La
verdad es que esta semana que se acaba no ha tenido desperdicio informativo
políticamente hablando o ha tenido en exceso, según se mire. Día tras día,
vamos conociendo el alegre uso que los consejeros de Bankia, antes Caja Madrid,
le fueron dando a esas tarjetas negras, black u opacas, que tan famosas se han
hecho, hasta echar humo. Nunca ha habido una muestra mayor de consenso entre la
clase político-sindical-empresarial española que la demostrada con el manejo de
estas tarjetas. Desde el PP hasta IU, pasando por el PSOE, UGT, CCOO y los representantes
de los empresarios, nadie, excepto 3 de los 86 consejeros, se ha librado del
abuso de las tarjetas. Las diferencias ideológicas o sociales no han impedido que
los señores consejeros coincidiesen en sacar dinero de los cajeros, en pagar
comilonas, comprar joyas, pagar viajes, lencería, muebles o el dentista con las
mágicas tarjetas; parece que tampoco ha impedido que los señores consejeros
coincidiesen en no declarar esos gastos como pagos en especie en sus
declaraciones del IRPF ni que coincidan ahora en no saber explicar muy bien en
concepto de qué se beneficiaban del uso de las tarjetas. Tanto consenso
emociona. Ya no hay dos Españas como antes, una roja y otra azul. Ahora hay dos
Españas diferentes, una que trinca y otra que es esquilmada.
Pero
la España de la picaresca, de los trincones y sinvergüenzas no se agota en el
descubrimiento ahora de las fechorías de estos consejeros de Cajamadrid, ni se
agota con el descubrimiento de las andanzas del histórico dirigente del
sindicato minero SOMA-UGT de Asturias, José Ángel Fernández Villa, al que la
Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año por haber ocultado a
la Hacienda Pública 1,4 millones de euros, ni se agota con los demás casos de
corrupción abiertos desde hace meses o años. Y no se agota, porque aunque diga
el Ministro del interior que no hay una corrupción generalizada y que sólo
estamos ante la coincidencia del afloramiento de casos del pasado, lo cierto es
que también hemos conocido las andanzas del pequeño “Nicolás”.
Francisco
Nicolás Gómez Iglesias de 20 años, estudiante de Derecho en el Centro
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, está acusado de los
delitos de estafa, usurpación de función pública y falsedad. Según la Policía,
cobró 25.000 euros por la venta de un falso informe del CNI. Hemos visto con
estupor la colección de fotos de este presunto farsante que ha llegado a
codearse hasta con el Rey utilizando los resortes y técnicas que al abrigo del
poder funcionan en una sociedad corrompida. ¿Que el pequeño Nicolás se ha hecho
pasar por lo que no era? Sí ¿y qué? ¿No tenemos a un Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos, que durante tres legislaturas se atribuyó la
titulación de Licenciado en Medicina sin serlo? Y ahí sigue, nombrado por Rajoy
y sin inmutarse. Y es que la España de la picaresca, de los trincones y
sinvergüenzas no se acaba con una determinada generación, sino que se reproduce
y, al parecer, con retoños precoces.
Y
para acabar esta semana en la que políticamente tanto se ha puesto de
manifiesto la necesidad de acabar con la picaresca con las prácticas deleznables que están
reventando la confianza del ciudadano en el sistema político, nos encontramos
con la, cuando menos, peculiar Convención del Partido Popular de Alicante. Con
el fin de intentar levantar los decaídos ánimos de sus huestes ante las negras
perspectivas electorales y acosados por un desolador panorama judicial, los
populares alicantinos se han dado cita en Benidorm este fin de semana en una
llamada Convención, es decir, un montaje caro, con muchos figurantes, en el que
el guión está escrito y en el que el debate de las bases no existe. ¿El
contenido? Dos pinceladas de supuesto programa y un sucedáneo de regeneración y
de renovación. En realidad más de lo mismo. Es imposible, por mucha Convención
mitinera que se organice (pagada por los contribuyentes), que sin democracia
interna, sin debate entre los afiliados y bajo la batuta de los responsables
políticos, cuando no protectores, de numerosos casos de corrupción, los Sres.
José Ciscar y José Juan Zaplana, pueda construirse un mensaje sincero de
regeneración democrática.
Hablan
de renovar candidaturas pero sin que los afiliados puedan votar, es decir, más “dedazo”.
Tratan de engañar a la ciudadanía con propuestas como la aprobada para que en
los ayuntamientos en los que el PP gobierne puedan presentarse al Pleno las
iniciativas populares suscritas al menos por el 15% del censo electoral, cuando
eso ya está aprobado en la vigente Ley de Bases del Régimen Local. Pero no
hablan de los errores cometidos, no piden perdón a la sociedad alicantina por
el deterioro constante de la imagen de nuestra provincia y, sobre todo, de su
capital, no explican qué hay de cierto en los informes de la UDEF que señalan
al propio Sr. Ciscar, por ejemplo, como pagador con dinero negro a la trama
Gürtel o cómo financiaron las últimas elecciones municipales. ¿Cómo van a
promover la regeneración los responsables directos de la degeneración de la
política alicantina? Lo tienen francamente difícil porque tienen tanta
credibilidad como el pequeño Nicolás.
Santiago
de Munck Loyola
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