BULOS NO, HECHOS.

“No hay caso”, “todo son bulos” se harta a repetir la ministra Portavoz del Gobierno. Sin rastro de poseer conocimiento jurídico alguno, pero dotada de poderes adivinatorios no se cansa de repetir la misma cantinela una y otra vez. Su respeto a las decisiones judiciales es tan evidente como su escasez de materia gris. Y junto a ella, todos los demás miembros del gobierno y del partido gubernamental. Lo tienen fácil, el argumentario diario que reciben por las mañanas se limita a las frases “no hay caso” y “todo es un bulo” a la que se les permite añadir algún improperio contra el juez Peinado.

Pero sí, sí hay caso judicial. Y lo hay porque como consecuencia de varias denuncias, un juez ha abierto diligencias previas para tratar de determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito. No sabemos aún si hay o no delito o delitos, para saberlo has que esperar a conocer el resultado de las diligencias que tiene que practicar el juzgado. La prudencia de cualquier persona medianamente inteligente impide asegurar o no su existencia, pero eso no impide que determinados hechos y conductas se investiguen judicialmente y a eso se le llama un caso judicial.

Y hay quien se empeña en repetir machaconamente que todo son “bulos”, noticias falsas propaladas con algún fin. Pues que mejor que examinar algunos de esos supuestos “bulos”, de esas supuestas noticias falsas para poder hacerse una idea de quién miente y quién no. Dice el Presidente del Gobierno en su primera epístola que su mujer es una “excelente profesional”. Nadie lo discute, pero todos nos preguntamos ¿de qué es profesional? ¿En qué profesión ha destacado por su excelencia? Puede que ayudase eficazmente a su padre en la gestión de sus saunas gays, pero de ahí a hablar de “excelencia profesional” hay un verdadero abismo. No es un bulo, sino algo contrastado e indiscutible, que Dª Begoña Gómez carece de estudios universitarios como tampoco es un bulo que dirige , ni más ni menos, que toda una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo cursos a licenciados universitarios. Salvando las distancias y con todo respeto no puedo imaginarme a Arguiñano dirigiendo una cátedra de física cuántica. Pues eso.

No es un bulo, que para conseguir dirigir esta Cátedra Dª Begoña Gómez convocó al rector de la Universidad Complutense a una reunión en sus oficinas profesionales, cuya existencia se desconoce, sino en el mismo Palacio de la Moncloa y no una sino, al menos, dos veces. Palacio al que convocaba a otros directivos de empresas cuyo patrocinio buscaba para su excelente actividad profesional. Tampoco es una noticia falsa el hecho de que varias empresas, por encargo de la complutense, hiciesen un software para la cátedra de Begoña y que esta lo registrase a su propio nombre, ni el hecho de que cargase facturas, sin competencia para ello, a la Universidad Complutense razón por la cual esta Universidad ha pedido al Juzgado que sea juzgada por apropiación indebida. 

No son un bulo tampoco el hecho de que su amigo y “socio” Barrabés se hiciese con contratos públicos por un importe cercano a los 20 millones de euros o que su amigo Víctor Aldama, del grupo Globalia, empresa matriz de Air Europa,  y el ejecutivo de Air Europa, Sr. Hidalgo, se hiciesen con un rescate exprés para su aerolínea de 475 millones de euros y un préstamo de 140 millones avalados por el ICO. Dada la relación de estos dos últimos personajes con Koldo García, no habría estado de más una selección algo más exquisita de los contactos “profesionales” de Dª Begoña Gómez. Y, la verdad, andar escribiendo cartas de recomendación en favor de empresas en procedimientos públicos en los que la intervención de su marido o de los subordinados de su marido es determinante, no parece muy higiénico.

Todos los anteriores hechos son ciertos. No se trata de rumores, ni de bulos. Puede que no sean delito porque para declararlos como tal los jueces deben hilar muy fino, pero nadie con un mínimo de objetividad puede negar que huelen muy mal, que apestan. Como dijo recientemente en el Congreso de los diputados Aitor Esteban, refiriéndose a las actividades “profesionales” de Dª Begoña Gómez, “lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer”. Y retrocediendo 2000 años conviene recordar a Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), uno de los más destacados oradores, políticos, filósofos y escritores de la antigua Roma, “Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere”, lo que en roman paladino significa “que el juez debe estar libre tanto de sospecha como de culpa” o lo que es lo mismo “La esposa no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo” .

Santiago de Munck Loyola

No podemos seguir igual.

 

Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.

El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.

Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.

Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.

La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos. 

En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!

De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.

Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.

Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.

Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.

No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.

Santiago de Munck Loyola

La derecha ha ganado, digan lo que digan.

Pues sí, la derecha ha ganado en España las elecciones europeas. Y sí, también lo ha hecho en Europa. Cualquiera pensaría lo contrario escuchando a los dirigentes socialistas y a sus voceros en todos los medios de comunicación. Los hechos y las cifras no hacen otra cosa que dejarles en el más absoluto ridículo porque no admiten discusión. Su sobreactuación es vergonzosa, pero se compadece mucho con su falta de talante democrático al no felicitar al ganador, algo ya habitual.

El Partido Popular ha sido el más votado aventajando al segundo, el PSOE, en 700.000 votos, o lo que es lo mismo un 4% más de los votos. Es el partido que más aumenta su representación, 9 diputados, mientras que el PSOE pierde uno. El primero sube un 14 % respecto a 2019 y el segundo baja un 3%. No obstante lo anterior y pese a la evidencia, los socialistas tratan de engañar con todo descaro a los ciudadanos fingiendo una victoria que solo existe en sus deseos oníricos. Eso sí, además presumen de haber contenido a la “ultraderecha”. Sí, a la ultraderecha que han convertido, con el concurso de los “comunicadores” paniaguados, en la bestia negra de la democracia. Los mismos que, utilizando su propio sistema de localización política, pactan con la “ultraizquierda”, ya sea ésta con genes terroristas o sin ellos. No tienen escrúpulos. Estoy esperando a que uno solo de los comunicadores o tertulianos políticos “progres” nos cuente ¿por qué es muy mala, malísima la llamada ultraderecha y por qué es buena, buenísima, la ultraizquierda? O ¿dónde empieza el territorio de la una y la otra? Es como el bulo, convertido en dogma oficial, de que los comunistas siempre han luchado por la libertad. ¡Já! “¿Libertad? ¿Para qué?” decía Lenin. Los comunistas siempre han luchado por derribar, incluso a la fuerza, los regímenes democráticos para sustituirlos por dictaduras del proletariado. Solo en los años 70 iniciaron un cambio estratégico aceptando el pluripartidismo y la democracia parlamentaria de la mano del italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais, a los que se sumaría Santiago Carrillo. La caída del muro de Berlín terminaría por desinflar  y fraccionar a los partidos comunistas, apareciendo multitud de corrientes políticas de carácter sectorial.

Hoy el eje político derecha-izquierda aparece más confuso que hace unas décadas porque la aceptación formal de las libertades públicas es aparentemente compartida por casi todos los partidos políticos. Un criterio racional sería situar en los extremos solo a aquellos partidos cuyo objetivo sea acabar con el actual sistema de libertades públicas y, por ende, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pretender modificar la estructura territorial del Estado a través de las urnas no es una señal de extremismo o de carácter “ultra”, como no lo es pretender sustituir la monarquía por un sistema republicano; regular y restringir la inmigración tampoco lo es, ni lo es discrepar de la ideología de género o combatir la supuesta emergencia climática. Son ultras, extremistas, los que pretenden acabar con la libertad de asociación, con los partidos políticos, los que quieren imponer la censura a los medios de comunicación o los que pretenden imponer un pensamiento único medioambiental, histórico o sobre las políticas llamadas de “género”. Pero la izquierda política, anclada en prácticas totalitarias, tiende a situar en el extremo ultra a todo aquel que discuta sus dogmas. Y ya está bien. No podemos seguir tragando con su continua expedición de carnés democráticos.

En estas elecciones europeas no han ganado los “ultras” o la extrema derecha, no. En Europa y en España han avanzado los partidos de centro derecha y los conservadores. Han avanzado los partidos que mejor han sintonizado con unas legítimas aspiraciones ciudadanas de cambios profundos en las políticas europeas sobre inmigración, de modificaciones radicales en las políticas agrarias y medioambientales, de recortes en un modelo europeo excesivamente burocratizado dirigido por élites muy alejadas de los problemas de las calles; aspiraciones que incluyen la voluntad y el deseo de conservar los valores identitarios y culturales de cada país europeo, valores cada vez más cuestionados y acosados por una indolente tolerancia ante su suplantación por modelos ajenos a nuestra cultura. Y han perdido los partidos que se habían presentado como valedores de un “muro” contra todas esas aspiraciones ciudadanas. Si los socialistas españoles y la izquierda en general están convencidos de que “han ganado” porque se han convertido en un dique de contención de lo que llaman extrema derecha, mejor, porque seguirán insistiendo en los mismos errores que les han conducido a su derrota.

No son las estrategias del Partido Popular de Núñez Feijóo las que han favorecido la emergencia de Alvise Pérez con 800.000 votos y 3 escaños en Europa. Y no se puede minusvalorar la importancia de este hecho despachándolo con un par de ocurrencias de argumentario para tontos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay 800.000 mil españoles que han mostrado su radical rechazo con su voto a las políticas del gobierno que se traducen en una corrupción que llega hasta a las más altas esferas del poder, que campa a sus anchas con bastante impunidad, políticas permisivas con la inmigración ilegal y con el tráfico de personas, políticas impotentes para poner freno a la delincuencia sexual, a la proliferación de las manadas; políticas que propician el colapso de la justicia por falta de medios, la entrada y salida de los delincuentes de las comisarías,  el destino de millones de euros sin control para mantener a los inmigrantes ilegales, la imposición de una Agenda 2030 con consecuencias fatales para nuestra agricultura, nuestra industria e, incluso, nuestras libertades, etc. Son españoles que están hartos de la situación provocada por el Gobierno y no encuentran solución en las alternativas de los partidos clásicos, pero que han encontrado, pese al infame bloqueo informativo, a Alvise Pérez.

Algo ha empezado a cambiar y es hora de que nuestra sociedad despierte. Es hora de que nuestros dirigentes políticos tomen buena nota, de que no se recreen en la autocomplacencia y de que se pongan manos a la obra.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

Mi voto protesta para las elecciones europeas.

Se supone que las campañas electorales sirven para que los partidos políticos que participan en unas elecciones transmitan a los votantes sus propuestas, para que presenten sus programas, sus compromisos para cumplir en el caso de que obtengan el respaldo suficiente de los electores. Se supone también que sirven para que los votantes puedan conocer mejor a los candidatos que participan en el proceso electoral. Bien es cierto que los compromisos y programas electorales ya no sirven de gran cosa. Han sido devaluados a la categoría de billetes falsos. No hay más que recordar las promesas en materia fiscal del PP en 2011 que desembocaron en la mayor presión fiscal de la historia (solo superada ahora por el PSOE) o las promesas más recientes de Pedro Sánchez de, primero, traer a Puigdemont a la cárcel y, después, de que nunca aprobaría una amnistía por inconstitucional. 

Hoy, un candidato puede tranquilamente prometer lo que le dé la gana porque conoce la falta de memoria de una gran parte del electorado. Las campañas electorales ya no sirven para cumplir con su principal objetivo. De una parte, porque el ambiente prelectoral es permanente y el ambiente político solo cambia por su intensidad y por la agudización de la polarización política. De otra, porque en estas campañas se habla de todo menos de lo que realmente se va a dilucidar en función del resultado. De hecho, en poco se nota ahora mismo que estamos en una campaña electoral para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Poco o nada nos han transmitido la inmensa mayoría de los candidatos sobre qué y para qué quieren representarnos en Europa. Poco o nada se ha dicho sobre la PAC y su reforma, sobre la homogeneización fiscal, sobre las políticas comunitarias en inmigración, sobre la posición europea, comunitaria, sobre conflictos tan relevantes como el de Ucrania u Oriente Medio, sobre la supuesta emergencia climática o sobre la infumable Agenda 2030.

Dado que no nos explican sus proyectos para Europa, nos han colado de lleno en una campaña nacional, en una votación casi plebiscitaria en la que se pretende aprobar o condenar al actual gobierno o, en su caso, a la oposición. La polarización a la que nos ha conducido Pedro Sánchez y sus satélites se traduce en la construcción de “un muro” para aislar a todos los que no sean de los suyos, entre los cuales me encuentro. Y así las cosas, lo más sensato para cualquiera que no crea en “los muros” es combatir a quienes los construyen lo que, traducido en términos electorales, es votar contra “los muros”, contra sus constructores. Deseo unos gobernantes que gobiernen para todos, no contra la mitad de la población, no solo para los suyos.

Durante la campaña solo he acudido a un pequeño acto electoral, al organizado por Alvise Pérez de “Se acabó la fiesta” en Alicante. Y me ha valido las críticas de algún conocido defensor de “los Muros”. Me preguntó ¿qué hacía una persona inteligente como yo (sic) en este acto? Me revienta que, desde su pretendida superioridad moral, algunas personas se vean en la obligación de decirte dónde debes ir y dónde no. En su arrogante actitud totalitaria se permiten el lujo de aleccionarte, por tu bien, de lo que debes o no escuchar. Y las cosas, para los que creemos en la libertad, no son así. Alvise Pérez es el único candidato al que he escuchado propuestas diferentes que parten de una profunda crítica a los peores vicios de la partitocracia. Lo inteligente es escuchar, comparar y analizar con espíritu crítico a todos. Si los defensores del “muro” lo practicasen quizás se harían un gran favor. Pero es pedir peras al olmo. Les basta con repetir las consignas sobre el fango, la ultraderecha y demás eslóganes para militantes sin capacidad de autocrítica. Es cierto que Alvise Pérez busca la inmunidad parlamentaria para poder seguir con su tarea de denuncia de la corrupción de políticos de todos los colores ¿Y qué? También la buscó Puigdemont y la consiguió y ahora los del “muro” prácticamente le adoran.

En todo caso, Alvise con sus cientos de miles de seguidores tiene asegurado su escaño en Europa. Por eso, en mi caso, voy a votar al Partido Popular. No porque me convenzan sus propuestas, lo voy a hacer porque, a pesar de sus tremendos errores en Baleares incumpliendo sus promesas en materia lingüística o subvencionando a entidades independentistas, es la opción que más puede doler a los defensores del “muro”. Voy a votar al Partido Popular porque es la opción con más capacidad para echar al actual gobierno, un gobierno al que la corrupción asfixia, un gobierno que atenta contra la independencia judicial y que amenaza las libertades, un gobierno que se ha constituido gracias al incumplimiento flagrante y desvergonzado de su compromiso electoral de no aprobar una amnistía para los golpistas y malversadores catalanes. Por una vez, voy a ejercer mi voto en forma de protesta sin otro objetivo que Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y su cuadrilla de Koldos y Armengoles se vayan a su casa tras rendir cuentas ante la justicia.

Santiago de Munck Loyola

Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.

Galicia señala el camino.

 

La fakencuesta del CIS.

Mala noche la del 18 de febrero de 2024 para la progresía en general y para los partidos que componen el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Y mira que lo han intentado todo, desde resucitar la catástrofe del Prestige hasta manipular, como suele ser habitual, las encuestas del CIS, pasando por promesas de inversiones millonarias o difundiendo el bulo de un posible vuelco electoral en las elecciones gallegas. Nada les ha funcionado, el PP ha mantenido su mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños en una competición electoral en la que se había convertido en la pieza a batir por todos, desde VOX hasta Podemos. 

 

Pero como suele ocurrir después de cada cita electoral, parece que a la hora de escuchar las valoraciones nadie ha perdido y, por supuesto, al contrario de lo que suele ocurrir en las democracias europeas, aquí nadie asume responsabilidades, no dimite nadie por malo que haya sido su resultado. Siempre hay una excusa por muy grande que sea el batacazo electoral. Y es que no se puede calificar de otra manera el resultado de los dos partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Los mismos partidos que señalaban las elecciones gallegas como una reválida para cuestionar el liderazgo de Feijóo, dicen ahora, a la vista de sus vergonzosos resultados, que los comicios gallegos no pueden interpretarse en clave nacional, ¡claro! Si el PP hubiese perdido la mayoría absoluta, entonces nos estarían contando justamente lo contrario: que habría perdido la derecha extrema y que habrían triunfado las políticas vergonzantes, las claudicaciones permanentes del Gobierno de España ante los golpistas separatistas y filoetarras.

 

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, obtuvieron el pasado mes de julio en Galicia el 41,1 % de los votos. Tras la formación del gobierno y la consumación de la estafa electoral promoviendo un amnistía para los delincuentes independentistas que negaban horas antes de cerrar las urnas, han cosechado en Galicia, tan solo siete meses después, un ridículo 15,9 % de los votos (el PSOE un 14 % y Sumar un 1,9 %). Han pasado de 664.000 votos en julio de 2023, a 235.000 votos el 18 de febrero. Un “hostión” de los que hacen época. Una debacle sin paliativos, por mucho que ahora quieran justificarlo algunos en la falta de tiempo originada por el adelanto electoral provocado por la convocatoria adelantada de estos comicios, como si las elecciones de julio pasado, celebradas además en plenas vacaciones, no se hubiesen debido también a un adelanto electoral. Por mucho que se empeñen, estas elecciones sí que tienen una lectura nacional, por eso el 65% de los votantes del PSOE y Sumar de julio de 2023 no les ha vuelto a votar en estas elecciones y ha transferido su voto al BNG. Y es muy probable que la pérdida de más del 50 % de los votantes de Vox, alineado en el “todos contra el PP”, se deba también a la misma causa.

 

Y si nos centramos en una lectura gallega, es evidente, le pese a quien le pese, que el PP conecta mejor que ningún otro partido con el galleguismo moderado e integrador, con el galleguismo constitucionalista y profundamente español, avalado por una larga trayectoria en el poder sustentada en una gestión bastante eficiente, aunque con un desequilibrio territorial como lo evidencia el crecimiento de Democracia Ourensana, un partido provincial que ha sabido recoger el legítimo deseo de buena parte de los orensanos de mejorar la financiación de la Xunta en su Provincia e influir en favor de una mejor distribución de los recursos públicos.

Igualmente hay que destacar que los gallegos, inmunes a la permanente campaña para promocionar su imagen, conocen mejor que nadie a la líder de Sumar, una consumada chaquetera, hábil en el manejo del puñal e intelectualmente escueta, Yolanda Díaz, lo que justifica sobradamente el vergonzoso resultado de su “chulísimo” partido que, ni sumando los escasos votos obtenidos por los agonizantes podemitas, supera a Vox.

 

Galicia demuestra que solo la concentración del voto liberal conservador en el Partido Popular puede desalojar al PSOE y sus satélites de la Moncloa. Y ello exige una amplitud de miras y una gran generosidad por parte de los dirigentes populares, que hasta ahora no han mostrado, para integrar en su organización a las distintas sensibilidades que componen el centro derecha. No hay otro camino que el de la unidad, pero para lograrla tienen que hacer un gran esfuerzo para adecuar su organización y su programa a una realidad que no es monolítica. Mientras eso llega, solo cabe felicitar al PP por su rotundo triunfo, a los gallegos por su sensata elección y a los demás por la esperanza que todo ello supone.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

775 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE ALICANTE. MANIFIESTO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA EN HOMENAJE A NICOLÁS PERIS.

Un 4 de diciembre, hace 775 años, la ciudad de Alicante pasó a formar parte de nuevo de occidente. 

En pleno Siglo XXI, pertenecer a una cultura occidental significa tener derechos y libertades que la inmensa mayoría de los habitantes de oriente no tienen, siendo las mujeres y los homosexuales quienes más tienen que perder si esta situación se revirtiese. 

Recordar esta efeméride sirve para saber dónde estamos y qué se ganó gracias a aquellas personas que lucharon y vertieron su sangre para que ahora disfrutemos de los beneficios de la cultura que trajeron. Pero también hay que recordar que dentro de nuestro entorno cultural hay adversidades que debemos combatir para poder mantener y asegurar nuestros intereses y valores.

 

La Provincia de Alicante se convirtió en una tierra fronteriza. En 1296 el alcaide del castillo de Alicante luchó contra el invasor hasta la muerte, con las llaves de la ciudad en una mano y la espada en la otra. 

Hoy, la ciudad de Alicante y toda la Provincia luchan contra el expolio económico, contra las imposiciones lingüísticas y culturales, contra la falta de infraestructuras y contra un sinfín de adversidades, sin encontrar a un paladín que luche contra todas ellas. Nos falta un Nicolás, un Nicolás Peris que era como se llamaba el alcaide que dio su vida por defender Alicante.

 

Para recordar por qué somos lo que somos y recordar que no hay que rendirse sino seguir peleando por Alicante, el 4 de diciembre, Santa Bárbara, no está demás rendir un homenaje a todos los alicantinos que a lo largo de la historia trabajaron por Alicante. Y qué mejor lugar para hacerlo que en el monumento a Nicolás Peris, en el Castillo de Santa Bárbara. 

¡VIVA ALICANTE! ¡VIVA ESPAÑA! 

Los tres Pedros.

Corría el mes de noviembre de 2018 cuando Carmen Calvo, vicepresidente entonces del Gobierno, se vio obligada a realizar malabares dialécticos en una rueda de prensa para tratar de justificar el cambio de criterio del Presidente del Gobierno que había ordenado a la abogacía del estado que excluyera el delito de rebelión de su escrito de acusación en el juicio del “procés”, o sea, del golpe de estado de los independentistas catalanes. Y no encontró mejor argumento que afirmar que Pedro Sánchez nunca había dicho que se tratase de un delito de rebelión. Cuando el periodista le insistió afirmando lo contrario, la señora vicepresidente matizó que nunca lo había dicho como Presidente del Gobierno, sino que lo dijo cuando aún no lo era. Ya entonces deberíamos haber aprendido los españoles que hay dos o quizás tres Pedros Sánchez. A saber: Pedro sin el cargo de Presidente, Pedro el Presidente y Pedro el candidato a Presidente y que cada uno de ellos tiene sus propios principios, sus propias ideas y sus propias opiniones, nunca necesariamente coincidentes, de tal suerte, que ninguno de los Pedros es un traidor, un veleta o un mentiroso. Tres personas distintas en y para un solo ego.

A solo tres días del 23 de julio pasado, Pedro el candidato les dijo a los españoles que no habría amnistía para los golpistas, ni referéndum de independencia en Cataluña. Algo que no era la primera vez que lo decía y que machaconamente repetían Salvador Illa, los Bolaños, los políticos y afiliados socialistas, así como casi todos los comentaristas políticos y medios de comunicación, debidamente engrasados con dinero público. La amnistía no era constitucional afirmaban en coincidencia con el PP, Vox y algún que otro partido minoritario, con lo que el “no a la amnistía” superó ampliamente el 75% de los votos emitidos por los españoles en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Una cifra incontestable.

Pedro el candidato prometió lo que creía que mejor aceptarían los españoles, su olfato carroñero no le traicionó, pero, sorpresa: no fue suficiente ni para ganar las elecciones, ni para prescindir de sus infecciosos socios que, a pesar de obtener unos pésimos resultados electorales, se convirtieron en la llave para que Pedro el Presidente pudiese repetir en la Moncloa.

Finalmente, tras semanas mareando la perdiz, en las que Pedro el candidato no se atrevía a pronunciar la palabra “amnistía” y en las que sus conmilitones se esforzaban por suavizar, edulcorar y manipular el alcance de una hipotética amnistía, Pedro Presidente “in pectore” decidió hacer público “en nombre de España” su voluntad de impulsar y aprobar una “ley de amnistía” que borre el historial de los golpistas y del dinero robado para ello. Y en un alarde de cinismo y con el aplauso ovino de su audiencia,  afirma que el 80 % del electorado catalán está a favor de la amnistía, cuando lo cierto es que el 56 % (PSC+PP+Vox) votó contra la amnistía. En el nombre de España, los golpistas le darán a cambio su voto para que él pueda repetir como Presidente del Gobierno y ellos consumar por fin un golpe de estado. Y no lo dude el lector, después vendrá el referéndum de autodeterminación de Cataluña y, quién sabe, si no terminaremos como en la antigua Yugoeslavia.

A cualquiera que se haya preocupado un poco por conocer a los tres personajes del ególatra monclovita no le extrañará todo esto. Su catadura moral es más que evidente. Pero lo que más sorprende es que periodistas, comentaristas, miles de cargos socialistas y cientos de miles de votantes socialistas puedan variar 180 grados sus opiniones y sus supuestos principios políticos en poco más de dos meses. Hace falta tener poca vergüenza y muy poca autoestima para defender una cosa y la contraria en tan poco tiempo. Lo que no era constitucional el pasado mes de julio cuando había que pedir el voto a los ciudadanos, depositarios de la soberanía nacional, ahora sí lo es justo cuando lo que hay que pedir es el voto a los enemigos de España y de la Constitución. El “gironazo” de la mayoría de la prensa puede que tenga su explicación en las decenas de millones de euros distribuidos desde el gobierno y en la condición de simples mercenarios de muchos de sus profesionales. Pero cuando se observa la sumisión, la inconsistencia intelectual y la ausencia de principios éticos de tantos políticos y aspirantes a políticos profesionales, no es posible evitar un sentimiento de repugnancia y de profunda tristeza por el negro porvenir que nos depara la ausencia de calidad humana de buena parte de la clase política.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

PUCHINNEKEN PIS.

 

Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

La peregrinación indigna de la besucona.

En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola