada de las preocupaciones de los ciudadanos que sólo reparan en la existencia misma y la forma de este estado cuando se convierte en una rémora para su progreso personal y colectivo. Durante más de dos años el debate político ha estado profundamente marcado por la tramitación, aprobación y constitucionalidad del Estatuto catalán y en la estela del mismo se iniciaban reformas de otros estatutos autonómicos. Muchos políticos hablaban de trascendencia vital, de aspiraciones irrenunciables, de sentimientos nacionales,… pero ¿de quién? Porque lo que fue evidente es que la mayor parte de la población “pasaba” olímpicamente de tan grandilocuentes palabras, empezando por los catalanes. Parecía que si no se aprobaba el estatuto catalán sus ciudadanos se inmolarían ante tamaña afrenta y ¿qué pasó cuando los catalanes tuvieron que ir a las urnas para aprobar tan vital y esencial Estatuto? Pues que la mayoría prefirió quedarse en casa o irse a la playa antes que cumplir con tan patriótica proeza ante las urnas: más de la mitad de los electores no fue a votar y del total de electores censados a penas llegó al 36 % el porcentaje de los que dieron el sí a tan ansiada norma. Es evidente, por tanto, que el Estatuto, norma identitaria por excelencia de Cataluña, interesaba fundamentalmente a la clase política y no a la mayoría de los ciudadanos. Las autonomías son sobre todo un objeto de interés y atención de la clase política y no de la mayoría de los ciudadanos. Son los políticos quienes envolviéndose en las banderas regionales levantan polémicas, atizan diferencias, inventan agravios y justifican así su propio papel, la necesidad de su existencia para resolver la agenda que ellos mismos llenan. Sin agravios, sin diferencias y sin polémicas ¿qué razón de ser tendrían los políticos nacionalistas, regionalistas y asimilados?

Hoy, cuando los recursos escasean las miradas se vuelven hacia los presupuestos públicos. Lo hacen los ciudadanos que ven cómo día a día crecen las dificultades y empiezan a hacerlo algunos medios de comunicación. Este domingo, en un diario nacional se recogían algunas cifras relativas al funcionamiento de las comunidades autónomas. Los datos son asombrosos. 17 parlamentos autonómicos que nos cuestan 410 millones de euros al año. 161 millones para los altos cargos de las autonomías y como deben ser un poco incompetentes necesitan otros 100 millones en asesores. 1000 millones para las televisiones autonómicas, todas deficitarias. 500 millones de euros para asuntos exteriores, con la salvedad de que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Tribunales de cuentas autonómicos, Defensores del Pueblo autonómicos, Boletines oficiales, coches oficiales, gastos de representación (tan solo el Presidente de Aragón dispone de más de 600.000 euros al año para estos menesteres), etc. que suponen otros centenares de millones de euros a cargo de los contribuyentes. Y 65.000 millones anuales para las nóminas de los funcionarios autonómicos. En fin, todo un catálogo de gastos de las autonomías que en muchos casos duplican competencias y funciones del Estado. ¿Todo esto, de verdad, redunda en una mayor calidad de vida de los ciudadanos? ¿Hay más democracia así?

En los debates preconstitucionales se decía que las autonomías servían para acercar la administración a los ciudadanos y para recuperar y fortalecer las personalidades de cada región. Simultáneamente se fue introduciendo el concepto de autonomía política, concepto de difícil encaje con el de soberanía nacional. Hoy la cercanía de los centros de toma de decisiones a los ciudadanos no es más que un concepto geográfico pues entre estos y aquellos se han construido enormes burocracias, calcadas del Estado, y en muchas ocasiones generando duplicidades. En la era de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones globales hay otras formas para acercar el poder al ciudadano. Por otra parte, hoy resulta irrelevante, en un régimen de libertades como el nuestro, la existencia de poderes periféricos para que las peculiaridades culturales territoriales tengan el espacio natural que les corresponde.

Mientras que el proceso de construcción europea se ha basado en una progresiva cesión de competencias de los estados hacia entes superiores y en una progresiva armonización de las normas estatales con el fin de lograr un espacio común en el que se haga realidad la libre circulación de bienes y personas, en España hemos seguido un proceso inverso. El resultado de este proceso es un progresivo aumento de las diferencias territoriales que dificultan cada vez más esa libre circulación interior. ¿Es un avance que hoy existan 17 permisos diferentes para la práctica de la caza o la pesca? ¿Es un avance que los ciudadanos de una región tengan derecho a unas prestaciones sanitarias concretas y los de la región vecina no? ¿Es un avance que en un mundo globalizado los jóvenes catalanes manejen peor el castellano que los de hace 25 años? ¿Es un avance que alguien no pueda estudiar en castellano en algunos lugares de España?

Son muchas más las cuestiones que merece la pena plantearse. No se trata simplemente de la viabilidad o no económica de nuestro estado, sino de las prioridades a las que debe servir sobre todo. Si el ciudadano y sus necesidades no pasan a ocupar el primer lugar de la agenda política, será estéril cualquier debate sobre la configuración de nuestro Estado. Y si la conciencia colectiva no se despierta y se cuestiona estos aspectos, tampoco servirá de nada.

Santiago de Munck Loyola

LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS: UN PRIMER PASO.

Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: "Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo", "y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles". Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.

Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.

Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.

Santiago de Munck Loyola

RIVAS: DEMOCRACIA Y CANDIDATURA MUNICIPAL DEL PP.

Parece ser que los rumores se confirman: el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid tendrá, si los afiliados locales no lo impiden, como candidata a la Alcaldía de la localidad a la Sra. D. ª Inmaculada Sánchez Ramos que, en breve, será presentada públicamente como tal.

Esta decisión se ha tomado al margen y a espaldas de los afiliados de Rivas-Vaciamadrid. La candidatura del PP a la Alcaldía no ha sido propuesta, al día de hoy, ni por el Comité Ejecutivo Local, ni por el Comité Electoral Local en clara vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. De prosperar esta peregrina iniciativa se “vestirá” formalmente, es de suponer, pero lo que resulta innegable es que se tratará de una “operación de salón” diseñada prescindiendo del funcionamiento democrático de la organización.

Es especialmente destacable la incoherencia política que supone el hecho de que hace tan solo unos días la Presidenta Regional, Esperanza Aguirre, se manifestase a favor de que en Asturias se pudiera celebrar un congreso extraordinario para que los afiliados de esa Comunidad pudieses elegir a su candidato y que esa posibilidad se niegue a los afiliados de Rivas-Vaciamadrid. ¿Son acaso éstos menos dignos de consideración que los afiliados asturianos a pesar de depender de la organización que preside Esperanza Aguirre?

La democracia interna precisa para ser una realidad de la aplicación de los principios de mérito, igualdad y capacidad. Lamentablemente, ninguno de estos principios aparece en la designación de esta candidata. Se trata de una persona que no acredita mérito alguno para representar a la organización local en las próximas elecciones. Ni pertenece a dicha organización, ni ha trabajado para ella, al contrario que decenas de militantes que se “han partido la cara” durante años en condiciones muy difíciles, inimaginables para quien se ha acostumbrado a pisar las “moquetas oficiales” gracias a sus relaciones y buenos contactos. Tampoco concurre el principio de igualdad pues su designación proviene de condiciones a las que el resto de los afiliados no tiene acceso. De confirmarse esta candidatura se hará en términos de inexistencia de otros posibles candidatos a los que se cierra por decreto el paso y la posibilidad de postularse para el puesto. Y tampoco concurre en este proceso ni en la candidata “in pectore” el principio de capacidad. Y no se trata de una afirmación relativa a sus capacidades profesionales, que podrán ser muy brillantes, sino a su capacidad política de liderazgo local, a la capacidad de implicación con los problemas y circunstancias de los ripenses. No se trata de una vecina de la localidad, ni siquiera trabaja en ella. Quien acepta ser candidato/a vulnerando estos principios básicos ¿qué discurso ético va a desarrollar? ¿Qué credibilidad va a tener?

¿Qué aporta pues esta posible candidata a la política local y al PP de Rivas? Nada, sencillamente nada. Ni se merece el honor de encabezar la candidatura local, ni los ripenses se merecen este trato por parte de la organización regional. Porque ¿a quién beneficia su candidatura? Posiblemente a ella únicamente. Imponer lo que en términos coloquiales se denomina un “paraca” a la cabeza de la lista del PP ¿quiere decir que no hay ningún afiliado de Rivas, ni ningún simpatizante, ni ningún votante popular con conocimientos y capacidad para ser candidato? ¿De verdad que piensan eso los promotores de esta cacicada? Pues, si es así y los hechos parecen confirmarlo, se equivocan completamente y tendrá un serio coste electoral.

Ser candidato del PP a la Alcaldía de Rivas es un honor y un privilegio que hay que ganarse en la calle, mano a mano con los afiliados, conociendo los problemas de la localidad y compartiendo día a día la realidad política y social de los vecinos. No se puede ganar este honor de la mano del “enchufe”, de la política de pasillos y del tráfico de relaciones e influencias. Ese es el peor aval para comparecer en las urnas.

Normalmente suele coincidir en la misma persona la Presidencia local del Partido y la candidatura a la Alcaldía por simple lógica derivada del liderazgo político. Es posible que la actual Presidente esté agotada y no quiera ser candidata y menos aún considerando las malas expectativas que las encuestas anuncian. Ya decía Aldo Moro que el poder desgasta, pero la oposición mucho más. Y en caso de cansancio lo normal es irse a casa. La dedicación política es vocacional, voluntaria. Pero sería inadmisible desde un punto de vista ético que este cansancio fuera usado para mercadear con la candidatura a cambio de un cómodo retiro político.

Han pasado siete desde mi marcha como Presidente y Portavoz Local. En este período el Partido Popular ha sufrido dos escisiones en 2007 y ha empeorado sus resultados electorales. Las viejas heridas están con seguridad olvidadas y cerradas. Hoy es posible recomponer el centro derecha local con generosidad y comparecer unido en las próximas municipales. Aún es posible, es cuestión de voluntad y valentía política. Y es posible presentar una candidatura propia, sin paracas a la cabeza, capacitada y comprometida con los problemas de los ciudadanos ripenses. El Partido Popular de Rivas se lo merece y los electores aún más. Ojala sea así.

Santiago de Munck Loyola

EL SENADO: UNA CÁMARA SIN VERGÜENZA.

Para ser barrendero municipal o peón hay que saber leer y escribir y aprobar una oposición que incluya conocimientos sobre la Constitución. Para ser Alcalde, Diputado, Senador o Ministro no hace falta. Basta que un partido te designe candidato y que resultes elegido en las urnas. Paradojas del sistema. Nuestros representantes no tienen que poseer conocimiento alguno de la gestión y de la administración pública. Parece que las urnas les confieren la suficiente sabiduría para el desempeño del cargo. Lo que no parece que las urnas les otorguen es vergüenza, sensibilidad social o dignidad a la vista del panorama de nuestra nación y del ejercicio que desarrollan de sus tareas institucionales.

En una sociedad como la nuestra en donde hay gente pasando hambre, donde hay personas rebuscando alimentos en los contenedores de basura, donde no hay recursos públicos suficientes para atender con dignidad a miles de personas dependientes, donde hay más de ocho millones de españoles por debajo del umbral de la pobreza, donde los pensionistas y empleados públicos pierden poder adquisitivo un año más, donde más de un millón y medio de familias no tienen ningún ingreso para subsistir o donde más de 100.000 familias se han quedado sin vivienda en el año 2010 por no poder hacer frente a sus hipotecas, por citar sólo algunos datos, resulta que la clase política vive de espaldas a esa realidad y disfruta de privilegios y prebendas derrochando el dinero de los contribuyentes.

Más de 35.000 coches oficiales circulan por nuestras carreteras transportando es esta clase política situando a España en el sexto puesto del mundo en cuanto al número de coches oficiales. De ellos, 1.637 en Extremadura, dato especialmente relevante. Aviones oficiales utilizados por los más altos cargos para usos particulares, como participar en mítines. Ordenadores portátiles para los parlamentarios, como si con sus ingresos no tuviesen suficiente para adquirir uno. Pluralidad de ingresos públicos, privilegios fiscales y pensiones de jubilación de lujo al margen del sistema general para sus señorías. Y, ahora, 350.000 euros anuales para la traducción simultánea de los senadores que quieran utilizar la lengua de su comunidad autónoma en los Plenos de la Cámara. ¡Claro, pobrecitos! Como no tienen que saber leer y escribir para acceder al escaño, seguramente tampoco conocerán algunos de ellos esa lengua que usan 400 millones de personas en el mundo, el español.

En una situación de crisis como ésta, gastar ese dinero en intérpretes y traductores entre un grupo de representantes de los ciudadanos es inmoral, sencillamente impresentable. Podrán esgrimir toda clase de justificaciones políticas para avalar esta decisión, apelar grandilocuentemente a las señas de identidad de su región, etc. pero una cosa es cierta, sus señorías no tienen vergüenza, ni sensibilidad social, ni dignidad. Con esta conducta, el Senado, pretendida Cámara de representación territorial, no es más que un crisol de frívolos irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

RIVAS: ¿MANIOBRAS DE SALÓN EN EL PP PARA DESIGNAR CANDIDATO/A A LA ALCALDÍA?

Hay incertidumbre en algunos sectores de Rivas-Vaciamadrid sobre quién será el candidato o la candidata del Partido Popular a la Alcaldía y esta incertidumbre se refleja, como es lógico, en los foros de Internet. Esta incertidumbre es aprovechada por algunos, seguramente los que nunca votarían al PP, para tratar de enredar el asunto y ventilar sus fobias contra la actual Portavoz y Presidente del Partido Popular. Incluso circulan nombre alternativos que según los rumores serían impuestos desde la dirección regional del Partido.

Sorprende en primer lugar que a cuatro meses de las elecciones no exista un nombre confirmado para encabezar la lista electoral del Partido Popular, situándolo así en clara desventaja en relación a sus competidores políticos. Se trata, si ningún género de dudas de una grave irresponsabilidad política y de una falta de respeto a los militantes populares y, sobre todo, a los electores del municipio. Administrar los tiempos en política es esencial y alguien no lo está haciendo bien. Alentar con el silencio y la inactividad toda clase de rumores y especulaciones es hacer un flaco favor a las expectativas electorales de la formación política que puede y debe ser una alternativa de regeneración democrática y de gobierno eficaz en Rivas-Vaciamadrid.

También resulta extraño que en esos foros surja algún nombre concreto para encabezar el cartel electoral del PP ajeno al municipio. Es decir, la posibilidad de que alguien trate de imponer un “paraca”, un/a candidato/a que, desconociendo la realidad del municipio y no habiendo trabajado por y para la organización local, pase a ser, gracias a amistades o influencias, quien aspire a la Alcaldía del Municipio situándose a la cabeza de la lista popular. Esa posibilidad sería claramente un suicidio político, un agravio a los afiliados del PP ripense y una demostración de desprecio hacia el electorado. Hay que confiar en que solo se trate de un rumor malintencionado y no de una posibilidad real.

En todo caso no está de más recordar que el Partido Popular es una organización sustentada en principios democráticos y de participación de sus afiliados y que los Estatutos Nacionales vigentes así lo reflejan. Y estos principios son plenamente aplicables a los procedimientos de selección y designación de candidatos.

Así, el artículo 18 al establecer los principios en los que se sustenta la organización del Partido señala, en su apartado c, la participación, en igualdad de oportunidades, de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido. El art. 46, relativo al régimen de los Comités electorales, indica que los Comités Electorales son los órganos competentes para todos los asuntos relativos a la confección de candidaturas. Se constituyen con carácter nacional, regional, provincial, insular y local. Estarán compuestos por un Presidente, un Secretario y seis Vocales nombrados por el correspondiente Comité Ejecutivo, así como por un Vocal de Nuevas Generaciones designado por el Comité Ejecutivo de esta organización. Y en el art. 47 al regular las competencias de cada Comité Electoral estable, por una parte, que el Comité Electoral Regional elabora y propone las candidaturas al Órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, designa a los candidatos a Senador en representación de éstas y aprueba todas las candidaturas municipales de localidades de más de 20.000 habitantes y, por otra, que el Comité Electoral Local elabora y propone la candidatura municipal.

Por tanto, el procedimiento está claro: el Comité Ejecutivo local constituye el Comité Electoral Local, éste elabora y propone la candidatura a las elecciones locales y el Comité Regional la aprueba o la modifica razonadamente, en su caso. La iniciativa para proponer candidato/a a la Alcaldía es de la organización local, de nadie más. Todo lo que no se haga respetando este procedimiento podrá ser producto de “trapicheos” a los que algunos en “la casa” son muy aficionados, pero sin dudas será ilegal. La voz y la iniciativa la tienen los legítimos representantes de los afiliados del PP de Rivas-Vaciamadrid, su Comité Ejecutivo Local. Y su deber moral y político es usarla.

Santiago de Munck Loyola

LA CHAPUCERA LEY ANTITABACO.

La entrada en vigor a primeros de este año de la reforma de la legislación sobre el consumo de tabaco en lugares públicos está dando mucho que hablar estos días, tanto en los medios de comunicación, como en el ámbito privado. Defensores y detractaros de la nueva regulación están enzarzados en batallas dialécticas en las que se esgrimen toda clase de argumentos, desde los más sensatos hasta los más peregrinos.

No cabe duda de que esta polémica, debidamente alentada desde todos los medios de comunicación, evita llamar la atención sobre otros problemas mucho más graves que afectan al conjunto de los ciudadanos. El caso Malaya y los famosos implicados, as prohibiciones antitaurinas, después los controladores aéreos y ahora el tabaco. Bien, pues a ello.

La línea seguida por el Gobierno no parece un muy coherente, ni muy acertada. Da la impresión de que se legisla a golpe de ocurrencia sin que exista una coherencia en las sucesivas disposiciones. Obligar a los hosteleros hace pocos años a realizar inversiones millonarias para instalar mamparas, habitáculos segregados y aparatos extractores para establecer zonas reservadas para los fumadores y disponer ahora que esas costosas inversiones son absolutamente inútiles, sin compensación alguna además, evidencia la falta de coherencia y la ausencia de ideas claras.

Hay en la nueva regulación aspectos que son francamente discutibles. Lo es la obligación de los hosteleros o responsables de locales públicos cerrados de denunciar a los infractores de la Ley. La nueva disposición convierte a estos ciudadanos en delatores, en una especie de gendarmes obligados a denunciar a sus clientes asumiendo unas funciones que, además de situarles en una posición de riesgo, deberían ser competencia exclusiva de la autoridad competente. Ahora, el empresario, además de recaudador del IVA, es también auxiliar de la policía. Discutible es también la imprecisión de la Ley en cuanto a las distancias en las que no se puede fumar en torno a los recintos hospitalarios o los colegios. Esta imprecisión es una evidencia más de la mala técnica jurídica empleada en la elaboración de esta norma.

Se supone que la finalidad de esta Ley es proteger la salud de los ciudadanos, quieran o no. Pero cuando establece excepciones a la aplicación de la misma se citan las prisiones y los centros psiquiátricos. Claro, vistas estas excepciones solo cabe preguntarse qué objetivos superiores a la salud de reclusos y enfermos psiquiátricos prevalecen para justificar la excepción. ¿Son los reclusos ciudadanos de segunda? ¿No debe el Estado velar por su salud al igual que se supone que vela por la del resto de los ciudadanos? ¿Y los enfermos psiquiátricos? ¿Ha oído hablar el Gobierno del dicho romano “mens sana in corpore sano”? ¿Y los funcionarios y personal sanitario que trabaja en estas instituciones? ¿Puede fumar? Parece que la salud física de presos y enfermos mentales no es un objetivo prioritario para el Ministerio de Sanidad.

Es evidente que debe existir una legislación que proteja la salud de todos pero ello no es incompatible con el ejercicio de la libertad individual. La alergia al ejercicio de la libertad que padece este gobierno se ha puesto especialmente de manifiesto en esta ocasión. Lo sensato es que existan establecimientos donde se pueda fumar y otros donde no se pueda y que cada ciudadano elija donde quiere estar. Tan fácil y sencillo como eso. Y si no es así, si la libertad de elección no es una opción a respetar por el legislador, prohíbase radicalmente el tabaco; que el estado renuncie a los enormes ingresos que le proporciona la venta de esta droga legal que suponen el 80 % del precio de cada cajetilla. Lo demás es pura hipocresía y afán totalitario.

Como hipocresía es que el Sr. Zapatero, responsable de esta Ley, la incumpla a los pocos días con ocasión de su entrevista en Antena 3 (http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=112055). ¿Le han denunciado los responsables de Antena 3 en cumplimiento de la nueva Ley? ¿O van a delinquir? A que no le denuncian. Está visto, en España, para poder fumar en espacios públicos cerrados hay que ser un recluso, un paciente psiquiátrico o Presidente del Gobierno. Curioso, ¿no?

Santiago de Munck Loyola.

AZNAR Y GONZÁLEZ: IMAGEN DE UNA MISMA CLASE POLÍTICA.

Hace pocas horas ha sido noticia el “fichaje” de José María Aznar como asesor de la compañía eléctrica Endesa por 200.000.- € brutos anuales. Se trata de una nueva actividad del ex Presidente del Gobierno que se viene a añadir a otras actividades privadas que viene desempeñando desde que abandonó el poder en 2004. Hace menos de un mes, otro ex Presidente, Felipe González, era noticia por haber “fichado” por la empresa energética Gas Natural Fenosa, como consejero independiente de la sociedad, percibiendo por ello 126.500 euros brutos anuales. Se trata también de una nueva actividad privada a añadir a otras que viene desempeñando.

Es público que ambos ex Presidentes perciben, gracias a estas actividades privadas, sustanciosos ingresos económicos. Puede ser discutible la conveniencia e idoneidad de algunas de estas actividades, pero desde el punto de vista legal no hay nada reprochable en ellas.

Pero ambos ex Presidentes, al margen de los enormes ingresos económicos generados en sus actividades privadas disfrutan de sendas pensiones vitalicias pagadas por todos los contribuyentes. En el caso de Felipe González su pensión vitalicia es de 90.000 euros brutos anuales. En el caso de José maría Aznar su pensión vitalicia es de 60.000 euros brutos anuales. Ambos tienen secretaria, asistente y escolta personal con cargo a los presupuestos generales del Estado.

También gozan de pensiones vitalicias algunos ex Presidentes autonómicos con cantidades que varían entre los 40.000 y los 90.000 euros brutos anuales.

Cuando estas pensiones vitalicias se perciben en un régimen de absoluta compatibilidad con otros ingresos provenientes del ámbito privado, no queda más remedio que plantearse qué finalidad tienen estas pensiones vitalicias y, sobre todo, qué compatibilidad ética y moral con el conjunto de un sistema de pensiones públicas como el que tenemos.

Es evidente que cuanto más alto sea el puesto desempeñado por un político más fácil es su reincorporación al mercado laboral. Los contactos y la agenda generada en los años de poder abren muchas puertas cerradas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, terminada la etapa de gobierno, la concesión de una pensión vitalicia sólo puede ser entendida como una salida para evitar que se inicie una andadura profesional al amparo de las relaciones generadas en los años de gobierno, objetivo, por lo demás, de carácter más que saludable para la higiene democrática. Pero, si no existe incompatibilidad legal alguna entre la percepción de una pensión vitalicia y el ejercicio de actividades profesionales privadas entonces no hay razón alguna que justifique su existencia.

En cuanto al encaje moral y ético de este tipo de pensiones en el sistema público de pensiones no puede haber duda alguna: no existe. Basta para ello comprobar el panorama existente en el país para sostener esta afirmación. El sistema que soporta estas millonarias pensiones vitalicias es el mismo sistema que abona a los ciudadanos pensionistas una media de 874,97 euros al mes, cifra de enero de 2010. Es el mismo sistema que paga una pensión mínima de 587,80 euros al mes y máxima de 2.466 euros al mes. Es el sistema que abona 587,80 euros al mes a las viudas mayores de 65 años. Es el sistema de previsión pública que sólo puede abonar a los pensionistas del SOVI por vejez, invalidez o viudedad 375,70 euros mensuales.

Es el sistema de previsión de un país en el que el 20,8% de la población está por debajo del umbral de pobreza relativa, cifra que en 2009 se situaba en el 19,5%; de un país en el que tres de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes “con dificultad” o “mucha dificultad”, según los datos resultantes de la publicación provisional de la ECV del INE que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2009.

Estas son algunas de las cifras reales que describen el panorama, el estado de una sociedad que, curiosamente, sí tiene recursos para pagar pensiones vitalicias millonarias.

Parece que en estas cuestiones no hay color político, pero sí una clase política que comparte privilegios al margen del estado de la nación. Habrá quien argumente que esto es demagogia y que suprimiendo los privilegios de la clase política no se resuelven los problemas sociales de los ciudadanos. Y puede que sea cierto. Pero es evidente que desde una perspectiva ética y moral, la clase política no puede servirse de los ciudadanos, ni acogerse de forma permanente a privilegios fiscales, económicos y sociales que la aleja de la vida real que sus representados viven. O la clase política empieza a dar ejemplo o habrá que reemplazarla.

Es posible que en un futuro no muy lejano Iberdrola cuente con Zapatero como asesor. Será una excelente señal.

Santiago de Munck Loyola

ETA CUMPLE EL GUIÓN.

Estaba cantado y los pronósticos se han cumplido. Ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, la organización terrorista ETA anuncia un nuevo alto el fuego, una nueva tregua, de carácter permanente, general y verificable por la comunidad internacional. Que los asesinos dejen de matar, aunque sea temporalmente, siempre es una buena noticia. Otra cosa es la credibilidad que pueda merecer la maniobra de estos mal nacidos y el alcance real de esta tregua.

La autodenominada organización socialista revolucionaria vasca responsable de 948 asesinatos a sangre fría de hombres, mujeres y niños, de decenas de heridos y mutilados, de decenas de secuestros, de extorsiones permanentes a pequeños empresarios, de destrozos callejeros incalculables, de haber extendido el miedo y el terror por todo el tejido de la sociedad vasca, de atentar de forma permanente contra los más elementales derechos humanos dice ahora en su comunicado que hay que dar una solución democrática y justa al secular conflicto político.

La ETA que al igual que la mafia ha hecho de la violencia su única razón de ser, que ha construido un medio de vida perfectamente adecuado para individuos perturbados que se regocijan en el sufrimiento y el dolor ajeno dice ahora que la solución llegará ahora a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del pueblo vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos.

“Democrático”, “diálogo” y “negociación” en boca de esos repugnantes asesinos. ¡Qué asco! Es imposible que estos tipos puedan llegar a entender que mientras alguien postule una idea política con un arma en la mano es imposible que haya democracia alguna. Es radicalmente imposible que estos sujetos entiendan que ellos mismos con sus armas, bombas, extorsiones y violencia son el único obstáculo para la supervivencia de la democracia y, por tanto, para la realización plena de la voluntad popular. De hecho, hoy, en el País Vasco no existe una democracia plena debido al ejercicio continuado y sistemático de la violencia de estos “marxistas revolucionarios”. En el País Vasco no se dan desde hace años los requisitos básicos e imprescindibles para que la soberanía popular pueda ser ejercida plenamente por lo que, nos guste o no, las instituciones vascas tienen un déficit de legitimidad a causa de la violencia etarra. Derechos básicos y elementales para la formación de la voluntad popular no pueden ser plenamente ejercidos en las provincias vascas: ni la libertad de expresión, ni la de asociación, ni la de reunión, ni la de residencia, ni el sufragio pasivo, por citar algunos derechos básicos, están plenamente garantizados allí.

Siempre he considerado un tremendo error las diferentes negociaciones iniciadas por los gobiernos españoles con los etarras. Negociar con una banda de delincuentes es otorgar carta de naturaleza a sus actividades delictivas. Por una parte, existen cauces legales y democráticos para que los objetivos políticos de los etarras y quienes les apoyan se desarrollen de forma pacífica y sin violencia. Por otra, negociar es admitir que el ejercicio continuado y sistemático de la violencia sirve para que a uno le atiendan y se negocien propuestas fuera de las instituciones democráticas y es señalar el camino a seguir por quienes deseen imponer sus tesis políticas cuando las urnas no les respalden. Por último, negociar es olvidar a las víctimas y a sus familias en un acto de cobardía absolutamente despreciable.

Hoy sólo puede haber un comunicado aceptable, el de su rendición definitiva, y un gesto incuestionable, la entrega de las armas. Mientras eso no se produzca hay que seguir cerrándoles el paso en las instituciones.

Santiago de Munck Loyola