La Generalidad Valenciana nos sigue discriminando.

Hace tan solo unos días la mayor parte de los medios de comunicación publicaban que el Gobierno tripartito de la Generalidad Valenciana se olvidaba de la provincia de Alicante en su proyecto de presupuesto de inversiones para infraestructuras para el año que viene. Como es evidente, la reiterada discriminación presupuestaria de nuestra provincia no era noticia, por habitual, sino que lo novedoso era que, habiendo cambiado de color el gobierno regional, Alicante seguía como siempre, es decir, discriminada. Nuestra provincia, con el PP, estaba a la cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y ahora con la izquierda en el Gobierno regional también.

Tanto el Estado, como la Generalidad se comportan de forma similar con Alicante que no recibe lo que le corresponde ni por población ni por riqueza. Y da igual quien gobierne en Madrid o en Valencia. Ambas administraciones han generado una deuda millonaria con los alicantinos que es preciso cuantificar exactamente y reivindicar su pago. No se puede seguir admitiendo que año tras año se produzca la misma situación. Alicante debe recibir lo que es justo y debe cobrar esa deuda histórica provincial de la que no quieren ni oír hablar los grandes partidos que solo usan los intereses de los alicantinos como arma arrojadiza.

Ayer mismo sin ir más lejos, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, que hasta mayo fue vicepresidente de la Generalidad Valenciana y responsable por tanto de la evidente discriminación económica sufrida durante los últimos años por nuestra Provincia dio buena muestra de ello. Sin el más mínimo asomo de autocrítica y con elevadas dosis de cinismo político señaló que los presupuestos presentados por el nuevo Gobierno Regional “no van a servir para resolver los problemas de la provincia de Alicante” y que no recogen “ningún proyecto relevante o que ilusione” para la provincia. Dice José Ciscar que la media de inversión por habitante será de 24,5 euros frente a la media valenciana de 27,5. Y no queda más remedio que recordarle que la media de inversión con él y el PP ha sido en 2015 de 25 euros por alicantino mientras que la media regional se situaba en 32 euros, que en los últimos 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población y que Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. Habla por tanto el que más tiene que callar, quien menos legitimado moralmente para denunciar la discriminación de nuestra provincia.

Hoy, los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es un dato incuestionable. La política de la Generalidad Valenciana ha propiciado una divergencia, en lugar de convergencia, de las rentas provinciales en su territorio. Y tras 20 años la tendencia no ha quebrado, sino que se ha confirmado con el nuevo Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Una autonomía así no funciona bien, no sirve a los intereses de los alicantinos.

Es hora de plantearse con lógica, con racionalidad y sin apasionamientos de carácter sentimental si no ha llegado el momento de cuestionar el modelo territorial y de proponer un modelo alternativo que permita a nuestra provincia desplegar todo su potencial y toda su capacidad de progreso por su cuenta. Es hora de plantearse si es imprescindible que los alicantinos debamos soportar sobre nuestras cabezas y nuestras espaldas cuatro administraciones diferentes (local, provincial, autonómica y estatal) en lugar de tres como ocurre con otras provincias españolas. Es hora, en fin, de plantearse qué modelo territorial es menos costoso, más eficiente y más adecuado a los intereses de los ciudadanos de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

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Consecuencias de los "dedazos" del PP.

Para entender muchas noticias que afectan al Partido Popular y a sus representantes institucionales es necesario saber cómo funciona internamente. La designación de quienes han de ser elegidos como parlamentarios o concejales no depende de los cientos de miles de afiliados del PP. Su designación como candidatos se hace a través de Comités Electorales nombrados desde arriba que se limitan prácticamente a designar a los que desde arriba les señalan. No cuenta el mérito, ni la capacidad, ni, por supuesto, el respaldo de las bases del partido. Cuentan las amistades, las influencias y, en no pocos casos, el servilismo. Existe un fuerte déficit de democracia interna que es el que termina generando problemas y, a veces, escándalos. Buena prueba de ello, es la trayectoria política de un diputado autonómico de Madrid con el que hace años colaboré, José Cabrera Orellana. Se podría decir que es prototipo del arribismo y del amiguismo en el Partido Popular.

Hace unos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la renuncia al escaño del Diputado Popular en la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana, tras 16 años como parlamentario, coincidiendo casualmente con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Según el Diario El País, Cabrera ha justificado su renuncia en que “no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal” confesando que lo hizo “con una mano delante y otra detrás”.

El Diputado José Cabrera también fue objeto de atención por parte de los medios de comunicación en 2012 y no precisamente por su labor como parlamentario, prácticamente inexistente. En febrero de 2012, Metro de Madrid incorporó a su plantilla a un hijo del portavoz de Transportes del PP en la Asamblea de Madrid que casualmente era José Cabrera Orellana. Esta incorporación se hizo mediante un contrato "de relevo", como "subjefe de servicio" con un nivel salarial 3 y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Y este fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva y de que redujese a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios.

También en 2012, José Cabrera fue objeto de críticas y denuncias por parte de grupos ecologistas por sus actuaciones en una parcela en Carabaña, junto al río Tajuña, en la que, ignorando la legislación, ajardinó toda la franja de policía y el dominio público hidráulico, arrasando el bosque y construyendo escolleras y un vallado para impedir el libre acceso al río.

¿Cómo llegó Cabrera a ser diputado autonómico del Partido Popular? Pues gracias al molino de la casa de Rodrigo Rato en Carabaña. En abril de 1994 Rodrigo Rato fue acusado por el alcalde de Carabaña, de Izquierda Unida, de haber desviado el agua del cauce del río Tajuña para llevarla al molino de su casa. A parte de muchas críticas, Rodrigo Rato recibió el apoyo de un vecino de Vallecas y veraneante en Carabaña que formaba parte del movimiento asociativo de la localidad, José Cabrera. Y este respaldo tuvo premio. En 1996, José Cabrera, comercial de venta de baterías, votante de izquierdas, sin experiencia ni formación política y recién afiliado al Partido Popular fue nombrado, nada menos, que Secretario de Pueblos del Partido Popular de Madrid.

Durante más de dos años colaboré, junto con dos concejales más de Rivas-Vaciamadrid, como asesor jurídico de los grupos municipales. Hay que destacar dos obsesiones de Cabrera en aquella época: de una parte que los miembros del equipo debíamos identificarnos como seguidores de Rato (“Cuanto mejor le vaya a Rodrigo mejor nos irá a nosotros”) y de otra que no debíamos poner el nombre del autor en los informes jurídicos que hacíamos, sino “Secretaría de Pueblos”. Eran épocas de etiquetas o te la ponías o te la ponían aunque no quisieras. Recuerdo que en una ocasión Cabrera me dijo “Santiago, no vales para la política porque eres un intelectual y aquí de lo que se trata es de vender”. Sin comentarios.

El caso es que en 1999, el converso Cabrera fue incluido en las listas del Partido Popular a la Asamblea de Madrid y así durante tres legislaturas más. Y de paso, Rodrigo le promovió para ser consejero de Bankia y de RTVE. Y en este tiempo pasó de ser comercial de venta de baterías a convertirse en “Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción”, ahí es nada, a ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Su esposa aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer.

Es evidente, ante casos como éste, que el Partido Popular necesita una profunda reforma estatutaria para que los militantes tengan la capacidad de decidir quienes han de ser los candidatos en las instituciones y para controlar que su actividad parlamentaria y política sea la adecuada. Mientras siga primando el amiguismo, el compadreo, el padrinazgo y el nepotismo las instituciones públicas seguirán siendo un paraguas para medrar personalmente y un semillero de abusos. No es posible hablar de regeneración democrática de nuestro sistema si no se empieza por regenerar a los propios actores del mismo, es decir, a los partidos políticos. Y la mejor regeneración empieza por mayores dosis de democracia interna.

Santiago de Munck Loyola

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El 9 de octubre y Alicante.

Se acaba de celebrar, con más pena que gloria, al menos en Alicante, la festividad de la Comunidad Valenciana. Tanto los preparativos de la festividad,  como su propio desarrollo no han estado exentos de polémica. Era la primera vez que se desarrollaba bajo la presidencia del tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana y esta circunstancia no es posible desmarcarla de algunos gestos y actitudes del nuevo gobierno que caracterizan claramente su perfil identitario. Gestos y actitudes sectarias entre las que está el deseo manifestado por algunos de modificar la letra del Himno regional (al parecer molesta lo de “ofrendar nuevas glorias a España”), la puesta en cuestión de la educación en castellano, el traslado en Alicante del monumento al soldado, la supresión de la interpretación del Himno de España en determinadas festividades, la eliminación del tradicional Te Deum en los actos oficiales del 9 de octubre o la eliminación de la bandera de España en las fiestas de algunas localidades gobernadas ahora por miembros del tripartito. La propia publicidad institucional de la Generalidad Valenciana sobre la propia fiesta del 9 de octubre se ha realizado casi exclusivamente en valenciano, manifestando así  un desprecio absoluto de este gobierno tripartito hacia los ciudadanos castellano-parlantes, ampliamente mayoritarios en la Provincia de Alicante, al menos.

Esta fiesta oficial no parece que cuente en nuestra provincia con mucho fervor popular y su arraigo es prácticamente nulo. Lo cierto es que el 9 de octubre se conmemora la entrada del Rey Jaime I en la ciudad de Valencia en 1238. Este acontecimiento histórico de carácter localista fue elevado incomprensiblemente a la categoría de celebración oficial e institucional para toda la comunidad autónoma y el origen de esta decisión se encuentra en el Plenario de Parlamentarios que en 1976 proclamó el 9 de octubre como Día Nacional del País Valenciano, nada menos, y que más tarde fue ratificado con la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma.

No está de más recordar que si el 9 de octubre de 1238 las tropas cristianas, en este caso del Reino de Aragón, tomaron la ciudad de Valencia, el 4 de diciembre de 1248 (festividad de Santa Bárbara), diez años después, las tropas cristianas, en este caso del Reino de Castilla, dirigidas por el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, tomaron la ciudad de Alicante.  Y ello fue así porque Alicante pertenecía a la zona de expansión castellana en virtud del Tratado suscrito en 1179 entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso II de Aragón que había fijado la frontera meridional de Aragón en la línea que une Biar, Castalla, Jijona y Calpe.

Si el aniversario de la toma de la ciudad de Valencia se convirtió en la fiesta oficial de toda la Comunidad Valenciana por criterios exclusivamente políticos, nada debería impedir que por motivos también políticos, la defensa de Alicante y la reivindicación de su singularidad e identidad, se conmemore por todo lo alto el 4 de diciembre el aniversario de la toma de Alicante por las tropas cristianas, un hecho histórico más trascendente e importante para los alicantinos que la toma de Valencia. La defensa de los intereses de la Provincia de Alicante, la lucha contra su discriminación por parte de la Generalidad Valenciana y la exigencia del puesto que le corresponde pasa también por la recuperación de su memoria y de sus propis símbolos de identidad.

Santiago de Munck Loyola

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Más Alicante, más España.

Lo que hasta hace poco era solo una conjetura, se convirtió en certeza hace unos días cuando el Presidente Rajoy anunció en una entrevista televisiva, y no en un formato más solemne, que las elecciones generales serán el próximo 20 de diciembre. Nos esperan dos meses moviditos con toda la coctelería propia de unos comicios de esta naturaleza. Encuestas, alianzas, traiciones, discursos, promesas, videos, hasta acabar con la paciencia del Santo Job. Es inevitable y hasta puede llegar a ser entretenido.

Sea como fuere es evidente que nos jugamos los próximos cuatro años. Los grandes nos venden ya que sólo hay una alternativa: o el PP o el PSOE y que el resto sólo serán meros comparsas, votos inútiles que terminarán respaldando o al PP o al PSOE. Pero todo parece indicar que la fragmentación del voto de la izquierda también se ha instalado en el campo de la derecha. La hegemonía absoluta popular parece que ha llegado a su fin más por deméritos propios que por méritos de los adversarios unidos en esa estupidez del “todos contra el PP”. Pero la política y las políticas no se reducen al blanco o al negro, al conmigo o contra mi. Hay y debe haber una amplia gama de posiciones y sensibilidades políticas que están esperando su oportunidad electoral y cuya presencia política contribuye a enriquecer la pluralidad y, por consiguiente, las posibilidades de elección de los votantes.

En la Comunidad Valenciana y en nuestra Provincia de Alicante, los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas y municipales nos permiten extraer algunas conclusiones ya y prever lo que puede ocurrir en las elecciones generales. Hay que destacar que el PP, tras su derrumbamiento en nuestras tierras, ha sido incapaz de depurar responsabilidades y de rectificar sus errores. Por ello va a concurrir a las próximas generales con el mismo plantel de personajes que, en Alicante por ejemplo, han sido los culpables de una mala gestión y de haber traicionado a su electorado. A más de uno lo veremos en las próximas listas si sale vivo del actual navajeo por entrar en ellas. Esas listas las deciden en Madrid, no lo olvidemos.

El PSOE ha demostrado que le vale cualquier compañero de viaje con tal de hacerse con el poder. Da igual que se trate de podemitas, de catalanistas o de riveristas. Por ello no es de extrañar que algunas consecuencias de esa promiscuidad política se empiecen a notar en Alicante y eso que no han hecho más que empezar su andadura. Han empezado por los símbolos y terminarán por y con las arcas públicas que ya el PP dejó tiritando. Ya han puesto en cuestión el futuro del español en la educación, como lo han hecho con la persecución de los símbolos identitarios españoles en las fiestas patronales de distintas localidades y algunos de sus socios de gobierno en Valencia se muestran abiertamente favorables a las tesis independentistas y anexionistas de los separatistas catalanes.

Por su parte, Ciudadanos, los riveristas, un partido que se autodefine de centro izquierda y que en Alicante se ha nutrido de cuadros ripollistas y zaplanistas, pretende ir de detergente blanqueador de la política. Es curioso, participan en las elecciones pero no se quieren “pringar” entrando en gobiernos y se nutren de votos de centro derecha para en muchos casos favorecer a la izquierda. ¿Cabe mayor corrupción política?

Pero ninguno de estos partidos políticos pone al frente de sus propuestas a la Provincia de Alicante, a las necesidades de su gente. Alicante corre el riesgo, una vez más, de ser una simple pieza del tablero electoral en la que se disputan unos cuantos diputados para sumar a la causa de Rajoy o de Pedro Sánchez. Así ha sido elección tras elección: una competencia entre partidos y no una competencia por nuestra Provincia.

Es hora de que Alicante gane. Es hora de denunciar con toda la fuerza posible su histórica discriminación por parte del Estado y de Valencia. Es hora de exigir y cobrar la deuda histórica de Alicante y de reclamar para la provincia un nuevo papel, acorde a su peso e importancia, en el encaje del Estado de las Autonomías. Es hora de iniciar un nuevo camino por el que en Esperanza Ciudadana hemos apostado, porque creemos en la capacidad de nuestra provincia y porque sabemos que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola

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Los refugiados sirios.

A pesar de que la guerra civil en Siria lleva más de cuatro años desarrollándose, a pesar que ha originado más de 220.000 muertos y más de 4.000.000 de refugiados hasta hace poco ha permanecido en un segundo plano entre las prioridades informativas de los medios de comunicación europeos y, por tanto, entre las preocupaciones de los ciudadanos occidentales. Cerca de cuatro millones de refugiados sirios se hacinan en campamentos miserables en los países limítrofes, Turquía, Líbano, Jordania e Irak, y cientos de miles están intentando entrar desesperadamente en Europa.

Las grandes potencias, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no han permanecido ajenas a esta guerra civil. Han contribuido a su desarrollo apoyando a las distintas facciones enfrentadas. De una parte Rusia o Irán, por ejemplo, han venido prestando ayuda al régimen de Bashar al-Asad y los Estados Unidos y algunos países occidentales lo han hecho a los grupos armados opositores. Han estado echando leña al fuego durante estos últimos cuatro años pero no han movido un dedo para acabar con el enfrentamiento armado y con el tremendo drama humanitario que éste ha causado entre la población civil siria.

La entrada en el conflicto de los terroristas de ISIS, el llamado Estado Islámico, hace más de un año supuso una alarma para algunos, sobre todo por la impúdica exhibición de sus brutales métodos de exterminio. 

Sin embargo, la difusión de las imágenes en las que decapitaban a rehenes extranjeros, en las que degollaban a decenas de cristianos junto a una playa en el mediterráneo o junto a una cuneta, en las que arrojaban a un joven acusado de ser homosexual desde lo alto de un edificio, en las que degollaban y crucificaban a niños y a sus madres por ser cristianos a duras penas lograron movilizar a las conciencias occidentales ni, por supuesto, a los dirigentes de nuestros países. Y ya había millones de refugiados.

La fotografía de un niño ahogado en la playa, el pequeño Aylán, lo ha cambiado todo. Y no, no es el primer niño que huye del horror o de la miseria que muere ahogado en el Mediterráneo. Decenas o quizás centenares han muerto ahogados durante las últimas décadas al intentar pasar de África a nuestra rica Europa, al intentar de escapar de la miseria, del hambre o de la violencia. Y, sin embargo, pocos son los que se han ocupado de ellos, pocos son los que se han hecho eco en sus portadas de esos dramas. ¿Por qué ahora sí y no hace un año o cinco? No será por falta de imágenes desgarradoras.

Es imposible sustraerse a la sospecha de que este cambio de rumbo informativo y por consiguiente de movilización de las conciencias de los ciudadanos occidentales está orquestado. No parece casual. No parece casual que coincida con la llegada a las fronteras de los países occidentales de cientos de miles de ciudadanos sirios que, pese a cuatro años de conflicto, no habían logrado llegar y ahora sí. ¿Por qué se golpea ahora a las conciencias y a la solidaridad de los europeos y no hace uno o dos años? ¿Por qué se apela a la solidaridad con los refugiados sirios y no se ha hecho lo mismo con los libios, senegaleses o congoleños?

Sean las razones que hubiere detrás de esta “espontánea” movilización de solidaridad con los refugiados sirios es indudable que no es posible ignorar el problema humanitario existente en las propias fronteras de la Unión Europea. Ni por principios ni por tradición cultural o religiosa podemos los europeos cerrar los ojos. Tenemos la obligación de prestar nuestra ayuda ante lo que constituye una emergencia humanitaria, pero también es cierto que debemos hacerlo con coherencia y con prudencia, huyendo de demagogias y actitudes supuestamente “buenistas”. Y no puede ser de otra forma porque sabemos que estamos ante un feroz enemigo cuyos brutales métodos conocemos y que ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de utilizar el drama de los refugiados para golpear en el corazón de Europa. Prestar ayuda humanitaria a los refugiados es una obligación moral, pero también lo es adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad e integridad de nuestras sociedades. Hemos visto cientos de imágenes de mujeres y niños intentando llegar a Europa y junto a ellos muchos hombres acompañándoles. Ahora que se empieza a plantear la posibilidad de intervenciones armadas de las potencias occidentales para acabar con la guerra civil en Siria no parece que tenga mucho sentido que puedan morir nuestros jóvenes militares mientras que los sirios que se han refugiado en Europa permanecen aquí como espectadores. Puede que sea políticamente incorrecto plantearlo, pero es lo que dicta el sentido común.

Santiago de Munck Loyola

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Menos para Mas.

Lo bueno de los escrutinios de cualquier proceso electoral es su capacidad de poner de acuerdo, por una vez, a todos los partidos políticos que participan en el mismo. Bueno, maticemos, a casi todos. A la hora de hacer balance parece que todos han ganado las elecciones, todos están casi satisfechos y algunos, incluso, eufóricos aunque la realidad sea bien distinta.

Buen ejemplo de ello han sido las últimas elecciones autonómicas de Cataluña. Y es que el que no se consuela es porque no quiere. Y el que bate todas las marcas es el Sr. Arturo Más. ¡Qué lince! Venga a adelantar elecciones y, con ello, a liquidar a su propio partido político, Convergencia Democrática de Cataluña. Por si no fuera poco tener las sedes del partido embargadas encima menos diputados autonómicos. En 2010 tenían los convergentes 62 escaños, en 2012 bajaron a 50 y ahora tras el 27-S se han quedado en 29 escaños. Un fenómeno Arturito. Si se aplicase con el mismo esmero a rebajar la deuda pública catalana otro gallo cantaría.

Otros que parece que andan muy contentos son los de Esquerra Republicana a pesar de que han pasado de tener 21 diputados obtenidos en el 2012 a quedarse en 18 escaños. Para aclararnos, en 2012 la suma de diputados de ERC y Convergencia era de 71 y tras el 27-S es de 47. Todo un logro. Así que a los 29 escaños de CDC y a los 18 de ERC hay que sumar los 13 de independientes y 2 de dos minipartidos para completar los 62 que ha obtenido la candidatura independentista de Juntos por el Sí. Es lo que se dice hacer un pan como unas ostias.

No importa. Echan las campanas al vuelo porque sumando los 10 de la CUP, independentistas, llegan a los 72 escaños y parecen olvidar que en 2012 la suma de Convergencia, ERC y la CUP era de 74 escaños. Si eso no significa que hay ahora menos diputados independentistas que hace tres años que venga Dios y lo vea.

Los socialistas también andan más contentos que unas castañuelas. Pensaban, y así lo decían las encuestas, que se iban a pegar un batacazo por la irrupción de los podemitas y, al final, solo han perdido cuatro escaños, pasando de 20 a 16. Exitazo. Ya se ven en la Moncloa pactando, si hace falta, hasta con el diablo, con o sin coleta.

¿Y los podemitas? Parece que el Sr. Pablo Iglesias no anda muy satisfecho. Han obtenido 11 escaños pero lo cierto es que pese a haber fagocitado a la versión catalana de Izquierda Unida, los podemitas no han sido capaces de alcanzar los 13 escaños que aquellos obtuvieron en 2012. La digestión ha debido ser demasiado pesada para tan escaso cuerpo político.

Por su lado, los populares son, dígase lo que se diga, otros de los grandes perdedores de la jornada electoral. Pasan de 19 a 11 escaños. Con todo, las encuestas les habían otorgado un pronóstico de 4 o 5 escaños. Algún motivo de consuelo les queda a algunos.

Y si hay alguien que sí ha triunfado el 27-S es Ciudadanos, un partido de centro izquierda que ha sabido atraer el voto del centro derecha español en Cataluña. Se ha erigido como referente de unidad para muchos ciudadanos que no han querido revalidar su confianza en un Partido Popular cada vez más enrocado en sus posiciones.

Tras tanto ruido, pocas nueces. Poco ha cambiado en el panorama político catalán (respecto al eje independencia – no independencia) en relación a las elecciones autonómicas de hace tres años. Hay 2 diputados independentistas menos y el independentismo no alcanza el 50 % de los votantes. ¡Qué casualidad, le falta el 3%!

Lo que sí ha cambiado es la distribución del voto en el centro derecha catalán al producirse un importante trasvase de votos populares hacia un partido de centro izquierda como es Ciudadanos. Y ello puede ser especialmente significativo de cara a las próximas elecciones generales.

Santiago de Munck Loyola

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La hora de Alicante.

Quedan tres meses para la celebración de las próximas elecciones generales que decidirán el futuro de nuestra nación. Todos los partidos están ya sumergidos en los preparativos para esa cita, se suceden los contactos entre distintas fuerzas políticas afines para la constitución de coaliciones o acuerdos y en todos se aprecian movimientos personales para situarse bien en la confección de las listas al Congreso y al Senado.

Serán sin duda unas elecciones cruciales y todas las posibilidades, hoy por hoy, están abiertas. El bipartidismo pasa por uno de los momentos más bajos de su historia. Las nuevas fuerzas emergentes como Ciudadanos o Podemos parece que, si hay que creerse las encuestas, han frenado su ascenso. Izquierda Unida anda mendigando un hueco en las listas de Podemos. UPyD no parece levantar cabeza y Vox no logra recuperarse para rozar  ni siquiera los resultados de las últimas elecciones europeas. Los votantes indecisos y los abstencionistas declarados constituyen, hoy por hoy, la primera fuerza política de España. Y del resultado de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 27 de septiembre dependerán también muchas cosas de cara a las elecciones generales.

El centro derecha anda más descompuesto que nunca. El Partido Popular, su principal representante, ha decidido taparse sus vergüenzas envolviéndose en la bandera del miedo a los gritos de “que vienen los rojos” o “nosotros o el caos”. Agitación del miedo, cambios estéticos, nuevas caras pero todo sin acometer realmente su problema principal, la falta de regeneración democrática.

Así las cosas, con ser muy importantes estas elecciones para el conjunto de España, lo son especialmente para la Provincia de Alicante. Una gran parte de los ciudadanos de la Provincia somos conscientes de que tanto el Estado como la Generalidad Valenciana no nos tratan con justicia. La mayoría tiene la sensación de que Alicante recibe menos de lo que le corresponde pero, hasta ahora, hemos sido incapaces de transformar esa sensación de injusticia en una acción política reivindicativa. Unos y otros han usado el maltrato a Alicante como simple arma dialéctica según estuviesen en el gobierno o en la oposición, pero no han sido capaces de plantar cara donde hiciese falta practicando un alicantinismo que rebasase el puro folclore. Solo hay que ver el cinismo de quien era vicepresidente del Consejo de la Generalidad, Sr. Ciscar, al ponerse a enarbolar la defensa de nuestra provincia a la semana de cesar en su cargo.

Por ello, estas elecciones generales representan una oportunidad histórica para nuestra provincia, para practicar el alicantinismo como acción reivindicativa de los derechos y oportunidades que nos han quitado. Los datos y las cifras son incontestables, tenemos peor sanidad, peor educación, peores servicios sociales y peores infraestructuras que la medida española, siendo la quinta provincia por población y por PIB. El Estado y la Generalidad Valenciana tienen una deuda histórica (económica) con nuestra Provincia y cuyo pago debe ser exigido con firmeza.

A pesar de los localismos que tanto pesan en muchos de nuestros pueblos, Esperanza Ciudadana, único partido provincial, ha realizado un llamamiento por escrito a otras fuerzas políticas para construir esa alternativa netamente alicantina que, desde la más absoluta lealtad a España, defienda a nuestros conciudadanos en el parlamento español. Es la hora de la generosidad política, de la amplitud de miras, del compromiso con la gente de nuestra tierra y de superar miedos y recelos. Alicante puede y debe tener voz propia en Madrid. Y sería suicida esperar a que los de siempre, los que deben su sillón a los de arriba, se decidan a defender a todos los alicantinos. Nunca lo han hecho.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado una Moción para que los circos con animales sean prohibidos en el Municipio.

   NOTA DE PRENSA.            21-9-2015.

Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado una Moción para que los circos con animales sean prohibidos en el Municipio.

El pasado 17 de septiembre, Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid presentó en el Registro Municipal una Moción para que sea incluida en el próximo Pleno ordinario con el fin de que en Monforte del Cid se prohíba la instalación de circos que usen en sus espectáculos animales salvajes.

Con ello se pretende por una parte concienciar al conjunto de la población y especialmente a los más pequeños del maltrato que en gran número de casos padecen los animales salvajes para actuar en los espectáculos circenses y de otra incorporar a Monforte del Cid a la red de municipios españoles que ya han adoptado iniciativas similares a favor de la calidad de vida de los animales salvajes en cautividad.

Igualmente, en la moción presentada por Esperanza Ciudadana se insta a que la Generalidad Valenciana a que adopte medidas similares en el ámbito de sus competencias.

La vuelta.

No resulta fácil retomar la actividad de este Blog tras el descanso veraniego. No ha sido un verano política e informativamente típico. Todo lo contrario. Ha sido tal la avalancha informativa que resulta difícil destacar algo. Haciendo memoria hemos presenciado el aterrizaje en los Ayuntamientos y Gobiernos regionales de los temidos “podemitas” y sus socios en forma de tripartitos, cuatripartitos y toda clase de fórmulas antipeperas. Y se han hecho visibles los peores rasgos políticos de estos patés gubernamentales: sus fobias a muchas tradiciones y su odio a los símbolos constitucionales, su incalificable nepotismo evidenciado a la hora de colocar en los Ayuntamientos a maridos, sobrinos y toda clase de parentelas, su doble discurso sobre la casta en la que se han integrado a las mil maravillas y, sobre todo, su falta de programa y de propuestas razonables sustituida con toda clase de peregrinas ocurrencias (mamás limpiando los coles, patrullas de chivatos para la limpieza viaria, etc.).

Hemos presenciado también una inusual actividad política debida sobre todo por tres hechos que van a marcar el final de este convulso 2015. De una parte, el Gobierno del Partido Popular no quiere despedirse sin dejar aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado, sin aprobar la infumable reforma de la Ley del aborto que constituye un auténtico insulto a los votantes populares y un flagrante incumplimiento, como tantos otros, de su programa electoral y, por último, la reforma exprés del Tribunal Constitucional para “poder” hacer cumplir sus sentencias. Que las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, están para cumplirse es indudable; que ya existen mecanismos legales para hacerlo es posible; que reforzar esos mecanismos solo perjudica a quienes no las cumplen o no tienen intención de cumplirlas es indiscutible; que la el Partido Popular ha promovido la reforma del Constitucional tarde y mal es cierto y que, ante el desafío independentista, al PSOE y al resto de la oposición les falta patriotismo y grandeza de miras es incuestionable.

De otra parte, la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 27 de septiembre está convulsionando a toda la sociedad por el carácter plebiscitario que los independentistas están promoviendo y por los planes de declaración unilateral de independencia hechos públicos. Tiene lo suyo que este proceso independentista esté liderado por el partido del 3%, un partido tan corrupto que tiene hasta sus sedes embargadas. No cabe ninguna duda de que el conjunto de los españoles tenemos por delante un grave problema de difícil solución si no se respetan las leyes. Sea cual fuere el resultado electoral, el 28 de septiembre tendremos ante nosotros una sociedad catalana más fracturada y enfrentada que nunca y no será tarea fácil ni rápida curar la fractura. Se trata de un problema generacional que empezó a crecer día a día y ante la pasividad general cuando el Estado decidió dejar en manos de los independentistas algo tan básico y elemental como la educación. Durante 30 años se ha cultivado el victimismo, el odio a lo español, se ha falseado la historia y se sigue falseando la actualidad con la inefable colaboración de unos medios de comunicación públicos que censuran al discrepante como recientemente acaban de hacer con el Sr. Borrell a propósito de su libro "Las cuentas y los cuentos de la independencia". Unos y otros, sobre todo otros, hablan unas veces de federalismo y otras de reconocer constitucionalmente la “singularidad” de Cataluña como soluciones al reto del independentismo, el golpismo en cámara lenta del Sr. Mas y compañía. Claro que ni concretan esa supuesta fórmula federal, ni desarrollan esa simpleza del reconocimiento de la “singularidad” catalana. Porque, vamos a ver, la sociedad catalana es singular lo reconozca o no la Constitución, es una realidad sociológica que no necesita tal reconocimiento, pero es que, además, la singularidad catalana es tan real y tan evidente como pueda serlo, por citar una, la singularidad alicantina y a nadie son sentido común se le ocurre exigir tal reconocimiento constitucional para resolver los graves problemas de discriminación que Alicante sufre por parte del Estado central y del periférico, la Generalidad Valenciana.

Y el último hecho que cerrará políticamente este año pero que ha estado diariamente presente durante este verano es la convocatoria de las próximas elecciones generales. Todos calentando motores. El Gobierno aflojando la soga presupuestaria para arañar votos, como debe ser aunque si hubiese sido más decente con sus votantes no tendría tan malas expectativas. Y la oposición descalificando al gobierno por todas estas medidas como si un gobierno solo debiera aprobar medidas que le resten votos. Ridículo.

Y en medio de esta vorágine informativa política ha irrumpido con fuerza el drama de los refugiados musulmanes provenientes principalmente de Siria. No se trata de algo nuevo, no. Hace años que vienen muriendo centenares de personas ahogadas en el Mediterráneo, hombres, mujeres y niños. Pero pocos les han hecho caso. No sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ahora el drama llama a la puerta de la Europa rica y políticos y medios de comunicación se han volcado para sacudir las conciencias de unos europeos cada vez más escépticos acerca de la honestidad, compromiso y eficacia de sus instituciones comunitarias. Pero éste, el drama de los refugiados, merece una reflexión a parte.

Santiago de Munck Loyola

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CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Subo un escrito de mi mujer:

CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Sra. Independentista Carmen Forcadell:

Ayer le oí decir algo que me rechinó. Decía que con ustedes "las mujeres podrán hacer de mujeres, no de canguros en caso de las abuelas o de compañeras en caso de las cuidadoras". Disculpe, yo entiendo por canguro un trabajo, cuidar unos niños a cambio de dinero, algo muy normal. Pero resulta que dirigido a las abuelas me ofende.

Señora, las abuelas somos ABUELAS y MUJERES, nos mueve el amor y no el dinero. Un día tuvimos hijos, HIJOS, no amigos como se dice ahora. Les cuidamos, les dimos lo mejor que pudimos y supimos a la vez que sufríamos por lo que no podíamos darles. Les quisimos desde el primer día que les vimos. 

Después llegaron los nietos y ocurrió exactamente lo mismo (se llama la cadena del amor). Ahora dedicamos parte de nuestro tiempo libre a cuidar de nuestros nietos y nos pagan ¡sí! Nos pagan de la mejor manera, con su compañía, ingenuidad y alegría y nos hacen felices. No nos hacen mujeres, no, ya lo éramos y lo somos.

Nuestros hijos ya saben y pueden más que nosotros, pero aún les podemos ayudar de esa forma, sabiendo que cuando están trabajando sus hijos están en las mejores manos después de las suyas, claro.

Señora, lamento que usted no comprenda estas cosas tan sencillas. Tal vez tenga esa obsesión de los políticos de calificar y dirigir la vida de los demás. Verá, la vejez es una etapa más de la vida y cada uno debe ser libre para vivirla como más le guste. Unos querrán cuidar de sus nietos y otros preferirán otras cosas. Todo está bien, pero por favor no nos salve la vida, algunas queremos ser ABUELAS, ni cuidadoras ni canguros, ABUELAS. ¿Me puede usted explicar si en la sociedad ideal que usted plantea no habrá niños, enfermos o viejos? Y si no es así, ¿sólo podrán ser cuidados por hombres y mujeres a sueldo? ¿Estarán así mejor cuidados?

Señora, hay muchas abuelas entre las que me encuentro que cuidamos a nuestros nietos por amor, ni por obligación, ni por dinero, simplemente por amor. Verá, ahora y siempre la familia se ha movido y se mueve por amor. Las mujeres podemos ser muchas cosas y, a la vez, esposas, madres y abuelas.

Atentamente.

Antonia Boyer

Una Abuela.

PLATAFORMA PARA LA CONVERGENCIA DE PARTIDOS CIUDADANOS.

España viene arrastrando desde hace años no sólo una profunda crisis económica, sino una crisis política, moral, social e institucional que, día a día, va haciendo que muchos ciudadanos se sientan defraudados y cada vez más distanciados de los gobernantes y de las propias instituciones. En medio de una crisis tan profunda, la falta de ejemplaridad de una parte de la clase dirigente española, sea política, sindical o empresarial, está abriendo un vacío peligroso entre la sociedad real y la sociedad oficial. Los ciudadanos no encuentran una respuesta rápida a sus acuciantes necesidades y contemplan atónitos cómo tienen que cargar de forma exclusiva con las consecuencias de una crisis generada y mal gestionada por la clase dirigente española.

Hoy se comprueba como el modelo político y el territorial construido durante la transición es incapaz de afrontar los grandes desafíos del presente y los retos del mañana. Ha quebrado el principio de igualdad entre todos los españoles cuyos derechos y obligaciones varían en función del territorio e su residencia. Ha quebrado el principio de solidaridad regional y social al consolidar modelos distributivos territoriales desiguales y al cargar los efectos de la crisis sobre la clase media que está llegando al límite de sus posibilidades. Ha quebrado la confianza en unos partidos políticos incapaces de conectar con los problemas y necesidades de los ciudadanos, cerrados a la participación no ya de la ciudadanía sino de sus propias bases, transformados en gigantescas máquinas burocráticas incapaces de subsistir sin el dinero público y convertidos en organizaciones cerradas incapaces de regenerarse y, por tanto, de regenerar el conjunto del sistema democrático. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas la irrupción de formaciones populistas y de partidos esponjas, supuestas marcas blancas de otros partidos, no ha sido capaz de plantear un cambio real y profundo de la vida política más allá del simple mercadeo de instituciones.

Mientras las diferentes fuerzas de izquierdas siguen organizándose de cara a las próximas elecciones generales, el centro derecha español oficial sigue alentando el voto del miedo sin asumir la imperiosa necesidad de su propia regeneración y apertura a las necesidades de la ciudadanía que van más allá de la economía. Entre Ciudadanos y Vox existen muchos pequeños partidos locales, provinciales y nacionales centrados en las personas y sus problemas pero sin coordinación a pesar de las grandes similitudes ideológicas entre ellos. Ese espacio electoral dominado por un gran partido cuenta con sitio electoral para construir un mensaje diferenciado para ofrecerlo a los millones de votantes que se han abstenido.

Por ello, desde estas consideraciones previas se plantea el objetivo de constituir una plataforma electoral única y plural, aunando esfuerzos y con unas propuestas básicas comunes. La Plataforma para la Convergencia de Partidos Ciudadanos propone:

1º Promover el protagonismo de los ciudadanos para reformar,  transformar y remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una sociedad más democrática, más justa y más honrada.

2º Impulsar la participación política y social de los ciudadanos que creen en la persona como el centro, protagonista y destinatario de la acción política y social, en la familia como eje vertebrador de la sociedad, en la libertad real y la igualdad de los españoles en todos los niveles, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad de la persona, en la democracia como expresión de la soberanía del pueblo español, en el diálogo y la tolerancia.

3º Promover la regeneración democrática impulsando medidas que favorezcan la ejemplaridad, la transparencia, la eficacia, la igualdad, la participación ciudadana y la concepción de la dedicación política como expresión temporal de una vocación de servicio ciudadano.

Se propone, por tanto, como Ideario básico de la Plataforma el siguiente:

1.            Impulsar el desarrollo social, económico y político a través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.

2.            Reivindicar un tratamiento presupuestario del Estado justo y equilibrado para cada provincia y comunidad autónoma basado en principios de equidad y solidaridad.

3.            Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios.

4.            Impulsar la reforma de las Administraciones Públicas para acabar con las duplicidades y la reforma de la Administración Local para establecer un nuevo modelo de competencias y de financiación.

5.            Apoyar la reforma de la Función Pública para eliminar el parasitismo político y dignificar la carrera profesional.

6.            Impulsar la reforma de la legislación del suelo y de las contrataciones públicas con el fin de introducir mayores criterios de objetividad y de eliminar criterios de discrecionalidad que facilitan la aparición de fenómenos de corrupción.

7.            Promover la aprobación de un Estatuto del Cargo Público para regular todas las retribuciones públicas, establecer rígidas incompatibilidades, suprimir el simultaneamiento de cargos y eliminar los privilegios de la clase política.

8.            Promover el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías.

9.            Defender la implantación de un modelo básico de ámbito nacional en Educación, Sanidad, Justicia y prestaciones sociales que garantice la igualdad de derechos entre todos los españoles.

10.          Impulsar la reforma electoral para aumentar la igualdad del valor del voto del ciudadano en los criterios de reparto electoral.

11.          Garantizar la absoluta libertad del uso del español en cualquier parte del territorio nacional.

12.          Promover una reforma fiscal más justa que aligere la gran presión fiscal a la que está sometida la clase media.

13.          Suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y a sus fundaciones.

14.          Promover e impulsar la utilización de todos los medios legales al alcance para lograr una victoria absoluta sobre el terrorismo y sus cómplices.

15.          Defender el derecho a la vida de acuerdo con los principios constitucionales.

16.          Defender la importancia del núcleo familiar e impulsar medidas sociales, legislativas y fiscales que la refuercen, que hagan realidad la conciliación de la vida laboral y familiar y que protejan la maternidad.

17.          Apoyar las reformas penales y penitenciaras necesarias para que sea efectiva la proporcionalidad entre la pena y el delito, para lograr una protección efectiva de las víctimas y lograr la recuperación de los bienes sustraídos especialmente en los casos de corrupción, para la no prescripción de delitos económicos y para el cumplimiento íntegro de las penas para estos delitos, salvo devolución íntegra del dinero reclamado o patrimonio equivalente.

18.          Promover la despolitización e independencia efectiva el poder judicial.

19.          Remover los obstáculos interiores y trabas administrativas o legales que dificultan la competitividad en el territorio nacional.

20.          Defender una inmigración legal, en la que se fomente la integración de los inmigrantes en nuestra cultura haciéndoles partícipes de ella.

El melón constitucional.

Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola

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