El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

La Junta de Gobierno de Novelda.

El 22 de junio pasado se hacía pública la decisión de la Alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de constituir la Junta de Gobierno Local sin la presencia en la misma de la oposición (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/06/22/milagrosa-martinez-constituye-junta-gobierno-local-oposicion/1141123.html).

Esta decisión no ha sido bien recibida por algunos y así se ha puesto de manifiesto en algunos artículos aparecidos en la red en los que se acusa al nuevo equipo de gobierno de falta de transparencia así como de marginar a los grupos de oposición.

Sin embargo, esta decisión se fundamenta en una lógica democrática impecable. La Junta de Gobierno es, como su propio nombre indica, un órgano de Gobierno, no es un órgano de control ni de participación. Para eso está el Pleno de la Corporación. Corresponde, por tanto, a quienes ostentan responsabilidades de Gobierno formar parte de la Junta de Gobierno Local y no a quienes por mandato de los ciudadanos deben estar en la oposición. Es desde el pleno de la Corporación desde donde los miembros de la Oposición han de desarrollar los mecanismos de control y participación previstos en la legislación de régimen local.

La costumbre seguida en algunos municipios de integrar a la oposición en las Juntas de Gobierno, es decir, de concejales que no forman parte del Gobierno y que no ostentan responsabilidades de gestión, constituye una anomalía que se compadece mal con la dialéctica democrática establecida entre gobierno y oposición y con el espíritu de las leyes que regulan el funcionamiento de los entes locales. De una parte, el Gobierno Municipal pierde eficacia y espontaneidad pues la Junta de Gobierno deja de servir de órgano de apoyo a la Alcaldía y sede de deliberación en la toma de decisiones colectivas, corriendo, además, el riesgo de convertirse en un mini pleno con debates cruzados entre gobierno y oposición. Por otra parte, la oposición adquiere un papel de copartícipe en tareas ejecutivas para las que no ha sido designado por el voto de los ciudadanos.

La transparencia queda garantizada con los mecanismos legales previstos pues la oposición, aunque no forme parte de la Junta de Gobierno, conserva siempre los derechos y facultades de acceso a la información que la Ley de Bases y su reglamento prevén.

En definitiva, la decisión de la Alcaldesa de Novelda es una decisión no sólo democráticamente impecable, sino, además, cargada de racionalidad y lógica política. ¿Se imagina alguien a Rajoy sentado junto a Rodríguez Zapatero en el Consejo de Ministros como oyente? A que no. Pues eso.

Santiago de Munck Loyola.

El candidato P.

Hoy en día, en la venta de cualquier producto es imprescindible, si no se quiere fracasar en el empeño, someterse a los dictados del mundo de la publicidad, del marketing. Los especialistas hacen estudios de mercado, diseñan marcas, imágenes, logos, lemas,… todo lo necesario para que el producto a vender obtenga las mayores cuotas de mercado posible. Incluso, cuando es necesario cambian hasta la denominación del producto. Cualquier cosa vale con tal de colocar la mercancía, por muy mala que sea.

Y debe ser cosa del mercado esa tendencia del PSOE a cambiar hasta los apellidos de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno. Primero fue Zapatero. Todos le conocemos por Zapatero, aunque su primer apellido sea Rodríguez. Hablamos de “Felipe González” o del “Sr. González”, de “José María Aznar” o del “Sr. Aznar” pero a poca gente, por no decir a ninguna, se le oye hablar de “José Luis Rodríguez” o del “Sr. Rodríguez”. Los publicistas socialistas nos machacaron con ZP y con Zapatero a secas y esa denominación ha calado.

Ahora le toca el turno al nuevo candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y en el primer filtro publicitario socialista ha perdido también su primer apellido. Ya en los carteles socialistas, sobre fondo de intenso rojo, ha rotulado Alfredo P. Rubalcaba.

Los tiempos cambian y con ellos la conveniencia de mantener los primeros apellidos. Si antes apellidos como Suárez, González o Aznar eran suficientemente políticos como para identificar a los candidatos, parece ahora que ni Rodríguez, ni Pérez valen para eso.

Puede que la razón por la que antes sí eran válidos esos apellidos para identificar a unas “mercancías políticas” estaba en que los portadores de tales apellidos reunían cualidades personales y políticas de tal peso y entidad que la identificación entre apellido y apellidado era más que suficiente. Suárez, González y Aznar gozaban de reconocimiento propio y proyección bastante como para no necesitar de triquiñuelas publicitarias.

Y no debe ser el caso de los dos últimos candidatos socialistas, Rodríguez y Pérez. Una lástima que alguien tenga que esconder su primer apellido a favor del marketing.

Santiago de Munck Loyola.

El debate sobre el estado de la Nación.

Hoy se inicia, una vez más, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación. Se supone que de la Nación española, ese concepto discutido y discutible según el Presidente Rodríguez Zapatero. Asistiremos, una vez más, al ritual habitual: discursos autocomplacientes, reproches, insultos, descalificaciones, pateos en las distintas bancadas y votación final de iniciativas que raramente se cumplen. Se abren las apuestas: ¿ganará Zapatero? ¿ganará Rajoy? Pues ganarán todos, como siempre, menos la Nación.

No hay que ser un lince para realizar un diagnóstico sobre el estado de nuestra Nación, la española,  aunque ni en éso serán capaces de ponerse de acuerdo nuestros representantes. Y mucho menos aún para prescribir un tratamiento adecuado a las graves dolencias de España.

Nuestra nación está enferma, muy enferma. No se trata sólo, con ser importante, del grave estado de nuestra economía expulsada de la “champions league” de las economías, de los cinco millones de desempleados, de la desbordante deuda financiera de las administraciones públicas, de los recortes sociales impuestos por el gobierno socialista o de la entrada de los terroristas en las instituciones del País Vasco.

Nuestra Nación está enferma, muy enferma, y los síntomas, como el propio concepto de Nación, son mucho más amplios y profundos. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en las actitudes y valores de la sociedad que forma parte de esa Nación.

Lo políticamente correcto ha sustituido a lo éticamente irrenunciable. El relativismo absoluto empuja a la eliminación de valores y principios mínimos. El respeto a las creencias religiosas ha dado paso a la intolerancia y a la burla pública. La reconciliación entre los españoles es sustituida por el rencor y la revancha. Las obligaciones han venido a ser sustituidas por la preeminencia de los derechos. La responsabilidad personal ha dado paso a la reivindicación permanente del subsidio y del auxilio estatal. La autonomía familiar y la responsabilidad educativa por la intromisión y la tutela de los poderes públicos. La igualdad en derechos ha laminado el principio del mérito y del esfuerzo individual. Las cuotas han abierto el camino a la incompetencia. La existencia de la responsabilidad social del empresario es ignorada y sustituida por el beneficio puro y duro. Las legítimas reivindicaciones laborales se truecan por subvenciones. El respeto y la veneración a los mayores por su marginación social y familiar. El disfrute de los hijos por sucesivas colocaciones lejos del hogar. La ejemplaridad de la clase dirigente por privilegios constantes. La democracia de los partidos por la burocracia endogámica. La caridad por turismo solidario. El voluntariado social por chiringuitos de colocaciones. El ahorro y el esfuerzo por el pelotazo a todos los niveles.

¿Y cómo va a estar la Nación? Pues mal. Porque sobre todo lo anterior se pretende construir una política cada vez más alejada de los males profundos que afectan a la sociedad. Porque nuestra clase política, anclada en permanentes privilegios, está cada vez más lejos de la realidad de nuestras calles. Porque las Instituciones democráticas en manos de esa clase política cada vez sirven menos a los ciudadanos y más a los dirigentes políticos.

Podrá cambiarse el tratamiento para la enfermedad, pero como se limite a los aspectos visibles de la misma será ineficaz.

Santiago de Munck Loyola.

Eta en los Ayuntamientos Vascos.

Los primeros pasos que la coalición Bildu está dando en los Ayuntamientos en los que ha logrado hacerse con las alcaldías están demostrando, como muchos nos temíamos, que se trata de un simple disfraz de la organización terrorista Batasuna. Las primeras medidas que los bildubatasunos están tomando son una excelente representación de que nada ha cambiado, de que se trata de los mismos perros con diferente collar. Están escenificando con escrupulosa exactitud todos los gestos, símbolos y guiños propios de la izquierda terrorista vasca. Han empezado por incumplir sin pudor alguno la legislación vigente al retirar los retratos del Jefe del Estado de los salones de Plenos y al arriar la bandera de España de las casas consistoriales. Por cierto, ¿a qué esperan los fiscales para actuar? Igualmente y como aviso para navegantes han prohibido la entrada en los Ayuntamientos de los escoltas de los concejales amenazados por ETA  y han retirado los arcos de seguridad para detección de metales. Cualquiera puede entrar ahora en esos Ayuntamientos con una pistola bajo la chaqueta o con una granada en el bolso. Claro que habrá quien piense que de nada valen esas medidas de seguridad estando ya ETA dentro de los edificios. A ello hay que añadir la petición del acercamiento de los presos terroristas y la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas españolas del territorio vasco, al mismo tiempo que el candidato Rubalcaba se plantea la posibilidad de reducir el tamaño del ya exiguo ejército español. Y en medio de este negro y sombrío panorama se alzan voces reclamando una “solución” para el “problema” de los presos de ETA. ¿Una solución? ¿Una solución para unos asesinos que ni siquiera están arrepentidos? ¿Una solución para estos chulos de barrio y cobardes asesinos que se hacen sus necesidades encima cuando los detienen? ¿Y qué “solución” hay para el “problema” de sus víctimas?

Por si no fuera poco con todo lo anterior, además hay que añadir el problema generado con la Presidencia de Bildu de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gracias a la obtención de esa Diputación, Bildu – Batasuna – ETA dispone ahora de los datos fiscales de todos los españoles, incluidos los 250.000 exiliados vascos por las amenazas de ETA.

¡Sí señor! A esto se le llama hacer las cosas bien. La hoja de ruta trazada en las negociaciones con ETA que con tanta vehemencia negaron los dirigentes socialistas casualmente se ha cumplido. El Sr. Zapatero, su gobierno y su partido son los responsables de que los etarras hayan vuelto a las instituciones seudodemocráticas del País Vasco. Ellos y los miembros del Tribunal constitucional Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, presuntos autores de un delito de prevaricación según la querella presentada contra ellos por varias organizaciones sociales.

Hoy el Ministro de Justicia advierte públicamente que si Bildu no cumple la Ley, la justicia deberá actuar. ¿Por qué se hace el tonto el Ministro? ¿Acaso no ha visto ya cómo están incumpliendo la Ley los bildubatasunos? ¿O es que no le han dado permiso para verlo?

Un poco de seriedad, por favor.

Santiago de Munck Loyola

15 M: a mi no me representan.

Hace unos días, la exministra María Antonia Trujillo, a propósito del movimiento 15 M, decía en un medio de comunicación que los gobiernos tenían que escuchar la voz del pueblo que se expresaba a través de este movimiento. Ella, al igual que muchos otros, otorgaba al movimiento 15 M una representatividad que no se corresponde en absoluto con la realidad y la legalidad. Resulta paradójico que quienes reivindican una “democracia real” ya traten de erigirse en portadores y valedores de unas aspiraciones que no están representadas, salvo excepciones, en las instituciones democráticas.

Cien o doscientas mil personas en la calle no son ni pueden ser la expresión de la voz del pueblo y menos aún de la soberanía popular salvo que se pretenda suplantar el sistema democrático constitucional.

Los llamados indignados son muy libres de gritar que los legítimos representantes del pueblo, los cargos públicos electos, no les representan. Pero su declaración de apostasía sobre los legítimos representantes del pueblo no les confiere derecho alguno de representatividad ni legal ni formal. Y menos aún cuando hace poco más de un mes más de 22 millones de ciudadanos han otorgado su voto y confianza a los cargos públicos electos municipales y autonómicos.

Durante los últimos años, las calles y plazas españolas se han llenado esporádicamente de cientos de miles o millones de indignados. Unos estaban indignados con la política entreguista y negociadora del PSOE con ETA, otros estaban indignados con la liberalización del aborto o con la política educativa del Gobierno o contra el paro galopante. Pero ni estos indignados representaban la voz y voluntad de la ciudadanía, ni los gobernantes de turno exhibieron respecto a ellos y a sus reivindicaciones la sensibilidad y deferencia de trato que ahora parecen dispuestos a desarrollar respecto a los indignados del 15 M. Es evidente que este trato tan distinto obedece a múltiples causas, algunas de las cuales más próximas a móviles electorales poco confesables que a súbitas reconversiones ideológicas.

Somos muchos los indignados con muchas y variadas cuestiones y males que afectan a nuestra sociedad y a la calidad democrática de nuestro sistema político: una política económica torpe, balbuceante e ineficaz para generar empleo y bienestar, unos partidos políticos mantenidos artificialmente mediante subvenciones públicas, endogámicos y con un funcionamiento interno escasamente democrático, unos sindicatos dóciles y subvencionados, una clase política cargada de privilegios aislada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, una clase bancaria y empresarial ostentosa e insolidaria en tiempos de crisis, un clan de artistas y pseudo intelectuales ávidos de la subvención pública vendidos al poder con la ceja en alto, una legislación hipotecaria injusta e inmoral, una ley electoral injusta, etc. Pero, hoy por hoy, el cauce más democrático para transmitir nuestras indignaciones está en las urnas, ese denostado invento cuyo más noble fin para algunos era el de ser destruidas. No hay democracia alternativa fuera de las urnas. Otras vías solo conducen al totalitarismo y a la imposición.

Es lo que hay y aunque algunas de las reivindicaciones del 15 M pueda compartirlas y desearlas, solo puedo decir que mi no me representan. Yo he elegido a mis representantes en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Carta abierta a Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante y compañera de Partido.

Estimada Alcaldesa y compañera:

Tan sólo unas modestas líneas de un vecino de Alicante, afiliado del PP y votante de la candidatura municipal del PP en las pasadas elecciones para trasladarte algunas consideraciones. Esta mañana, escuchaba un informativo de la Cope y a propósito de la pugna interna del PP por la Diputación en el que declarabas que el Partido Popular es un partido integrador y que no peligraba su unidad en Alicante. ¡Que alivio! Sabiendo que dejar a tu número dos, a tu Presidente Provincial, como has hecho sin delegaciones municipales y sin sueldo es integrar a las personas me quedo mucho más tranquilo. Pensaba que se trataba de una vulgar venganza, pero no, me has sacado del error, integrar debe ser eso y yo no lo sabía, disculpa mi ignorancia.

Ya sé que se trata solo de tu Presidente Provincial, del mío y el de muchos miles de afiliados, y que, aunque algunos mal pensados puedan ver en tu actitud un trato humillante, soberbio y cainita, no hay nada de eso, hay sólo integración pura y dura, como Camps manda.

En mi ignorancia voté a la lista municipal del PP que encabezabas pensando que estaba votando a todo un equipo propuesto por mi partido para que los que resultasen elegidos desempeñasen tareas en el Ayuntamiento pero nadie me dijo que así era menos para dos o tres de sus miembros. ¡Qué descuido! No sabía nada del concepto campista de la integración. Pero sabiéndolo tú, no comprendo por qué formabas parte de la misma lista. Si se trataba de una imposición externa podrías haberte negado y te habrías ahorrado el mal trago de tener que ir ahora integrando a la gente.

Aunque supongo, estimada Alcaldesa que estarás muy ocupada dedicando el cien por cien de tu tiempo a la ciudad de Alicante y el cien por cien de tu tiempo a la Provincia de Alicante como diputada (¿el 200 % de tu tiempo?), te quedará aún algún minuto para seguir velando por la unidad y dignidad del Partido Popular y de su legítimo Presidente Provincial. Ya sabes que el Presidente Provincial representa a todos los afiliados populares de la Provincia y que, por tanto, el trato que reciba no debería ser ofensivo para los mismos.

En fin, me alegro mucho de que no pase nada en el PP y de que la unidad interna no esté en peligro, pero me da la impresión de que ni los medios de comunicación ni los afiliados te creen. ¡Cómo son!

Un saludo, Alcaldesa.

Santiago de Munck Loyola

El PP de Alicante: y sigue el circo.

La política, en el más noble sentido de la palabra, debería ser el ejercicio de una vocación de servicio público desinteresada y al servicio de unos altos valores e ideales. Sin embargo, hay quien, disfrazado de político o creyéndose que lo es, se empeña en hacer de ella una charca pestilente donde afloran constantemente los personalismos y los intereses más mezquinos ofreciendo con ello a la opinión pública un espectáculo desagradable que no se merece.

Una vez más la pugna entre ripollistas y campistas está facilitando la emergencia y el protagonismo de toda clase de individuos que, lejos de resolver las diferencias y los problemas internos del Partido Popular a través de los cauces estatutarios, utilizan los medios de comunicación como un instrumento más al servicio de sus mezquinos intereses. Así airean y ventilan opiniones y descalificaciones contra compañeros del Partido ofreciendo a la atónita militancia un espectáculo indigno que produce pena y vergüenza ajena.

Nadie hasta ahora ha salido a los medios de comunicación a explicar qué diferencias ideológicas o programáticas tan insalvables existen entre unos y otros. Todo parece que se debe a personalismos, al “quítate tú para que me ponga yo” y si para conseguirlo hay que romper el partido, pues nada, se rompe. Hay quien, desde la plataforma que le proporciona un cargo público alcanzado en la mayoría de los casos gracias al dedazo superior que le designó candidato, no ceja en su empeño en hacer daño al partido cuya militancia fue ignorada en su proceso de designación. Y ya está bien. Todas estas personas no merecen ocupar ni un minuto más los cargos públicos que le deben al Partido Popular.

Hace dos días, el Sr. Pérez Fenoll, el perdedor del Congreso a la Presidencia Provincial y cuyo resultado parece no haber acatado nunca, el que perdió la alcaldía de Benidorm gracias a su talante, el corresponsable de la fractura del voto del centro derecha en esa localidad y de la actual alcaldía socialista, se permite utilizar a la prensa para enviar recaditos a su Presidente Provincial. Todo un valiente, sí señor. En lugar de hablar donde dicen los estatutos que hay que hablar lo hace en los periódicos y encima para dar consejitos que él mismo nunca ha seguido y que, desde luego, nadie le ha pedido. Y como él muchos otros. También hay quienes se dedican a llamar a alcaldes para pedir avales usando advertencias más que discutibles. Así no se ha Política. Así no se sirve a los militantes del Partido Popular. Así no se sirve a la ciudadanía.

Considerando el trasfondo de toda esta pugna, los indeseables personalismos, la actitud antidemocrática de muchos y especialmente de la dirección regional, la lentitud o pasividad de Madrid para poner orden y la tradicional desconfianza hacia la autonomía y libertad de los populares alicantinos, la solución sólo puede pasar por devolver la palabra a los militantes de Alicante, sin injerencias, sin intromisiones norteñas para que, de una vez por todas, se nos deje decidir y se respete nuestra decisión. Los afiliados del Partido Popular no nos merecemos este espectáculo. Sépanlo todos de una vez. Hoy más que nunca hace falta un Congreso Extraordinario, sin filtros, ni controles.

Santiago de Munck Loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

El déficit democrático español: el País Vasco.

Resulta muy frecuente escuchar a tertulianos políticos asegurar que los resultados electorales que se producen en el País Vasco son la expresión de la voluntad del pueblo vasco y que, por tanto, las instituciones que allí se constituyen ostentan una legitimidad democrática indiscutible. Esta afirmación y otras similares son tan habituales que en la mayoría de los casos no suelen ser discutidas. La opinión pública, en general, admite como válidas estas afirmaciones sin más. Llevamos décadas admitiendo que hay democracia en el País Vasco y que éste cuenta con instituciones legítimas. Se trata, sin duda, de una ficción política admitida por la mayoría pero que no se corresponde con la realidad política y social.

Existen numerosas teorías plasmadas en cientos de libros de politólogos, sociólogos o filósofos sobre conceptos tales como democracias, sistemas políticos, legalidad o legitimidad. Sin entrar en ellas ni en las distintas clasificaciones o grupos existentes, es posible subrayar algunos elementos o nociones básicas que nos permiten afirmar sin temor a equivocarse que en el país Vasco no existe una democracia real y que sus instituciones padecen un fuerte déficit de legitimidad democrática. Y a estas mismas conclusiones permite llegar el simple sentido común.

Para que unas instituciones puedan ser consideradas legítimas en su origen, y sin entrar ahora en el tema de la legitimidad en el ejercicio, es necesario que el proceso en virtud del cual se constituyen reúna una serie de requisitos esenciales, sin los cuales no es posible hablar de democracia. La democracia se convierte en una palabra hueca y puramente formal si los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de residencia, de sufragio activo y pasivo no son respetados en su integridad. Es evidente y no es posible afirmar lo contrario que el ejercicio de estos derechos en el País Vasco no es posible desde hace décadas. Quienes lo han intentado o lo intentan han pagado un precio muy alto o lo pueden pagar en el futuro: la marginación social y laboral, la violencia sobre sus bienes o sus personas, el exilio o la propia vida. El ejercicio pleno de estos derechos básicos que cualifican y califican a una democracia no es posible en el País Vasco y lo es menos cuanto menor sea el ámbito territorial donde se pretendan ejercer. Cuando hay personas que no pueden desarrollar su actividad empresarial sin tener que pagar un chantaje a unos extorsionadores, cuando en muchos pueblos hay vecinos que no se atreven a concurrir a las elecciones municipales, cuando existen personas que deben ocultar sus inclinaciones políticas para encontrar trabajo o no perder el que tienen, cuando los medios de comunicación deben medir sus palabras por temor a recibir un paquete bomba en sus redacciones o por el simple recuerdo de periodistas asesinados o cuando la policía debe ocultar su rostro, afirmar que allí existe la democracia es un sarcasmo.

Si además se tiene en cuenta que los resultados electorales son los que son gracias a que 250.000 vascos se han tenido que exiliar por temor a ser asesinados y que no han podido votar, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ningún gobierno se ha preocupado de articular un sistema seguro para que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra, es evidente que las instituciones municipales, provinciales o regionales carecen de una legitimidad plena.

El que quiera seguir creyendo que allí hay democracia que lo haga, pero la realidad es mucho más dura de lo que esa ficción tan extendida pretende hacernos creer. Y esta realidad sí que es un buen motivo para indignarse. Es mejor despertar y aceptar la realidad para poder enderezar el rumbo y garantizar con la ley en la mano los derechos de tanta gente.

Santiago de Munck Loyola

Harto de las guerras cainitas del PP.

Una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, puede ser un buen momento para hacer públicas algunas reflexiones sobre lo que ha pasado y pasa dentro del Partido Popular de la Provincia de Alicante. Lo cierto es que le lectura de muchas noticias de prensa y de comentarios sobre actuaciones de dirigentes populares locales, provinciales y regionales, antes, durante y después de la campaña despiertan a los militantes populares asombro, hastío y hasta repugnancia.

La división interna del partido llega a extremos insospechados y se pone de manifiesto en actitudes vergonzosas, deslealtades y traiciones de todo tipo que mueven a pensar que sus protagonistas se mueven exclusivamente por intereses personales, por odios irreconciliables y ambiciones inconfesables. Se ve de todo menos un sincero deseo de contribuir a la forja de un partido fuerte y al servicio de los ciudadanos y de cada uno de los pueblos y ciudades de Alicante. Candidatos que comparten lista electoral pero que se niegan a compartir foto; candidatos y militantes que en algunos pueblos reparten concienzudamente las papeletas blancas y se olvidan de las sepias o viceversa; dirigentes locales que excluyen a compañeros no por su valía, sino por sus simpatías o antipatías hacia el Presidente Regional o el Provincial y ahora se ven en la necesidad de mendigar pactos; militantes que se alegran de batacazos electorales de compañeros; afiliados que procuran ir difundiendo dossiers sobre compañeros o que airean noticias desfavorables, etc. Hay de todo y de todos lados. Aquí pocos se salvan. Han convertido al Partido Popular de Alicante en un campo de batalla en el que al que le coloquen una etiqueta de campista o ripollista va listo.

Y todo proviene del empeño antidemocrático de algunos de querer situar a sus peones, sus paracas y esbirros en determinados puestos, pasándose por el arco del triunfo, merced a unos estatutos que lo facilitan, la voluntad de los militantes, de la base electoral del Partido Popular.

A lo mejor hay alguien en el Partido Popular que podría explicar a la militancia  qué diferencias ideológicas existen entre los campistas y los zaplanistas, por citar un ejemplo, porque sinceramente cuesta apreciarlas. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, las coincidencias entre unos y otros son enormes, sobre todo, a la hora de ignorar la voluntad de los militantes y de carecer de escrúpulos a la hora de dañar al Partido.

En un partido democrático el hecho de que un Presidente provincial le guste o no al Presidente regional es, o debería ser, irrelevante. Del mismo modo, que un Presidente local o un candidato local sea o no del agrado del Presidente provincial también es, o debería ser, intrascendente. Lo único que debe importar es que unos y otros sean del agrado de los militantes, que sean ellos los que los elijan y respalden. Lo demás sobra. Toda intervención desde arriba, toda injerencia y manipulación por muy respaldada que pueda estar en unos estatutos manifiestamente mejorables sobra también.

Somos muchos los militantes populares que estamos hartos de esta situación y que queremos un Partido unido y fuerte, no sólo capaz de ganar elecciones, sino de servir de verdad a la ciudadanía y de ser cauce de participación de verdad.

Y si las cosas no cambian pronto, deberán intervenir desde la C/ Génova y devolver la palabra a los militantes, en un proceso limpio y abierto, para que decidamos lo que queremos para nuestro partido.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones de los directivos de Cajas y Bancos.

A lo largo de los dos últimos años, numerosas entidades, especialmente las cajas, que componen nuestro sistema financiero han necesitado importantes inyecciones de dinero público para subsistir. Lejos han quedado las voces que defendían esa medida como instrumento imprescindible para que el grifo crediticio volviera a abrirse y el dinero volviera a fluir hacia las pequeñas y medianas empresas cada vez más asfixiadas.

Lo cierto es que al día de hoy esos miles de millones de euros provenientes del Estado no han servido para aliviar la escasez dineraria que tantos problemas plantea para la supervivencia de nuestro tejido productivo. Bien es cierto que ya hay miles de empresas que ya no necesitan financiación alguna, pero por la sencilla razón de que han desaparecido mientras esperaban la financiación necesaria para seguir funcionando.

El dinero de los contribuyentes, el dinero público ha servido para otras cosas: para la devolución de los créditos de nuestros bancos al mercado bancario internacional, para la compra de deuda pública o para mejorar las retribuciones de las cúpulas de las entidades financieras.

Varias instituciones internacionales como el Comité de Estabilidad Financiera, el G-20 o el Comité Europeo de Supervisores Bancarios señalan la mala práctica retributiva en las entidades financieras como una de las muchas causas de la actual crisis económica y, por ello, los poderes públicos están impulsando una nueva regulación de las políticas retributivas de los bancos y las cajas.

Pero, mientras esto se hace realidad, los contribuyentes podemos seguir viendo con no poco asombro cómo se utilizan las inyecciones de dinero público en el sistema financiero por parte de estas entidades.

De una parte, resulta inconcebible que los directivos de muchas Cajas que con su mala gestión las han llevado al borde del abismo y que han tenido que recurrir a la ayuda del Estado sigan conservando sus puestos con las retribuciones y privilegios aparejados a los mismos.

De otra, mientras que el Estado presta nuestro dinero a algunos Bancos y a muchas Cajas para que no se colapsen, los directivos de estas entidades se suben sus ya elevados sueldos. Es el caso, por ejemplo, de la entidad alicantina Caja del Mediterráneo, la CAM,  que ha estado a punto de ser intervenida por el Banco de España, al haberse roto su matrimonio con Cajastur, Cantabria y Extremadura en Banco Base. Esta Caja ha pedido 2.800 millones de dinero para poder sobrevivir, una inyección que no ha impedido a su consejo y a sus altos directivos elevar un 7,2% su retribución. Y el caso de la Caja alicantina no es una excepción en el panorama de las entidades financieras.

Sin entrar a discutir la conveniencia y el alcance de la ayuda estatal al sistema financiero, lo que sí parece más que discutible es la ausencia de efectos que estas ayudas deberían tener. Lo esencial es que se trata de dinero público, de dinero de los contribuyentes y que, por tanto, es de todos y su uso debería estar sometido a principios y reglas propios de la gestión de bienes públicos.

Cuando una entidad financiera recibe dinero del estado para subsistir el control público sobre el uso y destino de esos fondos debería ser exhaustivo, los gestores de la entidad responsables de su situación deberían ser apartados inmediatamente y las retribuciones del personal de la entidad deberían ser asimilables a las retribuciones de las administraciones públicas. En un país que atraviesa una situación económica de auténtica emergencia, en el que se recortan derechos sociales, en el que a los pensionistas se les congelan las pensiones y a los funcionarios públicos se les rebajan las retribuciones, los gestores de las entidades financieras que sobreviven gracias al dinero público deben someterse a los mismos sacrificios que todos los demás ciudadanos. Es una cuestión de ética y de sentido común.

Santiago de Munck Loyola