La marcha de España, sea temporal o no, de D. Juan Carlos I parece que ha dejado insatisfechos a muchos de los actores políticos que venían pidiendo desde hace tiempo un gesto o una decisión al respecto por parte de la Casa Real. Que se sientan satisfechos o no los políticos o los locuaces comentaristas televisivos debería traernos al pairo a los sufridos ciudadanos. Y en medio de esta cascada informativa y de tanto carroñero tendremos que hacer un paréntesis para procesar, analizar y desmenuzar todas las informaciones con las que a diario nos bombardean.
Durante décadas los medios de comunicación españoles mantuvieron un pacto de silencio no escrito en torno a las actividades privadas de Don Juan Carlos. Parece evidente que la conducta privada del Monarca no era precisamente ejemplar y los rumores sobre esa conducta, que en otras Monarquías europeas se habrían traducido en verdaderos escándalos, aquí no pasaron de la categoría de comentarios y de chismes vistos por mucha gente hasta con cierta simpatía o complicidad. Es hace dos años cuando el ambiente cambia, cuando un medio de comunicación (OK Diario) publica parte de las grabaciones de unas conversaciones de llamémosla la Corina al ex comisario y presunto delincuente, Villarejo. Y no conviene olvidar que esta “señora” hizo esas escandalosas declaraciones sabiendo que estaba siendo grabada. Abierta la espita, se acabó la inmunidad informativa para Don Juan Carlos y el goteo de noticias no ha cesado aunque parece que lo único probado hasta ahora es que Don Juan Carlos recibió regalos y donaciones que no declaró en España y que usó cuentas en paraísos fiscales. Algo que es inadmisible para un Jefe de Estado y éso es algo que todos los ciudadanos que cumplimos con Hacienda y que además no poseemos cuentas en paraísos fiscales podemos y debemos reprobar y condenar. Pero no es ése el caso de quienes se financian con el dinero de Irán o de la narcodictadura venezolana, de quienes camuflan sus ingresos a través de sociedades para eludir impuestos, de quienes contratan a asistentes personales y no les dan de alta en la seguridad social, de quienes han metido la mano en las cajas públicas malversando los fondos destinados a los parados o a la formación, de quienes se han forrado con el 3%, de quienes los han encubierto extendiendo banderas independentistas o de quienes, bajo cualquier fórmula, nos han convertido en rehenes de la corrupción. Todos ésos son ahora los menos indicados para hablar, para criticar o para exigir nada. Todos ésos, y todos sabemos quienes son, carecen de legitimidad para pedir ejemplaridad o para exigir responsabilidades.
Sin embargo, no lo hacen y seguramente porque les importa muy poco el fondo del asunto. Ellos están a otra cosa desde hace tiempo. Ellos están en liquidar el régimen de la transición. Un régimen fundado en la reconciliación de los españoles que no aceptan de ningún modo. Llevan años reinventando el pasado, reabriendo heridas, fomentando odios y tratando de sustituir la reconciliación nacional por la memoria supuestamente histórica. Separatistas, chorizos del 3%, herederos de la mafia etarra, comunistas y populistas van de la mano para liquidar todo rastro de la transición y el asunto de Don Juan Carlos les viene de perlas. Cada cual tiene su objetivo: romper la unidad de España, liquidar el régimen del 78, instaurar un régimen populista o acabar con las libertades “burguesas” y, siendo aliados coyunturales, han descubierto la clave de bóveda cuya destrucción les permitiría alcanzar sus objetivos, la Monarquía parlamentaria que ha proporcionado a los españoles la etapa más larga de progreso y libertad nunca antes alcanzada en España.
En este régimen nacido en 1978 es perfectamente legítimo ser republicano y promover a través de sus mecanismos constitucionales la sustitución de la forma de la jefatura del Estado pasando de Monarquía a República. Pero seguramente los planes de estos aliados no pasan por seguir los mecanismos constitucionales, como no los siguieron cuando los separatistas intentaron su “golpe de estado” a través de un simulacro de referéndum y contaron con la complacencia de comunistas y populistas.
Por todo ello, hay que estar muy atentos, hay que analizar cada noticia, hay que identificar bien quién, qué y por qué denuncia, hay que buscar la finalidad real de cada movimiento político. No nos dejemos engañar porque los que hablan ahora de la promoción de la ejemplaridad como motivo de sus críticas a la conducta D. Juan Carlos, en el fondo, les importa un bledo el concepto de ejemplaridad y no hay más que examinar sus propias conductas.
Pero sobre todo hay que recordar, hay que hacer un balance histórico de los últimos 40 años que no pueden ser borrados por estos escándalos. ¿Don Juan Carlos abrió las puertas a la democracia? ¿La impulsó? ¿Cumplió con sus funciones constitucionales? ¿Hizo cumplir en última instancia la Constitución? ¿Nos representó con dignidad en el extranjero? ¿Amplió el prestigio de nuestra Nación? ¿Bajo su reinado España alcanzó las más altas cotas de prosperidad, de paz y de libertad? Pues eso.
Deberá responder ante la Justicia si ha lugar a ello, pero no por eso se puede borrar ni su legado histórico ni mucho menos deslegitimar la actual Jefatura del Estado. Felipe VI está cumpliendo meticulosamente las funciones que la Constitución le encomiendan y los errores de su padre ni se heredan, ni la genética le descalifica para hacerle abdicar como pretenden algunos podemitas y el catanazi Torra. Y si no que le pregunten por la herencia genética al propio Pablo Iglesias.
Santiago de Munck Loyola
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