El Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig no es, políticamente hablando, un
ayuntamiento cualquiera en la Provincia de Alicante. Y no lo es porque
concentra, por circunstancias coyunturales, una importante parcela de poder
político y económico provincial derivado de la concurrencia de dos
circunstancias especiales. De una parte, su Alcaldesa, Dª Luisa Pastor, es a la
vez Presidenta de la Diputación de Alicante, circunstancia que por cierto puede
estar influyendo en ciertas adjudicaciones en las licitaciones de la Diputación
(algo de lo que se hablará en estas páginas en otra ocasión). De otra parte, el
concejal responsable del área de informática de dicho Ayuntamiento y Portavoz
del Grupo Popular Municipal, el profesional de la política José Juan Zaplana,
es a la vez Secretario General del Partido Popular de Alicante, cargo que ha
utilizado para proteger y privilegiar a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo.
Pues bien, ayer la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la
Diputación de Alicante, Dª Luisa Pastor, tuvo que saltar al ruedo de los medios
de comunicación para tratar de aclarar, infructuosamente por cierto, la
relación del Consistorio que preside con uno de los empresarios detenidos en la
operación contra la corrupción “Púnica”.
Dª Luisa Pastor explicó que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
mantuvo una relación contractual con la empresa Eico Online Reputación
Management S.L. del empresario Alejandro de Pedro, detenido en esta operación
policial, para la creación de los perfiles del Ayuntamiento en las redes
sociales y por los que pagó, unos 25.000 euros en tres años, nada menos.
O sea que, para que nos entendamos, el Ayuntamiento de San Vicente de
Raspeig ha gastado en tres años 25.000 euros de sus vecinos para que un señor
escogido a dedo, sin concurso ni nada que se le parezca, le hiciese y le
mantuviese al Ayuntamiento los perfiles de Facebook y Twitter. Hay que tener
poca vergüenza para tirar así el dinero de los contribuyentes sobre todo porque
primero todo el mundo sabe que ese trabajo no cuesta ese dinero, segundo porque
si se hubiese licitado el contrato en vez de adjudicarlo “a dedo” habría salido
por cuatro duros y tercero porque en el Ayuntamiento de Dª Luisa Pastor, además
de un concejal dedicado al área de informática (que algo sabrá del tema) hay
cuatro cargos de confianza en prensa, que cuestan un potosí a los vecinos, y
que ése sería precisamente uno de sus trabajos. Vamos, que era innecesario
contratar a nadie y menos a esos precios. A eso, se le llama despilfarrar el
dinero público, se mire por donde se mire.
La alcaldesa de San Vicente del Raspeig señaló, además, que el contrato se
hizo “sin concurso porque son contratos menores y estos no tienen concurso”,
sin aclarar si pidieron tres ofertas o no y que desconocía por qué se había
elegido a esa empresa en concreto, algo que, sin duda, debería ser explicado
por el derrochador concejal de informática, Sr. Zaplana, capaz de gastarse 25.000
euros de sus vecinos en páginas de facebook y twitter.
El grupo municipal de EU de esta localidad, con buen criterio aunque con
cierta ingenuidad, ha pedido explicaciones sobre este vergonzoso asunto al
pródigo Sr. Zaplana y para que explique también si se ha valido de su cargo
como Secretario Provincial del PP para involucrar en la trama a otros ayuntamientos
de la provincia.
Es evidente que este asunto es una muestra más del despilfarro y de la mala
gestión que algunos han asumido como una práctica de lo más normal. Una vez más
los discursos de ciertos sujetos no se compadecen con sus acciones. Una vez más,
y este asunto así lo pone de manifiesto, la necesidad de una profunda
regeneración y de una política al servicio del ciudadano y no de los partidos y
de sus vividores profesionales se impone. Y mientras sigan liderando al centro
derecha popular los mismos que lo han conducido al desastre ético y político no
quedará más alternativa que optar por nuevos movimientos limpios y regeneradores.
Santiago de Munck Loyola
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