Parece que nuestra clase política no está dispuesta a apretarse el cinturón tal y como impone al resto de los ciudadanos españoles; quizás porque los políticos usan tirantes. En todo caso, parece que el recorte en los derechos sociales que el Sr. Zapatero nos impone se va concretando: recorte del 5% del sueldo de los funcionarios este año y congelación para el próximo, congelación de la mayor parte de las pensiones (por vez primera desde que el Partido Popular legislase en 1996 su revalorización automática), rebaja del 15 % del sueldo de los ministros, recorte en las prestaciones sanitarias (posiblemente el co-pago de los medicamentos), anulación del cheque-bebé, recorte de la ayuda al desarrollo en 600 millones de euros, etc. Y junto a ello, subida del IVA en dos puntos y probable subida del IRPF. En resumen, menos ingresos para los ciudadanos y más gastos.
Al margen de que la austeridad en las cuentas públicas debía haberse impuesto hace tiempo, cabe preguntarse si no hay otros sitios de donde recortar. Pues la respuesta es sí.
La rebaja del sueldo de los ministros en un 15 % como gesto puede valer, pero es claramente insuficiente. Esa rebaja debería ser al menos de un 25 % y debería ser extensible a Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Diputados Provinciales, Consejeros y Viceconsejeros autonómicos, asesores, cargos de confianza, Alcaldes, concejales, etc. Es decir, debería ser extensible a toda la clase política que es la que debe ejercer el liderazgo con ejemplaridad.
Y hay más sitios donde meter la tijera. Debería prohibirse el cobro de sueldos, indemnizaciones o dietas provenientes de distintas administraciones públicas o empresas. Y para ello debería ser incompatible el ejercicio de más de un cargo público. El Diputado nacional que lo sea, pero nada más que eso. Tener Alcaldes que simultanean su puesto municipal con un escaño autonómico o nacional constituye toda una anomalía democrática (en el legislativo y en el ejecutivo a la vez), como lo es el ejercicio de actividades particulares simultáneamente. En todo caso, habría que evitar que al sueldo de parlamentario o de alcalde se sumen otros ingresos como dietas, indemnizaciones o pensiones. Los políticos no pueden tener privilegios económicos respecto a sus electores y esto debería valer a la hora de medir los años de cotización para el cobro de una pensión. ¿Por qué a los Diputados les bastan 7 años de cotización mientras que el resto de los mortales han de llegar a los 35 años?
Contamos con 17 gobiernos autonómicos (unos 300 “ministrillos” regionales) además del Gobierno de la Nación. Recórtese por ahí también el gasto, suprímanse ministerios y consejerías y veremos el ahorro y el alivio inmediato en las cuentas públicas. A la drástica disminución de asesores, cargos de confianza y “ministrillos” acompañaría un inmensa reducción del gasto público, no sólo en sueldos, sino también en gastos de representación o en coches oficiales. Un dato lo ilustra: en España hay 7.000 coches oficiales (con sus conductores, gasolina, gastos de mantenimiento y de reposición), más que en los Estados Unidos. Otros datos ilustrativos: la Junta de Andalucía cuenta con 300 coches oficiales cuyo importe individual de compra ha sido superior a los 60.000.- € o el hecho de que la Xunta de Galicia gasta al día 2.500.- € en el mantenimiento de sus coches oficiales.
Es evidente que hay muchos sitios donde meter la tijera antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero hacerlo requiere una casta política diferente, más sensible a los problemas de los ciudadanos y más comprometida con el bienestar social antes que con el propio. Las administraciones públicas, sea cual sea el color de quien las gobierna, se han convertido en un pesebre donde se alimentan los cuadros de los Partidos Políticos. Y esto tiene que cambiar. ¿Sacrificios? Los que haga falta, pero primero para la clase política. Si no dan ejemplo, no pueden pedir esfuerzo alguno a los ciudadanos. Y esto vale tanto para el Gobierno, como para la Oposición que tiene también su responsabilidad en muchas administraciones públicas.
Y todavía quedan más sitios donde meter la tijera.
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