Si hay una ciudad y una provincia
en las que se pueden ejemplificar el sistemático incumplimiento de un programa
electoral, la traición a unos determinados principios políticos y la
institucionalización de las prácticas corruptas son la ciudad y la Provincia de
Alicante. Y si hay un partido al que se le puede imputar la autoría de ese
rechazable proceder es al Partido Popular de Alicante. Viene esta reflexión al
hilo de tres coincidencias producidas en la última semana: la recepción postal
en nuestras casas del aviso de cobro de los tributos y tasas municipales
enviado, por primera vez, por SUMA (por cierto, algo que nos va a costar más
caro que antes), la publicación de informaciones hasta ahora no desmentidas en
las que se afirma textualmente que “el PP de Alicante dio orden de no rebajar
más las basuras de Ortiz” y el anuncio de nuevos incrementos fiscales para los
alicantinos que serán aprobados por el Partido Popular el próximo lunes día 12
de mayo de 2014.
Para ser Partido Popular la fuerza
política abanderada de la disminución fiscal, de la austeridad, de la
eficiencia y del ahorro no está mal. Si esa es la buena dirección mejor cambiar
de conductor o mejor cambiarse de autobús. En los próximos días, los
contribuyentes tendremos que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles que no ha
experimentado disminución alguna tras ser incrementado un 10 % en 2012 y 2013.
Pagaremos también la tasa de la basura que va a ser subida otro 3% el próximo
lunes con lo que acumulará un incremento del 9 %. Nuestro querido Ayuntamiento
no solo no nos descuenta los días que como consecuencia de la huelga no nos
prestó el servicio por el que pagamos, sino que, además, nos lo sube a partir
del lunes otro 3 % junto a otros tributos, tasas y precios públicos. Así a partir
del lunes se incrementarán también la tasa por la prestación de servicios de
los bomberos municipales, las tasas de la grúa municipal, de
Mercados, de Cementerio, la tasa por la obtención de licencias urbanísticas y
de ocupación, por el uso de instalaciones deportivas, del ascensor del
Castillo de Santa Bárbara, las Escuelas Deportivas Municipales y Escuelas
Infantiles Municipales. En conjunto, el PP de Alicante va a incrementar en tan
sólo 2 años entre un 6 y un 10 % los diferentes tributos, tasa y precios
públicos municipales lo que es un ataque directo al poder adquisitivo de los
alicantinos. Y, si a ello sumamos, el incremento de la presión fiscal del
Gobierno de la Nación es un hecho incontestable que la política del PP, en
contra de su programa y sus principios, lesiona y perjudica al bolsillo de los
alicantinos y supone un freno al consumo y a la recuperación económica. Si
exceptuamos a ciertos políticos ¿alguien ha tenido un incremento salarial o en
su pensión entre el 6 y el 10 % en los dos últimos años? Pues eso.
Pero con ser desolador este
panorama para los bolsillos de los alicantinos gracias a la desastrosa gestión
de Sonia Castedo, Andrés Llorens, Juan Seva y demás miembros del Gobierno
municipal, eso sí, con el apoyo y complicidad de la dirección provincial
popular capitaneada por ese irrepetible dúo, José Ciscar y José Juan Zaplana,
lo es aún más cuando se tiene presente la incalificable gestión de las
contratas municipales que obliga a aumentar la presión fiscal para hacer frente
a unos compromisos contractuales incomprensibles desde su gestación, pasando
por su tramitación hasta su propio contenido. Según ha revelado un Diario a
raíz del seguimiento de las declaraciones judiciales que se están produciendo
estos días en torno a la adjudicación del servicio de basuras a una empresa
participada por el empresario Enrique Ortiz, amigo de la Alcaldesa e imputado
en el caso Brugal, “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras
de Ortiz”, es decir, que el PP de Alicante ordenó que esta contrata no pudiera
ser adjudicada más barata para así beneficiar al adjudicatario en claro
perjuicio de los contribuyentes, como estamos viendo ahora con los recibos y
las subidas fiscales. Y no queda más remedio que preguntarse ¿por qué? o ¿a
cambio de qué? La recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos es
un impresionante negocio en el que se mueven toda clase de intereses económicos
pero en el que desgraciadamente vemos y comprobamos que lo que está ausente es
el interés por un tratamiento sostenible y por la eficiencia y el ahorro de los
recursos. Durante los últimos diez años, los ciudadanos de Alicante no hemos
percibido ninguna mejora del servicio encaminada a implantar una política
medioambientalmente sostenible, sólo hemos percibido escándalos, corrupción y
pagar más por la tasa correspondiente. Y esta falta de ambición medioambiental
es perfectamente imputable también a la Diputación Provincial aunque no es
ahora el momento para extenderse en ello.
Y metidos en plena campaña
electoral parece toda una burla que quienes encerrados en sus torres de marfil
abandonen ahora sus cómodas moquetas para dignarse a acercarse a los ciudadanos
a pedirnos el voto. No sólo no han sido capaces de cumplir con sus promesas
electorales, no sólo no han sido capaces ni tan siquiera de cumplir con los
principios éticos y morales que se suponen animan sus siglas que, encima,
vienen a contarnos lo bien que lo están haciendo y lo mejor que lo van a hacer
en Europa. Nos vienen con el cuento del miedo ¡que viene el tripartito! o con
la estupidez del voto útil ¡no tirar el voto con partidos minoritarios! Dicen
que vamos en la buena dirección. Pues, por parte de un servidor, esta vez que
vayan solos porque por más que uno se repasa programas e idearios, lo de esquilmar
el bolsillo de los alicantinos, lo de favorecer a los “amigotes” y lo de ser
complacientes con la corrupción no aparece por sitio alguno.
Santiago de Munck Loyola
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