FRAUDE EN LOS CONCURSOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO DE MONFORTE DEL CID.

 24-2-2023

 

El pasado 22 de octubre, el BOP de Alicante publicó las Bases que debían regir los concursos de los procesos para la estabilización de empleo temporal que afectan a decenas de plazas del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Dichas Bases fueron impugnadas por el Partido Alicantino Regionalista porque incumplían un requerimiento de la Generalitat Valenciana formulado ya hace años a otras Bases porque vulneraban el principio constitucional de igualdad al puntuar, al igual que éstas, la experiencia laboral en el Ayuntamiento de Monforte del Cid el doble que la misma experiencia en otros Ayuntamientos:

Dicha impugnación ni siquiera fue admitida a trámite por el Gobierno Municipal al entender que el PAR carecía de legitimidad para hacerlo.

 

El 17-2-2023 el BOP de Alicante N.º 34 publicó la LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS. Para esta plaza, se publica el nombre de trece aspirantes, pero, sorprendentemente, figura entre ellos D. J.R. Vicente Boyer ex militante del PP, actual ocupante de la plaza y marido de la concejala tránsfuga de Ciudadanos que con su voto en 2015 dio la alcaldía a Izquierda Unida. Según una auditoría realizada por IU, el Sr. Vicente Boyer había sido nombrado funcionario interino ilegalmente en 2004 y según la propia Secretaría Municipal en 2020 dicho nombramiento podría ser nulo de pleno derecho por haberse realizado sin Bases de Selección, sin publicidad, sin tribunal válidamente constituido y sin haber superado ninguna prueba objetiva. 

 

INFORME DE SECRETARÍA:

 

Dado el pacto de investidura de 2015, la alcaldesa de IU, M.ª Dolores Berenguer Belló, no sólo se negó a que el Pleno procediese a revisar dicho nombramiento en dos ocasiones, sino que ahora pretende consolidarle en la Plaza de ITOP al incluirlo en la lista de admitidos, sin poseer legalmente la condición de funcionario, en un auténtico simulacro de concurso y en una estafa a todos los demás concursantes que han pagado las correspondientes tasas para participar en un procedimiento selectivo que se supone limpio y no amañado.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista “esta desvergüenza implica que un sujeto nombrado funcionario interino sin haber pasado ningún examen, sin Bases de selección previa aprobadas, sin publicidad y sin tribunal calificador pueda aspirar a consolidar su plaza computando además su experiencia laboral en Monforte del Cid con una puntuación ilegal según la propia Generalidad Valenciana, constituye un gravísimo agravio frente a los demás aspirantes que sí han tenido que pasar para poder ser admitidos procesos selectivos objetivos, con publicidad, tribunales legalmente constituidos, bases previas etc. No cabe mayor indecencia, ni mayor ilegalidad porque el erario público no está para pagar favores políticos a nadie sean tránsfugas o sus parientes”.

Aguas de Alicante sube ilegalmente la tarifa del agua potable un 14,5% y el servicio de alcantarillado hasta un 950% en Monforte del Cid.

COMUNICADO DEL PAR.

8-2-2023.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º 26 de fecha 07/02/2023 publicó la “Modificación de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado, conservación de contadores, contratación y reposición en Monforte del Cid”. Esta modificación, según esta publicación, se justifica así “De conformidad con lo dispuesto en el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid…”.

Sin embargo, el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid fue anulado en la Sentencia N.º 717/2020 de fecha 9-9-2020 de la Sala Quinta del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la que se falla lo siguiente:

“1.- ESTIMAR el recurso de apelación que Aguas de Valencia S.A. ha presentado contra la sentencia 775/2018, de 28 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Alicante (proceso 377/2017). El Juzgado no accede a la pretensión de invalidez jurídica que la sociedad apelante formuló contra una decisión, de 2 marzo 2017, del Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Esta decisión acuerda:

"Primero. Aprobar el expediente de contratación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la concesión del Servicio Público de Agua Potable y mantenimiento del Alcantarillado, así como de Concesión de Obra Pública convocando su licitación".

"... Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato".

2.- REVOCAR esta decisión judicial.

3.- ANULAR el acuerdo de dos marzo 2017, al contrariar el ordenamiento legal aplicable. También quedan afectados por la invalidez la adjudicación del vínculo y el contrato firmado con el óptimo contractual”.

A pesar de ello, AMAEM con la aquiescencia del Gobierno Municipal de IU de Monforte del Cid ha aprobado una escandalosa subida de tarifas del 14,5 % que afectan al abastecimiento de agua potable, a la conservación de contadores, a la contratación y reposición del servicio. Y lo que es más escandaloso aún es el incremento de las tarifas por el servicio de alcantarillado que oscilan entre el 225% y el 950 % según el diámetro del contador.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid “estas escandalosas subidas responden a la necesidad de AMAEM de tratar de amortizar el sobreprecio de más de 1,5 millones para gastos generales que pactó con el Gobierno Municipal tripartito de IU, PSOE y C’s para hacerse con la adjudicación y que está denunciado ante la Agencia Valenciana de Anticorrupción. Pero, es que, además, estas subidas carecen de respaldo jurídico pues, tal y como se enuncian en el BOP, se hacen de conformidad con lo dispuesto en un contrato que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2020. Es evidente que la alcaldesa comunista y su Gobierno Municipal no miran por los consumidores, sino por los intereses de las poderosas empresas y por los suyos propios, porque no hay otra manera de interpretar su falta de oposición y de denuncia a este abuso del monopolio del agua”.

Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.

Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.

Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.

Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.

La realidad es que en el Ministerio de la podemita Irene Montero las cuchipandis moradas pasaron literalmente de los informes jurídicos críticos con la redacción del borrador de la Ley. Aupadas en la soberbia del cargo decidieron que los juristas no eran quiénes para enmendarles la plana. Ya se sabe que hay quien piensa que la legitimidad democrática dota al electo de superiores conocimientos a los del común de los mortales.  Y ahí está el resultado.

 

Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.

 

Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa. 

Pero no sólo las podemitas son las responsables de favorecer a los delincuentes sexuales, lo son también todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el propio Presidente del Gobierno que sí pasará a la historia como el mejor amigo de los delincuentes sexuales y como el mayor excarcelador de los mismos. Y son también responsables los 205 diputados de 8 grupos parlamentarios diferentes que votaron a favor de esta Ley. ¿Cuántos se leyeron el texto con el detenimiento que merece un proyecto que iba a afectar a la libertad, a la seguridad y a la vida de tantas personas antes de apretar el botón verde? ¿Estos son los “padres” de la Patria? ¿En manos de qué clase de indigentes mentales y morales estamos?

 

Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

  

EL PAR PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MONFORTE DEL CID.

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN UN CASO QUE TERMINÓ EN UNA HERENCIA PARA LA ALCALDESA Y SU HERMANO.

 

Hoy, el Partido Alicantino Regionalista, ha presentado por registro una moción para que el Pleno del Ayuntamiento ordene a la alcaldesa entregar a un ciudadano la documentación sobre su madre que solicitó hace 276 días sin haber recibido respuesta alguna del Ayuntamiento. Se trata del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria de la madre del solicitante que ya tuvo que esperar 222 días a que la alcaldesa le entregase el expediente correspondiente a su tía, fallecida en 2017, y a la que sorprendentemente heredaron la alcaldesa de Monforte del Cid y su hermano, adjudicándose dos viviendas y más de 40.000 €. Se da la circunstancia, además, que el expediente que recibió este ciudadano no contenía los informes preceptivos para el otorgamiento del servicio de ayuda, como tampoco ningún informe de seguimiento del estado de dicha anciana y ni siquiera se había tramitado a través de la plataforma electrónica del Ayuntamiento lo que impide verificar su autenticidad. Según el único informe emitido a posteriori por los servicios sociales les bastaba la información sobre la anciana que les transmitía la madre de la alcaldesa que junto a su marido y su hijo se habían instalado a vivir en la casa de dicha anciana, algo absolutamente escandaloso.

 

Por ello, la moción del PAR se ha presentado con el fin de que, por una parte, el Ayuntamiento cumpla la ley, a pesar del obstruccionismo de la alcaldesa, y se forme una comisión de investigación que investigue el irregular e ilegal proceder de los servicios sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

 

TEXTO DE LA MOCIÓN PRESENTADA.

 

MOCIÓN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

 

Han pasado 276 días desde que D. Manuel Jesús Martínez Limiñana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid una copia del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria prestado por los Servicios Municipales a su madre Dª Concepción Limiñana Boyer sin que hasta el día de hoy se le haya contestado a dicha solicitud. Ya cuando este ciudadano pidió la copia del mismo expediente relativo a su tía, Dª Teresa Limiñana Boyer, tuvo que acudir al Síndic de Greuges para lograrlo y lo obtuvo tras 222 días de espera, algo inaudito y a todas luces ilegal. Hay que resaltar que el supuesto expediente entregado no reúne ni uno solo de los requisitos legamente establecidos y ni tan siquiera puede constatarse su autenticidad pues no ha sido tramitado por la plataforma Gestiona, algo altamente sospechoso pues hace casi diez años que los expedientes han de tramitarse a través de dicha plataforma.

 

Es evidente que se están produciendo graves anomalías imputables a dos causas: la primera, el obstruccionismo de la alcaldesa que, habiendo heredado junto a su hermano los bienes de Dª Teresa Limiñana Boyer a la que condujo personalmente a hacer testamento (impidiendo, por cierto, que momentos antes el Técnico de Administración General, emparentado con ella, pudiera ni tan siquiera saludarla), no está dispuesta a que salgan a la luz las irregularidades cometidas por los servicios sociales a su cargo. La segunda, la deficiente actuación de los servicios sociales que permitieron que la familia de la alcaldesa se instalase (padre, madre, hermano y perro) en la vivienda de la anciana, con el pretexto infantil de cuidarla, que no realizaron ninguna visita a la anciana para comprobar su estado y que, según informe escrito,  sabía del estado de la misma por las informaciones que les daba la ocupante de la vivienda de Dª Teresa, es decir, la madre de la alcaldesa. ¿Es esto normal en un servicio público de asistencia social? ¿Es normal que no conste ningún rastro digital de sus actuaciones?

 

Y ahora, tras 276 días de espera, ¿Es normal que no se entregue a un ciudadano el expediente municipal sobre su propia madre?

 

Todo ello exige una intervención del Pleno del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la información de un ciudadano y para investigar la actuación de los servicios sociales municipales exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar, por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

 

Primero.- Disponer la entrega en un plazo no superior a tres días de la copia del Expediente del Servicio de Ayuda a Domicilio de Dª Concepción Limiñana Boyer a D. Manuel Jesús Martínez Limiñana.

 

Segundo.- Constituir una Comisión de Investigación compuesta por un miembro de cada Grupo Municipal y presidida por un concejal de la oposición para investigar la actuación de los servicios sociales en los casos de Dª Teresa Limiñana Boyer y Dª Concepción Limiñana Boyer.

 

En Monforte del cid, a dieciocho de diciembre de 2022.

2023: un año para la esperanza.

Se acaba por fin el año 2022, un año que no ha sido bueno para los ciudadanos ni en términos políticos, ni económicos. Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania se han dejado sentir en todas las economías europeas colapsando su crecimiento y provocando una inflación demoledora para todos los bolsillos, especialmente los más débiles. Y a la crisis económica hay que añadir una crisis política sin precedentes: el Gobierno ha roto uno de los pilares de la política exterior asumiendo ahora las tesis anexionistas de Marruecos sobre el Sáhara y abandonando los mandatos de las Naciones Unidas, ha legislado a la medida de los separatistas con la despenalización de la sedición y ahora con la reforma de la malversación desarmado así al Estado, ha beneficiado a decenas de delincuentes sexuales por la soberbia de la Ministra cajera y ahora se apresta a asaltar los órganos judiciales para terminar imponiendo su interpretación de la Constitución. 

Y a ello, los alicantinos hemos tenido que añadir un maltrato presupuestario sin precedentes del Gobierno de España que ha colocado a nuestra Provincia en el último lugar de inversión por habitante de toda España: 3.550 millones de € de déficit en 15 años. Maltrato que se suma al impuesto por la Generalidad de Valencia con una constante discriminación presupuestaria, con su imposición lingüística en una provincia mayoritariamente hispanoparlante, con la menor ratio de profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana y con el desmantelamiento de servicios públicos, como los servicios de emergencia (CICUS) para su traslado a Valencia. Pero también se acaba este año con un atisbo de esperanza: el 32 % de los alicantinos ya desea según una reciente encuesta, como respuesta a lo anterior, que Alicante se constituya como Comunidad Autónoma Uniprovincial. Un objetivo más que saludable para quienes aspiramos a vivir en un Alicante español, lejos de la órbita pancatalanista, integrado e integrador, orgulloso de sus raíces plurales y plenamente capacitado para decidir su futuro sin depender de Valencia.

 

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Partido Alicantino Regionalista

EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE MIEMBROS DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE SE PERSONARON EN EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y TRAS MÁS DE 10 HORAS SE LLEVARON DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.

 

(ANTE LA CENSURA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALICANTINOS REPRODUZCO LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA AYER POR EL PAR)

Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido la visita de varios miembros de la Agencia Valenciana Antifraude quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde requiriendo la entrega de expedientes administrativos al Gobierno Municipal, examinándolos y llevándose varios de ellos.

 

Todo parece indicar que esta actuación contra la corrupción de la Agencia Valencina Antifraude viene motivada por dos denuncias del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ante los juzgados de Instrucción y ante la propia agencia por dos acuerdos urbanísticos adoptados por el consistorio que han supuesto pérdidas millonarias tanto para la Generalitat Valenciana como para el propio Ayuntamiento monfortino así como un “pelotazo” superior a los 5 millones para la empresa que contrató al marido de la alcaldesa en plena pandemia.

 

La primera denuncia del PAR fue presentada el 18-3-2021 (Diligencias previas 167/21), ampliada el 8 de noviembre del mismo año, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente contra la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás responsables por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de enero de 2021 aprobando definitivamente el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. Este Convenio supuso una pérdida de más de 1.200.000 euros de ingresos al Ayuntamiento. Una segunda ampliación de la denuncia fue rechazada por el juzgado dado que la naturaleza de los hechos requería una instrucción independiente. Igualmete el juzgado señaló que dada la complejidad técnica del asunto se había requerido a la Agencia Valenciana Antifraude su colaboración en la causa.

 

La segunda denuncia, derivada de la anterior, fue presentada por el PAR el 18-5-2022 por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de Esquerra Unida, Mª Dolores Berenguer Bello, el concejal de urbanismo del mismo partido, Angel Guitérrez Guillén, los funcionarios y demás personas responsables de la aprobación del acuerdo plenario de de 17-7-2018, aprobado por los concejales de todos los partidos, por el que se aprobó ilegalmente exonerar a los empresarios de la Agrupación Urbanística Las Norias de construir dos 

 

rotondas valoradas en un millón de euros y endosar su ejecución a la Generalitat Valenciana. Hay que resaltar que este acuerdo del Pleno se llevó a cabo sin seguir ninguno de los trámites exigidos por la legislación urbanística valenciana y sin que existiera ni tan siquiera el preceptivo informe del Secretario del Ayuntamiento, a la sazón, D. José Fernando Mullor Ortiz.

 

EL Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid entiende que estas denuncias y actuaciones son solo la punta del iceberg de una gestión urbanística absolutamente corrupta, caracterizada por la falta de transparencia, el nepotismo y salpicada del victimismo de la alcaldesa que enseguida lloriquea invocando en su defensa un inexistente acoso ante cualquier crítica o denuncia política de la única oposición existente en el Municipio, la del Partido Alicantino Regionalista.