¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola