Ana y Tania.

Dos mujeres están siendo noticia esta semana. Dos mujeres situadas en polos políticos opuestos. Dos mujeres que viven desde hace tiempo de y por la política y a las que las denuncias de conductas inapropiadas o sospechosas de escasa ejemplaridad han unido en los medios de comunicación. De una parte Ana Mato que, al parecer, ignoraba de dónde provenía el Jaguar que su marido tenía en el garaje o cómo pagaba viajes y festejos familiares. De otra Tania Sánchez cuyo padre, concejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la colocó digitalmente como asesora municipal (algunos malpensantes lo calificarían de nepotismo puro y duro) y le allanó el camino hacia más altas metas políticas. ¡Ay, la familia en ambos casos!

Vaya por delante que Ana Mato a la que conocí personalmente hace casi veinte años nunca ha sido santo de mi devoción ni como Diputada, ni como Ministra después. Siempre ha sido una verdadera incógnita la razón por la que con su capacidad y preparación ascendía en la escala orgánica del Partido Popular. El resultado de su gestión como Ministra de Sanidad o muchas de sus intervenciones públicas son buena prueba de ese misterio. Sin embargo, hoy no queda más remedio que elogiar su decisión de presentar su dimisión, voluntaria o forzada, como Ministra a las pocas horas de conocerse el Auto del juez Pablo Ruz en el que señala que Ana Mato fue "partícipe a título lucrativo" de los beneficios generados por los presuntos delitos cometidos en el caso Gürtel, es decir, que el juez se propone juzgarla por haber disfrutado y haberse beneficiado de servicios turísticos y de regalos pagados por la trama Gürtel y cuyo valor superaría los 55.000 euros. No se trata de que Ana mato haya cometido delito alguno sino de que, según el juez, se habría beneficiado del dinero delictivamente obtenido por otros y, por tanto, podría ser responsable civil de su devolución. Y hay que resaltar que se está hablando de una investigación judicial en curso, de un procedimiento al que aún le queda un largo camino hasta que se produzca una sentencia firme.

A pesar de ello y a pesar de la presunción de inocencia, en el comunicado que ha hecho público Ana Mato afirma que "no quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular". Es decir, que estamos ante una dimisión por responsabilidad política, sin imputación penal alguna, y ante hechos muy anteriores a su gestión como Ministra, algo absolutamente excepcional en nuestro país y entre nuestra clase política en la que abundan los ejemplos contrarios como el de la inefable Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su palmero número uno, el Vicealcalde Andrés Llorens. Pero, hay algo más que conviene subrayar en el Auto del Juez Ruz, no solo señala a Ana Mato como "partícipe a título lucrativo" en la trama Gürtel, sino que atribuye la misma condición al Partido Popular. ¿Responderá alguien como ha hecho Ana Mato?

El caso de Tania Sánchez es también de “rabiosa” actualidad aunque momentáneamente haya quedado eclipsado por la dimisión de Ana Mato. Tania Sánchez está en el candelero porque está siendo objeto de acusaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones en el ayuntamiento ripense vinculadas a su etapa como asesora y posteriormente como concejala y sobre la venta de su vivienda de VPO a otro miembro de IU. La existencia de anomalías e irregularidades en muchas contrataciones del Ayuntamiento ripense no sería ninguna novedad como no lo ha sido nunca el fervor por la institución familiar puesto en práctica por los dirigentes de IU durante el largo califato de “los primos” que parece estar llegando a su fin, basta repasar la relación de parentescos entre cargos políticos, empleados públicos y adjudicatarios para darse cuenta de ello, pero es aventurado, hoy por hoy y a la vista de lo publicado, afirmar que dichas irregularidades se han vuelto a reproducir en este caso.

Es evidente que Tania Sánchez está siendo objeto de un concienzudo examen por dos razones: la primera, porque es la pareja de Pablo Iglesias y gracias a ello en parte, goza de un plus que le facilita el acceso a tertulias y debates en los que, con modales y técnicas dialécticas más que cuestionables, se dedica a repartir estopa ética como si ella estuviese libre de “pecado” y ya se sabe que donde las dan, las toman. La segunda, porque es la candidata a la Presidencia de IU de Madrid y tiene rivales. Y también es sabido que el primer enemigo en política está siempre cerca, entre los conmilitones. Y ha sido precisamente el compañero político de Tania, Gregorio Gordo, el que ha señalado que el asunto del piso le parece "poco presentable" y que cree que un hijo de un concejal no puede presentarse a un concurso de vivienda, "por mucho que sea un concurso", rematando sus apreciaciones sobre ella afirmando que "este tipo de cuestiones no favorece los discursos de transparencia, de ser distintos a los demás, sino que favorece otro tipo de discursos, por lo tanto, mi opinión no es nada favorable". ¿Otro tipo de discursos? ¿Cómo el de Podemos? ¡Acabáramos!

Santiago de Munck Loyola

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Alicante no se merece ésto.

Santiago de Munck Loyola.

La resaca del 9-N.

La resaca del sucedáneo de referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos, en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España para convocar un referéndum legal.

Pero donde más diferencias de opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación,  y por pedir el empleo de la fuerza si fuere necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia. Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y, por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido a la calle, burlando la Ley y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.

Y si hay fractura interna ante esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley, con cargo público o sin él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos. Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo español.

Es cierto que es hora del diálogo, pero también de la Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando por ello.

Santiago de Munck Loyola

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Otra de viajes y de tomadura de pelo.

Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/el-liston-de-divar-para-todos.html

En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola

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Hay alternativas.

Derechas e izquierdas andan revueltas y nerviosas ante los resultados que, encuesta tras encuesta, se otorgan a Podemos. Y encuestas las hay para todos los gustos pero todas coinciden en un incremento espectacular de la intención de votos de esta nueva formación política de rancio trasfondo ideológico. Son muchos los factores que influyen en este crecimiento electoral: la indignación ciudadana ante la corrupción, ante los recortes, el desempleo, el aumento de la desigualdad social, la falta de ejemplaridad de la mayor parte de la clase política, los incumplimientos programáticos, la falta de buenas perspectivas, etc. Ante un panorama económico, político y social desolador cualquier discurso que cuente con apoyos mediáticos, que no esté lastrado por un pasado de gestión criticable y que ofrezca soluciones por muy utópicas o irrealizables que sean tiene grandes posibilidades de calar entre los ciudadanos.

Es evidente que el mensaje de Podemos ha calado en la izquierda y que se va a producir un nuevo reparto de la tarta electoral con importantes cambios. Lo que no es tan evidente es que este mensaje haya calado en el votante de centro derecha aunque una pequeña parte del mismo, la menos ideológica, esté dispuesta a asumirlo y a otorgar su voto como una forma de castigo. Pero ¿qué pasa con los votantes que no son de izquierdas? Es curioso. El Partido Popular se derrumba en las encuestas y lleva camino de superar el record de la UCD en 1982 pero sus dirigentes no aciertan a salir del asombro o del escepticismo y se muestran incapaces de reorientar su discurso y, sobre todo, su política. ¿Por qué? Pues porque están desconectados de la realidad de la calles y son incapaces de realizar lo que debería ser un requisito previo, una profunda autocrítica.

Hay que señalar que el Partido Popular, como instrumento político, como maquinaria electoral, parte en desventaja respeto a muchas otras formaciones políticas. Es una gigantesca maquinaria política piramidal, carente de vida política interior, en la que las bases, lejos de ser la fuente del poder interno, son un simple instrumento al servicio de la estructura de poder. Lejos de aprovechar la conexión social que supone disponer de cientos de miles de afiliados y de enriquecer y actualizar permanentemente el debate interno, las propuestas políticas y los mensajes del partido, las bases no cuentan para nada en la estructura del Partido Popular. Y eso se nota. Las políticas que se han desarrollado no responden ni al programa comprometido con los electores, ni a las aspiraciones de la militancia por lo que el distanciamiento entre Partido y votante es cada día mayor.

Muchos de los votantes de centro derecha no van a repetir su voto al Partido Popular y se van a abstener en los próximos comicios y otros, los menos, se van a decantar por otras formaciones como Ciudadanos o UPyD fundamentalmente. Es la respuesta a los incumplimientos electorales, a la falta de ejemplaridad de buena parte de la clase política y al continuo goteo de casos de corrupción que no pueden sino abochornar hasta al más leal incondicional.

Si al mayor incremento de la presión fiscal sobre la clase media, si al permanente empobrecimiento de la misma, si a los continuos recortes en educación, en sanidad o prestaciones sociales, si a los incumplimientos en materia de protección a la vida y a la familia, si al continuismo en la política antiterrorista o en materia autonómica, si a la falta de ejemplaridad, si a la ausencia de una política informativa inteligente sumamos además la continua aparición de casos de corrupción con relevantes dirigentes populares implicados y la ausencia de una respuesta clara, definida y contundente por parte del Partido Popular no es de extrañar que las encuestas vayan por donde van. No se puede pasar, como si nada, de hablar de “casos aislados” al “pedir perdón” por haber nombrado a los corruptos en puestos de responsabilidad política. No se puede pasar del “vamos a hacer un pacto anticorrupción” al “y tú más” sin que de ello se deriven consecuencias políticas. Porque todo ello, lo único que transmite es la sensación de ausencia de convicciones profundas y, por tanto, de una clara determinación para acabar con esta lacra. La falta de democracia interna es la que obliga a Rajoy a pedir perdón por haber promovido políticamente a determinadas personas, es la evidencia de que no son los militantes populares los que se han equivocado al elegir a un Fabra, a un Granados, a un Blasco o a una Castedo sino que son los más altos dirigentes los que se han equivocado. En política, cuando alguien se equivoca y de esta manera, no sólo se pide perdón sino que, además, se dimite.

No tiene ningún sentido que para intentar acabar con la corrupción haya que proponer pacto alguno. Es como si para perseguir la pederastia hiciese falta pactar con la oposición. La corrupción se persigue con la ley en la mano y mecanismos legales ya existen aunque falten medios para hacer más rápida y efectiva la justicia. El problema no está en la persecución y castigo de la corrupción, el problema está en la prevención, en la adopción de medidas que impidan o dificulten la aparición de nuevos casos. La prevención pasa por dos ejes fundamentales, de una parte, la eliminación de la discrecionalidad del político en determinados procedimientos ejecutivos y, de otra, el incremento de los mecanismos democráticos de selección y control en la vida interna de los partidos. Y en este segundo eje la clave está en la selección y el posterior control democrático de quienes ostentan cargos públicos de responsabilidad, es decir, en los mecanismos de selección interna de los partidos para proveer los cargos públicos. Algo que, por el momento, el Partido Popular no está dispuesto a tocar. Un partido que usa el “dedazo” para confeccionar sus listas electorales, para estructurar su organización y sus congresos está desconectado de sus bases y, por tanto, de la ciudadanía y mal puede así prevenir la aparición de fenómenos de corrupción entre sus filas.

Si algo deben tener claro los votantes del Partido Popular y especialmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana es que con sus actuales dirigentes no hay futuro posible porque son los auténticos responsables, por acción o por omisión, del sucio panorama que nos rodea. ¿Quiénes son los responsables de la confección de las listas electorales a las Cortes Valencianas plagadas de imputados y procesados? ¿Ha dimitido alguien por la evidente chapuza que fueron esas listas? Nadie. Siguen al frente del partido los mismos, los que están desmotivando al votante y dejando el campo libre a la izquierda. Son los mismos los que ya han dado por perdida la batalla y están más preocupados buscándose puertas giratorias que en dar la cara, en dar un paso al frente y reconstruir una opción política de centro derecha digna de los cientos de miles de ciudadanos que en nuestra Comunidad no quieren aventuras políticas. Ante un Partido Popular autocomplaciente, desconectado de la realidad, en proceso de descomposición y sin talante ganador, el votante de centro derecha no puede, ni debe sumirse en el pesimismo. Hay otras opciones dispuestas a recoger el testigo, hay alternativas y en Alicante se llama Esperanza Ciudadana.

Santiago de Munck Loyola

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Despilfarro y algo más en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig.

El Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig no es, políticamente hablando, un ayuntamiento cualquiera en la Provincia de Alicante. Y no lo es porque concentra, por circunstancias coyunturales, una importante parcela de poder político y económico provincial derivado de la concurrencia de dos circunstancias especiales. De una parte, su Alcaldesa, Dª Luisa Pastor, es a la vez Presidenta de la Diputación de Alicante, circunstancia que por cierto puede estar influyendo en ciertas adjudicaciones en las licitaciones de la Diputación (algo de lo que se hablará en estas páginas en otra ocasión). De otra parte, el concejal responsable del área de informática de dicho Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Popular Municipal, el profesional de la política José Juan Zaplana, es a la vez Secretario General del Partido Popular de Alicante, cargo que ha utilizado para proteger y privilegiar a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo.

Pues bien, ayer la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la Diputación de Alicante, Dª Luisa Pastor, tuvo que saltar al ruedo de los medios de comunicación para tratar de aclarar, infructuosamente por cierto, la relación del Consistorio que preside con uno de los empresarios detenidos en la operación contra la corrupción “Púnica”.

Dª Luisa Pastor explicó que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig mantuvo una relación contractual con la empresa Eico Online Reputación Management S.L. del empresario Alejandro de Pedro, detenido en esta operación policial, para la creación de los perfiles del Ayuntamiento en las redes sociales y por los que pagó, unos 25.000 euros en tres años, nada menos.

O sea que, para que nos entendamos, el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig ha gastado en tres años 25.000 euros de sus vecinos para que un señor escogido a dedo, sin concurso ni nada que se le parezca, le hiciese y le mantuviese al Ayuntamiento los perfiles de Facebook y Twitter. Hay que tener poca vergüenza para tirar así el dinero de los contribuyentes sobre todo porque primero todo el mundo sabe que ese trabajo no cuesta ese dinero, segundo porque si se hubiese licitado el contrato en vez de adjudicarlo “a dedo” habría salido por cuatro duros y tercero porque en el Ayuntamiento de Dª Luisa Pastor, además de un concejal dedicado al área de informática (que algo sabrá del tema) hay cuatro cargos de confianza en prensa, que cuestan un potosí a los vecinos, y que ése sería precisamente uno de sus trabajos. Vamos, que era innecesario contratar a nadie y menos a esos precios. A eso, se le llama despilfarrar el dinero público, se mire por donde se mire.

La alcaldesa de San Vicente del Raspeig señaló, además, que el contrato se hizo “sin concurso porque son contratos menores y estos no tienen concurso”, sin aclarar si pidieron tres ofertas o no y que desconocía por qué se había elegido a esa empresa en concreto, algo que, sin duda, debería ser explicado por el derrochador concejal de informática, Sr. Zaplana, capaz de gastarse 25.000 euros de sus vecinos en páginas de facebook y twitter.

El grupo municipal de EU de esta localidad, con buen criterio aunque con cierta ingenuidad, ha pedido explicaciones sobre este vergonzoso asunto al pródigo Sr. Zaplana y para que explique también si se ha valido de su cargo como Secretario Provincial del PP para involucrar en la trama a otros ayuntamientos de la provincia.

Es evidente que este asunto es una muestra más del despilfarro y de la mala gestión que algunos han asumido como una práctica de lo más normal. Una vez más los discursos de ciertos sujetos no se compadecen con sus acciones. Una vez más, y este asunto así lo pone de manifiesto, la necesidad de una profunda regeneración y de una política al servicio del ciudadano y no de los partidos y de sus vividores profesionales se impone. Y mientras sigan liderando al centro derecha popular los mismos que lo han conducido al desastre ético y político no quedará más alternativa que optar por nuevos movimientos limpios y regeneradores.

Santiago de Munck Loyola

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​Rivas, hace 25 años.

Dentro de pocas semanas se cumplirán 25 años de la fundación del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid que tuve el honor y la responsabilidad de impulsar. Corría el año 1989, un año especialmente intenso para el centro derecha español que se enfrentaba al relevo de su líder fundador, Manuel Fraga, sustituido por un joven político, José María Aznar, como cartel electoral en los comicios que se celebraron el 29 de octubre de aquel mismo año. Rivas-Vaciamadrid, con casi 10.000 habitantes, no contaba con una organización local de Alianza Popular refundada como Partido Popular en aquellas fechas.

Han pasado 25 años desde entonces pero conservo intactos los mismos principios e ideales que me impulsaron a dar aquel paso, fundar el Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, en un entorno político y social francamente hostil. Pocos que no conozcan y hayan vivido allí en aquella época pueden hacerse una idea aproximada de las enormes dificultades que aquella empresa encerró y el coste personal que supuso, tanto para mí como para los pocos vecinos que inicialmente apostaron por ello.              
 
Estábamos convencidos de la necesidad de promover una alternativa política regeneradora, centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente, con un talante abierto, integrador y dialogante; una opción moderna, liberal, reformista, con aires renovados pero anclada en los principios y valores del humanismo cristiano. Y lo hicimos tal y como ya se ha contado en estas páginas ( http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/06/hace-20-anos.html ). Durante 14 años tuve el honor de presidir el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid y logramos convertirlo en la segunda fuerza política municipal, en una organización viva, dinámica, participativa y democrática que, con sus errores y aciertos, se consolidó como una auténtica alternativa de gobierno.   
 
Han pasado 25 años y hoy ya no milito en el Partido Popular. Paradójicamente he sido expulsado del mismo por defender en Alicante y ante el PPCV los mismos principios y valores que en su día me impulsaron a hacerlo en Rivas-Vaciamadrid. Pero hay que subrayarlo, el PP de Alicante, con su Ciscar, su Ripoll, su Castedo, su JJ Zaplana y demás colaboradores necesarios, y el PPCV, con su Fabra, su Camps, su Cotino, su Del baño y demás, poco o nada tienen que ver con los ideales de responsabilidad política, de renovación de la vida pública, de apuesta por la libertad, la transparencia, la participación ciudadana, la democracia interna o la eficacia en la gestión pública que, con uñas y dientes, defendíamos en 1989.     
 
Han pasado 25 años en los que la militancia activa en el Partido Popular no estuvo exenta de riesgos personales ni de sacrificios de toda índole para lograr que el proyecto político se hiciera realidad. Y, día a día, con profunda pena se comprueba, caso tras caso, que mientras la inmensa mayoría de la militancia popular se dejaba la piel para que los ideales y programas populares se convirtiesen en realidad de gobierno, buena parte de la élite del partido se dedicaba a hacer negocios sucios en la política. Mientras los militantes poníamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, mientras que buzoneábamos las calles, pegábamos carteles, pasábamos interminables horas en las mesas electorales, o teníamos que mirar cada mañana los bajos de nuestro coche o nos tragábamos interminables mítines para que se cosecharan unos miserables minutos en los informativos, buena parte de nuestros dirigentes se dedicaban a llenarse los bolsillos. La falta de cauces democráticos internos adecuados permitió que fueran medrando en la estructura del partido y en las instituciones,  centenares de personas que se lo han estado llevando crudo, que hicieron de la política un modus vivendi poco ejemplar y cuyas actividades han terminado por corroer las vigas de madera del edificio popular. 

Un partido que no rinde cuentas de sus ingresos ante sus propios militantes (como en Alicante, sin ir más lejos), un partido que decide con el “dedazo” (disfrazado de comités electorales) los nombres de los dirigentes y de los candidatos, un partido que impide que sus afiliados puedan controlar y exigir responsabilidades a sus cargos públicos, un partido en el que la meritocracia ha sido sustituida por el amiguismo y el “borreguismo”, un partido en el que el debate interno y la participación de sus militantes han sido sustituidos por la adhesión inquebrantable y el prieta las filas tenía que encontrarse, tarde o temprano, con la colección de escándalos que día sí, día también, salpican y enfangan al Partido Popular.        
 
Han pasado 25 años y compruebo con profunda pena lo que han hecho líderes y compañeros a los que profesaba respeto y, en algunos casos, admiración. Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta confianza y tanto sacrificio de cientos de miles de militantes tirado por la borda por culpa de la rapiña y la ausencia de escrúpulos y de principios  de unos pocos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué monumental estafa! Y, lo que es peor, es que no hay perspectivas optimistas. El centro derecha español decente está huérfano, hoy por hoy, porque no se vislumbra, fuera de retoques cosméticos destinados a tratar de salvar la situación, ni una sólida medida eficaz para corregir el rumbo. Los responsables, por acción o por omisión, no pueden liderar regeneración alguna ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Alicante. Hoy, muchos afiliados en Rivas-Vaciamadrid, a los que deseo todo el éxito posible, como en muchos otros puntos de España, estarán sorprendidos, desilusionados o enfadados. Y buenas razones tienen para ello.

Han pasado 25 años y con la misma ilusión que entonces sigo defendiendo la necesidad de un proyecto político de centro derecha renovado para mi ciudad y mi provincia, Alicante. Y como yo, un buen número de amigos y compañeros, que entienden que la lealtad a los principios y a los valores no debe correr en paralelo a la fidelidad a unas siglas concretas monopolizadas por unos aprovechados o unos incompetentes, nos hemos puesto manos a la obra y estamos construyendo un nuevo partido, Esperanza Ciudadana. Es el único proyecto político alicantinista, regenerador, reformista, radical y liberal que puede ofrecer a los ciudadanos una sólida alternativa de gobierno en medio de este páramo de principios y valores en que el Partido Popular de Alicante ha convertido la política de la provincia. No es posible seguir siendo meros espectadores, no es bueno resignarse y quedarse en casa, no hay por qué taparse la nariz para seguir votando al centro derecha por temor a los que puedan venir. Hay que rebelarse y actuar, como hace 25 años, porque nos va a todos mucho en ello.

Santiago de Munck Loyola

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Las innovaciones éticas y jurídicas de Alberto Fabra.

He de reconocerlo, tras escuchar a mediodía unas declaraciones del “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad Valenciana, Sr. Fabra, me he visto obligado a dar un repaso al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por, si en estos tiempos de cambios fulgurantes, me había perdido alguna innovación jurídica tan trascendental como lo que acababa de oír. Y parece que no ha sido así. Parece más bien que el que estaba soltando una auténtica majadería jurídica era nuestro Presidente autonómico. ¿De qué se trata? Pues bien, el Sr. Fabra estaba siendo preguntado sobre la toma de posesión del escaño autonómico de un sujeto, Felipe del Baño, imputado por un posible delito de prevaricación en sustitución de Juan Cotino. Ni corto ni perezoso, el Sr. Fabra ha asegurado que la imputación que recae sobre el ex teniente de alcalde de San Antonio de Benagéber (Valencia) Felipe del Baño es simplemente "administrativa" y que la línea roja establecida por él se refiere a casos por corrupción. Fabra ha hecho notar que "siempre" ha hablado de "imputación por corrupción" y que en este caso "es una imputación administrativa que no tiene nada que ver", ha razonado supuestamente. Hay que añadir que si el Sr. Del Baño no pudiese tomar posesión del escaño por estar imputado, tampoco podría hacerlo el siguiente en la lista pues, al parecer, es el Alcalde de Enguera y también está imputado por dos delitos, uno de ellos prevaricación. ¡Hay que ver cómo está la bancada popular! Habría que hacer un homenaje al comité electoral responsable de la aprobación semejantes listas.

Lo primero que me ha llamado la atención es lo de una imputación administrativa. Por más que he revisado distintos manuales jurídicos no he encontrado semejante concepto. La imputación, concepto propio del Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se acusa formalmente a una persona de la posible comisión de un determinado  delito. La imputación tiene un carácter procesal y más específicamente penal, criminal. Nada de carácter administrativo. Claro que, afinando un poco más, lo de "imputación por corrupción" tampoco parece que se sostenga mucho, porque el delito por “corrupción” no existe como tal en el vigente Código Penal.

Felipe del Baño está imputado, junto al alcalde de San Antonio de Benagéber, por un posible delito de prevaricación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Paterna sobre dos encargos municipales con un coste total aproximado de 100.000 euros. La Plataforma San Antonio de Benagéber denunció ante la Fiscalía que el ex concejal Felipe del Baño realizó una "contratación verbal" de trabajos de jardinería por un importe de 50.000 euros, es decir saltándose todas las normas legales a pesar de su condición de licenciado en derecho, y que se realizó un encargo de unos libros conmemorativos de la población "que no han aparecido, pero por los que se pagaron unos 50.000 euros".

¿Y en qué consiste el delito de prevaricación que el Sr. Fabra cualifica de “administrativa”? Pues se trata de un delito encuadrado entre los delitos contra la Administración Pública junto con otras figuras delictivas como el abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y denegación de auxilio, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación. ¡Quién sabe! A lo mejor la malversación o el tráfico de influencias tampoco son encuadrables en el ámbito de la corrupción en la nueva ética política que parece encarnar el Sr. Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El Artículo 404 del Código Penal define la prevaricación así: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. Y de la posible comisión de este delito, que no infracción administrativa, es por lo que está imputado el nuevo diputado, el Sr. Del Baño que, por cierto, como sabrán los lectores habituales de estas páginas, fue el inquisidor, a instancias de los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, de los militantes del PP de Alicante que pedíamos honradez en la gestión pública y regeneración democrática. Casualidades de la vida. Dios los cría y ellos se juntan.

Es evidente que, de ser sostenibles los nuevos y esperpénticos conceptos jurídicos del Sr. Fabra y del PPCV, habría que revisar casos como el del ex Alcalde de Torrevieja y ex diputado popular Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres años de cárcel por la comisión de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación (¿administrativa Sr. Fabra?).

Lamentable pero cierto. Ésta es la supuesta regeneración que promueve el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este es el estado real del centro derecha oficial de la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que tanta gente decente se abstuviera de votar al PP en las pasadas elecciones europeas. Este PP oficialista apesta a cadáver en franca descomposición.

Santiago de Munck Loyola

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De las tarjetas black a la Convención del PP en Benidorm.

La verdad es que esta semana que se acaba no ha tenido desperdicio informativo políticamente hablando o ha tenido en exceso, según se mire. Día tras día, vamos conociendo el alegre uso que los consejeros de Bankia, antes Caja Madrid, le fueron dando a esas tarjetas negras, black u opacas, que tan famosas se han hecho, hasta echar humo. Nunca ha habido una muestra mayor de consenso entre la clase político-sindical-empresarial española que la demostrada con el manejo de estas tarjetas. Desde el PP hasta IU, pasando por el PSOE, UGT, CCOO y los representantes de los empresarios, nadie, excepto 3 de los 86 consejeros, se ha librado del abuso de las tarjetas. Las diferencias ideológicas o sociales no han impedido que los señores consejeros coincidiesen en sacar dinero de los cajeros, en pagar comilonas, comprar joyas, pagar viajes, lencería, muebles o el dentista con las mágicas tarjetas; parece que tampoco ha impedido que los señores consejeros coincidiesen en no declarar esos gastos como pagos en especie en sus declaraciones del IRPF ni que coincidan ahora en no saber explicar muy bien en concepto de qué se beneficiaban del uso de las tarjetas. Tanto consenso emociona. Ya no hay dos Españas como antes, una roja y otra azul. Ahora hay dos Españas diferentes, una que trinca y otra que es esquilmada.

Pero la España de la picaresca, de los trincones y sinvergüenzas no se agota en el descubrimiento ahora de las fechorías de estos consejeros de Cajamadrid, ni se agota con el descubrimiento de las andanzas del histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias, José Ángel Fernández Villa, al que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros, ni se agota con los demás casos de corrupción abiertos desde hace meses o años. Y no se agota, porque aunque diga el Ministro del interior que no hay una corrupción generalizada y que sólo estamos ante la coincidencia del afloramiento de casos del pasado, lo cierto es que también hemos conocido las andanzas del pequeño “Nicolás”.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias de 20 años, estudiante de Derecho en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, está acusado de los delitos de estafa, usurpación de función pública y falsedad. Según la Policía, cobró 25.000 euros por la venta de un falso informe del CNI. Hemos visto con estupor la colección de fotos de este presunto farsante que ha llegado a codearse hasta con el Rey utilizando los resortes y técnicas que al abrigo del poder funcionan en una sociedad corrompida. ¿Que el pequeño Nicolás se ha hecho pasar por lo que no era? Sí ¿y qué? ¿No tenemos a un Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que durante tres legislaturas se atribuyó la titulación de Licenciado en Medicina sin serlo? Y ahí sigue, nombrado por Rajoy y sin inmutarse. Y es que la España de la picaresca, de los trincones y sinvergüenzas no se acaba con una determinada generación, sino que se reproduce y, al parecer, con retoños precoces.

Y para acabar esta semana en la que políticamente tanto se ha puesto de manifiesto la necesidad de acabar con la picaresca con las prácticas deleznables que están reventando la confianza del ciudadano en el sistema político, nos encontramos con la, cuando menos, peculiar Convención del Partido Popular de Alicante. Con el fin de intentar levantar los decaídos ánimos de sus huestes ante las negras perspectivas electorales y acosados por un desolador panorama judicial, los populares alicantinos se han dado cita en Benidorm este fin de semana en una llamada Convención, es decir, un montaje caro, con muchos figurantes, en el que el guión está escrito y en el que el debate de las bases no existe. ¿El contenido? Dos pinceladas de supuesto programa y un sucedáneo de regeneración y de renovación. En realidad más de lo mismo. Es imposible, por mucha Convención mitinera que se organice (pagada por los contribuyentes), que sin democracia interna, sin debate entre los afiliados y bajo la batuta de los responsables políticos, cuando no protectores, de numerosos casos de corrupción, los Sres. José Ciscar y José Juan Zaplana, pueda construirse un mensaje sincero de regeneración democrática.

Hablan de renovar candidaturas pero sin que los afiliados puedan votar, es decir, más “dedazo”. Tratan de engañar a la ciudadanía con propuestas como la aprobada para que en los ayuntamientos en los que el PP gobierne puedan presentarse al Pleno las iniciativas populares suscritas al menos por el 15% del censo electoral, cuando eso ya está aprobado en la vigente Ley de Bases del Régimen Local. Pero no hablan de los errores cometidos, no piden perdón a la sociedad alicantina por el deterioro constante de la imagen de nuestra provincia y, sobre todo, de su capital, no explican qué hay de cierto en los informes de la UDEF que señalan al propio Sr. Ciscar, por ejemplo, como pagador con dinero negro a la trama Gürtel o cómo financiaron las últimas elecciones municipales. ¿Cómo van a promover la regeneración los responsables directos de la degeneración de la política alicantina? Lo tienen francamente difícil porque tienen tanta credibilidad como el pequeño Nicolás.

Santiago de Munck Loyola

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Todos tranquilos: No hay corrupción generalizada.

¡Menudo peso nos hemos quitado de encima los ciudadanos! El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es decir, el Ministro responsable de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado persigan los delitos, corrupción incluida,  no ve que haya corrupción generalizada, sino muchos casos simultáneos. Según ha declarado ayer el Ministro los casos de corrupción que están apareciendo son "del pasado",  pero que al salir "todos en el mismo momento da la sensación de un estado de corrupción generalizada que no se corresponde con la realidad del país". Y ha remachado estas declaraciones, efectuadas en los Desayunos de TVE, afirmando que se está viendo que "había mucha" corrupción y que "el estado de moralidad pública en el pasado no es el que debería haber existido". O sea, que podemos estar tranquilos porque la corrupción es y era cosa del pasado (seguramente por culpa de Zapatero) y lo único que pasa es que la coincidencia del descubrimiento simultáneo de diferentes casos hace que parezca que hay una corrupción generalizada, pero que no, que no es así: casos aislados, del pasado y ¡Oh coincidencia! que afloran a la vez.

O sea, a ver si se puede entender lo que dice o quiere decir el Ministro encargado de perseguir la corrupción. Casos de corrupción del futuro no pueden ser. Todavía nuestro ministerio del interior no ha llegado a la detección precoz de la corrupción. Casos de corrupción del presente parece que los obvia el Sr. Ministro. Es "el estado de moralidad pública en el pasado” (en estado comatoso al parecer) la causa de que se produjesen tantos casos de corrupción, en el pasado, y que ahora, en el presente, afloren y los conozcamos, causándonos una impresión de corrupción generalizada equivocada.

¡Menudo respiro! A lo que se ve la “moralidad pública” del presente debe ser impecable. ¿Será que los responsables de casos de corrupción del pasado han asumido una nueva moralidad y se están confesando públicamente, están haciendo propósito de enmienda y están realizando penitencia? ¿Será que bajo la “moralidad pública” recuperada están cantando de plano sus pecadillos y devolviendo la pasta trincada? Parece que el Sr. Ministro opina que sí.

El expolio del dinero de la Junta de Andalucía destinado a la formación de los parados con 33 cargos públicos socialistas imputados, la financiación ilegal de los partidos (por ejemplo de las campañas electorales del PPCV), la trama Gürtel, la fortuna de origen dudoso del clan Pujol en Cataluña, el caso Palau, la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña, el caso Brugal en Alicante, las imputaciones a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, los pagos con dinero negro a la trama Gürtel realizados por José Ciscar, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, Miguel Peralta, Alfredo Castelló o Adela Pedrosa por citar sólo algunos de los que aparecen en el informe de la UDEF, el escándalo de las tarjetas negras de Bankia, los sobresueldos del Partido Popular, el caso Cooperación, el caso Palma Arena, el caso Rabasa en Alicante, el caso Emarsa y el largo etcétera que inunda los informativos es cosa del pasado y su conocimiento público, pura coincidencia.

Y por analogía ministerial, alguien debería explicar a la Organización Mundial para la Salud que en algunos países africanos no existe ninguna epidemia de Ébola, sino que se trata de la aparición de muchos casos simultáneos de la enfermedad. Así que todos tranquilos.

Santiago de Munck Loyola

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La filípica de Sonia Castedo.

A pocos, sobre todo en Alicante, ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado. Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella pudiese ser la Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son difíciles de igualar.

Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18 concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado: traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado popular,  la piden muchos antiguos militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en  privado.

Dice la Alcaldesa que la izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano, por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar, de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.

Y es muy posible que las bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas” en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación. Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos los ciudadanos a los que representa.

Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente… no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr. Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio, de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.

Para quienes seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho. Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante. No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Santiago de Munck Loyola

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