Cuando vamos a iniciar la quinta
semana de confinamiento con el inicio de la segunda prórroga del estado de
alarma aprobado por el Congreso de los Diputados estamos, en el mejor de los
casos, a la mitad de este confinamiento domiciliario. De momento, otras dos semanas
por delante que habremos de abordar de la mejor forma posible, con disciplina,
por supuesto, si queremos contribuir a que la situación mejore. Una vez que nos
hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir es posible que, ante las
perspectivas de mejoría de la situación, estas semanas restantes sean más
llevaderas.
No es fácil abstraerse de las
continuas noticias que nos trasladan los medios de información ni de los
permanentes mensajes que recibimos a través de las redes sociales. La
catastrófica situación en la que nos encontramos necesariamente empuja a
cualquier persona con sentido crítico a buscar responsabilidades entre quienes
tenían el deber de haber adoptado medidas preventivas para proteger a la
población y, consciente o inconscientemente, no lo hicieron. Sin embargo, hoy
no pretendo abordar ese asunto. Hoy quiero destacar algunos aspectos
relacionados con esta crisis.
El primero aspecto es el
relacionado con el ambiente social que se está creando. A veces da la sensación
de que se intenta difundir una sensación de normalidad que atenúa la auténtica
tragedia que estamos viviendo. Casi 20.000 muertos, en a penas dos meses. Casi
20.000 familias rotas, destrozadas y parece que aquí no ha pasado nada. Mucha canción, mucho aplauso (merecido, no se cuestiona), mucho consejo, mucho tertuliano "especialista" en virología, mucho humor,... Pero las
televisiones han debido ponerse de acuerdo o quizás las estén obligando a ello para no mostrar imágenes de las víctimas, ni de sus familiares o
amigos.
El segundo aspecto es el
relacionado con la situación de nuestros mayores y el tratamiento que están
recibiendo. Creo que si hay algo que nadie discute a priori es la vigencia del
principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley. Bien es
verdad que este mandato luego no se cumple y que hemos venido tolerando
excepciones como el hecho de que nuestros representantes, nuestros
parlamentarios, se hayan atribuido excepciones que les permiten no ser iguales
ante las leyes tributarias de modo que tienen ingresos exentos de tributación o
no ser iguales pudiendo cobrar una pensión máxima con un tercio de años
respecto a los exigidos a cualquier otro ciudadano o excepciones que
criminalizan al hombre por razón del género. Pero volviendo a nuestros mayores
hemos escuchado con naturalidad como aquellos que sobrepasasen determinada edad
no tendrían los mismos recursos asistenciales que los jóvenes, limitando su
aplicación en función de su previsible capacidad de supervivencia.
No es que
falte lógica en la idea de aplicar los recursos sanitarios escasos
preferentemente a quien a priori tenga más posibilidades de sobrevivir, pero es
que esa lógica choca frontalmente con el mandato constitucional que proclama la
igualdad ante la ley y, por tanto, con la igualdad al derecho a recibir
tratamiento sanitario sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad.
La crisis sanitaria ha destapado además una gran precariedad de medios en las
residencias de nuestros ancianos. No podemos olvidar que nuestros mayores son
los que han forjado nuestro estado de bienestar y son los que han sostenido a
millones de hogares durante los peores momentos de la crisis económica. Una
sociedad digna de tal nombre no puede seguir relegándolos a un segundo plano,
no puede seguir aparcándolos como un estorbo prescindiendo de su experiencia y
conocimientos y no puede ni debe evitar devolverles lo mucho que ellos han
hecho por nosotros.
No son pocos los hogares en los que los abuelos son
prescindibles en un momento dado. Hemos pervertido los valores que consagran la
familia como pilar básico de la sociedad porque al limitar la extensión del
ámbito estrictamente familiar hemos debilitado a la familia y, por tanto, a la
propia estructura social. Urge replantearnos nuestra escala de valores y urge
romper con el modelo utilitarista, egoísta y hedonista sobre el que estamos
construyendo nuestra sociedad.
La última reflexión que quiero
destacar es la necesidad que tenemos de asumir que las consecuencias de esta
pandemia van a durar mucho tiempo y que va a haber un antes y un después en
muchas facetas de nuestra vida. Si alguien cree que superada la crisis todo va
a volver a la normalidad, se equivoca. No estamos en un paréntesis, sino en un
punto y a parte. La superación de la enfermedad no va a ser total hasta que se
produzca una vacuna efectiva y eso, según parece, no se producirá antes de un
año. No va a bastar con su control parcial y temporal, tenemos que prepararnos
para una segunda oleada de la enfermedad dentro de 5 o 6 meses según están
avisando los chinos. La vuelta a una relativa normalidad de nuestras vidas va a
ser lenta y gradual, pero necesariamente conllevará muchos cambios. Y estos
cambios van a ser personales y sociales. No cabe duda de que este encierro
involuntario durante 45 días mínimo va a suponer un paréntesis vital que obliga
a la reflexión e invita a la modificación de conductas y costumbres. En más de
un caso se producirán modificaciones de los sentimientos y el replanteamiento
de afectos. En muchos casos más de uno se cuestionará la escala de valores por la que venido
intentando regir su vida.
Cuando acabe el confinamiento
saldremos a la calle cambiados, para bien o para mal, y lo haremos a un mundo
que también habrá cambiado. Los cambios económicos que nos esperan van a ser
enormes como consecuencia del enorme daño que nuestra economía va a sufrir.
Tengamos en cuenta que la primera fuente de riqueza y de empleo de nuestra
economía estará en la UCI, el turismo que representa el 15% del Producto
Interior Bruto y que generaba 2,8 millones de empleo, que la construcción, el
14% del PIB, sufrirá también un importante retroceso, así como el comercio, el
12% del PIB, o el sector del automóvil, el 5%. Más de un millón, cerca de dos
millones, perderán su empleo junto con la desaparición de decenas de miles de
PYMES y de autónomos. La enorme pérdida de ingresos fiscales que la recesión
conllevará obligará al Estado a endeudarse como antes nunca lo había hecho. Y
en función de la política económica que se aplique tardaremos más o menos en
recuperarnos. Deberemos replantearnos muchas cosas, entre otras, hasta la
configuración territorial de nuestro Estado que ha demostrado poca eficacia a
la hora de prevenir y de actuar por culpa de un reparto absurdo de competencias
sanitarias que ha conducido hasta la ridícula y costosa competencia entre
regiones en los mercados internacionales para hacerse con los lotes de
productos sanitarios. Tendremos que habituarnos a una subida de tono de la
disputa política porque si hay algo evidente es que las cosas se podían haber
hecho mejor, que se debía haber actuado antes contra la pandemia ya que los
avisos de la OMS ahí estaban desde el 24 de enero. Y habrá que, por tanto,
exigir responsabilidades políticas y quizás judiciales. Los cambios en nuestro
entorno serán muchos y necesariamente deberán producirse si queremos evitar la
repetición de unos hechos similares en el futuro. La responsabilidad última es
de todos los españoles, porque nuestra es la última palabra a la hora de
decidir nuestro futuro.
Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com
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