Ayuntamiento de Alicante, así no.

En muchas ocasiones, la publicación de determinadas noticias, no desmentidas por los interesados, relativas al uso que se hace de las instituciones públicas por parte de algunos responsables políticos causa estupor, indignación y vergüenza, sobre todo, a quienes con su voto los han colocado allí. Parece que algunos gobernantes, una vez aupados en los puestos de responsabilidad, pasan olímpicamente de sus compromisos públicos, de los programas electorales, de los militantes de los partidos sin cuyo esfuerzo ellos no habrían llegado jamás a la “poltrona” e incluso de la opinión pública. Usan los recursos de las administraciones bajo su responsabilidad como si se tratara de recursos privados, como si, en lugar de estar gestionando y gobernando un ente público, estuviesen regentando un negocio privado, su propia empresa.

En los últimos tiempos los medios de comunicación se han venido haciendo eco del elevado número de personal de confianza, ayudantes o asesores, que en muchas administraciones se está creando. Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en un auténtico nicho para toda clase de personas de confianza de los políticos. Normalmente, la existencia de estos puestos estaba pensada para la contratación, por razón de sus especiales conocimientos, de determinados profesionales que, sin pertenecer al cuerpo de funcionarios, pasaban a prestar sus servicios en una administración pública para asesorar en determinadas materias a un cargo electo o a desempeñar funciones de la máxima confianza. Sólo determinados cargos de especial relevancia podían nombrar algunos especialistas como ayuda en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, esta posibilidad se ha ido generalizando y extendiendo hasta llegar a la actual situación en la que nos podemos encontrar hasta alcaldes de pequeños pueblos con asesores a su cargo. Ahora, ya no se trata de que se haya generalizado esta práctica, sino que se está abusando de ella como un medio para “colocar” a compañeros de partido, a amigos y a familiares. Es decir, que la realidad presente es el abuso de los medios públicos, del dinero de los contribuyentes para colocar en las administraciones a personas que ni siquiera reúnen la titulación necesaria que deberían poseer para percibir las retribuciones que perciben si se tratase de funcionarios. El anterior Presidente del Gobierno contaba con cerca de 600 asesores o personal de confianza que cobraban el equivalente a una titulación del Grupo A1 y algunos de ellos no habían terminado el bachillerato.

Sin ir muy lejos, el Ayuntamiento de Alicante es un claro ejemplo del abuso sobre los recursos públicos. Ya en este diario se publicaron datos asombrosos que evidencian una mala práctica en los nombramientos del personal de confianza. Es muy llamativo que la Alcaldesa nombre como asesora, como personal de confianza, a la “niñera” familiar, D.ª Julia Castelló (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/12/alcaldesa-enrique-ortiz-olvidate-julia-he-contratado/1210737.html ). Para cualquiera es evidente que el Ayuntamiento y los puestos de este tipo no están para resolver las dificultades laborales de las amistades, lo haga quien lo haga.

Hoy, sin ir más lejos, otro diario se hace eco de ciertas prácticas que, de ser ciertas, suponen un verdadero varapalo para quienes propugnamos un modo diferente de hacer política desde el Partido Popular (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/alicante/1330541432.html). Es inadmisible que el Ayuntamiento sea utilizado como una agencia de colocación para amigos y familiares. No es que resulte ya poco estético, sino que tampoco es ético. 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, es escandaloso. Y que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, cuente con 37 asesores y administrativos (personal de confianza) es sencillamente incomprensible y no sólo por los tiempos de escasez y crisis que vivimos, sino por lo que supone sobre la capacidad de los ediles electos y sobre el nivel de confianza que parece merecerles el funcionariado de la casa. ¿No hay personal administrativo funcionarial suficiente para atender el trabajo de los concejales que hay que traerlo de fuera? ¿Es tal la preparación de los ediles que necesitan tanto asesoramiento? Evidentemente la explicación hay que buscarla en la falta de sensibilidad social y en la extendida creencia de que la administración es un cortijo del que gobierna. No es posible predicar la necesidad de austeridad en la gestión, no es posible pedir sacrificios a los vecinos porque estamos en crisis y al mismo tiempo colocar a familiares y amigos a costa del erario público y, en muchos casos, sin contar con la preparación técnica que se exigiría a un empleado público para acceder a puestos similares.Las Administraciones Públicas requieren estabilidad institucional y, por ello, sería bueno que entre todos los Grupos Municipales se pactase el número máximo de puestos de confianza, las áreas a las que adscribirlos y el perfil académico y profesional exigible. Normas claras, aceptadas por todos, con incompatibilidades concretas y retribuciones transparentes. No es tan difícil.

Alguien tiene que hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y corregir de forma inmediata una situación que produce bochorno a muchos votantes populares. No es esto lo que queremos, no. Existe otra forma de hacer política, de servir a los ciudadanos que es incompatible con la idea de servirse de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola