Hace pocas horas ha sido noticia el “fichaje” de José María Aznar como asesor de la compañía eléctrica Endesa por 200.000.- € brutos anuales. Se trata de una nueva actividad del ex Presidente del Gobierno que se viene a añadir a otras actividades privadas que viene desempeñando desde que abandonó el poder en 2004. Hace menos de un mes, otro ex Presidente, Felipe González, era noticia por haber “fichado” por la empresa energética Gas Natural Fenosa, como consejero independiente de la sociedad, percibiendo por ello 126.500 euros brutos anuales. Se trata también de una nueva actividad privada a añadir a otras que viene desempeñando.
Es público que ambos ex Presidentes perciben, gracias a estas actividades privadas, sustanciosos ingresos económicos. Puede ser discutible la conveniencia e idoneidad de algunas de estas actividades, pero desde el punto de vista legal no hay nada reprochable en ellas.
Pero ambos ex Presidentes, al margen de los enormes ingresos económicos generados en sus actividades privadas disfrutan de sendas pensiones vitalicias pagadas por todos los contribuyentes. En el caso de Felipe González su pensión vitalicia es de 90.000 euros brutos anuales. En el caso de José maría Aznar su pensión vitalicia es de 60.000 euros brutos anuales. Ambos tienen secretaria, asistente y escolta personal con cargo a los presupuestos generales del Estado.
También gozan de pensiones vitalicias algunos ex Presidentes autonómicos con cantidades que varían entre los 40.000 y los 90.000 euros brutos anuales.
Cuando estas pensiones vitalicias se perciben en un régimen de absoluta compatibilidad con otros ingresos provenientes del ámbito privado, no queda más remedio que plantearse qué finalidad tienen estas pensiones vitalicias y, sobre todo, qué compatibilidad ética y moral con el conjunto de un sistema de pensiones públicas como el que tenemos.
Es evidente que cuanto más alto sea el puesto desempeñado por un político más fácil es su reincorporación al mercado laboral. Los contactos y la agenda generada en los años de poder abren muchas puertas cerradas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, terminada la etapa de gobierno, la concesión de una pensión vitalicia sólo puede ser entendida como una salida para evitar que se inicie una andadura profesional al amparo de las relaciones generadas en los años de gobierno, objetivo, por lo demás, de carácter más que saludable para la higiene democrática. Pero, si no existe incompatibilidad legal alguna entre la percepción de una pensión vitalicia y el ejercicio de actividades profesionales privadas entonces no hay razón alguna que justifique su existencia.
En cuanto al encaje moral y ético de este tipo de pensiones en el sistema público de pensiones no puede haber duda alguna: no existe. Basta para ello comprobar el panorama existente en el país para sostener esta afirmación. El sistema que soporta estas millonarias pensiones vitalicias es el mismo sistema que abona a los ciudadanos pensionistas una media de 874,97 euros al mes, cifra de enero de 2010. Es el mismo sistema que paga una pensión mínima de 587,80 euros al mes y máxima de 2.466 euros al mes. Es el sistema que abona 587,80 euros al mes a las viudas mayores de 65 años. Es el sistema de previsión pública que sólo puede abonar a los pensionistas del SOVI por vejez, invalidez o viudedad 375,70 euros mensuales.
Es el sistema de previsión de un país en el que el 20,8% de la población está por debajo del umbral de pobreza relativa, cifra que en 2009 se situaba en el 19,5%; de un país en el que tres de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes “con dificultad” o “mucha dificultad”, según los datos resultantes de la publicación provisional de la ECV del INE que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2009.
Estas son algunas de las cifras reales que describen el panorama, el estado de una sociedad que, curiosamente, sí tiene recursos para pagar pensiones vitalicias millonarias.
Parece que en estas cuestiones no hay color político, pero sí una clase política que comparte privilegios al margen del estado de la nación. Habrá quien argumente que esto es demagogia y que suprimiendo los privilegios de la clase política no se resuelven los problemas sociales de los ciudadanos. Y puede que sea cierto. Pero es evidente que desde una perspectiva ética y moral, la clase política no puede servirse de los ciudadanos, ni acogerse de forma permanente a privilegios fiscales, económicos y sociales que la aleja de la vida real que sus representados viven. O la clase política empieza a dar ejemplo o habrá que reemplazarla.
Es posible que en un futuro no muy lejano Iberdrola cuente con Zapatero como asesor. Será una excelente señal.
Santiago de Munck Loyola
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