En ocasiones es difícil no dejarse llevar por la pasión o la rabia cuando se tiene conocimiento de algunas informaciones que se han ocultado deliberadamente a la opinión pública. Atravesamos una gravísima crisis sanitaria que ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de infectados por el Covid-19 a lo largo y ancho de nuestra nación. Pero es que, además, las decisiones sanitarias, económicas y políticas que se están adoptado desde hace dos meses por parte del gobierno español van a hipotecar nuestro futuro durante muchos años. Nuestra economía está destrozada, nuestras principales fuentes de creación de riqueza y empleo, el turismo, la automoción y el comercio, se han hundido y costará mucho que vuelvan a los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Nos espera un futuro de desempleo, de recortes, de subsidios, de colas para recibir alimentos, de impagos y de un largo etcétera de situaciones personales, familiares y sociales impropias de un estado moderno del bienestar.
La situación es la que es, una situación catastrófica cuyas consecuencias se van a extender en el tiempo. A la hora de analizarla parece que, salvo contadas excepciones, resulta inevitable hacerlo desde posiciones partidistas que, a medida que se publican nuevos datos, se van radicalizando. Podría decirse que, prescindiendo de las falacias de las encuestas del CIS, el único consenso social que podría subrayarse es el de calificar esta situación como muy mala. Y, a partir de ahí, se acaba el consenso. Unos porque entienden que esta crisis era inevitable, que se trata de un virus que nadie podía prever su evolución, que la culpa es de quienes gobernaron antes porque dejaron un sistema sanitario recortado y precario, que no es hora de formular críticas a la gestión sino de aunar esfuerzos, etc. Otros porque culpan al gobierno de todo, porque ponen el acento en intenciones deliberadas de destrucción del tejido social y económico para alcanzar una sociedad subsidiada y dócil electoralmente, etc. Resulta francamente difícil entrar en debates en las redes sociales porque muchas personas, lejos de buscar datos e información, se limitan a defender a sus partidos y a atacar a los adversarios usando tópicos, argumentarios partidistas, falsas noticias y clichés, siendo incapaces de entrar a rebatir los argumentos de los demás con razonamientos, cifras o documentos.
Pero los hechos son tozudos: España es el país del mundo, que se dice pronto, con más muertos por cada millón de habitantes (España 595 muertos por millón de habitantes, 978 si contabilizamos a los ancianos muertos en residencias, Italia 538, USA 284, Portugal 121, Rusia 21 y Grecia 15, por ejemplo). España es el país del mundo con más sanitarios infectados. España tiene más de 18.000 ancianos muertos que no están siendo contabilizados. España ha implantado el sistema de confinamiento de su población más restrictivo de la Unión Europea. España no está entre los países del mundo que más test realiza a la población, a pesar de que la OMS ha venido recomendando como arma decisiva para combatir la pandemia la realización de “test, test y test”. Hay evidentemente quien trata de negar estos hechos y, siendo tan fácilmente comprobables, resulta patética esa pretensión y hasta ridículo intentar echar balones fuera esgrimiendo algunas explicaciones. Decir que la causa de la altísima mortalidad del virus en España se debe a que somos un país turístico es patético ¿Y Grecia qué es? Justificar que Grecia tenga muchos menos muertos que España alegando que el virus viene del este es una muestra de ignorancia impropia de una Ministra de este Gobierno o decir, como la Vicepresidenta Carmen Calvo en el Senado, que “No me había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea, en horizontal. Y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio” es una absoluta frivolidad y una simpleza impresentable.
Dicho lo anterior lo cierto es que estamos donde estamos porque hasta aquí nos ha traído este Gobierno, no otro. Esta pandemia le ha tocado a un frágil gobierno de coalición entre socialistas, podemitas y comunistas y las consecuencias de sus actuaciones y no de otros son la dura realidad que nos toca vivir. Habría que callarse y rebajar el tono de cualquier crítica si este gobierno hubiese hecho todo lo posible por evitar los nefastos resultados que tenemos y si hubiese actuado con total y absoluta transparencia, pero ninguno de los dos supuestos es cierto. Y ello es así porque hace un par de días se ha sabido que a parte de que el Gobierno de España, única administración competente en materia de pandemias según el Artículo 149 de la Constitución, recibiera sucesivas alertas sanitarias de la OMS desde enero y de la Unión Europea desde febrero también recibió un detallado informe el 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad en el que se ofrecía una información muy completa sobre las características del virus y se proponía la adopción de una serie de medidas preventivas. Curiosamente uno de los firmantes de dicho informe era el propio portavoz del Gobierno durante la crisis, el doctor Fernando Simón. Un segundo informe redactado en términos similares llegó al Gobierno el 6 de marzo y en éste ya se alertaba de la necesidad de evitar los actos públicos con gran concentración de personas. ¿Y qué hizo el Gobierno? Nada, excepto borrarlos de la página web del Ministerio.
En el informe de 10 de febrero, más de un mes antes de decretarse el estado de alarma, se explicaban los mecanismos de transmisión del virus, su período de incubación, su distribución por edades, sus tasas de letalidad, la sintomatología, los tratamientos a utilizar con los pacientes, se informaba sobre las medidas de salud pública a adoptar y recomendaba el control de visitantes provenientes de zonas de riesgo, la adquisición de materiales de protección, de respiradores, etc. Pero incomprensible y negligentemente el Gobierno de España ignoró el informe y no sólo lo ignoró, sino que además lo borró para ocultarlo. Desde que se emitió ese informe, esa alerta, hasta la aprobación del Estado de Alarma más de 19.000 viajeros provenientes del norte de Italia entraron en sin control algunos por nuestros aeropuertos y más de 3.000 provenientes de China hicieron lo mismo. Y hasta dos días después de la aprobación del Estado de Alarma no se publicó en el BOE compra alguna de material sanitario para lo que ya era una pandemia fuera de control en nuestro país.
Y esta circunstancia debería ser suficiente para indignar a cualquier persona, sea del color que sea, con un mínimo de inteligencia, de honestidad intelectual y sensibilidad. Esta circunstancia pone de manifiesto que el Gobierno no adoptó ninguna medida preventiva cuando sabía que debía hacerlo y que esa negligencia nos ha situado donde estamos. El Gobierno es culpable del elevadísimo número de muertos en nuestro país. No hay otro responsable, no hay otros culpables. Su indolencia, su negligencia, su irresponsabilidad y su falta de transparencia son, sin duda, las causas de los catastróficos datos de la pandemia en España. Poco importa que otros países lo hayan podido hacer peor, algo más que dudoso, porque los muertos y los contagiados de los que aquí se habla son los nuestros, nuestros familiares, amigos, conocidos y vecinos, nuestros ancianos abandonados a su suerte en las residencias por el Mando Único. Ni recortes previos, ni leches, ni el este o el oeste, ni gaitas. La responsabilidad, la culpa es del Gobierno de España que es quién sabía con antelación, quien por tanto podía prevenir y quien, por negligencia, siendo generosos, no quiso actuar y no actuó hasta que la plaga ya estaba extendida. Es mi humilde opinión y quien quiera ser cómplice y encubridor de este Gobierno culpable allá él.
Santiago de Munck Loyola
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