En estas páginas he escrito en
más de una ocasión sobre el alucinante litigio, con un claro trasfondo político
partidista, que durante los últimos años han venido manteniendo dos
administraciones públicas, el Ayuntamiento de Monforte del Cid y SEPES, en torno
al frustrado desarrollo del polígono industrial “Walaig”. Parece curioso y
contradictorio, dos administraciones que dicen querer el desarrollo del
Polígono, aunque hasta ahora la única que lo ha demostrado con hechos ha sido
el Ayuntamiento, y un resultado que no es otro que, tras más de 26 años de
gestión, un páramo a medio urbanizar, un enrevesado lío judicial y una empresa,
Intersa Levante, que pretende enriquecerse a costa de todo el mundo.
Hace una semanas se conoció el
último capítulo del lío judicial: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número 2 de Alicante condenaba, en primera instancia, al Ayuntamiento de
Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante en concepto
de obras realizadas en el polígono industrial de “Walaig”, de gastos de gestión y de lucro cesante. Y, como
era de esperar, ha habido quien no ha sabido reaccionar con inteligencia,
frialdad y honestidad intelectual ante la noticia y ha tratado de aprovecharla
para arremeter como un elefante en una cacharrería contra los funcionarios, los
letrados y los anteriores gobernantes. Mentir, gritar y rasgarse las vestiduras
ante una sentencia como ésta puede servir para desahogarse, para encubrir ineficiencias
propias o para practicar el habitual sectarismo, pero no es la respuesta seria,
templada e inteligente que se espera de un gobernante sólido, con capacidad de
análisis y lo que es más importante con liderazgo. Pleitos tengas y los ganes,
dice el refrán y de todos es conocido que por más que uno esté seguro de tener
la Ley de su parte, cuando se entra en un tribunal puede ocurrir de todo. Dice
también otro dicho popular que “Doctores tiene la Iglesia”, pero cuando se
trata de analizar una sentencia aquí todo el mundo es doctor en derecho y se
permite el lujo de desacreditar a su propio letrado, sin haber leído sus
escritos, o de extraer consecuencias de lo más peregrinas como que “a ver cómo
se van a pagar las nóminas” (sic), olvidando por supuesto de que se trata de
una sentencia recurrible.
Esta sentencia, recurrible por
supuesto, condena al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de
euros a Intersa Levante por las obras realizadas en el polígono industrial de
Walaig, por gastos de gestión y por
lucro cesante. Y lo primero que ignora el juzgador es que Intersa Levante cobró
ya por anticipado la totalidad del presupuesto de las obras y lo hizo en
terrenos. Intersa Levante se quedó con suelos valorados en decenas de millones
de euros que además hipotecó, al conocer el estado del litigio con Sepes, y
transfirió esos millones a otra empresa de su grupo por unas supuestas deudas
entre ellas. Algo que, por cierto, huele bastante mal y que alguien debería
investigar y, en su caso, denunciar. Pero es más, la sentencia parece ignorar
que no hay vuelta atrás en el Registro de la Propiedad con la reparcelación
anulada en su día y que los suelos adjudicados a Intersa, adjudicados por el
valor total de las obras, siguen siendo de ella o de terceros, seguramente los
bancos. Por tanto, es evidente que existe un enriquecimiento injusto de Intersa
Levante incrementado ahora por esta sentencia.
Y al calor de la polémica no está
de más recordar algunas cosas. La primera que la decisión de romper con SEPES,
tras 16 años de parálisis del polígono, fue aprobada por todos los partidos
políticos de Monforte del Cid un 23 de febrero de 2006. En segundo lugar, la
decisión de adjudicar las obras a Intersa Levante fue adoptada por una Mesa de
Contratación presidida por Izquierda Unida.
Y, en tercer lugar, que es inadmisible alegar la ignorancia de la
existencia de este procedimiento judicial un año y medio después de haber
tomado posesión del gobierno y más aún cuando el Juzgado dictó un auto el 26
octubre de 2015 acordando la prórroga de la suspensión y el archivo provisional
de este procedimiento que forzosamente hubo de ser notificado al Ayuntamiento.
Es evidente que el desbloqueo de
la actual situación judicial del polígono Walaig sólo puede pasar por la
negociación política que, por cierto, a punto estuvo de cerrar la anterior
Alcaldesa, Antonia Cervera tras sus innumerables viajes a Madrid, con SEPES. Y,
es también evidente, que va a resultar muy difícil que esa negociación pueda ni
tan siquiera abrirse si una de las partes no es capaz de aunar la discreción y
la prudencia y las sacrifica por fugaces réditos periodísticos. Guste o no, sin
el PP de Monforte del Cid será muy difícil abrir la negociación con Madrid y
para lograr su colaboración y ayuda la mejor manera no es ir agrediéndole verbalmente.
Santiago de Munck Loyola
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