SOBRE LA BANDERA.

El partido amistoso celebrado esta semana en Estados Unidos por el Real Madrid ha levantado la indignación de algunos periodistas en conocidos medios de comunicación “progresistas”. ¿La razón? Muy simple, los organizadores de la ceremonia protocolaria se equivocaron y exhibieron una bandera de España con el escudo anterior al vigente. Escándalo e indignación de la progresía. Según la locutora de la Sexta se trataba de la presencia “de una bandera preconstitucional con el águila imperial”. La Cinco daba un tratamiento similar a la noticia (http://www.telecinco.es/informativos/deportes/noticia/100024982/Una+bandera+preconstitucional+se+cuela+en+el+primer+amistoso+del+Real+Madrid). ¿Cómo pueden ser tan ignorantes algunos profesionales de los medios de comunicación? Y, si no lo son, ¿por qué entonces son tan manipuladores? La realidad es otra, les guste o no a esta panda de indocumentados que se autocalifican de profesionales de la comunicación.

En primer lugar, la bandera de España con el águila no es preconstitucional, ni anticonstitucional, como dicen algunos, sino que fue también la bandera constitucional hasta el 5 de octubre de 1981, tres años después de la entrada en vigor de la Constitución actual. En esta fecha, el escudo de España fue sustituido por el actual. De hecho, los primeros ejemplares de la Constitución, incluido el original en el que el Rey estampó su firma, tienen impreso en su portada el escudo de España vigente entonces, el escudo con el águila.

En segundo lugar, hablar de águila imperial para referirse al escudo con el águila es una muestra más de estupidez. El águila de ese escudo es el águila de San Juan, el Evangelista, y era el águila del escudo de los Reyes Católicos que fue incorporada como parte del escudo de España a partir del 2 de febrero de 1938. Tan sólo un monarca hispánico ostentó el título de emperador, Alfonso VII de León, y su “imperio” no consumó la unidad del estado español por lo que nunca el escudo de España ha contado con un águila imperial.

La ignorancia es un buen abono para los odios, fobias y rencores. Nada puede socavar más la convivencia que el fomento de los prejuicios a través de los medios de comunicación y en ese campo sus profesionales tienen una gran responsabilidad.

La bandera de España ha sido la misma, con excepción del período de la II República, durante casi dos siglos variando en repetidas ocasiones su escudo. Y resulta ridículo y absurdo levantar odios y polémicas en torno a ella. La bandera roja y gualda fue la bandera de España durante la I República. Y la bandera tricolor, además de ser la bandera de España desde 1931 a 1939, también fue la bandera de los sublevados hasta el 29 de agosto de 1936. Del mismo modo, el escudo republicano fue también el escudo de la bandera roja y gualda de los sublevados hasta el 2 de febrero de 1938.

A estas alturas de la historia, hay cosas más importantes para rasgarse las vestiduras que un error protocolario en un partido amistoso. La búsqueda de puntos de encuentro y de lugares comunes entre los españoles haría mucho más por la reconciliación y la convivencia que las lágrimas de tanto cocodrilo televisivo.

Rivas. “No te arrimes que me tiznas, le dijo la sartén al cazo.”

La Diputada autonómica madrileña, Dª. Reyes Montiel ha publicado recientemente en su Blog, en el Diario Público, (http://blogs.publico.es/dominiopublico/2232/%E2%80%98gurtel%E2%80%99-capital-madrid/), un artículo titulado ‘Gürtel’, capital Madrid. En este artículo pretende desentrañar las claves del caso y explicar, como novedad, el peso de la publicidad y la comunicación como origen de la corrupción y, de paso, dar unas cuantas lecciones de ética al PP.

Es cierto que el caso Gürtel huele mal, como lo es también el hecho de que el PP no ha sabido afrontarlo adecuadamente. Hay todavía muchas incógnitas que despejar de un caso instruido por un juez con una clara y declarada animadversión política hacia el PP. Pero mientras se continúa el proceso judicial y en espera de la correspondiente depuración de responsabilidades a que haya lugar, sorprende que desde IU se pretenda dar lecciones de ética a nadie. ¿No han visto nunca lo que pasa donde gobiernan?

Hablando de fraccionamiento de contratos, de fraude de ley o del uso de la comunicación o la publicidad como bienes intangibles de difícil valoración económica Dª. Reyes Montiel puede preguntar a su compañero de escaño, D. Fausto Fernández que fue Alcalde de Rivas-Vaciamadrid. Como es seguro que no le querrá poner en antecedentes, paso a relatarle un ejemplo ilustrativo de las cosas que hacía como Alcalde de IU de Rivas.

D. José María Alonso González fue nombrado por decreto n º 426/95 de D. Fausto Fernández Díaz, Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Coordinador de Cultura y Jefe de Gabinete e Imagen de Alcaldía, con naturaleza de Funcionario de Empleo y cesó en este puesto, a petición propia, el 28 de febrero de 1998.

El 28 de marzo de 1998 se registró la empresa Fantasy & Factory con domicilio inicial en el Centro Comercial Covibar, Av. de Covibar 8, y después en el Centro Municipal de Empresas, C/ Crisol ya que por acuerdo de la Comisión de Gobierno se le asignó a esta empresa un despacho en el citado Centro Municipal.

El 6 de mayo de 1998, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid concedió a Fantasy & Factory una subvención de 256.700 Ptas. en concepto de ayuda a la puesta en marcha de una nueva empresa.

La socia mayoritaria de esta empresa era Dª Ángela Aranda García, compañera sentimental de D. José Mª Alonso González que era Gerente de Fantasy & Factory.

Desde el momento de la constitución de Fantasy & Factory hasta el mes de mayo de 1999, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, habitualmente a través de procedimiento de contratación negociada y sin publicidad, realizó contratos con esta empresa por valor de 26.424.314 Ptas. todos ellos en el ámbito de cultura e imagen, parcelas que eran de competencia de D. José Mª Alonso González cuando era funcionario de empleo de este Ayuntamiento. La contratación con Fantasy & Factory fue incrementándose desde mayo de 1999 sin que fuera posible conocer la cuantía exacta ante la negativa de Fausto Fernández a entregar la copia de las facturas solicitadas por los miembros de la oposición municipal y su decidida voluntad de ocultar todo lo relativo a esta contratación.

Hay que recordar que el art. 20 de la Ley 13/1995 establecía la prohibición de contratar con la administración a la que se ha servido, alcanzando esta prohibición igualmente a los cónyuges, personas vinculadas con análoga convivencia efectiva y descendientes por un período de dos años, que la Ley 53/1984 también establecía fuertes restricciones a la contratación y que la doctrina del tribunal Supremo (por ej. sentencia de 24 de enero de 1995) también declaraba la existencia de incompatibilidades en la contratación en supuestos como este.

Pues bien, como era práctica habitual de IU se negó toda información al respecto, no se entregaron copia de las facturas, ni de los expedientes de contratación, se entregaron informes sin firmas ni sellos oficiales y se organizó el linchamiento “político” de quienes cometíamos la temeridad de pedir limpieza, transparencia y un uso decente del dinero de los vecinos de Rivas-Vaciamadrid. ¿Lecciones de ética de IU? Ni una, Señora Montiel.

LOS TOROS Y LA POLÍTICA.

La reciente petición del Presidente del Gobierno de que no se “politice” la decisión del Parlamento de la Generalidad Catalana de prohibir las corridas de toros en esa región causa verdadero asombro. Desconozco el concepto que tiene Zapatero sobre lo que es o no “politizar” algo pero es evidente que no es coincidente con el sentido común ni con la lógica. A sensu contrario y de sus propias palabras deberíamos deducir que esta decisión no está politizada. O sea, para que nos entendamos, el Presidente del Gobierno afirma que una decisión, una ley aprobada por un ente político, el Parlamento catalán, compuesto por políticos no es un acto “politizado”, no es un acto político. ¿Entonces qué es? ¿Un acto médico? ¿Industrial? ¿Artístico? ¿Una payasada? Evidentemente no. Se trata de un acto político con una expresión jurídica. Y es conceptualmente imposible que un acto político no esté “politizado”.

Pero es que, además, como no puede ser de otra forma en una democracia, es un acto sujeto a la crítica y al debate ciudadano, por mucho que ambas ideas molesten al Presidente del Gobierno.

Nunca he sido aficionado a las corridas de toros, pero cuando se abre un debate como éste y leo y escucho algunas opiniones, sobre todo de los políticos, me desagrada la manipulación y la hipocresía de la que hacen gala algunos.

Nos cuentan que esta decisión se basa principalmente en razones ”humanitarias” y que tras la misma no hay ningún sentimiento antiespañol. Sin embargo, la adopción de esta medida no puede ser considerada del contexto social y político en el que se toma. Algunos descerebrados identifican las corridas con el españolismo, entendido como idea excluyente y marginadora de sus peculiaridades culturales regionales y, por tanto, como algo que debe ser excluido de su territorio. Y eso es lo que han hecho. Si de verdad la razón de ser de esta decisión fuese evitar la “tortura” del toro habrían prohibido simultáneamente tradiciones propias de su región como el toro embolado. O ¿acaso el toro disfruta mucho cuando le prenden fuego a los cuernos y le pasean por las calles de un pueblo a patada limpia? Debe ser que sí. Esta decisión se toma en el mismo contexto en el que se persigue el uso del español, se impide la libre elección de lengua en los estudios, donde se pide multar a los taxis que lucieron la bandera de España durante el mundial e, incluso, cuando están estudiando prohibir la venta de productos como las muñecas flamencas o las castañuelas.

No sé por qué los toros exclusivamente merecen esa especial protección y no otros seres vivos. En comparación con otros animales los toros viven en plena naturaleza y bien cuidados durante 4 o 5 años y sufren 10 minutos de “tortura” al final de su vida. La mayoría de los animales que nos sirven para comer o vestirnos viven miserablemente desde que nacen. Algunos jamás ven la luz del sol ni pueden moverse de una jaula desde que nacen hasta que mueren. ¿No es eso tortura? ¿Por qué esa doble vara de medir?

Y puestos a hablar de protección a los seres vivos ¿qué pasa con los fetos humanos viables? Cuando se practica un aborto de un feto humano perfectamente formado de 4 o 5 meses, a veces de más, en el que el cuerpo es literalmente troceado en el seno materno ¿no sufre ese ser vivo? ¿no tiene derecho a protección alguna ese ser vivo? ¿Un feto humano no merece los mismos desvelos y la misma protección al menos que un visón, una foca o un toro? Parece que no. Resulta curiosa la coincidencia entre los partidarios del aborto y los prohibicionistas taurinos. Muy curiosa. A esa coincidencia hay que añadir una más en el caso de Cataluña el respaldo a la prohibición de quienes más se han significado en su antiespañolismo.

LA IZQUIERDA DE RIVAS Y SU SENTIDO PATRIMONIALISTA DEL AYUNTAMIENTO.

El pasado 17 de febrero de 2010 se hizo pública la dimisión del concejal socialista de Rivas-Vaciamadrid, D. Francisco Javier Fernández por haber adjudicado a dedo un contrato a una empresa de su familia política, es decir, la del ex secretario general del PSOE, candidato en su día a la Alcaldía del municipio. Si bien resulta absolutamente novedoso que un concejal de Rivas dimita por este asunto, no lo es el sentido patrimonialista y partidista que de la administración municipal y de sus bienes tienen los dirigentes socialistas y comunistas del Ayuntamiento ripense.
Este sentido patrimonialista se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones tanto en el presente como en el pasado y no sólo ha afectado a los recursos económicos municipales, sino también a los propios empleos públicos. El escándalo de las oposiciones a auxiliares administrativos en 2002 tuvo repercusiones en la prensa a nivel nacional y no se saldó con dimisión alguna, aunque sí con el cese de la concejala de personal y del jefe de personal, ambos del PSOE.
Si ya es grave usar el dinero público en beneficio de sus partidos políticos o administrarlo mediante prácticas oscurantistas, sin transparencia, con despilfarro o practicando el clientelismo, mucho más grave es traficar con el empleo público en beneficio propio o de los allegados.
En 1991, IU ganó las elecciones municipales por primera vez. Eduardo Díaz Montes, discutido cabeza de lista de su organización, resultó elegido Alcalde. Pero sus adversarios dentro de IU, encabezados por Fausto Fernández y su primo Pepe Masa le hicieron la vida imposible. No le importó desestabilizar a la institución municipal en beneficio de sus propios intereses y así lo hicieron. A los pocos meses tuvo que dimitir. Le sucedió al frente de la Alcaldía Candelas Caja e hicieron lo mismo con ella. La Alcaldesa recibió amenazas, insultos y pintadas en su domicilio. Fue tal la presión a la que la sometieron que en poco más de un mes hubo de dimitir. Se sucedieron movimientos y renuncias en la lista de IU de modo que Fausto Fernández pudiese acceder al sillón de concejal. A Candelas Caja, le sucedió Antonio Serrano como Alcalde. Dejaba para ello la complicada concejalía de Hacienda y personal en la que en pocos meses y en medio de tanta confusión había logrado importantes avances. Fue, sin duda, el mejor Alcalde que IU y PSOE han tenido nunca. Con muy poca leña, logró hacer un buen fuego.
Sirva esta explicación como antecedente de lo que ocurrió en relación a los puestos de trabajo. En ese período, Antonio Serrano, como concejal de personal, inició el proceso de regularización de los profesores de la Universidad Popular, todos ellos o la mayoría interinos. Aprobó las correspondientes bases y convocó la correspondiente oposición. En apariencia todo perfecto. Pero, en las bases publicadas se exigía la titulación de licenciado y, casualmente, uno de los interinos no podía presentarse a la oposición. Era el hermano de Fausto Fernández. Adquirida su condición de concejal y nombrado concejal delegado de personal ¿qué hizo Fausto? Muy sencillo, suspender el proceso, anular las bases publicadas y aprobar unas nuevas bases en las que el requisito de licenciatura se rebajaba por el de diplomatura. Todo resuelto. Y no, no se trataba de facilitar el acceso a su hermano a las oposiciones, no hay que ser mal pensados. Se hizo para subsanar deficiencias detectadas en las bases ya publicadas. Su hermano pudo opositar y ganó la plaza.

RIVAS. LOS POCOS ESCRÚPULOS DE LA IZQUIERDA EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

A lo largo de los años como Jefe de la Oposición tuve la oportunidad de constatar repetidas veces los pocos escrúpulos del Gobierno Local a la hora de administrar el dinero de los vecinos. Y a la vista de algunas noticias recientes sobre el otorgamiento de contratos a familiares directos está claro que IU y PSOE siguen fieles a sus hábitos y costumbres.

A la hora de gastar el dinero público ambas formaciones políticas no han dudado nunca en fomentar el clientelismo, adjudicando contratos a los que se identificasen ideológicamente afines, en forzar la Ley, fragmentando contratos para eludir la pública concurrencia, en practicar el oscurantismo, tardando más de un año en comunicar a la oposición las empresas adjudicatarias de los contratos o negándose a proporcionar la información en soporte informático, y en usar el dinero público para fines partidistas o para favorecer a amigos con contratos fraudulentos como el de la compra del proyecto del Centro Rivas Plaza en casi 50 millones de Pesetas.

En el año 2002, hicimos un estudio sobre contratos del 2000 que ascendían a un importe de 2.724.106.357 Ptas. De ese estudio salió, por ejemplo, que el Gobierno Municipal solo había llevado a la Mesa de contratación y al Pleno el 28,5 % del total incoado, que de las 1440 facturas analizadas, 580 carecían de expediente de contratación, que el procedimiento usado impedía conocer las empresas adjudicatarias hasta entre tres meses y año y medio después, que el Gobierno Municipal utilizaba el procedimiento de concurso urgente en el 42,6% del total adjudicado o que el 95,5% del total de contratos se realizaba por el procedimiento de contratos menores y de contratación negociada sin publicidad.

Pero es que, además, el Gobierno Municipal no tenía ningún escrúpulo en usar el dinero público para financiar actividades de partido pagando, por ejemplo, autobuses para ir a manifestaciones o para pagar el sueldo de un periodista que usaba su tiempo laboral en el Ayuntamiento en redactar escritos ofensivos para los representantes de la oposición y para un tercio de los propios vecinos.

Todo apunta a que el oscurantismo, la falta de escrúpulos y el clientelismo siguen vigentes en la hacienda pública ripense. Y no estaría de más que la oposición incremente su vigilancia para que esas sucias prácticas sean desterradas.

RIVAS. LA IZQUIERDA “TOLERANTE”.

Rivas-Vaciamadrid es un municipio sociológicamente escorado a la izquierda, bastante más que la media nacional. Quizás se deba a sus orígenes vinculados a las cooperativas de UGT y CCOO pero lo cierto es que el voto de la izquierda en el municipio no ha bajado nunca del 61 % en elecciones generales, ni del 66 % en convocatorias municipales. Por el contrario, el mejor resultado electoral del Partido Popular se produjo en las generales el año 2000 rebasando a penas el 36 % y en 1995 en las municipales logrando poco más del 30%. Este hecho refleja claramente la composición sociológica del municipio y se pone de manifiesto en multitud de facetas de la vida cotidiana. Los medios de comunicación local, las asociaciones empresariales, deportivas, la mayoría de las AMPAS, culturales, etc. están en manos de activistas de izquierdas, con la particularidad de que si se analiza la composición de los directivos del tejido asociativo se descubre toda una red de duplicidades y de vinculaciones partidistas.

Por ello, si en la actualidad la militancia en el Partido Popular es difícil en un contexto como éste, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar como era hace diez o 20 años. Mucho peor. Baste señalar que el voto de la izquierda representaba hace 20 años el 80 % del total.

La tolerancia, el respeto a la diversidad y a la pluralidad no han sido nunca los puntos fuertes de la izquierda ripense en general. Hacer pública la militancia en el PP era muy comprometido para muchas personas. Recuerdo que pocos meses antes de ser proclamado candidato a la alcaldía por el PP en 1991 se me acercó un vecino y me preguntó si me iba a presentar de candidato. Le dije que no lo sabía aún y me respondió con mucha acritud “que sepas que si lo haces no pienso votarte”. Su actitud me sorprendió, vivía en mi calle dos puertas más adelante y nunca habíamos hablado de política. Pocas semanas después realizamos el primer buzoneo de propaganda del PP. A los pocos días apareció en mi buzón uno de los folletos en los que habían escrito “no recibo propaganda de fachas, hijos de puta y sinvergüenzas”. Sospechando que podía tratarse de mi vecino le dejé en su buzón un folleto del PP que ni se había repartido, ni se iba a repartir en Rivas. Al día siguiente estaba en mi buzón con otra colección de insultos. Estaba claro que no me había equivocado. El afiliado o el simpatizante del PP no quería, por regla general, que se supiese. Y si se trataba de un comerciante, menos aún. El miedo a ser señalado era tal que para completar la candidatura municipal de 1991 hubo que acudir a amigos y familiares pues la mayoría de los propios afiliados no querían aparecer en las papeletas.

En las campañas electorales había que aguantar toda clase de insultos, desprecios, lanzamientos de globos con agua e, incluso, algún que otro “calvo” que alguna “señora” de izquierdas nos obsequió en Covibar. En la precampaña y campaña de 1995 las ruedas de mi coche fueron pinchadas en 6 ocasiones y en dos más rajaron las cuatro ruedas. En las municipales de 1999 los demócratas de izquierdas me rociaron el coche con un líquido corrosivo dejándolo listo para ser pintado de nuevo. Y desde el año 2000 ya no pude recibir correspondencia en mi domicilio porque alguien me habría las cartas y las volvía a meter en el buzón, por lo que a partir de entonces tenía que ir a recoger mi correspondencia en las oficinas de correos. Los carteles y pancartas del PP duraban menos que un razonamiento de Zapatero. Una noche, en 1999, nos encontramos al secretario de organización del PSOE, Fernando Carro, a las 12 de la noche arrancando los carteles del PP en una parada de autobús. Y le hicimos unas preciosas fotos inmortalizando su entrega a la democracia y a la tolerancia. Siendo esta la actitud de los adultos, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar la de los niños y jóvenes, aunque cuesta asimilarlo. Todavía recuerdo con asombro cómo unos diez niños de entre 5 y 8 años, asomados a la valla del Colegio Público La Escuela gritaban “hijos de puta, hijos de puta” al paso de un vehiculo publicitario del PP en 2003, bajo la mirada complaciente de sus cuidadores o profesores.

A ello hay que añadir las agresiones a la sede del PP. Empezaron el mismo día de su inauguración cuando varias decenas de personas en Covibar trataron de reventar el acto de inauguración aunque, hay que decirlo, terminaron tomándose un vino y comiéndose el jamón que les ofrecimos. Más adelante la sede fue obsequiada con pedradas en 1996, el día de las generales, silicona en la cerradura en varias ocasiones, intento de quemar la puerta de acceso, excrementos en el buzón, etc. Un claro ejemplo del ambiente en el municipio fueron las pintadas aparecidas en algunas paradas de autobuses en Covibar cuando ETA asesinó a Gregorio Ordoñez, ponía “ETA, sigue matando cerdos”.

Del trato dispensado a la gente del PP durante la época de la guerra de Irak y de las traiciones de algún compañero, hoy concejal del PP, hablaré otro día por no extenderme más.

Aunque todo lo anterior son hechos ciertos, compartidos y sufridos por muchos compañeros, también es verdad que he hecho y aún mantengo buena amistad con muchas personas de izquierdas del municipio cuyas actitudes de respeto y tolerancia han sido siempre ejemplares.

Pero llama la atención el hecho de que las actitudes intolerantes, el sectarismo más rancio y el linchamiento político y moral del adversario siempre provenía de quienes se pasaban el día dando lecciones de democracia y siempre con la pasividad complaciente de los miembros del gobierno municipal que jamás condenaron ninguna agresión a las libertades públicas.

Fdo. Santiago de Munck Loyola.

La incineradora y la hipocresía de IU.

Si hay algo que ha marcado decisivamente la política local en Rivas-Vaciamdrid durante la década de los 90 ha sido la incineradora de Valdemingómez del vecino Ayuntamiento de Madrid. La incineradora fue durante años el tema prioritario de la agenda política local y un arma arrojadiza de la izquierda ripense utilizada sin ningún tipo de escrúpulos. Conviene hacer algo de memoria para comprender el alcance y significado de la instrumentalización irracional que la izquierda local hizo del tema.

A finales de los 80, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Barranco (PSOE) con el apoyo de IU, acordó, a propuesta del concejal socialista Tinas, construir una incineradora en Valdemingómez a unos 5 Km. de Rivas-Vaciamadrid. Se trataba en realidad de una planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos en la que una vez seleccionados los materiales reciclables, se fabricaba compost con los residuos orgánicos y se incineraban los materiales no reutilizables para generar energía eléctrica. Sin embargo, el 1989 se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de una moción de censura y la alcaldía fue ocupada por el CDS con el apoyo del PP. En 1991, Álvarez del Manzano alcanzó la Alcaldía y Esperanza Aguirre fue nombrada concejala de medio ambiente.

Una vez desalojada del poder, la izquierda renegó de su propuesta y convirtió el proyecto de la incineradora en una propuesta maldita que había que suprimir a cualquier precio. La súbita conversión de la izquierda al ecologismo fue especialmente significativa en Rivas donde la bandera contra la incineradora se izó con especial virulencia. Durante años se desataron feroces campañas contra el proyecto, se bombardeó permanentemente a la población asustándola con toda clase de males que produciría la incineradora e identificando permanentemente al PP con la incineradora. La izquierda ripense no escatimó medios para trasladar el mensaje de que incineradora era igual a contaminación, cáncer, muerte y PP. Entre 1991 y 1995 se sucedieron los escritos, manifiestos y movilizaciones. El mensaje era No a la incineradora, No al PP. El Ayuntamiento, gobernado por IU y PSOE llegó a emplear fondos públicos para fletar autobuses para llevar a los niños según salían de clase (sin la autorización de sus padres, por supuesto) a manifestaciones en Madrid. En alarde de ausencia absoluta de ética y moral, en algún colegio se llegó a organizar representaciones teatrales para explicar los efectos perversos de la incineración: al escenario subían niños vestidos de negro que representaban a las dioxinas y los furanos y en el traje figuraban dos letras, PP. A la entrada del municipio se plantaron decenas de cruces blancas. Parecía un cementerio de guerra. Por cierto, una noche, varios afiliados del PP fuimos a las cruces y sobre cada una de ellas fuimos poniendo nombres: Roldán, Vera, Barrionuevo, Felipe González, Filesa, etc. A los pocos días las cruces desaparecieron.

Dada la situación permanente de crispación organicé una reunión entre Esperanza Aguirre y varios miembros de la Plataforma Anti Incineradora. En esa reunión, el Ayuntamiento de Madrid propuso:

1.- Que el Ayuntamiento de Rivas nombrara inspectores técnicos para vigilar permanentemente el funcionamiento de la planta con cargo al presupuesto de Madrid.

2.- Que la energía eléctrica que produjese la Planta fuera para Rivas, para los vecinos, rebajando sus recibos por consumo eléctrico.

3.- Que los puestos de trabajo que generase fueran para los vecinos de Rivas.

4.- Crear una barrera vegetal de varios kilómetros cuadrados entre la Planta y Rivas.

Todas las propuestas fueron rechazadas de plano. Eso sí, algunos familiares de dirigentes de IU terminaron trabajando misteriosamente en la Planta.

Era tal el clima de crispación y odio generado por la izquierda de Rivas que el día que se inauguró la primera sede del PP en la localidad varias decenas de vecinos trataron de impedir la inauguración, en un claro ejemplo de sus convicciones democráticas.

En medio de ese ambiente llegaron las elecciones municipales de 1995 y pese a todo lo anterior el Partido Popular pasó de 2 a 6 concejales, los mismos que IU, y se quedó a tan solo 89 votos de ser el partido más votado de la localidad.

Fausto Fernández fue elegido, con los únicos votos de sus concejales, Alcalde y decidió intentar prescindir de sus antiguos socios, el PSOE. A los pocos meses, llegó la primera prueba de fuego, la aprobación del presupuesto municipal para 1996. Fausto Fernández y su primo, Pepe Masa, actual Alcalde, negociaron conmigo, con el PP, esos presupuestos y para conseguir la abstención de PP pactaron una serie de enmiendas y aceptaron, sorprendentemente, la propuesta del PP de que el Ayuntamiento no incluyera en sus partidas ni un duro para financiar actividades contra la incineradora. Y esos presupuestos se aprobaron con 6 votos a favor (IU), 6 abstenciones (PP) y 5 votos en contra (PSOE).

Esa fue la más clara demostración sobre la sinceridad y convencimiento de los dirigentes de IU sobre la supuesta maldad de la incineradora. O no se creían lo que durante años habían venido diciendo sobre la incineradora o vendieron la salud de los ripenses por un plato de lentejas.

Santiago de Munck Loyola

CARTA ABIERTA A LA TRANSFUGA Dª MARTA IRAOLA, MADRE DE LEIRE PAJIN.

(CARTA REMITIDA AL DIARIO INFORMACIÓN).

Señora Iraola:

En los últimos días ha sido noticia su intención de abandonar la vida política tras las municipales del año que viene, lo que ha sido interpretado en algunos medios de comunicación como un movimiento para proteger a su hija, Dª Leire Pajín, fallida augur de acontecimientos planetarios. Como ciudadano de la provincia de Alicante me dirijo a usted para expresarle mi opinión sobre este asunto.

Usted ocupa ahora un puesto de responsabilidad en el gobierno municipal de Benidorm gracias a un caso de transfuguismo político y usted misma es ahora una tránsfuga política.

El concepto de democracia es inseparable de la idea del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Si hay algo que une a un vulgar golpista bananero y a un tránsfuga es su más absoluto desprecio a la voluntad del pueblo. El primero pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el empleo ilegítimo de la fuerza. El segundo, el tránsfuga, pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el uso forzado de la Ley. El golpista obtiene el poder de forma ilegal e ilegítima. El tránsfuga lo hace de forma legal pero ilegítima.

Usted ha llegado al poder en Benidorm de forma legal, pero ilegítima. Lo ha hecho valiéndose de un tránsfuga y convirtiéndose igualmente en tránsfuga. Lo cierto es que los ciudadanos de Benidorm en 2007 decidieron en las urnas que gobernase el Partido Popular y que la oposición la conformase el PSOE. Esa fue y es la voluntad popular. Y usted, junto con sus compañeros de Grupo, decidió ignorar el mandato de las urnas y escupir sobre la esencia de la democracia. Usted, junto a sus compañeros, ha decidido secuestrar doblemente la voluntad ciudadana: de una parte, ha dejado a Benidorm sin el gobierno municipal que los ciudadanos decidieron y, por otra, ha dejado al PSOE sin grupo municipal, también en contra de lo que el pueblo soberano decidió. Y eso es sencillamente repugnante. No puede haber nada más bajo en política. Gracias a este totalitario ataque a las libertades públicas usted y sus compañeros ocupan de forma ilegítima un gobierno municipal y perciben sustanciosos sueldos pagados por aquellos a los que ustedes han secuestrado su voto. No hay, ni puede haber justificación alguna para atentar así contra la democracia. Y no nos cuente que detrás de todo hay un móvil generoso y altruista a favor del pueblo de Benidorm, porque es evidente que gratis no están ocupando sus sillones consistoriales. Y hoy, afortunadamente, la voluntad popular no necesita de salvadores iluminados.

Sus actos, señora Iraola, demuestran sin ningún género de dudas que sus convicciones democráticas son muy escasas o inexistentes. Y es de suponer, a la vista del silencio cómplice de su hija, que esas convicciones han debido ser compartidas en su ambiente familiar lo cual es muy preocupante para la salud democrática de nuestro país habida cuenta los relevantes, numerosos y bien retribuidos puestos que ocupa su hija. Hoy por hoy y con este escándalo mayúsculo sobre la mesa, causan risa y desprecio cada una de las declaraciones de su hija pontificando e impartiendo clases de ética a diestro y siniestro (más bien a diestro). ¡Qué desfachatez!

Por ello, si de verdad desea “protegerla” presente ya su dimisión, devuelva su acta de concejal a su legítimo propietario, el PSOE, devuelva a la hacienda municipal las retribuciones que de forma ilegítima ha percibido e intente convencer a sus conmilitones para que hagan lo mismo a fin de que la democracia vuelva a Benidorm y sea así respetada la voluntad popular.

Atentamente.


Santiago de Munck Loyola
DNI 3251224j

CARTA AL DIRECTOR DE "EL MUNDO", PUBLICADA EL 6-7-2010.

30 de junio de 2010.
Estimado Sr. Director:
En noviembre de 2002, fui designado candidato a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid por el Partido Popular. En plena precampaña, El Mundo, en su suplemento madrileño M-2 de 17 de marzo de 2003, publicó el siguiente titular:

Denuncian por acoso al candidato del PP.
Rivas-Vaciamadrid. La ex concejala del Partido Popular Ana María Martín presenta hoy una querella criminal contra Santiago de Munck por un presunto delito de acoso moral e injurias graves.

El revuelo causado por este titular fue inmediato. Mucha gente, que no leyó la noticia completa, se quedó con la palabra acoso y la asoció automáticamente al acoso sexual. Con ello, mi nombre quedó en entredicho y mi vida familiar y profesional quedó seriamente afectada.

Lo cierto es que la querella había sido interpuesta por presuntos delitos de “injurias con publicidad y contra la integridad moral” contra el Partido Popular y contra su Presidente por la tránsfuga Ana Martín Bermúdez.
La querella tenía tan poco fundamento que fue archivada por auto de 31 de julio de 2003 (Diligencias Previas 544/03) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arganda del Rey.
Recurrido este auto por la querellante, el archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial, Sección Decimoquinta, Rollo T-355/2003, auto de 18 de diciembre de 2003, que me fue notificado oficialmente el 22 de febrero de 2005.
Sin embargo al no recoger El Mundo el desenlace final de la primera noticia, lo que hoy en día aparece asociado a mi nombre en cualquier buscador de Internet es que fui “denunciado por acoso” con las consiguientes connotaciones peyorativas y no la realidad, es decir, que nunca existió tal cosa y que fui objeto de una falsa denuncia. Esta situación ha vuelto a ser aprovechada por algún desaprensivo para perjudicarme en mi nuevo ámbito profesional a pesar de los años transcurridos.
Agradeciéndole de antemano su atención y esperando que esta aclaración sirva para despejar cualquier duda, reciba un cordial saludo.
Fdo. Santiago de Munck Loyola
Ex-Portavoz del Partido Popular
de Rivas-Vaciamadrid.


A/a Sr. D. Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo.

EL “RIVAS CENTRO”, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA.

Puede que algún lector se sorprenda por el título de este artículo, sobre todo si conoce el centro comercial Rivas Centro, situado en la llamada manzana institucional, y desconoce la historia de la gestación de este lugar. El edificio que hoy se levanta con este nombre tiene poco que ver con el proyecto que, en su día, compró el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por la nada despreciable cifra de casi 300.000.- €. Es decir, que el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Fausto Fernández, y el concejal de Hacienda de entonces, su primo, Pepe Masa pagaron a la empresa de un amiguete casi 50 millones de Ptas. Por un proyecto que nunca se ejecutó. Todo ello, con la complicidad silenciosa de los medios locales de comunicación que conocieron el asunto a través de las denuncias de la oposición.

La historia de esta sucia historia es larga y es la siguiente:

1º.- En 1998, un grupo de comerciantes locales constituyó la sociedad Rivas – Plaza. Dicha sociedad tenía por objeto la promoción y comercialización de un Centro de Ocio y comercial sobre el solar municipal situado junto a la Tenencia de Alcaldía, como una alternativa para aminorar el impacto comercial que la apertura de una gran superficie como Continente estaba causando.

2º.- Dicho Grupo de Comerciantes locales organizó diversos actos con el fin de promocionar la propuesta y convencer a los Grupos Políticos de la bondad de la misma al objeto de que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid procediese a la recalificación de dicho solar y después a su venta, tal y como se puede comprobar en las publicaciones de diversos medios de comunicación locales de dichas fechas. Así, en mayo de 1998 presentaron sus propuestas a los dirigentes municipales del Partido Popular.

3º.- En el año 2000, se celebró una reunión entre los promotores de Rivas – Plaza, el Alcalde D. Fausto Fernández y el Concejal de Hacienda y Coordinador de IU, D. José Masa con objeto de analizar las posibilidades de desarrollo de la referida manzana. Por parte de Rivas-Plaza estaban presentes entre otros D. Miguel Barragán y D. Francisco Díaz. En dicha reunión, las autoridades municipales manifestaron a los comerciantes, según es público por los testimonios de los mismos, que si querían tener posibilidades de ser adjudicatarios del suelo en el futuro, debían asociarse al proyecto empresarial de la sociedad Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA. liderado por D. Alberto Landáburu, amigo, como es público y notorio, de D. José Masa y de D. Fausto Fernández.,

4º.- Pocas semanas después, se celebró un almuerzo en el Restaurante el Palacio del Negralejo entre el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, D. Fausto Fernández y los empresarios D. Jesús Ávila y D. Francisco Díaz. En dicho almuerzo, el Alcalde comunicó a los empresarios que si los comerciantes locales querían tener opción a suelo en el concurso debían ir de la mano de D. Alberto Landáburu. Del mismo modo, se celebró otro almuerzo en el mismo restaurante entre D. José Masa Díaz, Concejal de hacienda y Coordinador de IU y varios empresarios entre los que estaban D. José Ignacio Escudero y D. Rodrigo Hervas. En dicho almuerzo el primero indicó a los empresarios que D. Alberto Landáburu era su “hombre de confianza en el proyecto” y que los comerciantes locales debían asociarse a él para obtener suelo en un futuro concurso.

5º.- Poco después, los comerciantes de Rivas-Plaza, se asociaron a la entidad Centro de Ocio y Comercial la Plaza de Rivas, cuyo socio mayoritario e impulsor es D. Alberto Landáburu, pasando a ostentar el 10 % del capital de dicha sociedad. Los administradores de esta sociedad pasaron a ser los siguientes:

PRESIDENTE: DIAZ CASADO FRANCISCO
CONSEJERO DELEGADO: DEL CASTILLO DOMINGO JUAN MANUEL
CONSEJERO: BARRAGAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
CONSEJERO: PUERTA GONZALEZ ANTONIO
CONSEJERO: LANDABURU BUGLIOLO FERNANDO LUIS

6º.- El 27 de junio de 2000, el Pleno de la Corporación aprobó, con el voto negativo del Grupo Popular, el pliego de condiciones económico – administrativo que habrían de regir la enajenación de la Parcela de la Plaza de la Constitución, (B.O.C.A.M. de 7 de julio de 2000), para la construcción de un centro de Ocio y Comercial. Dicha aprobación fue objeto de cinco alegaciones presentadas el 12 de julio de 2000 por el Concejal Popular José María García Gómez.

7º.- El Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio de 2000 acordó rechazar las alegaciones del Grupo Popular al referido pliego de condiciones.

8º.- El 16 de agosto de 2000, el concejal popular José María García Gómez solicitó al Gobierno Municipal que, a su vez, solicitase un dictamen sobre este asunto al Consejo Municipal Económico y Social al que el propio Gobierno Municipal había ignorado pese a las disposiciones legales sobre el mismo.

9º.- El 11 de octubre de 2000, se constituyó el tribunal evaluador de las ofertas del concurso para la enajenación del referido solar.

10º.- El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 11 de diciembre de 2000, acordó por unanimidad adjudicar el solar a la UTE. Centro Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA y Corporación Inversora de Parques SL, otorgándole el improrrogable plazo de quince días naturales para el depósito de la fianza definitiva contados a partir del recibí de la notificación de la adjudicación. Esta adjudicación contó con la opinión desfavorable del Interventor Municipal, D. Vicente Rodrigo, que así lo manifestó en privado.

11º.- La entidad adjudicataria que había depositado como licitante una fianza provisional de 20 millones de Ptas. debía depositar la fianza definitiva por importe de 104.400.000 de Ptas. antes del 23 de enero de 2001.

12º.- La entidad adjudicataria dejó vencer el plazo correspondiente sin depositar la fianza definitiva y sin que el Gobierno Municipal le requiriese formalmente a ello, ni tomase decisión alguna oficial al respecto.

El 8 de febrero de 2001, se celebró Junta de Portavoces del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En la misma, el Portavoz Popular Santiago de Munck preguntó al Gobierno Municipal si el adjudicatario había depositado la fianza definitiva en el plazo legal. El Portavoz de IU y Concejal de Hacienda manifestó que no la habían depositado. A preguntas del Portavoz Popular, el Secretario Municipal manifestó que se trataba de un incumplimiento de “plazo fatal”.

13º.- El 15 de febrero de 2001, a las 11 de la mañana, se celebró la Comisión Informativa de Política Territorial y en ella el Gobierno Municipal manifestó su intención de, no obstante haberse producido un incumplimiento de plazo fatal para el depósito de la fianza definitiva, proceder a la prórroga ilegal de dicho plazo.

Terminada la Comisión, el Portavoz del Grupo Popular solicitó por escrito una certificación sobre el incumplimiento del plazo para el depósito de la fianza definitiva lo que motivó entonces que el Alcalde dictase un decreto urgente procediendo a anular la adjudicación a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, SA.

14º.- El Pleno del Ayuntamiento de 19 de febrero acordó ratificar el decreto de alcaldía anulando la adjudicación referida.

15º.- El 26 de febrero de 2001, el Grupo Popular solicitó por escrito el acta literal de las reuniones de la Junta de Portavoces y de dicha Comisión Informativa sin que se le entregase nunca.

16º.- Con posterioridad, la Junta de Portavoces fue reunida a instancias del Alcalde. En ella, el Alcalde sugirió la posibilidad de que el Ayuntamiento comprase el proyecto arquitectónico de la empresa La Plaza de Rivas, que había resultado ganador, ya que su diseño había sido aprobado por todos los Grupos Municipales, imputando su coste y su obligatoria ejecución a quien resultase nuevo adjudicatario del solar. El Portavoz Popular, al igual que la Portavoz del Grupo Mixto, manifestó su conformidad con la compra siempre que el precio fuese razonable y estuviese avalada por todos los informes técnicos necesarios.

17º.- El 13 de junio de 2001, el Gobierno Municipal incoó el expediente nº 407/01, por importe de 52.994.368 Ptas. para la compra negociada y sin publicidad del proyecto. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de junio de 2001, se compró el proyecto a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas por un importe de 48.382.208 de Ptas. Para formalizar este acuerdo, la Comisión de Gobierno hubo de ser convocada dos veces ya que el Concejal socialista, D. José Montoya, se ausentó de la primera, alegando indisposición médica, al no estar de acuerdo con la referida compra.

18º.- El 1 de agosto de 2001, el Grupo Popular emitió nota de prensa expresando su disconformidad por lo desorbitado del precio abonado por el proyecto y solicitó el examen del expediente completo. El Portavoz Popular, Santiago de Munck fue autorizado a examinar dicho expediente el 21 de marzo de 2002, bajo vigilancia del Vicesecretario Municipal y con prohibición expresa de Alcaldía para hacer fotocopias del mismo. Del examen del expediente se extrajeron los siguientes datos:

Primero.- En el expediente se justifica el precio de compra sobre la base del valor de las facturas que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA ha abonado para la elaboración del proyecto arquitectónico. El expediente incluye 7 facturas presuntamente abonadas a sus propios proveedores por la empresa La Plaza de Rivas SA por un importe total de 34.244.400 Ptas.;

Segundo.- De las 7 facturas incluidas, dos por importes de 3.248.000 Ptas. son rechazadas por los servicios técnicos municipales por corresponder a asuntos carentes de interés para el Ayuntamiento, tales como el Presupuesto de obra o los estatutos de la Comunidad de propietarios;

Tercero.- Las 5 facturas restantes, las que sirven de justificación al precio pagado ascienden a 30.996.400 Ptas. siendo el precio total pagado por el proyecto de 48.382.208 Ptas. y no apareciendo en el expediente ninguna otra factura más;

Cuarto.- La factura correspondiente al anteproyecto arquitectónico corresponde a la empresa EMOSA y su importe es de 11.600.000 Ptas.;

Quinto.- De las 7 facturas presuntamente abonadas a sus proveedores por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, seis corresponden a empresas vinculadas al representante de Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, Sr. D. Alberto Landáburu, (4 facturas de la empresa FEROLAND y 2 de la empresa ALBA FORO);

Sexto.- Del mismo modo que el Ayuntamiento rechaza, aparentemente, adquirir los estatutos de la Comunidad de propietarios o el presupuesto de obra por carecer de interés, parece que adquiere o paga al menos los estudios de mercado, la memoria o los estudios y análisis de viabilidad económica presuntamente abonados por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA a sus proveedores y que, evidentemente, carecen también de interés para este Ayuntamiento y para el actual adjudicatario que, como es lógico, realizará sus propios estudios y que sólo debe limitarse al desarrollo del proyecto arquitectónico asumido y comprado por la Corporación.

Según parece desprenderse de esta documentación, el Gobierno Municipal ha establecido el precio de compra en función de los gastos que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA había incurrido para poder presentarse al concurso y no en función del valor real del proyecto arquitectónico que era lo demandado por la Junta de Portavoces.

18º.- De todo lo anterior parece deducirse que la actuación del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se vio fuertemente condicionada por las relaciones de amistad de los dirigentes de IU, especialmente la del coordinador de esta organización y concejal de hacienda, D. José Masa, con D. Alberto Landáburu. Consiguientemente, la hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se ha visto perjudicada con la compra de un proyecto cuyo precio es a todas luces excesivo y que sólo puede ser explicado por la existencia de dichas relaciones de amistad.

Sólo la existencia de estas relaciones de amistad y su utilización en la esfera de la administración municipal pueden explicar:

a) Que los dirigentes de IU y cargos públicos del Ayuntamiento aconsejaran a los comerciantes de Rivas Plaza la necesidad de su asociación con el proyecto empresarial vinculado al Sr. Landáburu con el fin de poder obtener posibilidades de ser adjudicatarios en un futuro concurso.

b) Que el coordinador de IU y concejal de Hacienda dejase vencer el plazo definitivo para el depósito de la fianza definitiva de la adjudicación, 104.400.000 de ptas. sin emitir consciente y deliberadamente un solo documento oficial evidenciando el incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, ni resolver la adjudicación, ni promover acto administrativo alguno tendente a reponer a la administración municipal en sus derechos.

c) Que el Gobierno Municipal manifestase en la Comisión Informativa de Urbanismo su intención de proceder a una prórroga ilegal de un plazo que tenía la peculiaridad de ser “fatal” y que, por tanto, era improrrogable.

d) Que el Alcalde y el Concejal de Hacienda dejasen transcurrir de forma consciente y premeditada más de 22 días sin denunciar el incumplimiento del depósito de los 104.400.000 de Ptas. y que no procediesen a la anulación de la adjudicación hasta después del escrito solicitando certificaciones presentado por el Grupo Popular el día 15 de febrero de 2001.

e) Que la Comisión de Gobierno comprase por más de 48 millones de Ptas. un proyecto arquitectónico cuyo valor no excede (de acuerdo a los honorarios tipo aplicables al mismo) de los 12 millones de Ptas. al adjudicatario fallido, la UTE liderada por el Sr. Landáburu, y que para ello hayan admitido como costes de valoración facturas emitidas por las propias empresas vinculadas al Sr. Landáburu como presuntas proveedoras de la UTE adjudicataria. Que esta compra se realiza en grave perjuicio del ayuntamiento al adquirir a un precio excesivo elementos carentes de utilidad para el desarrollo del proyecto arquitectónico por parte de la nueva adjudicataria que ha de desarrollarlo.

Después de todo este sucio manejo y despilfarro del dinero de los contribuyentes, están los hechos para evidenciar lo más grave: el Centro Comercial que hoy en día se levanta en esa Manzana Institucional no es el proyecto arquitectónico comprado por casi 50 millones de Ptas.

Alguien sacó 50 millones de Ptas. de la caja municipal para comprarle a un amiguete un proyecto arquitectónico inútil. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto comprado? ¿Abonó su coste, los casi 50 millones de Ptas. el nuevo adjudicatario del Centro? A que no lo hizo.

Esta es una parte de la realidad de Rivas-Vaciamadrid de los últimos años. Supongo que a poca gente le importa la verdad o no quiere ver la realidad, pero siempre me ha intrigado el vergonzoso y cómplice silencio de mucha gente de los medios de comunicación locales que parece honesta.

Santiago de Munck Loyola.

LA BANCA SIEMPRE GANA.

A finales de 2008, el Gobierno decidió crear un fondo para ayudar a las entidades financieras por valor de 30.000 millones de euros ampliable hasta los 50.000 millones, con la particularidad de que los nombres de los bancos o cajas que acudieran al mismo permanecerían en el anonimato, al menos, durante un determinado tiempo. Es decir que, con cargo a los contribuyentes se decidió ayudar secretamente a los bancos cuya gran mayoría había obtenido en los tiempos de bonanza económica unos beneficios espectaculares repartidos entre sus accionistas.

Mientras tanto y según los datos últimos publicados por el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones hipotecarias se han disparado de forma espectacular en los últimos años. Los datos son los siguientes:
Año 2006: 17.622 ejecuciones hipotecarias.
Año 2007: 25.943 ejecuciones hipotecarias.
Año 2008: 58.686 ejecuciones hipotecarias.
Año 2009: 93.319 ejecuciones hipotecarias.
Queda claro que las subastas se han disparado desde que la crisis económica y financiera empezó. Y es el desempleo la causa fundamental y principal de los impagos hipotecarios. Además, conviene señalar, que cada expediente judicial puede tener más de un inmueble embargado ya que muchas hipotecas están concedidas globalmente por más de un inmueble, pero se tramitan judicialmente en un único expediente.
Lo que resulta evidente es que cada día 255 familias españolas pierden, al menos, su vivienda habitual y que en la mayoría de los casos son los bancos quienes se están quedando con la mayor parte de las viviendas, atesorando un stock de viviendas de difícil salida.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que en muchos casos los propietarios que han perdido la vivienda resulta que aún siguen debiendo dinero a los bancos quienes, como nunca pierden, no utilizan las tasaciones que en su día usaron para conceder el préstamo, sino que hacen una nueva tasación siempre muy por debajo de la anterior. Así, por ejemplo si la tasación de la vivienda en el 2004 fue de 200.000.- €, la hipoteca concedida de 160.000.- € y el propietario adeuda al día de hoy 140.000.- €, el banco vuelve a tasar la vivienda por 130.000.- €, se queda con la casa y el ex propietario aún le debe 10.000.- € además de haber perdido la casa. Y todo ello con la Ley en la mano y, por supuesto con el beneplácito de Gobierno y oposición que no han legislado prácticamente nada para proteger a los ciudadanos.
¿Es tan difícil que la clase política se de cuenta del drama que supone para miles de familias perder la casa por no tener trabajo y, por tanto, una remuneración con la que hacer frente a los pagos hipotecarios? ¿Hay tanta distancia entre representantes y representados como para que los primeros sean insensibles ante la situación de los segundos?
La diferencia de tratamiento por parte de los políticos entre los problemas de la banca y los problemas de los ciudadanos es más que evidente. Le faltó tiempo al Gobierno para crear un fondo de ayuda a la banca a finales de 2008 y a la oposición para aplaudirlo, pero el problema de los contribuyentes, con cuyo dinero por cierto se creó ese fondo, que no pueden pagar su hipoteca por estar en el paro y que pierden su casa no ha encontrado una respuesta ni tan rápida, ni tan eficaz.
No debería ser muy difícil legislar sobre el tema y proteger circunstancialmente a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. No debería ser muy difícil establecer medidas para, por una parte, impedir que los bancos ejecuten las hipotecas con nuevas tasaciones inferiores a las que sustentaron la concesión del préstamo en su día. Los bancos son sólo negocios, empresas en un mercado libre, y, por tanto, deben asumir los mismos riesgos que todo empresario. Unas veces se pierde, otras se gana. Y, si el bien ejecutado, vale ahora menos que cuando fue tasado inicialmente debe tocarles perder. Ni más, ni menos. Y, por otra, establecer moratorias y/o minoraciones en las amortizaciones hipotecarias en función de la situación de desempleo y de las percepciones que tenga el prestatario.
No es mucho pedir. Tan sólo que nuestros políticos tengan la misma sensibilidad con los contribuyentes de a pié que la que han tenido con los bancos. Al final, desgraciadamente, va a resultar que, como en EEUU, la diferencia entre socialistas y populares solo estriba en los segundos que tardan en doblar el espinazo para besar la mano de la Banca.
Santiago de Munck Loyola.

AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.

Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.

Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.

El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.

Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:

- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.

Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.