La entrada en vigor a primeros de este año de la reforma de la legislación sobre el consumo de tabaco en lugares públicos está dando mucho que hablar estos días, tanto en los medios de comunicación, como en el ámbito privado. Defensores y detractaros de la nueva regulación están enzarzados en batallas dialécticas en las que se esgrimen toda clase de argumentos, desde los más sensatos hasta los más peregrinos.
No cabe duda de que esta polémica, debidamente alentada desde todos los medios de comunicación, evita llamar la atención sobre otros problemas mucho más graves que afectan al conjunto de los ciudadanos. El caso Malaya y los famosos implicados, as prohibiciones antitaurinas, después los controladores aéreos y ahora el tabaco. Bien, pues a ello.
La línea seguida por el Gobierno no parece un muy coherente, ni muy acertada. Da la impresión de que se legisla a golpe de ocurrencia sin que exista una coherencia en las sucesivas disposiciones. Obligar a los hosteleros hace pocos años a realizar inversiones millonarias para instalar mamparas, habitáculos segregados y aparatos extractores para establecer zonas reservadas para los fumadores y disponer ahora que esas costosas inversiones son absolutamente inútiles, sin compensación alguna además, evidencia la falta de coherencia y la ausencia de ideas claras.
Hay en la nueva regulación aspectos que son francamente discutibles. Lo es la obligación de los hosteleros o responsables de locales públicos cerrados de denunciar a los infractores de la Ley. La nueva disposición convierte a estos ciudadanos en delatores, en una especie de gendarmes obligados a denunciar a sus clientes asumiendo unas funciones que, además de situarles en una posición de riesgo, deberían ser competencia exclusiva de la autoridad competente. Ahora, el empresario, además de recaudador del IVA, es también auxiliar de la policía. Discutible es también la imprecisión de la Ley en cuanto a las distancias en las que no se puede fumar en torno a los recintos hospitalarios o los colegios. Esta imprecisión es una evidencia más de la mala técnica jurídica empleada en la elaboración de esta norma.
Se supone que la finalidad de esta Ley es proteger la salud de los ciudadanos, quieran o no. Pero cuando establece excepciones a la aplicación de la misma se citan las prisiones y los centros psiquiátricos. Claro, vistas estas excepciones solo cabe preguntarse qué objetivos superiores a la salud de reclusos y enfermos psiquiátricos prevalecen para justificar la excepción. ¿Son los reclusos ciudadanos de segunda? ¿No debe el Estado velar por su salud al igual que se supone que vela por la del resto de los ciudadanos? ¿Y los enfermos psiquiátricos? ¿Ha oído hablar el Gobierno del dicho romano “mens sana in corpore sano”? ¿Y los funcionarios y personal sanitario que trabaja en estas instituciones? ¿Puede fumar? Parece que la salud física de presos y enfermos mentales no es un objetivo prioritario para el Ministerio de Sanidad.
Es evidente que debe existir una legislación que proteja la salud de todos pero ello no es incompatible con el ejercicio de la libertad individual. La alergia al ejercicio de la libertad que padece este gobierno se ha puesto especialmente de manifiesto en esta ocasión. Lo sensato es que existan establecimientos donde se pueda fumar y otros donde no se pueda y que cada ciudadano elija donde quiere estar. Tan fácil y sencillo como eso. Y si no es así, si la libertad de elección no es una opción a respetar por el legislador, prohíbase radicalmente el tabaco; que el estado renuncie a los enormes ingresos que le proporciona la venta de esta droga legal que suponen el 80 % del precio de cada cajetilla. Lo demás es pura hipocresía y afán totalitario.
Como hipocresía es que el Sr. Zapatero, responsable de esta Ley, la incumpla a los pocos días con ocasión de su entrevista en Antena 3 (http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=112055). ¿Le han denunciado los responsables de Antena 3 en cumplimiento de la nueva Ley? ¿O van a delinquir? A que no le denuncian. Está visto, en España, para poder fumar en espacios públicos cerrados hay que ser un recluso, un paciente psiquiátrico o Presidente del Gobierno. Curioso, ¿no?
Santiago de Munck Loyola.
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