¿Ser nombrado funcionario de carrera sin hacer un solo examen? SÍ SE PUEDE. En Monforte del Cid.

Pues sí, no se lo van a creer, pero sí que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin haber realizado ni un solo examen, ni un solo ejercicio. No es fácil, no, pero en España es posible nombrar a alguien, por muy zoquete que sea, funcionario de carrera sin haber preparado una oposición, sin haber tenido que competir con otros aspirantes y sin que sus escasas cualidades intelectuales o su inexistente laboriosidad sean un obstáculo.

¿Que no se lo cree? ¿Que la Ley lo prohíbe? ¿Que es ilegal? Ya, pero es posible. ¿Ilegal? Sí, pero posible. ¿Increíble? Sí, pero real. ¿Indecente? Sí, pero a pocos les importa. Y para muestras aquí va un botón.

 

He aquí la demostración de que, hasta lo imposible, lo ilegal y lo inmoral pueden hacerse realidad en esta nuestra España. Es de suponer que podrá ocurrir en algunos sitios, pero nos centraremos en uno muy concreto donde concurren circunstancias poco comunes.

 

Monforte del Cid, municipio de Alicante, es uno de los municipios donde puede hacerse realidad que hasta un zoquete pueda convertirse en funcionario de carrera sin pasar ni un solo examen. Para ello, es preciso cumplir algunos requisitos, algunas coincidencias no siempre fáciles de encontrar. 

 

El primero de ellos es que se produzca una conjunción planetaria, que diría Leyre Pajín, entre dos corruptas, dos concejalas electas y perdedoras: la primera dispuesta a comprar votos y la segunda ávida por vender el suyo. Esto ocurrió en 2015, la conjunción entre Mª Dolores Berenguer Bello de IU y Mª Teresa de las Nieves de Ciudadanos. La primera se convirtió en alcaldesa gracias al voto de la segunda, arrebatando la alcaldía al partido ganador, el PP del que provenía la segunda. ¿El precio? Pues, entre otras cosas, hacer funcionario de carrera al marido de la segunda, José Ramón Vicente Boyer, hasta entonces pepero en proceso de transformación larvaria y funcionario interino desde 2004 que había sido nombrado sin haber pasado ningún examen, ni haber cumplido ningún requisito legal.

 

El segundo requisito es que, dado que la ahora exalcaldesa corrupta no pudo completar el pago, lo haga su sucesor, Juan José Hernández Rico de IU también, quien ha asumido la deuda como propia y prevarica tragando sin asco alguno y firmando el nombramiento del corrupto funcionario, ahora de carrera, hasta hace unos días solo in pectore. Habría que preguntarse por qué un alcalde recién designado, joven y supuestamente bien preparado, asume esta porquería con el riesgo más que evidente de terminar en los tribunales.

 

El tercer requisito es que haya una oposición municipal pusilánime, apática o cómplice. Todos los concejales saben, porque hay un reciente informe del Secretario que así lo reconoce, que el agraciado, José Ramón Vicente Boyer, es funcionario interino sin reunir los requisitos legales para ello, es decir que fue nombrado ilegalmente y que, por tanto, ellos mismos deberían haber instado la revisión de su nombramiento y su cese, tal y como se hizo en otro caso con defectos formales irrelevantes. Sin bases de selección, sin convocatoria pública, sin tribunal válido y sin pasar ninguna prueba objetiva José Ramón Vicente Boyer debía haber sido cesado y, por consiguiente, no podía haber sido admitido a participar en los procesos de consolidación de empleo para funcionarios interinos que, para serlo, sí concurrieron a pruebas selectivas.  Es llamativo además que se haya colado en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros como responsable del Área Profesional y Función Pública desprestigiando con su presencia a esta institución.

 

El cuarto requisito o coincidencia es que los funcionarios municipales que tengan que ejercer los controles de legalidad, como la Secretaría Accidental Soledad Megías, no cumplan con sus obligaciones bien por incompetencia o bien por complicidad.

 

El penúltimo requisito es contar con unos sindicatos domesticados más interesados en mirar por sus intereses particulares que por defender los derechos de todos los trabajadores o de la ciudadanía en general. Y, por último, hay que contar con una sociedad vecinal incapaz de luchar por los intereses colectivos, por la dignidad de su Ayuntamiento y temerosa además de meterse en problemas.

 

Como se puede apreciar es una realidad que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin superar una sola prueba objetiva gracias a la confluencia de una serie de factores ciertamente poco frecuentes, pero no imposibles. Monforte del Cid, Alicante, y el caso de José Ramón Vicente Boyer son buena prueba de ello. No está dicha la última palabra porque la Justicia deberá aún pronunciarse sobre lo que constituye y verdadero escándalo administrativo y penal, sí, penal, porque la prevaricación del nombrador, del nombrado y de los cooperantes es más que evidente.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola