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sábado, 17 de noviembre de 2012

Impugnación contra la supresión de la Junta Local del PP de Alicante.


El jueves, día 15 de noviembre, los miembros del Foro Plataforma Popular de Alicante presentaron el Manifiesto por la Regeneración Interna del PP de la ciudad de Alicante. Entre los asistentes a dicho acto, se encontraba un compañero de Partido, Francisco Mestre, que tomó la palabra al finalizar el acto para expresar su sentimiento de pena por muchas cosas que se habían dicho. Dijo que era cierto que en 21 años de militancia en la ciudad sólo había recibido dos cartas de la organización popular alicantina, pero que éso nunca le había impedido participar en la vida interna del partido. Como prueba de su afirmación señaló no sólo que había podido participar en las reuniones previas en las que se discutieron los textos de las ponencias del último Congreso Provincial, sino que además formaba parte de la nueva Comisión Jurídica que se había constituido pocas semanas atrás. Preguntado entonces por qué no se había contestado a la impugnación que varios militantes habían presentado en octubre contra de decisión del Comité Provincial de suprimir la Junta Local de Alicante, contestó que no tenía conocimiento de ninguna impugnación y que nadie les había dado traslado de la misma, pero que exigiría de inmediato que se trasladase dicho documento. 

¿A éso le llaman participación? ¿Éso es transparencia? Bueno, pues aquí tienen el texto de la impugnación, por si se lo siguen ocultando a los miembros de la Comisión Jurídica.

Santiago de Munck Loyola.

A/a Sr. Presidente Provincial de Alicante.
A/a Comité Ejecutivo Provincial.

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ __________ de Alicante,

EXPONEN

Que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, adoptada el jueves 11 de octubre de 2012, de cesar a la Junta Local de la Ciudad de Alicante, de nombrar una Gestora, de suprimir la Junta Local de la Ciudad, no convocando por tanto las preceptivas elecciones internas a la Presidencia de la misma, y de crear entre diez o doce Juntas de Distrito.

Que, al parecer y según se desprende también de declaraciones de los dirigentes Provinciales, la desaparición de la Junta Local de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito se haría siguiendo el modelo de la ciudad de Madrid y no el de Valencia donde sí existe una Junta Local.

Que, considerando esta decisión contraria al espíritu y la letra de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y a los principios de democracia interna, participación e información, es por lo que solicitamos su anulación sobre la base de las siguientes

CONSIDERACIONES

El Art. 18 “Principios de organización interna” señala lo siguiente:

La organización y estructura general del Partido Popular se configura en orden a los siguientes principios básicos:
b) La promoción de cauces para el debate en el seno del Partido, como expresión de su democracia interna.
c) La participación, en igualdad de oportunidades,  de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido.

Es evidente que la decisión de la Junta Provincial, legitimada por una interpretación literal del Art. 14.3 de los Estatutos Provinciales, afecta de forma directa a la organización y estructura del Partido Popular de la ciudad de Alicante que inexorablemente debe estar configurada por la promoción del debate en el seno del partido como expresión de la democracia interna y, además, con la participación de todos los afiliados en igualdad de condiciones. Suprimir la Junta Local de la ciudad de Alicante supone modificar la estructura y la organización local e, ignorando los principios de organización interna, la dirección provincial ha adoptado esa decisión sin debate de los afiliados afectados, sin la más mínima consulta a los mismos y, por supuesto, sin participación de los afiliados de la ciudad de Alicante. Esta decisión, por tanto, ha prescindido de la democracia interna como eje fundamental de la vertebración del partido y además, con ello, quiebra la igualdad de oportunidades de los afiliados de Alicante que no han gozado, ni gozarán de los mismos derechos que ostentan los afiliados de las organizaciones locales vecinas.

Además, tomar una decisión de tanta trascendencia a pocos meses de la celebración del Congreso Provincial en el que el entonces candidato y hoy Presidente Provincial no anunció su intención de suprimir la Junta Local más importante de la Provincia es absolutamente injustificable: o bien entonces se tenía decidido tomar una decisión como ésta y se ocultó deliberadamente a los compromisarios o bien se está improvisando ahora. En cualquier caso no es admisible desde una perspectiva democrática y transparente y exige una explicación formal a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante.

El Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular señala que “el Partido Popular, a través de sus estructuras territoriales, procurará su presencia permanente en todos los municipios mediante la creación y potenciación de las Juntas Locales”.

Por su parte, el Artículo 20.5 de los Estatutos nacionales, al igual que el Artículo 14.3 de los Provinciales, señala que “en los municipios cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, podrán constituirse Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial, insular o Regional, en el caso de las demás Comunidades Autónomas Uniprovinciales, correspondiente”.

Es evidente que el principio de jerarquía normativa lleva a poner de relevancia, en primer lugar, el contenido del Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales. Del mismo se deduce que las estructuras territoriales, en este caso, la dirección de la Provincia de Alicante, debe procurar la presencia permanente del Partido Popular en todos los municipios mediante la creación de Juntas Locales en aquellos en los que no exista y mediante la potenciación de las Juntas Locales que ya existen, como es el caso de la Ciudad de Alicante. Y, como cualquiera puede entender, potenciar una Junta Local no es precisamente suprimirla, ni sustituirla por Juntas de Distrito. Éstas, las Juntas de Distrito, son órganos auxiliares y descentralizados de las Juntas Locales, pero no órganos sutitutorios. Si ésa fuese la finalidad prevista en los Estatutos Nacionales, es más que evidente que sobraría, en su actual redacción, el Artículo 19.3. Y, además, si ésa fuese la finalidad del Artículo 20.5 de los Estatutos Nacionales lo que establecería sería la posibilidad de sustituir las Juntas Locales por Juntas de Distrito. Por tanto, no cabe más remedio que deducir que la decisión de la dirección provincial de Alicante se sustenta en una interpretación forzada de los Estatutos del Partido Popular, contraria al espíritu y la letra de los mismos que, además, no se basa en motivos objetivos, ni mucho menos, en principios democráticos de participación de los afiliados afectados.

No cabe alegar, por otra parte, que la decisión obedece al número de habitantes o de afiliados porque de ser así habría que plantear los mismos motivos y aplicar la misma decisión a la ciudad de Elche, si no se quiere seguir profundizando en agravios comparativos para los afiliados de Alicante a los que se relega a una categoría inferior en sus derechos políticos.

Y tampoco es de recibo tratar de importar el modelo de la ciudad de Madrid que, ni por habitantes, ni por número de afiliados, es comparable a la ciudad de Alicante. Madrid cuenta con 3.200.000 habitantes (10 veces la población de Alicante) y el Partido cuenta con 21 Juntas de Distrito que se corresponden prácticamente con las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que al partido está estructurado en torno a las Juntas Municipales, algunas de las cuales hasta hace unas décadas eran municipios independientes y, como tales, conservan ciertas particularidades. Existe pues una lógica administrativa y política en la estructuración del Partido Popular en la ciudad de Madrid que no se da, ni por casualidad, en la ciudad de Alicante. Por tanto, es evidente que tras la decisión de suprimir la Junta Local de la ciudad y de sustituirla por Juntas de Distrito no hay una razón políticamente lógica y coherente y que obedece a otras causas y razones públicamente injustificables.

La Junta de la Ciudad de Alicante ha estado prácticamente inactiva durante los últimos años, tal y como ha venido denunciando los medios de comunicación, y los afiliados de la misma han sido ignorados políticamente, sin participación en la vida del partido salvo para ejercer de apoderados e interventores, asistir a mítines o cenas del partido.

Sin embargo, existencia de la Junta Local de Alicante es imprescindible para que el Partido Popular tenga una presencia única en la vida política y social de la ciudad. La sociedad alicantina necesita un interlocutor popular, no diez, que aborde de forma global y con visión de conjunto los problemas y las necesidades de la ciudad. Y esa interlocución sólo puede constituirse y nacer desde la voluntad democráticamente expresada por los afiliados de la ciudad, únicos depositarios y titulares de derechos políticos en el Partido Popular.  Y eso sólo se puede alcanzar a través de un proceso interno limpio, transparente y democrático.

Resulta incomprensible el objetivo y los esfuerzos de la dirección provincial por impedir que el PP de la ciudad de Alicante exista y funcione como el instrumento político y territorial que los Estatutos Nacionales configuran y que no vuelque sus esfuerzos en el requisito previo y fundamental en todo proceso democrático: la depuración del censo de afiliados de la ciudad. De todos es sabido que dicho censo está enormemente inflado, que contiene muchas anomalías e irregularidades y que debe ser puesto al día de forma inmediata y urgente.

Por último, es preciso considerar que, al parecer, la decisión de suprimir la Junta Local de Alicante no estaba incluida en el orden del Día del pasado jueves 11 de octubre por lo que dicha decisión está además viciada en cuanto a su tramitación.

Por todas estas consideraciones, es por lo que

SOLICITAMOS

Que sea anulada la decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

Que sea anulado el nombramiento de la Gestora y que sean repuestos en sus cargos, hasta la celebración de elecciones locales, aquellos que fueron elegidos por los afiliados de la Ciudad de Alicante, salvo que hayan cometido infracción estatutaria penada con la destitución.

Que se abandone la decisión de crear Juntas de Distrito y que dicha posibilidad quede en manos de los afiliados a través del debate interno y, en su caso, que dicha posibilidad sea respaldada mediante la elección de una Junta Local que la incluya en su programa electoral.

Que se proceda a constituir urgentemente una Comisión técnica que en el plazo de dos meses proceda a la depuración del censo de afiliados de Alicante o que, en su caso, se remita esta tarea a los órganos nacionales del partido habida cuenta la gravedad de las posibles irregularidades existentes.

Que, depurado el censo de afiliados, se proceda a convocar las elecciones a la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

Que se entregue copia del Orden del Día del Comité Ejecutivo del día 11 de octubre de 2012 en el que se aprobó esta decisión así como copia certificada del acta de dicha reunión.

En Alicante, a dieciocho de octubre de 2012.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Manifiesto "Esperanza Popular" de Alicante.



Alicante, 16-11-2012.
NOTA DE PRENSA.

Presentado el Manifiesto por la regeneración interna del PP de Alicante ante cerca de un centenar de afiliados alicantinos.

Cerca de un centenar de afiliados alicantinos se dieron cita ayer, a las 20 horas, en el Hotel Abba Centrum de Alicante en el acto de presentación del Manifiesto por la Regeneración interna promovido por el Foro Plataforma Popular de Alicante. El acto se inició con la lectura del Manifiesto que fue seguida por la intervención de cuatro miembros de la Plataforma que, además, están impulsando una candidatura de militantes denominada “Esperanza Popular” y que tiene por finalidad reconstruir y regenerar el Partido Popular de la ciudad de Alicante.

El afiliado Pascual Martínez explicó las razones que, tras años de desencanto ante la inexistencia de cauces de participación interna, le han llevado a recuperar la ilusión y a apoyar este Manifiesto. Puso de relieve su rechazo y hartazgo por los abusos de los “políticos profesionales” cuyas caras son omnipresentes, unas veces en unos puestos y otras en otros, y por la falta de reacción del Partido Popular ante los casos de corrupción.

A continuación intervino el afiliado Lisardo Gabarre, dirigente de una importante Asociación Gitana, quien expresó su apoyo al Manifiesto y su deseo de un cambio profundo en el Partido Popular de Alicante.

En tercer lugar, intervino Antonio Sobrino, ex concejal de Comercio y Pedanías del Ayuntamiento de Alicante, quien manifestó su apoyo al Manifiesto y a la Candidatura Esperanza Popular por la necesidad de vincular la actuación de los representantes institucionales a la militancia para evitar una pérdida de contacto con los problemas reales de la ciudad de Alicante.

Por último, tomó la palabra el afiliado Santiago de Munck para desarrollar el contenido del Manifiesto. Destacó la impugnación presentada hace un mes por muchos militantes, aún no resuelta, contra del decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante suprimiendo la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante y sustituyéndola por diez distritos. Destacó que esa decisión es ilegal por ser contraria a los Estatutos del PP, que es arbitraria pues sólo responde al deseo de evitar unas elecciones internas democráticas y que va contra los intereses de los alicantinos en cuya ciudad es necesaria una única voz del PP para afrontar muchos problemas que son transversales y que afectan por igual a todos los barrios de la misma. Santiago de Munck subrayó que este movimiento no va contra nadie, sino a favor de todos los militantes populares de la ciudad que deben ser los únicos protagonistas en el partido y que “reclamar honestidad, ejemplaridad, democracia interna, participación y transparencia no tendría por qué molestar a nadie. A quien le molesten estos principios es que tiene un problema y su sitio no está en el Partido Popular”.

El Acto finalizó con un turno de preguntas por parte de los asistentes.

domingo, 11 de noviembre de 2012

Democracia interna versus caciques.



La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 7 de noviembre de 2012

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.




Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un 'kit tecnológico', a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un "instrumento de transparencia e información". Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola


martes, 6 de noviembre de 2012

Es hora de refundar el PP de la ciudad de Alicante.



La renovación de los cargos territoriales en el Partido Popular arrancó tras el pasado Congreso Nacional. Terminado el mismo, se procedió a la convocatoria de los Congresos Regionales para elegir a sus respectivos Presidente, más tarde los Provinciales y ahora se está procediendo a la renovación de las Juntas Locales del partido. Este proceso, en la Provincia de Alicante, concluirá en la inmensa mayoría de las localidades alicantinas el próximo 10 de diciembre salvo en algunos casos como en el de la ciudad de Alicante. Se trata de un proceso en cascada, de arriba abajo, que encierra un efecto perverso: la propensión de los presidentes territoriales a controlar los procesos electorales de los entes inferiores con el fin de controlar estas organizaciones. La lógica lleva a pensar que, quizás, sería más apropiado desde una perspectiva democrática desarrollar el proceso de forma inversa, es decir, de abajo arriba pero, en fin, son éstas las reglas de juego que los afiliados del PP, por activa o por pasiva, se han dado y a ellas hay que atenerse.

Sin embargo y posiblemente por culpa de esa propensión a “colocar” al frente de las organizaciones locales a personas afines o dóciles, al margen de la voluntad de los afiliados, es por lo que en el caso de la ciudad de Alicante el PP, por decisión del Comité Provincial de Alicante, no va a elegir a un Presidente y a una Junta Local. Como ya es sabido, y si no prospera la impugnación de dicha decisión formulada por varios afiliados, el PP de la ciudad de Alicante ya no existe como tal ni siquiera nominalmente como hasta ahora. Ha sido o va a ser sustituido por 10 o 12 Juntas de Distrito, mini reinos de taifas sin voz conjunta, más fácilmente “influenciables” desde el poder provincial del PP. No existe la más mínima duda de que se trata de una decisión injusta y antidemocrática, una cacicada antiestatutaria que deja a los afiliados alicantinos en la segunda división dentro del PP de la Provincia y que elimina de la vida política y social de la ciudad a un interlocutor político imprescindible, nada menos, que al partido gobernante en el Ayuntamiento. Una vez más se han impuesto, momentáneamente, las necesidades políticas de la dirección provincial y no las de los afiliados y de los vecinos de Alicante. La dirección provincial, al menos su Secretario General, sabía desde principios de septiembre que un grupo de afiliados, de militantes de base, iban a presentar una candidatura de renovación a la dirección del PP de la ciudad. Es muy posible que la concurrencia de esta candidatura “incontrolada”, los problemas con la Alcaldesa Sonia Castedo y su entorno y la inexistencia de una candidatura oficialista, del agrado del Presidente Provincial José Ciscar, es lo que haya empujado a la dirección provincial a acabar de un plumazo con la democracia interna.

Y es curioso que se tomen tantas molestias y se preocupen tanto y tan mal sobre quién va a presidir o no el PP de la ciudad de Alicante, porque lo cierto es que el PP de la ciudad de Alicante no existe más que sobre el papel, no es más que una cuota de poder dentro del partido, pero que como organización política, como partido político hace años que no existe. La organización popular alicantina no tiene sede propia a la que puedan acudir los afiliados y vecinos, no tiene página web, carece de estructuras internas de debate, participación o formación. Es, hasta el día de hoy, unas simples siglas que funcionan como agencia de colocación de afines y amigos. Ni más ni menos.

Hace unos días, un compañero me preguntaba qué fines teníamos al presentar una candidatura, la candidatura “Esperanza Popular”, y por qué impugnábamos la creación de distritos. Y la respuesta es muy sencilla: queremos construir el PP de Alicante porque sencillamente no existe desde hace años, queremos refundarlo y regenerarlo desde abajo, desde la calle y no desde los despachos oficiales, queremos que sean los afiliados sus auténticos protagonistas, que primen sus intereses y su voluntad y no la de los “cuadros” del partido y queremos hacerlo desde la lealtad ideológica y programática. Y los distritos ni sirven para ese fin, ni su creación responde a la voluntad del afiliado al que no se ha consultado, ni a los intereses de la ciudad.

Y esa es la auténtica tarea que debe acometer quien quiera de verdad presidir el PP de Alicante. Hay miles de afiliados sobre el papel pero que nunca han contado para nada, salvo para atender las mesas electorales y rellenar actos políticos como clac. Y eso tiene que acabar. Es hora de hablar de problemas sociales, de programas, de ideas y no de nombres propios, ni  de clanes o de familias políticas que a la inmensa mayoría de los militantes nos traen al fresco y que hasta el día de hoy sólo han servido para perjudicar la imagen de unas siglas.

Dos son por tanto los ejes de la candidatura “Esperanza Popular”: la reconstrucción interna del Partido Popular de Alicante y la regeneración democrática de sus propuestas para la ciudad, porque de nada sirve construir un partido fuerte, participativo, democrático y abierto si no es para ponerlo al servicio de los alicantinos con propuestas políticas que, nacidas desde el ideario popular, contribuyan claramente, sin medias tintas, a desarrollar hábitos, estilos y políticas públicas sustentadas en la máxima ejemplaridad, en la austeridad en todos los niveles y en todos los ámbitos administrativos, en la transparencia más absoluta en la gestión, en la honestidad incuestionable y en la eficacia. ¿Utópico? Puede que para algunos así lo sea, pero nada se pierde por intentarlo. Es razonable que haya dentro del partido a los que moleste profundamente todo esto porque seguramente su “modus vivendi” político se encuentra en las antípodas y, sobre todo, si nunca han militado de verdad en un partido político o si nunca han sabido “ganarse las lentejas” fuera del paraguas de las siglas políticas, pero ése es su problema, no el de los afiliados de la calle, ni de los vecinos de la ciudad.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 28 de octubre de 2012

Las personas importan, no las banderas.



La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.


Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 26 de octubre de 2012

¿Miedo o alergia a las urnas en Alicante?




Durante años la mayor parte de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de la Ciudad de Alicante hemos asistido atónitos a las peleas entre diferentes grupos y clanes del partido agrupados en torno a determinadas personalidades. No se trataba de rivalidades o diferencias en torno a unas u otras ideas políticas, a debates ideológicos sino a personalismos egoístas con todas las consecuencias que ello conlleva. ¡Quítate tú para ponerme yo y, de paso, a los míos! Y “los que no están conmigo están contra mí”, obligando con ello a muchos afiliados a tomar partido, a ponerse una etiqueta con tal de tener cobijo en una determinada facción. El espectáculo indigno y bochornoso se completó, no hace mucho, con espectaculares cambios de chaqueta y de lealtades de algunos dirigentes locales. Es cierto que un árbol fuerte y grande puede ser arrancado por un vendaval y por eso algunos han preferido siempre ser simples juncos para inclinarse en la dirección del viento dominante.


Ni una palabra, ni una idea, ni un solo debate ideológico durante años. En muchos lugares, al alcanzar el poder, el Partido Popular se ha ido transformando paulatinamente pasando de ser un Partido de fuerte y abnegada militancia a un partido dominado por los cuadros, por el cuerpo de “profesionales” de la política. A ello hay que añadir un curioso y significativo proceso de absorción de “medradores”, de gente que no habiendo nunca militado en el Partido, y habiéndolo hecho a veces en otros, se ha ido incorporando o ha sido invitada a incorporarse y la generosidad del Partido ha sido tal que han terminado ocupando cargos públicos pasando por delante de la vieja militancia, e incluso dando lecciones sobre lo que debería ser el PP, a pesar de una evidente carencia de capacitación profesional y política. Y todos conocemos muchos casos con nombres y apellidos.

Lo cierto es que estos procesos han sido posibles porque mientras se han venido sucediendo los triunfos electorales pocos se han atrevido a cuestionar unos métodos bastantes alejados de lo que se supone debe ser un partido en el que impere la democracia interna real, no sólo la formal, un partido basado en la voluntad exclusiva del afiliado, y no de los cuadros, y un partido sustentado en el debate interno, la participación y la información. En cualquier partido político, los mediocres, los inseguros, los líderes apadrinados desde arriba y los “medradores” siempre temen a la democracia interna y al debate porque sus vergüenzas podrían quedar al descubierto.

El Partido Popular de la ciudad de Alicante ha sido durante los últimos años un claro ejemplo de lo que no debe ser un partido político realmente democrático y al servicio del afiliado y de los ciudadanos. Ha sido un partido con una existencia nominal, sobre el papel, con muchos supuestos afiliados que le otorgaban un teórico peso que se compadecía poco con la realidad pero que servía perfectamente al reparto de cuotas de poder entre las distintas familias y clanes que lo dominaban, mejor dicho, que lo dominan. Los afiliados no eran convocados salvo para votar, en pocas ocasiones, listas en papeletas previamente marcadas, para cubrir las mesas electorales como apoderados o interventores o para asistir a cenas o mítines. En años no han sido convocados a una sola reunión ni para participar en el programa electoral, ni para hablar del PGOU, ni para tratar cualquier tema sobre la ciudad. Participación nula, información nula, debate nada de nada. El Partido gobernante de la ciudad no tiene ni sede propia ni, tan siquiera, una mísera página web para comunicarse con los ciudadanos o los afiliados. Algo increíble, pero absolutamente cierto.

Muchos pensábamos que con el cambio producido con la elección de José Ciscar como Presidente Provincial el panorama iba a cambiar. De sus palabras en el Congreso Provincial se desprendía un deseo de cambio profundo que, entre otras cosas, iba a suponer la devolución de la palabra a los únicos depositarios de la soberanía dentro del partido, los afiliados. Y le votamos. Sin embargo, parece que aquello fue un espejismo. La decisión de su Equipo de suprimir la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante es una vuelta al pasado, a unos hábitos que pensábamos que iban a ser desterrados. Pese a algunas declaraciones a los medios de comunicación intentando suavizar el alcance de esta decisión lo cierto es que:

1º Se suprime la Junta Local del PP de Alicante, es decir, que el PP de la ciudad deja de existir como tal  al copiar el modelo de la ciudad de Madrid.
2º Se crean diez o doce Juntas de Distrito del PP con lo que el Partido Popular de la Ciudad no tendrá una única voz frente a la sociedad alicantina.
3º Se baja de categoría a los afiliados de la ciudad en comparación con localidades como la de Elche en la que incluso sería más adecuada la división en distritos dada su configuración territorial.
4º Se hace sin contar, una vez más, con la opinión de los afiliados.

Y ¿por qué han tomado semejante decisión? ¿Porque hay muchos afiliados? ¿Porque hay muchos habitantes? No, no es por eso y lo sabemos todos. Se toma esta decisión porque el Presidente Provincial no ha encontrado el candidato a Presidente de la Junta Local del PP de Alicante a su medida o si lo ha encontrado no tiene la seguridad de que pueda ganar. Y éso es escandaloso por la sencilla razón de que desde una perspectiva democrática a los únicos que debe preocupar encontrar al candidato idóneo es a los afiliados, no al Comité Ejecutivo Provincial. La democracia va de abajo a arriba, no a la inversa y eso lo sabemos los que militamos en el PP de toda la vida. Son los afiliados los que deben elegir un Presidente para el PP de la ciudad de Alicante y no el Presidente Provincial. ¿Tan difícil es de entender? Creo que para cualquier demócrata no lo es.

https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts
La supresión del PP de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito es una burda maniobra para controlar, una vez más, al PP de Alicante que estaba empezando a despertar. Que no intenten engañarnos. En los Estatutos Provinciales aprobados en el último Congreso se aprobó un artículos que preveía la posibilidad, no la obligación de crear distritos pero ese artículo es una simple transcripción de los Estatutos Nacionales del PP y, desde luego, nadie en aquel Congreso anunció su intención de “cepillarse” al PP de Alicante. O se mintió entonces o se improvisa ahora. En Política nunca hay nada definitivo y cuando se comete un error es mejor rectificar cuanto antes. ¿Por qué no dejan que los afiliados de la ciudad decidamos lo que queremos para nuestro partido? ¿Por qué tienen tanto miedo a las urnas? Sinceramente, un servidor no lo entiende.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 22 de octubre de 2012

Galicia y País Vasco han hablado.




Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola