Agua = progreso.

Si hay una Provincia española especialmente perjudicada por las distintas decisiones que los sucesivos gobiernos del PSOE han venido adoptando en distintas materias es la Provincia de Alicante. No se trata ya únicamente de los graves perjuicios ocasionados al conjunto de la población por la ineptitud de estos gobiernos que son perfectamente constatables cuando se habla de materias como la economía, el desempleo, los recortes sociales, la manipulación de la Justicia o las “ligerezas” en política antiterrorista, sino también de perjuicios concretos y específicos derivados de las discriminaciones sufridas por la provincia en materia de inversiones, los retrasos en infraestructuras como el AVE y, especialmente, la desastrosa política hídrica o, mejor dicho, la ausencia de una auténtica política sobre los recursos hídricos.

Una de las primeras decisiones del Sr. Zapatero fue derogar el Plan Hidrológico Nacional en junio de 2005 que supuso, para empezar, la pérdida de millones de euros de la Unión Europea y la tala de raíz de cualquier aspiración de crecimiento sostenible del levante español. Tras aquella decisión, disfrazada con vacíos argumentos ecologistas, tan sólo se escondían mezquinos intereses partidistas y la visión mesiánica de un mequetrefe encumbrado a la Presidencia del Gobierno tras un brutal atentado terrorista.

Del famoso y tan cacareado “Plan Agua” que iba a ser la panacea para el sediento levante no queda más que las carísimas desaladoras, algunas obras menores y los mismos problemas hidrológicos sin resolver y sin visos de solución inmediata.

Pero el PSOE y su Presidente del Gobierno parece que no se conforman con el desastre que dejan tras de si y antes de abandonar próximamente el poder, tal y como parece que vaticinan todas las encuestas, han decidido dar una vuelta más a la tuerca de los agravios.

Parece que, si la indignación de tanta y tanta buena gente no lo impide, que la Confederación hidrográfica del Júcar ha decidido suprimir la mitad de las hectáreas de regadío existente dejando en la ruina absoluta a miles de agricultores que ya se las ven y desean para poder subsistir en estos difíciles tiempos.

Bueno sería, además, recordar que todos los expertos y científicos llevan años pronosticando el progresivo proceso de desertización de la Provincia de Alicante. Proceso que en el 2005 ya superaba el 40 % de la superficie de la Provincia y que de ponerse en marchas medidas correctoras urgentes alcanzará el 100 % en un plazo no superior a 60 años.

Pues bien, es evidente que ni la situación de miles de familias de agricultores pendientes de la última gota de agua para sus explotaciones en las que se ha invertido mucho dinero para maximizar el uso del agua de riego, ni la grave situación del proceso de desertización del territorio que se vería acelerado con un recorte de las zonas de regadío, parece que importe lo más mínimo a los responsables del Gobierno de la Nación, del Ministerio y de la CHJ.

El próximo días 23 de julio más de 40 Alcaldes, políticos provinciales y autonómicos, agricultores y ciudadanos se han dado cita en Monforte del Cid para levantar su voz contra esta tropelía y exigir una rectificación inmediata.

La razón no les falta, pero muchas veces ni con la razón se puede convencer a quienes carecen de visión política, de generosidad y hasta de patriotismo.

Santiago de Munck Loyola

Francisco Camps ha dimitido.

Hoy, 20 de julio, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel.

Afirma que es inocente y que ahora podrá defenderse y responder a todas las insidias y ataques de los que ha sido objeto. Igualmente ha expresado que se trata de un sacrificio personal y político que ofrece por el bien de España para no entorpecer una victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales.

Con este gesto, Camps ha despejado notablemente la agenda política de las próximas semanas y ha allanado con seguridad el camino de su defensa judicial. Se trata, sin duda, de una decisión necesaria, inteligente y valiente de un político que ha sabido ganarse el respaldo mayoritario en tres ocasiones del electorado de la Comunidad Valenciana lo que le ha valido un odio e inquina feroces por parte de sus adversarios políticos siempre tentados a ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas. Lo cierto es que en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes ha preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. Las cifras están ahí y son incuestionables.

Camps ha hecho lo que debía hacer porque así lo exigía no sólo el sentido común, sino también el espíritu y la letra del Código de buenas prácticas del Partido Popular. Su dimisión es un claro referente para poder construir un discurso ético coherente con el que promover la necesaria regeneración del sistema político. Y si tras el proceso judicial que se desarrolle resulta que se demuestra su inocencia, no debería existir ningún obstáculo por parte del Partido Popular para promover su recuperación de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

No hay nada escrito, pero algunos se están apresurando a llamarle delincuente sin que se haya demostrado su culpabilidad y tan solo por haber presentado la dimisión. Dan por hecho, con ese sentido totalitario y estalinista que les caracteriza, que Camps es culpable, pese a sus repetidas manifestaciones de inocencia y pese a la existencia legal, al día de hoy y aunque les moleste, del principio de presunción de inocencia. Menos mal que estos aspirantes a verdugos no son jueces, porque si no ya se habrían “cepillado” lo que queda del Estado de Derecho.

Camps ha dimitido y eso le honra. Y ahora que tenga suerte y se haga justicia.

Santiago de Munck Loyola

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.

Camps y Luna, Luna y Camps.

La política es como un tinte líquido, como un colorante que se extiende, se infiltra y termina por teñir todo lo que toca. Pocas facetas de la vida cotidiana escapan a su tremendo poder colorante y muchas veces es preciso un serio esfuerzo para poder conocer el color original de las cosas.

Y la influencia de la política es especialmente significativa en los medios de comunicación. Los informes, las noticias o los comentarios de los profesionales raramente escapan del poder arrollador de la política y termina por colorear también cualquier pretensión de objetividad y ecuanimidad en la información. Es entonces cuando el sectarismo más rabioso y el partidismo integrista anulan una visión sosegada de la realidad diaria y se instala como guía y norma de conducta profesional diaria.

Las consecuencias se ven a diario. Según el medio de comunicación usado por un ciudadano su percepción de la realidad quedará restringida al campo de visión escogido por los profesionales del mismo. Verá que sólo hay corrupción en el PP o sólo en el PSOE o pensará que los casos de uno son más graves que los del otro. Conceptos e ideas como “la presunción de inocencia”, “la imputación”, “la prescripción” o “el cohecho” cobrarán un valor diferente según a quién se refieran.

Hay quienes se rasgan las vestiduras y elevan a la categoría de “crimen contra la humanidad” la posibilidad de que Camps haya podido recibir tres trajes como regalo de la trama corrupta de Gürtel y claman por su dimisión en el caso de que fuese condenado por ello. Y simultáneamente guardan un repugnante silencio por el hecho de que Luna, hipócrita portavoz socialista parlamentario contra la corrupción, haya sido beneficiario de múltiples favores (el Audi, las obras de su casa, etc.) provenientes de personas implicadas en varias tramas de corrupción. En este caso no pasa nada, puede ser nombrado tranquilamente presidente de la gestora socialista de Alicante. Parece que entienden que, por el hecho de que hayan podido prescribir determinadas actuaciones, éstas no han existido a pesar de que los datos publicados proporcionen el convencimiento moral de la existencia de conductas también repudiables.

Dicen que tras los tres trajes, la trama Gürtel se ha embolsado millones de euros de las arcas públicas. Y pocos cuentan que el Ayuntamiento de Alicante debió abonar por sentencia judicial 20 millones de euros a la empresa Hansa, beneficiaria de actuaciones urbanísticas aprobadas por Luna cuando era Alcalde de la ciudad y para la que ocho años después, en 2002, se convirtió en su abogado urbanista.

Todo parece indicar la existencia de una doble vara de medir que conscientemente y deliberadamente se traslada a los ciudadanos. Y no, no vale hablar de pequeñas o grandes corrupciones según la militancia política del interesado. La exigencia de honestidad y escrupulosidad a la hora de gestionar los bienes públicos debe ser igual para todos, sin excepciones.

O todos moros, o todos cristianos.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

La Junta de Gobierno de Novelda.

El 22 de junio pasado se hacía pública la decisión de la Alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de constituir la Junta de Gobierno Local sin la presencia en la misma de la oposición (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/06/22/milagrosa-martinez-constituye-junta-gobierno-local-oposicion/1141123.html).

Esta decisión no ha sido bien recibida por algunos y así se ha puesto de manifiesto en algunos artículos aparecidos en la red en los que se acusa al nuevo equipo de gobierno de falta de transparencia así como de marginar a los grupos de oposición.

Sin embargo, esta decisión se fundamenta en una lógica democrática impecable. La Junta de Gobierno es, como su propio nombre indica, un órgano de Gobierno, no es un órgano de control ni de participación. Para eso está el Pleno de la Corporación. Corresponde, por tanto, a quienes ostentan responsabilidades de Gobierno formar parte de la Junta de Gobierno Local y no a quienes por mandato de los ciudadanos deben estar en la oposición. Es desde el pleno de la Corporación desde donde los miembros de la Oposición han de desarrollar los mecanismos de control y participación previstos en la legislación de régimen local.

La costumbre seguida en algunos municipios de integrar a la oposición en las Juntas de Gobierno, es decir, de concejales que no forman parte del Gobierno y que no ostentan responsabilidades de gestión, constituye una anomalía que se compadece mal con la dialéctica democrática establecida entre gobierno y oposición y con el espíritu de las leyes que regulan el funcionamiento de los entes locales. De una parte, el Gobierno Municipal pierde eficacia y espontaneidad pues la Junta de Gobierno deja de servir de órgano de apoyo a la Alcaldía y sede de deliberación en la toma de decisiones colectivas, corriendo, además, el riesgo de convertirse en un mini pleno con debates cruzados entre gobierno y oposición. Por otra parte, la oposición adquiere un papel de copartícipe en tareas ejecutivas para las que no ha sido designado por el voto de los ciudadanos.

La transparencia queda garantizada con los mecanismos legales previstos pues la oposición, aunque no forme parte de la Junta de Gobierno, conserva siempre los derechos y facultades de acceso a la información que la Ley de Bases y su reglamento prevén.

En definitiva, la decisión de la Alcaldesa de Novelda es una decisión no sólo democráticamente impecable, sino, además, cargada de racionalidad y lógica política. ¿Se imagina alguien a Rajoy sentado junto a Rodríguez Zapatero en el Consejo de Ministros como oyente? A que no. Pues eso.

Santiago de Munck Loyola.

El candidato P.

Hoy en día, en la venta de cualquier producto es imprescindible, si no se quiere fracasar en el empeño, someterse a los dictados del mundo de la publicidad, del marketing. Los especialistas hacen estudios de mercado, diseñan marcas, imágenes, logos, lemas,… todo lo necesario para que el producto a vender obtenga las mayores cuotas de mercado posible. Incluso, cuando es necesario cambian hasta la denominación del producto. Cualquier cosa vale con tal de colocar la mercancía, por muy mala que sea.

Y debe ser cosa del mercado esa tendencia del PSOE a cambiar hasta los apellidos de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno. Primero fue Zapatero. Todos le conocemos por Zapatero, aunque su primer apellido sea Rodríguez. Hablamos de “Felipe González” o del “Sr. González”, de “José María Aznar” o del “Sr. Aznar” pero a poca gente, por no decir a ninguna, se le oye hablar de “José Luis Rodríguez” o del “Sr. Rodríguez”. Los publicistas socialistas nos machacaron con ZP y con Zapatero a secas y esa denominación ha calado.

Ahora le toca el turno al nuevo candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y en el primer filtro publicitario socialista ha perdido también su primer apellido. Ya en los carteles socialistas, sobre fondo de intenso rojo, ha rotulado Alfredo P. Rubalcaba.

Los tiempos cambian y con ellos la conveniencia de mantener los primeros apellidos. Si antes apellidos como Suárez, González o Aznar eran suficientemente políticos como para identificar a los candidatos, parece ahora que ni Rodríguez, ni Pérez valen para eso.

Puede que la razón por la que antes sí eran válidos esos apellidos para identificar a unas “mercancías políticas” estaba en que los portadores de tales apellidos reunían cualidades personales y políticas de tal peso y entidad que la identificación entre apellido y apellidado era más que suficiente. Suárez, González y Aznar gozaban de reconocimiento propio y proyección bastante como para no necesitar de triquiñuelas publicitarias.

Y no debe ser el caso de los dos últimos candidatos socialistas, Rodríguez y Pérez. Una lástima que alguien tenga que esconder su primer apellido a favor del marketing.

Santiago de Munck Loyola.

El debate sobre el estado de la Nación.

Hoy se inicia, una vez más, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación. Se supone que de la Nación española, ese concepto discutido y discutible según el Presidente Rodríguez Zapatero. Asistiremos, una vez más, al ritual habitual: discursos autocomplacientes, reproches, insultos, descalificaciones, pateos en las distintas bancadas y votación final de iniciativas que raramente se cumplen. Se abren las apuestas: ¿ganará Zapatero? ¿ganará Rajoy? Pues ganarán todos, como siempre, menos la Nación.

No hay que ser un lince para realizar un diagnóstico sobre el estado de nuestra Nación, la española,  aunque ni en éso serán capaces de ponerse de acuerdo nuestros representantes. Y mucho menos aún para prescribir un tratamiento adecuado a las graves dolencias de España.

Nuestra nación está enferma, muy enferma. No se trata sólo, con ser importante, del grave estado de nuestra economía expulsada de la “champions league” de las economías, de los cinco millones de desempleados, de la desbordante deuda financiera de las administraciones públicas, de los recortes sociales impuestos por el gobierno socialista o de la entrada de los terroristas en las instituciones del País Vasco.

Nuestra Nación está enferma, muy enferma, y los síntomas, como el propio concepto de Nación, son mucho más amplios y profundos. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en las actitudes y valores de la sociedad que forma parte de esa Nación.

Lo políticamente correcto ha sustituido a lo éticamente irrenunciable. El relativismo absoluto empuja a la eliminación de valores y principios mínimos. El respeto a las creencias religiosas ha dado paso a la intolerancia y a la burla pública. La reconciliación entre los españoles es sustituida por el rencor y la revancha. Las obligaciones han venido a ser sustituidas por la preeminencia de los derechos. La responsabilidad personal ha dado paso a la reivindicación permanente del subsidio y del auxilio estatal. La autonomía familiar y la responsabilidad educativa por la intromisión y la tutela de los poderes públicos. La igualdad en derechos ha laminado el principio del mérito y del esfuerzo individual. Las cuotas han abierto el camino a la incompetencia. La existencia de la responsabilidad social del empresario es ignorada y sustituida por el beneficio puro y duro. Las legítimas reivindicaciones laborales se truecan por subvenciones. El respeto y la veneración a los mayores por su marginación social y familiar. El disfrute de los hijos por sucesivas colocaciones lejos del hogar. La ejemplaridad de la clase dirigente por privilegios constantes. La democracia de los partidos por la burocracia endogámica. La caridad por turismo solidario. El voluntariado social por chiringuitos de colocaciones. El ahorro y el esfuerzo por el pelotazo a todos los niveles.

¿Y cómo va a estar la Nación? Pues mal. Porque sobre todo lo anterior se pretende construir una política cada vez más alejada de los males profundos que afectan a la sociedad. Porque nuestra clase política, anclada en permanentes privilegios, está cada vez más lejos de la realidad de nuestras calles. Porque las Instituciones democráticas en manos de esa clase política cada vez sirven menos a los ciudadanos y más a los dirigentes políticos.

Podrá cambiarse el tratamiento para la enfermedad, pero como se limite a los aspectos visibles de la misma será ineficaz.

Santiago de Munck Loyola.

Eta en los Ayuntamientos Vascos.

Los primeros pasos que la coalición Bildu está dando en los Ayuntamientos en los que ha logrado hacerse con las alcaldías están demostrando, como muchos nos temíamos, que se trata de un simple disfraz de la organización terrorista Batasuna. Las primeras medidas que los bildubatasunos están tomando son una excelente representación de que nada ha cambiado, de que se trata de los mismos perros con diferente collar. Están escenificando con escrupulosa exactitud todos los gestos, símbolos y guiños propios de la izquierda terrorista vasca. Han empezado por incumplir sin pudor alguno la legislación vigente al retirar los retratos del Jefe del Estado de los salones de Plenos y al arriar la bandera de España de las casas consistoriales. Por cierto, ¿a qué esperan los fiscales para actuar? Igualmente y como aviso para navegantes han prohibido la entrada en los Ayuntamientos de los escoltas de los concejales amenazados por ETA  y han retirado los arcos de seguridad para detección de metales. Cualquiera puede entrar ahora en esos Ayuntamientos con una pistola bajo la chaqueta o con una granada en el bolso. Claro que habrá quien piense que de nada valen esas medidas de seguridad estando ya ETA dentro de los edificios. A ello hay que añadir la petición del acercamiento de los presos terroristas y la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas españolas del territorio vasco, al mismo tiempo que el candidato Rubalcaba se plantea la posibilidad de reducir el tamaño del ya exiguo ejército español. Y en medio de este negro y sombrío panorama se alzan voces reclamando una “solución” para el “problema” de los presos de ETA. ¿Una solución? ¿Una solución para unos asesinos que ni siquiera están arrepentidos? ¿Una solución para estos chulos de barrio y cobardes asesinos que se hacen sus necesidades encima cuando los detienen? ¿Y qué “solución” hay para el “problema” de sus víctimas?

Por si no fuera poco con todo lo anterior, además hay que añadir el problema generado con la Presidencia de Bildu de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gracias a la obtención de esa Diputación, Bildu – Batasuna – ETA dispone ahora de los datos fiscales de todos los españoles, incluidos los 250.000 exiliados vascos por las amenazas de ETA.

¡Sí señor! A esto se le llama hacer las cosas bien. La hoja de ruta trazada en las negociaciones con ETA que con tanta vehemencia negaron los dirigentes socialistas casualmente se ha cumplido. El Sr. Zapatero, su gobierno y su partido son los responsables de que los etarras hayan vuelto a las instituciones seudodemocráticas del País Vasco. Ellos y los miembros del Tribunal constitucional Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, presuntos autores de un delito de prevaricación según la querella presentada contra ellos por varias organizaciones sociales.

Hoy el Ministro de Justicia advierte públicamente que si Bildu no cumple la Ley, la justicia deberá actuar. ¿Por qué se hace el tonto el Ministro? ¿Acaso no ha visto ya cómo están incumpliendo la Ley los bildubatasunos? ¿O es que no le han dado permiso para verlo?

Un poco de seriedad, por favor.

Santiago de Munck Loyola

15 M: a mi no me representan.

Hace unos días, la exministra María Antonia Trujillo, a propósito del movimiento 15 M, decía en un medio de comunicación que los gobiernos tenían que escuchar la voz del pueblo que se expresaba a través de este movimiento. Ella, al igual que muchos otros, otorgaba al movimiento 15 M una representatividad que no se corresponde en absoluto con la realidad y la legalidad. Resulta paradójico que quienes reivindican una “democracia real” ya traten de erigirse en portadores y valedores de unas aspiraciones que no están representadas, salvo excepciones, en las instituciones democráticas.

Cien o doscientas mil personas en la calle no son ni pueden ser la expresión de la voz del pueblo y menos aún de la soberanía popular salvo que se pretenda suplantar el sistema democrático constitucional.

Los llamados indignados son muy libres de gritar que los legítimos representantes del pueblo, los cargos públicos electos, no les representan. Pero su declaración de apostasía sobre los legítimos representantes del pueblo no les confiere derecho alguno de representatividad ni legal ni formal. Y menos aún cuando hace poco más de un mes más de 22 millones de ciudadanos han otorgado su voto y confianza a los cargos públicos electos municipales y autonómicos.

Durante los últimos años, las calles y plazas españolas se han llenado esporádicamente de cientos de miles o millones de indignados. Unos estaban indignados con la política entreguista y negociadora del PSOE con ETA, otros estaban indignados con la liberalización del aborto o con la política educativa del Gobierno o contra el paro galopante. Pero ni estos indignados representaban la voz y voluntad de la ciudadanía, ni los gobernantes de turno exhibieron respecto a ellos y a sus reivindicaciones la sensibilidad y deferencia de trato que ahora parecen dispuestos a desarrollar respecto a los indignados del 15 M. Es evidente que este trato tan distinto obedece a múltiples causas, algunas de las cuales más próximas a móviles electorales poco confesables que a súbitas reconversiones ideológicas.

Somos muchos los indignados con muchas y variadas cuestiones y males que afectan a nuestra sociedad y a la calidad democrática de nuestro sistema político: una política económica torpe, balbuceante e ineficaz para generar empleo y bienestar, unos partidos políticos mantenidos artificialmente mediante subvenciones públicas, endogámicos y con un funcionamiento interno escasamente democrático, unos sindicatos dóciles y subvencionados, una clase política cargada de privilegios aislada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, una clase bancaria y empresarial ostentosa e insolidaria en tiempos de crisis, un clan de artistas y pseudo intelectuales ávidos de la subvención pública vendidos al poder con la ceja en alto, una legislación hipotecaria injusta e inmoral, una ley electoral injusta, etc. Pero, hoy por hoy, el cauce más democrático para transmitir nuestras indignaciones está en las urnas, ese denostado invento cuyo más noble fin para algunos era el de ser destruidas. No hay democracia alternativa fuera de las urnas. Otras vías solo conducen al totalitarismo y a la imposición.

Es lo que hay y aunque algunas de las reivindicaciones del 15 M pueda compartirlas y desearlas, solo puedo decir que mi no me representan. Yo he elegido a mis representantes en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Carta abierta a Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante y compañera de Partido.

Estimada Alcaldesa y compañera:

Tan sólo unas modestas líneas de un vecino de Alicante, afiliado del PP y votante de la candidatura municipal del PP en las pasadas elecciones para trasladarte algunas consideraciones. Esta mañana, escuchaba un informativo de la Cope y a propósito de la pugna interna del PP por la Diputación en el que declarabas que el Partido Popular es un partido integrador y que no peligraba su unidad en Alicante. ¡Que alivio! Sabiendo que dejar a tu número dos, a tu Presidente Provincial, como has hecho sin delegaciones municipales y sin sueldo es integrar a las personas me quedo mucho más tranquilo. Pensaba que se trataba de una vulgar venganza, pero no, me has sacado del error, integrar debe ser eso y yo no lo sabía, disculpa mi ignorancia.

Ya sé que se trata solo de tu Presidente Provincial, del mío y el de muchos miles de afiliados, y que, aunque algunos mal pensados puedan ver en tu actitud un trato humillante, soberbio y cainita, no hay nada de eso, hay sólo integración pura y dura, como Camps manda.

En mi ignorancia voté a la lista municipal del PP que encabezabas pensando que estaba votando a todo un equipo propuesto por mi partido para que los que resultasen elegidos desempeñasen tareas en el Ayuntamiento pero nadie me dijo que así era menos para dos o tres de sus miembros. ¡Qué descuido! No sabía nada del concepto campista de la integración. Pero sabiéndolo tú, no comprendo por qué formabas parte de la misma lista. Si se trataba de una imposición externa podrías haberte negado y te habrías ahorrado el mal trago de tener que ir ahora integrando a la gente.

Aunque supongo, estimada Alcaldesa que estarás muy ocupada dedicando el cien por cien de tu tiempo a la ciudad de Alicante y el cien por cien de tu tiempo a la Provincia de Alicante como diputada (¿el 200 % de tu tiempo?), te quedará aún algún minuto para seguir velando por la unidad y dignidad del Partido Popular y de su legítimo Presidente Provincial. Ya sabes que el Presidente Provincial representa a todos los afiliados populares de la Provincia y que, por tanto, el trato que reciba no debería ser ofensivo para los mismos.

En fin, me alegro mucho de que no pase nada en el PP y de que la unidad interna no esté en peligro, pero me da la impresión de que ni los medios de comunicación ni los afiliados te creen. ¡Cómo son!

Un saludo, Alcaldesa.

Santiago de Munck Loyola

El PP de Alicante: y sigue el circo.

La política, en el más noble sentido de la palabra, debería ser el ejercicio de una vocación de servicio público desinteresada y al servicio de unos altos valores e ideales. Sin embargo, hay quien, disfrazado de político o creyéndose que lo es, se empeña en hacer de ella una charca pestilente donde afloran constantemente los personalismos y los intereses más mezquinos ofreciendo con ello a la opinión pública un espectáculo desagradable que no se merece.

Una vez más la pugna entre ripollistas y campistas está facilitando la emergencia y el protagonismo de toda clase de individuos que, lejos de resolver las diferencias y los problemas internos del Partido Popular a través de los cauces estatutarios, utilizan los medios de comunicación como un instrumento más al servicio de sus mezquinos intereses. Así airean y ventilan opiniones y descalificaciones contra compañeros del Partido ofreciendo a la atónita militancia un espectáculo indigno que produce pena y vergüenza ajena.

Nadie hasta ahora ha salido a los medios de comunicación a explicar qué diferencias ideológicas o programáticas tan insalvables existen entre unos y otros. Todo parece que se debe a personalismos, al “quítate tú para que me ponga yo” y si para conseguirlo hay que romper el partido, pues nada, se rompe. Hay quien, desde la plataforma que le proporciona un cargo público alcanzado en la mayoría de los casos gracias al dedazo superior que le designó candidato, no ceja en su empeño en hacer daño al partido cuya militancia fue ignorada en su proceso de designación. Y ya está bien. Todas estas personas no merecen ocupar ni un minuto más los cargos públicos que le deben al Partido Popular.

Hace dos días, el Sr. Pérez Fenoll, el perdedor del Congreso a la Presidencia Provincial y cuyo resultado parece no haber acatado nunca, el que perdió la alcaldía de Benidorm gracias a su talante, el corresponsable de la fractura del voto del centro derecha en esa localidad y de la actual alcaldía socialista, se permite utilizar a la prensa para enviar recaditos a su Presidente Provincial. Todo un valiente, sí señor. En lugar de hablar donde dicen los estatutos que hay que hablar lo hace en los periódicos y encima para dar consejitos que él mismo nunca ha seguido y que, desde luego, nadie le ha pedido. Y como él muchos otros. También hay quienes se dedican a llamar a alcaldes para pedir avales usando advertencias más que discutibles. Así no se ha Política. Así no se sirve a los militantes del Partido Popular. Así no se sirve a la ciudadanía.

Considerando el trasfondo de toda esta pugna, los indeseables personalismos, la actitud antidemocrática de muchos y especialmente de la dirección regional, la lentitud o pasividad de Madrid para poner orden y la tradicional desconfianza hacia la autonomía y libertad de los populares alicantinos, la solución sólo puede pasar por devolver la palabra a los militantes de Alicante, sin injerencias, sin intromisiones norteñas para que, de una vez por todas, se nos deje decidir y se respete nuestra decisión. Los afiliados del Partido Popular no nos merecemos este espectáculo. Sépanlo todos de una vez. Hoy más que nunca hace falta un Congreso Extraordinario, sin filtros, ni controles.

Santiago de Munck Loyola