La verdad es que cuanto más se piensa en dónde puede ahorrar el Gobierno aparecen muchas posibilidades que ni siquiera mencionan los políticos. La clase política nunca mira en su entorno inmediato a la hora de proponer medidas de ahorro y austeridad. Su mirada, sea azul o roja, periférica o centralista se dirige inevitablemente hacia los bolsillos de los ciudadanos, es decir, al bolsillo de quienes les pagamos los sueldos, los despachos, los coches oficiales y toda la parafernalia que acompaña al desempeño de un cargo público.
Hoy, en España hay personas de carne y hueso que pierden su trabajo, que se quedan sin casa y que tienen que comer lo que pueden, la mayor parte de las veces, gracias a la labor social de la denostada Iglesia cuyos comedores sociales están a reventar. No puede haber mejor política social que la que crea empleo. Y no hay mejor camino para destruir empleo que subir los impuestos, aunque sea transitoriamente. Cuando se gasta más de lo que se ingresa sólo hay dos opciones, o se recauda más o de recorta el gasto.
Pero dicho esto, conviene volver a revisar dónde se puede recortar. Y nuevamente la clase política puede hacer un ejercicio de ejemplaridad. Aunque ya se ha apuntado anteriormente hay que profundizar necesariamente en los privilegios de la clase política que la alejan de la dura realidad que sufre una gran parte de los ciudadanos. Ostentar un cargo público, ser Alcalde, Diputado o Ministro, no puede ser considerado como un premio, como un privilegio. Es, o mejor dicho, debería ser la máxima expresión de servicio a la sociedad. Más en una sociedad democrática cuyos valores han de impregnar el carácter representativo y delegado del cargo público. Por ello, es una auténtica anomalía democrática que la casta política disfrute de inmensos privilegios frente a los ciudadanos a los que dicen representar.
El salario medio en España en el año 2009 alcanzó los 20.390 euros anuales, según los datos del INE. Mientras, el salario medio de los más de 1.000 diputados autonómicos ronda los 50.000.- € anuales. Todo ello sin mencionar el de los Diputados Nacionales o los Europarlamentarios. Hay Alcaldes como el de Barcelona o el de Madrid que cobran más de 100.000.- € al año. Esta diferencia respecto a la media de los contribuyentes podrá justificarse de mil maneras: la responsabilidad del puesto, la dignidad del cargo, la comparación con otros países, etc. Pero, en todo caso, esta diferencia marca un peligroso abismo entre representantes y representados. Hay constancia de Diputados del Congreso que en un año sólo han pulsado el botón de las votaciones en seis ocasiones. Ni una discurso, ni una enmienda a una Ley. Nada de nada. Y a cambio más de 60.000.- €. ¿Es esto éticamente admisible?
Pero es que, además de estas retribuciones, los Diputados perciben otras cantidades por distintos conceptos, dietas, gastos de representación, descuentos en los medios de transporte (tren, avión, etc.), cantidades que les alejan aún más de quienes les pagan los sueldos, los contribuyentes. Como también les aleja del común de los mortales el hecho de que los parlamentarios están exentos de declarar en el IRPF un tercio de sus ingresos en concepto de indemnización. A ello hay que sumar que mientras cualquier ciudadano tiene que haber cotizado durante 35 años para cobrar su pensión, los parlamentarios basta con que coticen entre 7 y 11 años. ¿Y esto por qué? ¿Sufren más en su escaño que un minero? ¿Su trabajo conlleva más dignidad que el de un cartero, por ejemplo? Ahora que el Gobierno cree que hay que recortar el derecho social a la jubilación a los 65 años y alargar en 5 años el período de cotización ¿por qué siguen ostentando semejante privilegio los parlamentarios?
Pero nuestra clase política puede aún hacer más sacrificios y dar ejemplo a los ciudadanos. Nadie en este país puede tener más de un ingreso proveniente del erario público. ¿Nadie? Perdón, los parlamentarios sí. Se da el caso de parlamentarios que llegan a juntarse hasta con tres retribuciones públicas a la vez en función del cargo que han ocupado y el que ocupan. Ahí están los casos de Solbes o de Pajin. ¿Es moralmente admisible esto mientras hay ancianos a los que no les llega la pensión para comer? ¿Cómo es posible que haya políticos que reúnan al mes más de 16.000 euros provenientes del erario público mientras muchos ancianos pasan hambre?
Es evidente que el Gobierno tiene que ahorrar e ingresar más, pero también es evidente que la cosecha debe iniciarla en su entorno más inmediato.
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