La Ley de Transparencia: un antídoto errado contra la corrupción.

Hace pocos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Proyecto de Ley, la llamada Ley de Transparencia. Se trata, según el Gobierno, de uno de sus proyectos clave para regenerar la clase política y tratar, con ello, de limpiar la mala imagen de la misma a la hora de gestionar las entidades públicas percibidas por los ciudadanos como instrumentos de despilfarro el dinero de los contribuyentes. Este anteproyecto  obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Establecerá como delito el despilfarro de dinero público y regulará los sueldos de Alcaldes y concejales.

El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que  la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es "muy positiva y necesaria" porque será el "mejor antídoto" contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Y esta idea de que la nueva norma va a servir fundamentalmente para combatir la corrupción se ha extendido entre los comentaristas políticos y entre los medios de comunicación en general.

A falta de conocer con detalle el nuevo texto legislativo, lo cierto es que de los avances sobre el contenido del mismo no se puede deducir que vaya a ser una norma eficaz para desterrar la corrupción de la vida política, ni mucho menos. Una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos es necesaria, eso es indudable. La nueva norma podrá servir para lograr esa finalidad si se articula de forma adecuada pero de ahí a afirmar que se va a convertir en un antídoto contra la corrupción hay un verdadero abismo. Es cierto que la falta de transparencia, la opacidad en la toma de decisiones, es consustancial a la existencia de corruptelas o casos mayores de corrupción. Cuando se delinque no se hace a la luz del día, con luz y taquígrafos, pero la falta de transparencia es un carácter accidental en los procesos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Si se analizan los mayores casos de corrupción se puede apreciar perfectamente en qué ámbitos suelen producirse y encontrar, además, la causa por la que en un estado de derecho pueden producirse. Los principales casos de corrupción suelen estar encuadrados en tres esferas concretas de la actividad gestora de las administraciones: en el del urbanismo, en el de la contratación y en el de las transferencias o subvenciones de recursos públicos. Todos los casos de corrupción sin excepción se producen porque nuestras normas contienen posibilidades de toma de decisiones basadas en la discrecionalidad, en la adopción de decisiones dependientes de la voluntad de político sin necesidad de sujetarse a determinados criterios objetivos.

La Ley estatal y, por supuesto, las leyes autonómicas que regulan y ordenan el suelo contienen numerosas disposiciones que permiten a sus ejecutores adoptar decisiones con un amplio margen de discrecionalidad y que se traducen en la inmediata generación de enormes plusvalías. Recalificaciones y reclasificaciones de suelo no dependen de un elenco tasado y limitado de condiciones, sino de una serie de requisitos, más o menos objetivos, que finalmente sólo saldrán adelante por la voluntad del político de turno.

La contratación de obras, bienes o servicios por parte de las administraciones públicas es otro de los ámbitos en los que los casos de corrupción afloran. Si bien la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público supuso una mejora en la transparencia de dichos procedimientos, lo cierto es que creó un sistema y unos procedimientos mucho más complejos que los anteriores y dejó abiertas numerosas puertas al ejercicio de la discrecionalidad en la contratación pública.

Y un tercer ámbito en el que los casos de corrupción han venido aflorando últimamente es el de las subvenciones, el de las transferencias de recursos públicos al ámbito privado. En este campo, las subvenciones son otorgadas muchas veces en función de criterios absolutamente subjetivos y es evidente que, además, los mecanismos de autocontrol y fiscalización de las administraciones públicas no han funcionado correctamente.

Por tanto, otras virtudes podrán predicarse respecto a la nueva ley, pero no su capacidad para prevenir la corrupción. Acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas y establecer modelos tasados y concretos para las mismas, reforzando además los mecanismos de fiscalización, es la única alternativa. Y en esa dirección, el Gobierno debería proponer reformas en las leyes sobre el territorio, en las Leyes sobre contratación y en las normas reguladoras sobre transferencias públicas. ¿Más transparencia? Sí, por supuesto. ¿Menos arbitrariedad en las decisiones de los gobernantes? Mejor. ¿Más fiscalización? Desde luego.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Camps?

Al leer las declaraciones que Francisco Camps ha hecho estos días me ha invadido una mezcla de sentimientos: bochorno, vergüenza ajena y pena. Supongo que habrá quien diga que se han tergiversado, pero, en todo caso, en las mismas se encuentran párrafos que no tienen desperdicio. En cierto modo, estas declaraciones guardan mucha similitud con las que nos solían obsequiar algunas folclóricas: “mi público me adora”, “España me quiere” y simplezas similares. Desde un punto de vista humano puede resultar perfectamente comprensible que alguien que se ha visto sometido durante meses a toda clase de descalificaciones, injurias o vejaciones y a la tensión inherente que la incertidumbre sobre el sentido de un veredicto judicial ocasiona, no haya recuperado aún el necesario equilibrio para saber dimensionar y enfocar la realidad en sus justos términos. Pero alguien de su entorno debería haberle aconsejado o disuadido de la conveniencia y oportunidad de dicha entrevista y, más concretamente, de los contenidos de la misma.

Más que anunciar su intención de volver al ruedo político, Francisco Camps ha certificado con sus declaraciones la inconveniencia de que, hoy por hoy, ese deseo o posibilidad pueda hacerse realidad. De sus palabras parece desprenderse que posee una percepción de la realidad muy distinta a la que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Su gestión al frente de la Generalitat ha sido manifiestamente mejorable y ahí están los datos económicos y financieros para acreditar esta afirmación. Se mire por donde se mire existen muchos puntos débiles, junto a indudables aciertos, que empañan la gestión y trayectoria de Francisco Camps. Si, en algún momento, la Comunidad Valenciana llegó a convertirse en el “motor de España”, como asegura, lo cierto es que ese motor está hoy gripado.

Puede que no haya ahora atascos en la ciudad de Valencia, no lo sé, pero sí que los hay en el funcionamiento de las diferentes consellerías y son atascos heredados de su Presidencia. Es lamentable y triste la referencia a su etapa de concejal de tráfico en Valencia, si se esgrime como aval para acreditar su solvencia y talla política.

Y qué decir de su gestión al frente del PPCV. Durante años el PPCV ha sido el escenario de una guerra fraticida que ha tenido su lamentable reflejo incluso en el funcionamiento de las instituciones públicas, faltando con ello al respeto que los ciudadanos nos merecemos. Los afiliados populares han asistido atónitos y avergonzados a toda clase de escaramuzas políticas sin más razón de fondo que las afinidades personales. Siempre que han podido y con el beneplácito e impulso, en ocasiones, del Presidente Regional la voluntad de los militantes populares ha sido ignorada a la hora de que pudieran elegir a sus legítimos representantes: o se exhibía la ridícula etiqueta de “campista” o se entraba en la lista negra. Alcaldes presionados para posicionarse al lado del jefe de Valencia, Alcaldes y concejales laminados de las listas, etc. Un lamentable espectáculo que sólo tiene un responsable: Francisco Camps.

El PP de la Comunidad Valenciana, el de Alicante y el de cada uno de los municipios necesita realizar una profunda autocrítica y extraer de ella las lecciones necesarias para no volver a incurrir en los mismos errores. Y, sinceramente, parece que el futuro del PP no pasa, hoy por hoy, por la vuelta de Francisco Camps. En política es muy difícil que el tren pase dos veces por el mismo sitio. El PP necesita y merece un futuro distinto, renovado y surgido de la voluntad real de sus afiliados. Debate interno, autocrítica y liderazgos nacidos de la base, ganados a pulso, no tutelados, ni heredados pueden contribuir a ofrecer a los ciudadanos un Partido sólido y creíble.

Santiago de Munck Loyola

La “procesión laica”.

La autodenominada “Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores” ha convocado una manifestación o “procesión laica” (tiene guasa) el próximo Jueves Santo para, según su Presidente D. Luis Vega, protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones”. La Delegación del Gobierno de Madrid, vistos los antecedentes judiciales y los incidentes del año pasado, ha decidido no autorizar la celebración de esta manifestación, decisión que no ha sido aceptada por los convocantes quienes a través de su portavoz han anunciado no sólo que van a recurrir sino que, además, no la van a acatar. Hay que recordar que en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la prohibición gubernativa y desestimó los argumentos de los convocantes que finalmente pudieron realizar su protesta un mes después y no en Semana Santa. Por su parte, El Sr. Vega ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque según dice las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".

Si no fuese porque un servidor conoce personalmente a D. Luis Vega podría creer que se trata de una inocente manifestación que casualmente coincide con las manifestaciones religiosas más significativas y más enraizadas en la conciencia de los católicos y que, por tanto, no hay intención alguna de ofender los sentimientos religiosos de nadie. Podrá engañar a quien no le conozca el Sr. Vega con su aparente tono bondadoso y conciliador pero no a quienes conocen su trayectoria política, profesional y su talante sectario, excluyente y agresivo. Hay quienes le hemos visto acudir a un Pleno municipal a insultar, a amedrentar y a tratar de coaccionar a los legítimos representantes de los ciudadanos que no compartían su totalitaria ideología. Hay quienes conocemos cómo su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación se ha desarrollado a la sombra y bajo la tutela de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid y cómo bajo el mismo paraguas hizo sus incursiones en el mundo del ladrillo. Que sea el Portavoz o Presidente de una Asociación de “Librepensadores” constituye un auténtico sarcasmo porque el Sr. Vega no admite ni tolera más pensamiento libre que el que cabe en el más rancio estalinismo.

Convocar una manifestación o una “procesión laica” el mismo jueves Santo, conociendo al personaje convocante, sólo puede ser interpretado como una provocación, no a la Iglesia Católica, sino a la conciencia de los Católicos, a la propia libertad religiosa. Los convocantes buscan notoriedad con la provocación, no hay duda de ello porque, si no fuera así, sus legítimas protestas podrían desarrollarse cualquier otro día. Pero no, la finalidad es evidente y se compadece perfectamente con una ideología totalitaria, excluyente, de corte estalinista en la que no caben los derechos humanos más elementales, como son los que afectan a la conciencia y a las creencias religiosas.

Si se tratase de la convocatoria de una manifestación para protestar, por ejemplo, de las facilidades que un Ayuntamiento hubiese otorgado para la construcción de una mezquita no faltarían voces y medios de comunicación que pondrían el grito en el cielo ante semejante ataque a la libertad religiosa y, con toda seguridad, el Sr. Vega y sus Librepensadores estarían en primera fila. Sin embargo, parece que contra los católicos vale todo, incluso, más de uno encontrará gracioso que se ridiculicen los símbolos más sagrados para millones de personas.

Es indudable que todo el mundo tiene derecho a manifestarse sobre lo que le parezca bien pero también el derecho de manifestación tiene sus límites y éstos están en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sean los religiosos, los políticos, los sindicales, los de conciencia o los relativos a su orientación sexual.

Menos mal que el ejercicio de nuestros derechos humanos reconocidos y amparados por nuestra Constitución no depende de personas como el Sr. De la Vega y sus conmilitones. Y que sea sí por mucho tiempo.

Santiago de Munck Loyola.

La corrupción no tiene ADN.

Hoy, Jaume Matas, ex Presidente del Gobierno balear y ex Ministro de Medio Ambiente, ha sido condenado a seis años de prisión por la comisión de diversos delitos tales como fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Y junto a este miembro de la clase política ha sido condenado otro de la clase periodística, Antonio Alemany, a tres años y nueve meses de prisión. Benefactor y beneficiado han sido encontrados culpables por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. No se trata se sentencias firmes y habrá que esperar, en todo caso, a la resolución de los recursos que ambos condenados van a interponer pero son condenas sin paliativos que ponen una vez más sobre la mesa el problema de la corrupción, el uso de los recursos públicos en beneficio particular.

Los casos de corrupción siempre han sido y son usados por los partidos políticos como un arma arrojadiza y también, como no, por algunos miembros de la clase periodística más atentos al servicio de su causa ideológica que al servicio de la verdad. Cada vez que un caso de corrupción toma protagonismo no faltan a su cita los linchadores mediáticos, los voceros políticos y los acríticos militantes de los partidos dispuestos a repetir hasta la saciedad las consignas recibidas en los argumentarios de rigor que se pueden resumir en el simplista “y tú más”. Los ciudadanos nos merecemos algo más que estúpidas explicaciones y argumentos estériles a la hora de abordar los problemas de la corrupción. La corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos sin excepción. A más cuota de poder, más casos de corrupción porque las mismas leyes que facilitan el uso de la arbitrariedad, que es la razón de fondo en todos los casos de corrupción, se aplican se gobierne en 10, 500 o 1000 Ayuntamientos, en 1, 5 o 10 Comunidades Autónomas. Mientras nuestro sistema legal no acabe con la discrecionalidad en las decisiones políticas y, por tanto, con la arbitrariedad, seguirán produciéndose casos de corrupción.

La corrupción no tiene un color político determinado aunque algunos medios se empeñen en magnificar unos casos y en silenciar otros en función de la ideología a la que sirven. Es una simpleza de primer orden y una muestra evidente de maniqueísmo adjudicar a la corrupción un determinado ADN o un color político concreto. Jaume Matas es el cuarto Presidente Autonómico condenado. Antes que él lo fueron Gabriel Urralburu del PSOE, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, sentenciado en 1998 por la Audiencia de Navarra a once años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y multa de 4.700.000 € por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral; el Tribunal Supremo le redujo la condena a cuatro años de prisión, por un delito continuado de cohecho. Después fue condenado el Presidente de Aragón entre 1993 y 1995, José Marco del PSOE, por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón y a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación. El tercer Presidente autonómico fue Juan Hormaechea, Presidente de Cantabria, primero como independiente elegido en la lista de AP y después como cabeza de lista de UPCA, condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Por mucho que algunos se empeñen la corrupción no está vinculada a una ideología concreta y sostener esa afirmación es una ofensa gratuita a millones de españoles, sea cual sea su color político.

La simpleza con que algunos medios abordan la corrupción convirtiéndose en simples palmeros de los partidos políticos hace que muchos ciudadanos resten credibilidad e importancia a las necesarias denuncias que la prensa, libre e independiente, debería realizar. Cuando las denuncias periodísticas terminan siendo asociadas a posicionamientos partidistas concretos por ese maniqueísmo antes evidenciado, los ciudadanos acaban por poner en el mismo lote a los partidos políticos y a los medios de comunicación, quienes con un posicionamiento sectario acaban por debilitar lo que debería ser una condena general y sin paliativos de cualquier indicio de corrupción.

Santiago de Munck Loyola

Comisiones de investigación y doble personalidad.

Entre los variados defectos o achaques que afectan a la mayoría de la clase política merece ser destacado, sin lugar a dudas, el desdoblamiento de personalidad o, simplemente, la doble personalidad. Esta afección, tremendamente generalizada, se manifiesta muy especial: de una parte, se hace visible con el paso del tiempo, es decir, que tiene una dimensión temporal y, de otra, se hace muy patente en función del ámbito territorial. Y ambas dimensiones, la temporal y la territorial, se activan según el afectado se encuentre en el Gobierno o en la Oposición. Me explico: gran parte de la clase política mantiene un determinado comportamiento político y el contrario según se encuentre gobernando o no y eso se aprecia de forma muy evidente con el paso del tiempo y simultáneamente según el lugar de España donde se encuentre. La doble personalidad no afecta exclusivamente a políticos de un color concreto. Es una afección que algunos llamarían transversal: afecta a políticos de cualquier ideología o partido.

Este doble comportamiento de buena parte de la clase política se pone de manifiesto a la hora de abordar muchas cuestiones, pero se evidencia con mucha claridad cuando toca pronunciarse sobre las llamadas “comisiones de investigación”. Las “comisiones de investigación” se han convertido en un arma arrojadiza y se solicitan y se abren normalmente con el fin de investigar supuestos hechos, más o menos repudiables, que se suponen ya están siendo investigados por quien debe hacerlo, el poder judicial. Eso sí, se argumenta que las citadas comisiones sirven para dilucidar supuestas responsabilidades políticas derivadas casi siempre de las presuntas prácticas delictivas de chorizos metidos a políticos o de políticos con aficiones charcuteras. Ante todo, una Comisión de Investigación sirve para hacer mucho ruido, algo que es bueno, y para desgastar al adversario político condenándolo políticamente aunque no existe pronunciamiento judicial alguno. Pero para lo que se dice investigar, investigar de verdad y llegar al conocimiento del fondo de los asuntos sirven más bien poco.

Es curioso, además, como se repiten los argumentos en torno a las comisiones de investigación. Los políticos utilizan siempre los mismos argumentos desde militancias opuestas. Hace un año, en febrero de 2011, el Presidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Griñán, rechazó por tercera vez en 10 meses la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso de los ERES falsos, ese asuntillo que según el juzgado podría tratarse del saqueo de casi 1.400 millones de euros. Según Griñán el rechazo a que e investigase el asuntillo en sede parlamentaria se debía a que “los populares pretendían convertir el Parlamento en un Circo”. Hace tan sólo unas horas, el diputado del PP Rafael Maluenda ha justificado el voto en contra de la iniciativa del grupo parlamentario socialista de crear una Comisión de Investigación sobre el caso EMARSA, otro asuntillo en el que parece que más de 40 millones de euros han ido a parar a bolsillos equivocados, para evitar que la cámara autonómica se convierta "en un circo". Se desconoce si las reiteradas referencias a los circos se hacen por asociación inconsciente a las actuaciones circenses de payasos o de fieras. Al menos, en este caso, ha prosperado la iniciativa popular de crear una Comisión de Investigación, aunque nadie ha explicado por qué cuando la propone el Grupo Popular las Corts no se convierten en un circo y cuando la proponen los socialistas sí.

Cuando un partido está en la oposición enseguida pide comisiones de investigación. Cuando ese partido llega al gobierno las rechaza. Cuando un partido gobierna en una región rechaza la creación de comisiones de investigación, las mismas que sus propios compañeros suelen pedir en la región vecina si están en la oposición. En la oposición los partidos enarbolan siempre sus banderas de transparencia y “luz y taquígrafos” para sustituirlas por las de la “seriedad y responsabilidad parlamentaria” o por las del “respeto a las investigaciones judiciales”. Y siempre con el lema “¿Circos? No, gracias”.

Al margen de lo que cada cual piense sobre la utilidad de las citadas comisiones, sería imprescindible pedir a la clase política un poco de rigor, de coherencia y, sobre todo, de respeto a los ciudadanos. De ello depende en gran medida la consideración y respeto hacia la clase política y, por derivación, de las propias instituciones democráticas.

Santiago de Munck Loyola

11 M: un aniversario doblemente triste.

El octavo aniversario de la masacre del 11 M ha sido una conmemoración doblemente triste. A la tristeza por el recuerdo y la añoranza de los fallecidos y por la angustia y el dolor de los heridos, se ha unido la tristeza por el espectáculo de una clase política y sindical incapaz de aparcar sus diferencias tan sólo un día al año para honrar y recordar a las víctimas con la unidad, el respeto y la dignidad que, con toda seguridad, se merecían.

Las víctimas de aquel terrible acto terrorista, al igual que todas las demás víctimas del terrorismo, se merecían y se merecerán siempre que toda la sociedad española, personificada en sus representantes políticos, sindicales y sociales, les dedicasen y les dediquen en el futuro un gesto, un día de recuerdo, en exclusiva. Un día sin pancartas, silbatos y panderetas. Un día sin manifiestos, proclamas y discursos ajenos al dolor, al recuerdo y al homenaje de los ausentes y de los supervivientes. Un día sin más convocatoria que la del tributo al sacrificio de los inocentes y de repulsa a los violentos, a sus cómplices y beneficiarios. Pero, lamentablemente, no ha sido así para vergüenza de quienes no han querido que así sea, ni de quienes les apoyan y para vergüenza de toda una sociedad que lo consiente.

Hay 365 días al año para discrepar, para discutir, para reivindicar, para protestar o para captar el protagonismo de los medios de comunicación. Hay 365 días al año para todo eso y para mucho más. Pero sólo hay un día al año, el 11 M, para rendir el homenaje exclusivo que se merecen las víctimas del terrorismo. Esas víctimas que un 11 de marzo de 2004 fueron protagonistas sin quererlo, sin buscarlo y sin merecerlo, al igual que todas las demás víctimas del terrorismo. ¿Tan difícil era dejar a un lado cualquier cosa que no fuera el recuerdo a las víctimas? ¿Tan difícil era que toda la clase política, la sindical y la social compareciesen juntos para recordar, honrar y llorar a las víctimas del terrorismo? ¿Es posible que quienes deben liderar y dar ejemplo al conjunto de la sociedad sean tan miserables, tan mezquinos, tan ruines y tan insensibles? Pues parece que sí. Parece que quienes, desde los distintos ámbitos, lideran nuestra sociedad son todo eso y capaces de mayores bajezas si cabe.

Qué pena, qué tristeza y qué asco. Ni las víctimas, ni el resto de los españoles nos merecemos unos dirigentes así.

Santiago de Munck Loyola

Yo no haré huelga.

Sólo quedaba que anunciaran el día de la Huelga General y hoy, los sindicatos mayoritarios, lo han hecho: será el próximo viernes 29 de marzo. ¡Qué mejor que empezar las vacaciones de Semana Santa con una huelga general, sobre todo, para los escolares! Nada nuevo bajo el sol, salvo la fecha. Estaba cantado que al Gobierno del PP le montasen una huelga general los sindicatos con ésta o con cualquier otra reforma laboral. No hay que olvidar que los sindicatos españoles no tienen buen perder y que “los suyos” perdieron las elecciones generales el pasado 20 de noviembre, por tanto, todos a la calle y a presionar al gobierno.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de ser el responsable de la huelga “por sus formas y por su imprudencia” al abordar una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos. Todos hemos visto cómo los sindicatos y patronos se han estado reuniendo durante meses sin alcanzar un acuerdo que poner encima de la mesa del Gobierno a pesar de la gravísima situación económica del país. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado hoy que la convocatoria de la huelga es una respuesta a “la reforma laboral más regresiva de la historia de la democracia en España”. Uno pensaba que la mayor regresión posible en materia laboral es quedarse sin trabajo, en la p. calle, con muchos derechos laborales y sindicales bajo el brazo, pero sin un puñetero euro en el bolsillo con el que pagar la hipoteca, pero no, parece que desde la óptica sindical no es así y que, por éso, ante cinco millones de parados, sin perspectiva en el horizonte próximo de encontrar un trabajo, es más que razonable que los sindicatos españoles ni siquiera se planteasen montar una huelga general al anterior gobierno que con tanta dedicación les venía inyectando suculentas subvenciones.

Un servidor no va a hacer huelga el próximo 29 de marzo por muchas razones. En primer lugar porque no creo en unos sindicatos vinculados ideológicamente a ciertos partidos que son los que acaban de perder las elecciones generales y entre los que está el partido responsable en gran parte del desastre socio económico de España. Es tal la afinidad entre esos sindicatos y esos partidos que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se confunde con la defensa de postulados partidistas. En segundo lugar, porque no me siento representado por unos sindicatos que, en el terreno más cercano, en mi ámbito profesional, no lo hacen bien. Algunos de mis representantes sindicales tienen una actuación vergonzosa. No todos, es verdad, pero sí una pequeña parte de ellos cuya forma de proceder no se cuestiona. Hay algunos representantes sindicales, mis representantes, que se toman invariablemente las 15 horas mensuales preferentemente los lunes o viernes, que para actividades sindicales les pertenecen por ley, y que se niegan sistemáticamente a decirnos a los trabajadores, a aquellos a quienes se suponen nos representan, dónde están, o a qué dedican esas horas. Porque una cosa es cierta, ni asisten a las mesas de negociación convocadas los días que ellos disponen de las horas sindicales, dejándonos sin representación, ni es posible encontrarlos para demandarles su ayuda sindical. Todo ello con la bendición de sus superiores de la UGT comarcal de la Comarca del Vinalopó. Así que, si no puedo confiar en mis representantes sindicales directos ¿cómo lo voy a hacer con la cúpula del rolex?

Y, en tercer lugar, no voy a hacer huelga el día 29 porque España no está para “bromas”. Un seguimiento de la huelga general de un 70 % de media supondría un coste de unos 2.200 millones de euros según los estudios publicados. Puede que a los sindicatos convocantes no les parezca significativa esa cantidad o que simplemente no les importe, pero a mí sí me importa. Con la situación que vivimos es un auténtico despilfarro que nuestra sociedad no se puede permitir.

Por todo ello, el día 9 de marzo iré a trabajar y, por cierto, sin necesidad de que ningún piquete “informativo” vaya a coaccionarme, perdón, a informarme de las razones por las que hay que hacer huelga. Las conozco, no las comparto y en uso de mi libertad actúo en consecuencia.

Santiago de Munck Loyola

Ayuntamiento de Alicante, así no.

En muchas ocasiones, la publicación de determinadas noticias, no desmentidas por los interesados, relativas al uso que se hace de las instituciones públicas por parte de algunos responsables políticos causa estupor, indignación y vergüenza, sobre todo, a quienes con su voto los han colocado allí. Parece que algunos gobernantes, una vez aupados en los puestos de responsabilidad, pasan olímpicamente de sus compromisos públicos, de los programas electorales, de los militantes de los partidos sin cuyo esfuerzo ellos no habrían llegado jamás a la “poltrona” e incluso de la opinión pública. Usan los recursos de las administraciones bajo su responsabilidad como si se tratara de recursos privados, como si, en lugar de estar gestionando y gobernando un ente público, estuviesen regentando un negocio privado, su propia empresa.

En los últimos tiempos los medios de comunicación se han venido haciendo eco del elevado número de personal de confianza, ayudantes o asesores, que en muchas administraciones se está creando. Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en un auténtico nicho para toda clase de personas de confianza de los políticos. Normalmente, la existencia de estos puestos estaba pensada para la contratación, por razón de sus especiales conocimientos, de determinados profesionales que, sin pertenecer al cuerpo de funcionarios, pasaban a prestar sus servicios en una administración pública para asesorar en determinadas materias a un cargo electo o a desempeñar funciones de la máxima confianza. Sólo determinados cargos de especial relevancia podían nombrar algunos especialistas como ayuda en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, esta posibilidad se ha ido generalizando y extendiendo hasta llegar a la actual situación en la que nos podemos encontrar hasta alcaldes de pequeños pueblos con asesores a su cargo. Ahora, ya no se trata de que se haya generalizado esta práctica, sino que se está abusando de ella como un medio para “colocar” a compañeros de partido, a amigos y a familiares. Es decir, que la realidad presente es el abuso de los medios públicos, del dinero de los contribuyentes para colocar en las administraciones a personas que ni siquiera reúnen la titulación necesaria que deberían poseer para percibir las retribuciones que perciben si se tratase de funcionarios. El anterior Presidente del Gobierno contaba con cerca de 600 asesores o personal de confianza que cobraban el equivalente a una titulación del Grupo A1 y algunos de ellos no habían terminado el bachillerato.

Sin ir muy lejos, el Ayuntamiento de Alicante es un claro ejemplo del abuso sobre los recursos públicos. Ya en este diario se publicaron datos asombrosos que evidencian una mala práctica en los nombramientos del personal de confianza. Es muy llamativo que la Alcaldesa nombre como asesora, como personal de confianza, a la “niñera” familiar, D.ª Julia Castelló (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/12/alcaldesa-enrique-ortiz-olvidate-julia-he-contratado/1210737.html ). Para cualquiera es evidente que el Ayuntamiento y los puestos de este tipo no están para resolver las dificultades laborales de las amistades, lo haga quien lo haga.

Hoy, sin ir más lejos, otro diario se hace eco de ciertas prácticas que, de ser ciertas, suponen un verdadero varapalo para quienes propugnamos un modo diferente de hacer política desde el Partido Popular (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/alicante/1330541432.html). Es inadmisible que el Ayuntamiento sea utilizado como una agencia de colocación para amigos y familiares. No es que resulte ya poco estético, sino que tampoco es ético. 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, es escandaloso. Y que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, cuente con 37 asesores y administrativos (personal de confianza) es sencillamente incomprensible y no sólo por los tiempos de escasez y crisis que vivimos, sino por lo que supone sobre la capacidad de los ediles electos y sobre el nivel de confianza que parece merecerles el funcionariado de la casa. ¿No hay personal administrativo funcionarial suficiente para atender el trabajo de los concejales que hay que traerlo de fuera? ¿Es tal la preparación de los ediles que necesitan tanto asesoramiento? Evidentemente la explicación hay que buscarla en la falta de sensibilidad social y en la extendida creencia de que la administración es un cortijo del que gobierna. No es posible predicar la necesidad de austeridad en la gestión, no es posible pedir sacrificios a los vecinos porque estamos en crisis y al mismo tiempo colocar a familiares y amigos a costa del erario público y, en muchos casos, sin contar con la preparación técnica que se exigiría a un empleado público para acceder a puestos similares.Las Administraciones Públicas requieren estabilidad institucional y, por ello, sería bueno que entre todos los Grupos Municipales se pactase el número máximo de puestos de confianza, las áreas a las que adscribirlos y el perfil académico y profesional exigible. Normas claras, aceptadas por todos, con incompatibilidades concretas y retribuciones transparentes. No es tan difícil.

Alguien tiene que hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y corregir de forma inmediata una situación que produce bochorno a muchos votantes populares. No es esto lo que queremos, no. Existe otra forma de hacer política, de servir a los ciudadanos que es incompatible con la idea de servirse de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

11 M de 2012: apoyo y respeto a las víctimas.

El 11 M ha sido noticia esta semana en dos ocasiones y por motivos muy distintos. Por una parte, Libertad Digital publicaba hace unos días la aparición de uno de los vagones que sufrió las explosiones del atentado del 11 M. Al parecer se trata de un vagón de Renfe en el que explotó una de las bombas, perteneciente al convoy de Santa Eugenia, que se encontraba almacenado en los terrenos de una empresa. Al conocerse la noticia y comprobarse su veracidad, el nuevo Fiscal General ha ordenado que se abra una investigación por si de este hecho pudiera derivarse la comisión de algún delito. Hay quienes hablan de una posible ocultación de pruebas al no haber constancia, en los miles de folios de los sumarios, de ninguna referencia a la existencia de este vagón o parte de él afectado por la explosión. No hay que olvidar que una de las claves del procedimiento judicial se centró en los análisis sobre el tipo de explosivos utilizados en los atentados y de las dificultades para realizarlos al disponer los peritos de tan sólo unos pocos tornillos para poder realizarlos. Sin entrar o no en la existencia de teorías conspiratorias, lo cierto es que si se realiza un detallado seguimiento de las investigaciones policiales, de la instrucción del sumario o del desarrollo del propio juicio enseguida se plantean muchos interrogantes que aún no han sido resueltos y que, como es lógico, angustian sobre todo a los familiares de las víctimas mortales y al resto de las víctimas que no están muy seguras de que las sentencias hayan hecho realmente justicia y de que, por tanto, la verdad de lo ocurrido se haya hecho patente.

La rapidez con se destruyeron los vagones, la ocultación a los juzgados de la existencia de este vagón, la aparición de coches en Alcalá que habían salido de dependencias policiales como vehículos de los terroristas descartada sin explicación alguna en la sentencia, testigos rumanos incriminatorias en primera instancia descartados y después usados compensándolos como víctimas, cámaras en alguna estación que no funcionaban ese día, videos televisivos recortados, vehículos robados con explosivos parados por la Guardia Civil y autorizados a seguir viaje hasta Madrid, mochilas fuera de lugar, islamistas suicidas agazapados tras un colchón, etc. son, desde luego, incógnitas sin resolver que despiertan la imaginación para que se plantee cualquier hipótesis por no haber sido despejadas a tiempo. Si las víctimas creen que se debe seguir investigando que se haga, porque son ellas, sobre todo, las más legitimadas para seguir reclamando justicia si creen que todavía no se ha alcanzado. Para cualquier ciudadano responsable no cabe otra posición que la de apoyar a las víctimas en sus legítimas pretensiones.

La segunda ocasión en la que el 11 M ha vuelto a ser noticia relevante esta semana ha sido la intención de los sindicatos de organizar sus manifestaciones y protestas precisamente ese día. Se da la circunstancia que el día 11 M es el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo instituido por el Parlamento Europeo y ratificado por la Comisión Europea hace ya 8 años. Se trata, por tanto, de un día muy especial, no sólo para España, sino para el conjunto de los Estados europeos, sobre todo para los que han sufrido en diferentes ocasiones los embates de la barbarie terrorista, en el que poder recordar y honrar la memoria de los 192 asesinados y 1.800 heridos de Madrid el 11 M, a los cientos de asesinados por la ETA y a todas las víctimas de los terroristas. Convocar protestas y movilizaciones sindicales ese día reclamando para sí el foco de los medios de comunicación no parece que sea la mejor manera de recordar y honrar a las víctimas del terrorismo cuyo sacrificio y su sufrimiento bien merece la solidaridad y el respeto de todos los demócratas. Hay incluso un cierto grado de desprecio en la actitud de los líderes sindicales cuando afirman que el fin de semana siguiente les viene mal para convocar sus protestas porque hay un puente. ¡Faltaría más! Y, sobre todo, si las víctimas entienden que esa jornada no debe tener otro protagonismo informativo que el del recuerdo y el dolor por los forzadamente ausentes, se merecen el respeto de todos.

Es muy probable que la sensibilidad de los líderes sindicales no llegue a tanto, como no ha llegado para movilizarse por los cinco millones de parados mientras gobernaba el PSOE, pero si carecen de esa sensibilidad no estaría de más que hiciesen un simple ejercicio de sentido común.

Santiago de Munck Loyola

La horca para Asia Bibi.

Lleva más de dos años encerrada esperando que la ahorquen las autoridades de Pakistan. Se llama Asia Bibi, ¿Su delito? Ser cristiana y haber tenido la osadía de hablar sobre Mahoma. En 2009, esta mujer, casada y madre de varios niños, mientras estaba trabajando en el campo, se aproximó a un pozo para sacar agua. En ese momento fue increpada e insultada por varias mujeres del lugar prohibiéndole beber de un agua reservada según ellas para las musulmanas y que se contaminaría si era tocada por una cristiana. Asia Bibi les respondió que seguramente Jesús opinaría muy distinto al profeta Mahoma. Las mujeres musulmanas decidieron entonces denunciarla ante el Imán, esposo de una de ellas, por blasfemia contra el Profeta. Asia Bibi fue encarcelada y meses después sentenciada a morir ahorcada por haber cometido el delito de blasfemia. El Gobernador y el Ministro de Minorías Religiosas que intercedieron públicamente a favor de la reo terminaron siendo asesinados por los islamistas.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno paquistaní anunció que Asia Bibi sería indultada pero, hasta el día de hoy, no se ha hecho pública la medida de gracia y esta mujer sigue encerrada esperando el cumplimiento de la sentencia. No obstante, si fuese indultada, ni ella, ni su familia, seguirían en peligro pues el Imán ha establecido una recompensa de 4.400 dólares por su cabeza y ha anunciado, además, que un indulto estimularía que otras personas se tomasen la justicia por su mano.

El caso de esta mujer católica es tan sólo uno de tantos casos de violencia, fanatismo e intolerancia que a diario se producen en muchos países del mundo. Los católicos y cristianos en general están siendo objeto de auténticas masacres en países como la India, Pakistán, China, Corea, Nigeria o Costa de Marfil y lo están siendo ante la más absoluta indiferencia de los medios de comunicación y de los gobiernos occidentales. Se trata de minorías religiosas en sus países compuestas en la mayor parte de las ocasiones por los más pobres de sus sociedades. Es especialmente grave el caso de los católicos hindúes, objeto de auténticas atrocidades, en especial, en la región de Orissa. La obra social de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas en la India es ejemplar pero su acción, desarrollada entre los más pobres sin distinción de ninguna clase, constituye, al parecer, un ataque al sistema de castas cuyos más exaltados representantes están dispuestos a impedir mediante el uso de la más atroz violencia.

Las imágenes que recogen la violencia contra los cristianos son impactantes, muerden el alma, pero no se habla de ello. Vivimos en una sociedad muy rara, extraña. Cualquier causa puede ser objeto de una vasta movilización pero esta violencia parece que interesa poco. Se apela a la solidaridad y los medios de comunicación se vuelcan para denunciar e intentar salvar a las crías de foca apaleadas en el Polo Norte, pero los seres humanos apaleados y quemados vivos en la India, por ejemplo, no irrumpen en los telediarios.

Es algo incomprensible. Dirigimos nuestras miradas allí donde enfocan los medios de comunicación que, por alguna razón desconocida, no quieren fijarse, salvo honrosas excepciones, en el sufrimiento y el dolor de tantos seres humanos cuyo delito es profesar una determinada fe. Seguramente, estas personas, héroes de carne y hueso, se conformarían con que se les prestase una décima parte de la sensibilidad y la atención que nuestra sociedad presta a la defensa de los animales. Es así de duro.

Santiago de Munck Loyola

Lujos públicos o camas de hospitales.

Estaba cantado: ni brotes verdes ni cumplimiento del déficit. La Sra. Salgado se ha lucido. Ni como Ministra de Economía, ni como intérprete de la realidad, ni como adivina acertó. Con esos antecedentes uno se lo debería pensar mucho antes de contratar sus servicios profesionales en esa consultoría que acaba de montar saltándose, por cierto, la Ley de Incompatibilidades. Lo cierto es que España no cumplió en 2011 con sus compromisos sobre el déficit y éste ha terminado situándose en el 8,51 %.

Esto significa que para cumplir con el objetivo pactado con la Unión Europea de un déficit del 4,4 % en el año 2012 hay que hacer recortes en las cuentas públicas por valor de 41.000 millones de euros, que se dice pronto. Como ya el nuevo Gobierno realizó ajustes en diciembre del año pasado son 25.000 millones adicionales los que han de recortarse en el gasto público para el año 2012. ¿De dónde sacar estos 25.000 millones de euros? Difícil papeleta.

Si el Gobierno opta por volver a aumentar la presión fiscal incumpliendo sus promesas electorales, el consumo volverá a caer y, con ello, no se hará otra cosa que aumentar el paro y a más paro, más prestaciones sociales y, por tanto, más gasto público. Además, la inmensa mayoría de las familias españolas ya están hasta el cuello, ya no pueden apretarse más el cinturón por lo que no parece que una mayor presión fiscal sirva a medio plazo para mejorar las cuentas públicas. Por tanto, parece que la única opción razonable es la de seguir por la vía de los recortes, de la reducción del gasto público y ahí es donde empiezan los problemas. Hay al menos tres áreas vitales en las que las tijeras de los recortes no deberían entrar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Deberían ser tres pilares intocables para cualquier gobierno salvo que no se asuma que hacerlo es dinamitar la cohesión y la paz social.

Es evidente que para la clase política las prioridades y las necesidades no son las mismas que para la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes y que, por tanto, su percepción sobre lo que puede ser o no prescindible es muy diferente a la del común de los mortales. Sin embargo, o la clase política realiza un esfuerzo por situarse en el lugar de los ciudadanos o éstos terminaremos por poner a la clase política donde no puedan seguir dañando a quienes les sostenemos.

Priorizar los recortes es difícil, a nadie se le escapa, pero hay algunos ejemplos de por dónde se puede ir metiendo la tijera. Las televisiones públicas, las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos, son un buen ejemplo de áreas perfectamente prescindibles. Su reducción o desaparición no mermarían la calidad de vida de los ciudadanos. En 2011, las televisiones públicas costaron más de 2.000 millones de euros a los contribuyentes y arrastran, además, una deuda superior a los 1.500 millones de euros. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con más de 4 canales públicos y simultáneamente están recortando prestaciones sanitarias ¿es lógico? Sin ir muy lejos, Canal 9, cuenta con más empleados que Tele 5, Antena 3 y la Sexta juntas y su nivel de audiencia es mínimo. ¿Tiene sentido mantener a este mastodonte mientras no se paga a los farmacéuticos? ¿Se puede vivir sin canales autonómicos? Sí, sin duda.

Otro caso de áreas públicas prescindibles son las seudo embajadas de las Comunidades Autónomas, esas mini oficinas que, prescindiendo de las competencias exclusivas del estado en materia de representación diplomática, han ido abriendo las CCAA en diferentes ciudades del mundo y que nos cuestan cerca de 200 millones de euros anuales. Hay más de 200 de estos chiringuitos por el mundo e incluso la Generalitat Valenciana cuenta con 23 de ellos mientras tiene dificultades para pagar la calefacción de algún instituto. ¿Es lógico?

Un último ejemplo de un campo en el que poder meter la tijera es el de los asesores y cargos de confianza de los políticos. No, no es el chocolate del loro como piensan algunos. Estamos hablando de varios miles de puestos creados, en la mayoría de las ocasiones, para repescar a políticos rechazados por las urnas, para colocar a compañeros de partido o simplemente a familiares. Que un Ayuntamiento como el de Alicante, con 29 concejales, cuente con cerca de 80 asesores políticos es una vergüenza y una burla a los contribuyentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué los concejales electos son unas verdaderas nulidades y necesitan estar asesorados para hacer su trabajo? Porque si es así más vale que se vayan a su casa y dejen a personas más competentes sus tareas. Pero no, no es esa la razón, sino el abuso de los medios públicos para la satisfacción de intereses partidistas o particulares.

Recortar parece que hay que hacerlo, áreas prescindibles para hacerlo sin perjudicar a los ciudadanos también existen. Ahora toca sentido común y decencia.

Santiago de Munck Loyola

Agitprop en marcha.

Para una parte de la izquierda española es inadmisible permanecer fuera de la esfera del poder e inaceptable que el pueblo soberano decida que debe ir a la oposición. A partir de ese momento todo es susceptible de convertirse en arma dialéctica, o más que dialéctica, para socavar o erosionar al nuevo gobernante que, quiera o no, lo sea o no, es presentado ante la opinión pública, ni más ni menos, como fascista. Todo lo que no sea o forme parte de esa izquierda es automáticamente descalificado hasta extremos insospechados: desde el Partido Popular hasta UPyD todo queda englobado en basto término de fascismo.

Estos días estamos asistiendo a una magnífica representación de lo que esta izquierda repartidora de credenciales y de certificados de pedigrí democráticos es capaz de hacer. Con la excusa de los recortes está tomando la calle y en algunos casos de una forma no exclusivamente pacífica. Se engañan quienes piensan que toda esta agitación callejera, las protestas e incluso los incidentes ocurridos son espontáneos. No es así, poco ha quedado a la espontaneidad de los ciudadanos. Se trata de todo un ritual perfectamente estructurado y programado que ya se ha visto en numerosas ocasiones y en distintos países. Hay manipulación de las informaciones, difusión de hechos falsos, se hacen correr imágenes trucadas y bulos en las redes sociales, se provocan intencionadamente incidentes con las fuerzas de seguridad, se asedian y atacan las sedes del partido gobernante y se termina haciendo lo mismo con los domicilios particulares de determinados políticos. Todo vale con tal de lograr en los medios de comunicación y en las calles la relevancia y notoriedad que las urnas han otorgado recientemente. Es un hecho cierto que hasta circulan ya manuales en las redes sociales de cómo actuar para provocar el mayor número posible de incidentes en las calles.

El Gobierno del partido socialista realizó numerosos recortes en su última etapa. ¿Salió alguien a la calle cuando el Sr. Zapatero recortó y eliminó el cheque bebé? No. ¿Se manifestó alguien cuando el gobierno socialista recortó la devolución de los 400 € del IRPF? No. ¿Se montaron algaradas callejeras cuando el anterior gobierno recortó los derechos de los trabajadores aumentando los años de cotización para percibir la pensión? No. ¿Se tomaron las calles cuando el gobierno del que formaba parte Rubalcaba decidió congelar y recortar el poder adquisitivo de los pensionistas? No. ¿Recortar los sueldos de los profesores no era un ataque a la calidad de la educación pública suficientemente relevante como para que los hoy indignados docentes hubiesen salido entonces a la calle? Parece que no. ¿Aumentar las horas dedicadas a la docencia en Andalucía por mandato socialista es bueno y hacerlo en Madrid por mandato del PP es un horror? ¿Qué en seis colegios públicos de Parla, Ayuntamiento socialista, no haya calefacción es motivo para salir a protestar a la calle? No, en Valencia sí, pero en Parla no. Es más que evidente que cierta izquierda subordina su actuación siempre en razón de su distancia ideológica respecto del Gobierno y no al contenido concreto de las medidas que pueda adoptar el mismo. No pasa nada si los recortes los protagoniza el partido socialista, pero si lo hace un gobierno no socialista son inaceptables y, si es preciso, se llama a la rebelión social para tratar de imponer una rectificación a las políticas emanadas de la soberanía popular.

Según cuenta el Diario ABC y nadie ha desmentido al día de hoy, las orquestadas protestas en Valencia se han basado en hechos falsos: El Instituto Luis Vives donde surgió el foco de las protestas, jamás tuvo problemas de calefacción, como cundió en el imaginario popular. Los retrasos en los pagos de la Generalitat no afectaron al suministro eléctrico. Las protestas se han saldado con 43 detenidos. Ocho de ellos menores y otro más cumplió ayer la mayoría de edad. Veinte tienen edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Los catorce restantes tienen entre 24 y 71 años de edad. El cabecilla de la protesta, con 23 años la criatura, todavía anda cursando la FP. Entre el alumnado del citado instituto figuran hijos de los dirigentes de Compromis, marca electoral que, casualmente, está detrás de #primaveravalenciana.

La agitprop se ha puesto en marcha. Sus características son inconfundibles y se perfilan a la perfección en estas jornadas de protesta que se están viviendo en distintas ciudades españolas. Es cierto que puede haber motivos para protestar pero más motivos había hace unos meses y aquí no se meneaba nadie o casi nadie. Ojalá la agitprop se vaya desinflando a medida que su verdadera naturaleza se vaya haciendo más visible y a medida que se eviten respuestas desproporcionadas a las inevitables provocaciones que siempre forman parte de estas estrategias.

Santiago de Munck Loyola