Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.

Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.

Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.

Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.

La realidad es que en el Ministerio de la podemita Irene Montero las cuchipandis moradas pasaron literalmente de los informes jurídicos críticos con la redacción del borrador de la Ley. Aupadas en la soberbia del cargo decidieron que los juristas no eran quiénes para enmendarles la plana. Ya se sabe que hay quien piensa que la legitimidad democrática dota al electo de superiores conocimientos a los del común de los mortales.  Y ahí está el resultado.

 

Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.

 

Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa. 

Pero no sólo las podemitas son las responsables de favorecer a los delincuentes sexuales, lo son también todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el propio Presidente del Gobierno que sí pasará a la historia como el mejor amigo de los delincuentes sexuales y como el mayor excarcelador de los mismos. Y son también responsables los 205 diputados de 8 grupos parlamentarios diferentes que votaron a favor de esta Ley. ¿Cuántos se leyeron el texto con el detenimiento que merece un proyecto que iba a afectar a la libertad, a la seguridad y a la vida de tantas personas antes de apretar el botón verde? ¿Estos son los “padres” de la Patria? ¿En manos de qué clase de indigentes mentales y morales estamos?

 

Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!

 

Santiago de Munck Loyola