No ha podido ser.

Queridos amigos: como sabéis nos han faltado, tras las anulaciones de avales hechas por la Oficina del Censo, 18 de los 1.253 necesarios para poder participar en las próximas elecciones generales. Solicité y me entregaron ayer por la tarde una certificación individualizada de los 380 avales anulados de un total de 1.615 que habíamos presentado. Tras una exhaustiva y agotadora revisión, detecté que 11 de los avales anulados lo fueron porque otro partido político había utilizado sin su consentimiento las firmas de 11 personas que en su día militaron en él y que ahora lo hacen Esperanza Ciudadana. Igualmente pude detectar 4 avales anulados por error y que podríamos recuperar en un recurso contencioso electoral cuyo plazo de interposición vence hoy a las 24 horas. Aún en el supuesto de ganar ese recurso (que es mucho suponer) nos faltarían 3 avales para alcanzar los 1.253 exigidos por la Ley. Por ello he pensado desistir y no presentarlo. Hemos trabajado y luchado hasta la extenuación pero el límite está claro. Y si nadie de los que ha ayudado y trabajado para reunir esas 1.615 firmas tiene inconveniente o una idea mejor así se va a hacer. Confío en que el partido que ha usado fraudulentamente las 11 firmas de afiliados de Esperanza Ciudadana tenga la decencia de retirar su candidatura. Ya están avisados. Gracias a todos los que me habéis ayudado y nos habéis ayudado como organización política. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que volver a pedir vuestra ayuda.

Santiago de Munck Loyola

18 firmas, 18.

Sinceramente estoy indignado, muy indignado con todo el procedimiento legal y las trabas administrativas para poder presentar una candidatura a unas elecciones generales. Por si fuera poca la carga que supone la constitucionalmente dudosa reforma de 2011 de la Ley Orgánica Electoral que obliga a los partidos sin representación parlamentaria a reunir avales, el 0,1 % del censo de la circunscripción electoral (1.253 avales o firmas en la Provincia de Alicante) hay que añadir la carga de un sistema perentorio, arbitrario y sin garantías suficientes para llevarlo a cabo.

En las elecciones del 20 de diciembre pasado, la candidatura de Esperanza Ciudadana no fue proclamada por insuficiencia de avales. Presentamos entonces 1.397 firmas pero la Oficina del censo anuló 198 de las mismas por diversos motivos, duplicadas (sólo se puede avalar una candidatura, personas no censadas, menores, etc. Tras anular ese 14 % de firmas nos faltaban 51 y por tanto no pudimos a pesar de todos los recursos concurrir a las elecciones.

Pagada la novatada, en esta ocasión hemos hecho un esfuerzo complementario y hemos presentado 1.615 firmas, siendo el mínimo legal 1.253. Pues nada, sorpresa. La Oficina Provincial del Censo decidió el lunes 30 de mayo anular 380 de esas firmas declarando válidas 1.235 y dejándonos a 18 firmas válidas del límite legal. Nada menos que casi el 25 % de las firmas presentadas, una de cada cuatro han sido anuladas aduciendo como motivos, entre otros, que “las firmas no son legibles”.

Tras la decisión de ayer de la Junta Electoral Provincial de Alicante de no proclamar la candidatura de "Esperanza Ciudadana - Sí a la Libertad en la Educación" a la vista del certificado de la Oficina del censo Electoral me he personado hoy a primera hora en la Oficina Provincial del Censo de Alicante. Una vez allí he manifestado que venía a solicitar una revisión de las 380 firmas anuladas. Para mi sorpresa me responden que esa revisión debía pedirla en la Junta Electoral Provincial. Les contesto que no, que quien debe revisar es quien ha anulado las 380 firmas, o sea, la Oficina del Censo y que así se hizo con ocasión de las elecciones generales del 20-D. Me insisten en que no, porque la Oficina del Censo ya no tiene nuestras firmas, que las tiene la Junta Electoral Provincial. Entonces les digo que de todas formas quería registrar una solicitud formal de revisión individualizada a lo que, en principio, se negaban. Tras explicar que no se podían negar a admitir una instancia dirigida al Delegado Provincial de la Oficina del Censo, por fin la han admitido.

Me he marchado entonces con la copia de la solicitud de revisión a la Junta Electoral y allí he pedido la revisión individualizada de las firmas, tal y como me habían dicho en la Oficina del Censo. Y ¡oh, sorpresa! me dicen en la Junta que ellos no tienen las firmas, que las tiene la Oficina del Censo. Les digo que en la Oficina del censo me han dicho lo contrario y me responden que, bueno, que deben estar de camino y que me avisarán cuando lleguen. Les presento entonces una solicitud formal de revisión con copia de la presentada en la Oficina del Censo.

Y no acaba ahí el culebrón o el esperpéntico sainete. A última hora de esta tarde he recibido una notificación de la Junta Electoral ordenando a la Oficina del Censo que proceda a efectuar la revisión individualizada de las firmas que habíamos pedido. ¿En qué quedamos? ¿No decía la Oficina del Censo que ya no tenía las firmas y que las tenía la Junta Electoral Provincial? ¿No decía la Junta a su vez que aún no las tenía pero que me avisarían cuando llegasen para que pudiera asistir a la revisión? ¿Será que las firmas están paseándose por Alicante de la Oficina del Censo a la Junta Electoral y de la Junta Electoral a la Oficina del Censo? ¿Avisarán para que un representante de Esperanza Ciudadana pueda asistir y verificar la revisión de los casi 400 avales anulados?

Es para indignarse ¿o no? En primer lugar el incremento del porcentaje de firmas anuladas de las recogidas en noviembre pasado a las recogidas ahora es más que sorprendente, del 14 al 25 por ciento. En segundo lugar, un requisito como el de la necesidad de presentar firmas, supuestamente ideado para justificar cierta implantación social de los partidos, no puede imponerse de forma inflexible ¿acaso 18 firmas sobre 1.253 acreditan o no una mayor o menor implantación social? Y en tercer lugar, cuando se trata del ejercicio de derechos políticos básicos, de derechos constitucionales la administración tiene la obligación de facilitar su ejercicio y no erigirse como un muro o un obstáculo infranqueable. Si esto es una democracia moderna y participativa que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola

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ESPERANZA CIUDADANA PROPONE QUE OTEGI SEA DECLARADO “PERSONA NON GRATA” EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Nota de Prensa.

31-5--2016

Esperanza Ciudadana, partido político alicantino, propone que en los Plenos de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante sean aprobadas mociones, tal y como se ha hecho en varios municipios españoles, declarando a Arnaldo Otegi persona non grata.

El objetivo de estas mociones es dignificar la vida política, tan ensuciada por la visitas tanto a las instituciones catalanas como europeas por parte de un sujeto que se niega a condenar la violencia terrorista, así como rendir homenaje a la memoria de las cerca de mil españoles asesinados por la banda asesina etarra.

Es necesario que los ayuntamientos alicantinos se pronuncien rotundamente a favor de que ninguna institución pública contribuya a la proyección mediática de los que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y a favor de que se promuevan las reformas legislativas necesarias para que, tanto en España como en las instituciones europeas, se impidan las invitaciones y la asistencia de sujetos cuya presencia atenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas y de las propias instituciones democráticas.

Más España, garantía de libertad y de progreso.

Si nuestra democracia tiene una asignatura pendiente desde 1978 es precisamente la configuración del modelo territorial del Estado. El estado de las autonomías diseñado en la Constitución ha demostrado después de décadas que ha fracasado y es que no se pueden calificar de otra forma sus resultados: ineficiencias, duplicidades, despilfarros, ruptura de la solidaridad territorial o potenciación de las fuerzas disgregadoras contra la propia Nación. El modelo que se planteó como una respuesta integradora a las fuerzas nacionalistas sólo ha servido para que éstas adquieran más poder y para que la supervivencia del propio Estado esté en peligro. El modelo que se construyó con el objetivo de acercar más la administración a los administrados ha servido no sólo para descentralizar sino para crear nuevos centralismos periféricos y para fragmentar buena parte de la soberanía nacional a través de los parlamentos regionales. El modelo que se diseñó para incrementar la cohesión entre los españoles ha servido finalmente para que los españoles no gocemos de los mismos derechos y obligaciones según el territorio en el que vivamos. Un camino que se inició desde la perspectiva de la descentralización administrativa se transformó en descentralización política y ha desembocado en la disgregación del propio estado.

Los nacionalismos siempre han tenido claro su objetivo final, la destrucción de España como Nación y la independencia de sus territorios. Y para conseguirlo han desarrollado estrategias similares, paso a paso, con modulaciones en sus discursos, cobijados en el victimismo y envueltos en sus banderas territoriales como defensa ante cualquier denuncia contra sus abusos o corrupciones. Las continuas cesiones ante las permanentes reivindicaciones de los nacionalistas sólo han servido para alimentar a estos monstruos y para que sigan creciendo. Hoy los independentistas son más fuertes gracias a los débiles mecanismos del Estado, a la falta de visión de la clase política constitucionalista y, sobre todo, a la ausencia de un objetivo nacional compartido por los partidos políticos que dicen defender la unidad de España con su consecuente estrategia de desarrollo.

Hay que decir las cosas claras. Aquí sólo hay dos posiciones, dos objetivos antagónicos: la defensa de la unidad de España y la defensa de la independencia de partes de su territorio. No hay posiciones intermedias. No puede haber soluciones de compromiso entre ambas partes porque los nacionalistas-independentistas han demostrado hasta la saciedad que cada compromiso alcanzado sólo ha sido una cesión más en favor de su proyecto independentista, que no tienen lealtad constitucional porque no creen en ella y que no aceptan tan siquiera la existencia del pueblo español y de su soberanía. Cualquier idea es defendible democráticamente y, por tanto, del mismo modo que se ha venido aceptando la defensa de las tesis independentistas es hora de dejar de satanizar la defensa democrática y pacífica de las tesis contrarias, las que defienden la unidad de España y el reforzamiento del Estado español, las que defienden la soberanía única del pueblo español en su conjunto. Les guste o no a los independentistas, la Nación española existe y sólo ella puede decidir su futuro.

Frente a los objetivos de los independentistas, existe el objetivo de salvaguardar, proteger y seguir construyendo nuestra Nación. Una Nación sustentada en la soberanía de todos los españoles, en la que se promueva la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, con una Justicia, una Educación, una Sanidad, unas prestaciones Sociales o unas Fuerzas de Seguridad comunes a todos los españoles. Y para desarrollar este objetivo nacional es imprescindible romper con la estrategia que han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos constitucionalistas y que sólo ha servido para alimentar y fortalecer a los partidos no constitucionalistas. La reforma del estado de las autonomías para corregir el rumbo disgregador seguido hasta ahora no puede pasar ni por más cesiones, ni por más autonomía, ni por el federalismo. Debe pasar, si no se quiere dinamitar definitivamente a España, por reivindicar y desarrollar la recuperación de todas las competencias en manos de las autonomías que quiebran el principio de unidad social o de mercado, de todas aquellas que limitan la igualdad entre los españoles o la solidaridad entre sus territorios. No hay otro camino. Desde el respeto a las reglas de la democracia, se puede y se debe defender la actualización del objetivo nacional de España y de una estrategia política coherente y decidida para lograrlo. Más España es más libertad y más progreso, no cabe ninguna duda.

Santiago de Munck Loyola

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Y están entre nosotros.

“Sí a la libertad en la Educación”.

“Vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros”. Esta frase de Adolfo Hitler dirigida a los padres de los niños y jóvenes alemanes a propósito de la educación y de las escuelas de la élite nazi retrata perfectamente la finalidad del Estado nacional socialista: adoctrinar y moldear la mente de los educandos al servicio absoluto de su ideología. El individuo no importa, la familia no importa y solo el omnipotente Estado decide qué han de pensar e incluso sentir los niños puestos obligatoriamente bajo su tutela. Es evidente que este objetivo, el de modelar las mentes de los niños al servicio de una determinada ideología, no es exclusivo de los nazis sino que es común a todas las ideologías políticas totalitarias desde el fascismo italiano al comunismo soviético o chino. Da igual, la enseñanza pública, transformada en educación pública, es puesta al servicio de la ideología dominante para inculcar determinados valores o principios y sustrayendo ese derecho a la familia, a los progenitores.

Los términos enseñanza y educación se confunden y se suelen usar de forma indistinta. Enseñar es transmitir conocimientos evaluables y programados por etapas cuya responsabilidad recae principalmente en el profesorado. Educar es formar en valores, creencias e ideas, una responsabilidad de los padres principalmente. Sin embargo, no son pocos los padres los que suelen delegar gran parte de la educación en la escuela y no son pocas las ocasiones en las que se plantean verdaderos conflictos entre los valores y creencias familiares y los transmitidos por la escuela pública. Del mismo modo, hay una tendencia muy peligrosa a extender el ámbito de los contenidos de la educación en la enseñanza más allá de los valores constitucionales de la convivencia, adentrándose en el terreno de las ideologías partidistas.

Y a propósito del debate surgido en la Comunidad Valenciana en torno a los recortes a la enseñanza concertada impulsados por el tripartito, un portavoz podemita de Orihuela ha recordado, en defensa de su peculiar concepto de la libertad, el siguiente texto: se exigen ciertas políticas “en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados." No, no se trata de un texto de Adolfo Hitler ni de Alfred Rosenberg. Es un texto de Carlos Fernández Liria, filósofo e ideólogo de Podemos, ese partido que en su programa sugería que los miembros del poder judicial deberían ser adictos a un hipotético régimen podemita bolivariano. Vamos, más claro el agua. La libertad en la enseñanza para esta nueva izquierda que cogobierna la Comunidad Valenciana consiste en “liberar” a los hijos de la ideología de sus padres, de sus valores éticos y religiosos, y moldearles la mente a su antojo utilizando la escuela pública, usando el dinero de todos los contribuyentes. Y de ahí que sea imprescindible para ellos recortar la escuela concertada. Si no se les paran los pies, lo harán, poco a poco, paso a paso. Todo ello acompañado con inmersión, perdón, imposición lingüística y pancatalanismo a cucharadas. No existe independentista, nacionalista o totalitario que no reclame en primer lugar el control absoluto sobre la enseñanza. Y en una generación, Alicante convertida en colonia de los países catalanes.

Se está acentuando un peligroso proceso dirigido contra las libertades. Un proceso que cuestiona la libertad de pensamiento, de creencias y que se plasma perfectamente en el campo de la educación como instrumento de dominio ideológico. No es momento de engañarse. Están entre nosotros y desprecian la libertad. No hay que subestimar el objetivo de estos supuestos “progres” que, a la hora de hablar de libertad seguramente compartirán la respuesta que Lenin dio a Fernando de los Ríos en 1920 cuando a la pregunta de cuándo permitiría su gobierno la libertad de los ciudadanos, le espetó "¿Libertad para qué?".

Santiago de Munck Loyola

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ALICANTE ¡SÍ!

Denuncia de un ciudadano.

A CONTINUACIÓN REPRODUZCO, A PETICIÓN DEL INTERESADO, UN ESCRITO DE DENUNCIA. EL AUTOR DEL BLOG NO ASUME NECESARIAMENTE EL CONTENIDO DEL MISMO.

Mi nombre es D. Ramón Llopis Boyer.

Lo que a continuación expongo, es una queja por el trato que estoy recibiendo como ciudadano, por el gobierno municipal de Monforte del Cid formado por el tripartito Izquierda Unida (alcaldía), Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos.

El conflicto comienza en el año 2012, en el que comienzo a realizar la construcción de una vivienda en la C/ Padre Estanislao de Algimia, nº 10 de Orito (Monforte del Cid), con su correspondiente licencia de obras nº 4/2012 y pago de las tasas correspondientes. 

Antes de iniciar las obras, se habla con los dos propietarios colindantes, se les explica lo que se va a hacer, indicándoles que se restaurará todo aquello que por motivos de las obras se dañe o se deteriore, quedando conforme ambos. Pues bien, una vez iniciadas las obras surge un conflicto con uno de ellos el cual alega daños en su vivienda y el cual interpone un interdicto, por lo que se paraliza la obra durante 2 años hasta que salga juicio y sentencia y una vez realizado el juicio, la sentencia falla en contra de este vecino D. Tomás de las Nieves López. No contento con esta sentencia, ahora alega que las mediciones de retranqueo no son correctas y que mi vivienda se ha comido terreno suyo, lo cual no es cierto, ya que en varias ocasiones han habido revisiones municipales y ha estado todo correcto. Ese es a grandes rasgos el problema que se me ha planteado con la edificación de esta vivienda.

Ahora quiero explicarles como este problema vecinal se ha llevado a la vida pública y política del municipio, con todos los perjuicios que ello me está ocasionado. El yerno de este señor trabaja en el Exmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid como Ingeniero en el área de urbanismo D. José Ramón Vicente Boyer, el cual ha realizado todos los movimientos posibles dentro de su alcance para favorecer y dar información a sus suegros. Pero como todas sus quejas le han sido desestimadas, ya que no se han encontrado irregularidad alguna, decidieron que la hija de D. Tomás de las Nieves López y esposa de D. José Ramón Vicente Boyer se metiese en política y por tanto en el Exmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Dña. María Teresa de las Nieves Alberola, afiliada al Partido Popular de Monforte del Cid, la cual por este problema vecinal se enfada con el equipo de gobierno en ese momento y decide emprender su "carrera política" o su "carrera vengativa". Su primer actuación fue presentar una candidatura a la dirección del partido Popular de Alicante. Una vez que se designan a los cabezas de lista de la provincia, y su candidatura no ha sido la elegida se pone en contacto con el responsable de ciudadanos de Monforte del Cid, D. José Bravo. Éste le propone unas condiciones para poder formar parte del partido como no ser cabeza de lista a dedo, su marido trabaja en el ayuntamiento, etc... entonces ella decide organizar el partido por su cuenta, siendo ella la cabeza de lista, por supuesto. 

En las elecciones municipales el partido Ciudadanos de Monforte del Cid, saca dos concejales y en el pleno de investidura apoya la candidatura de Izquierda Unida junto con el Partido Socialista. Le asignan una atribución de 8.500 euros anuales como persona de atención al público, debido a que no se les permite coger delegaciones "oficialmente", ya que en el día a día actuaban como concejales. Cierra su negocio de fotocopias y el pasado 22 de diciembre se realiza la reorganización de competencias delegadas por parte de la alcaldía dando las concejalías de Agricultura, Industria, Promoción Económica, Comercio, Sanidad y Consumo a Dña. María Teresa de las Nieves Alberola, y las concejalías de Turismo y Deportes a otro concejales de ciudadanos D. José Carlos Martínez Castro, que anteriormente ya había entrado en Juntas de Gobierno Local.

En el pacto de investidura de la alcaldesa de Monforte del Cid Dña María Dolores Berenguer Belló (Izquierda Unida), el asunto de la vengativa y acoso hacia mi persona y mi vivienda es una de las principales armas, ya que los padres de la concejala de ciudadanos ya han solicitado la anulación de la licencia de obras de mi vivienda. Otra de las cosas que han realizado, es denunciarme ya que estaba viviendo sin presentar el proyecto de fin de obra, por lo que me han cortado los suministros de agua y luz. El Ayuntamiento tienen constancia de varias centenas de casas sin licencias de obras, sin células de habitabilidad, con los suministros de agua y luz enganchados...pero sólo actúan con la mía, ya que se escudan en que debe haber una denuncia de un vecino para que ellos puedan actuar; y solicito un listado de viviendas sin células de habitabilidad y sin licencia de obras para denunciar y que todos los ciudadanos de Monforte del Cid estemos en las mismas condiciones y no me lo proporcionan.

Por lo cual expongo:

1.- Mi situación de indefensión y acoso frente al gobierno municipal - tripartito de Monforte del Cid.

2.- La falta de veracidad en las palabras del líder de ciudadanos Albert Rivera, dejando que gente así se escude en sus siglas para venganza personal.

3.- La utilización de la autoridad por parte de Dña María Dolores Berenguer Belló (Izquierda Unida y Alcaldesa) y Dña. María Teresa de las Nieves Alberola (Ciudadanos), para favorecer a sus familiares y hacerme daño personal, familiar y profesional, siendo una persona que siempre he cumplido con mis obligaciones como ciudadano.

Y solicito:

1.- Que se estudie mi caso y se tomen las medidas oportunas para que los gobernantes de Monforte del Cid, no utilicen la política y los puestos de mando para favorecer a sus familiares y que actúen igual con todos los ciudadanos de Monforte del Cid.

2.- Que remita este acoso que estoy sufriendo por parte de la administración local y sus gobernates.

Los abusos de la grúa municipal.

Los vecinos que residimos en la zona de Rocafel estamos acostumbrados a ver aparecer en torno a las 7 de la mañana a la Grúa Municipal y no hay día que no retiren algún vehículo estacionado en la zona. En cierta ocasión hicieron el agosto llevándose más de 15 vehículos mal estacionados pero que no obstaculizaban la circulación. Hay que señalar que esta zona, tras las últimas actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento en la Av. De Villajoyosa ha perdido numerosas plazas de aparcamiento, disminuyendo el ya de por si reducido espacio habilitado para este fin. A lo largo de la vía que discurre paralela al mar y que finaliza en una zona de aparcamiento público existe pintada en el suelo una banda amarilla junto a las vallas de las instalaciones deportivas existentes que prohíbe el estacionamiento a pesar de que el vial es suficientemente ancho como para permitir el estacionamiento y el mantenimiento de doble circulación.

Si hay algo que resulta indignante es la arbitrariedad y el abuso por parte de la Policía Local y del propio Ayuntamiento. Un ayuntamiento que pese al cobro de impuestos y tasas a los vecinos los mantiene en un estado de absoluto abandono. La limpieza brilla por su ausencia, mobiliario urbano deteriorado, playas sucias, sin señalizar y como ejemplo sangrante el hecho de que ha tardado más de tres años en barrer, y a medias, el aparcamiento público que estaba inundado de arena y que aún no ha sido del todo retirada. Eso sí, a las 7 de la mañana no falta nunca la grúa de la policía municipal presta para castigar injusta e ilegalmente a algún confiado vecino.

Y así fue, una vez más, el sábado pasado a las 7,15 horas. Como puede observarse en las fotos adjuntas la Policía procedió a sancionar y la grúa a retirar un vehículo estacionado junto al mar, en un lugar donde no existe ninguna prohibición de estacionamiento y donde no estorbaba la circulación tal y como puede apreciarse. 

Ahora bien, si tienes la desgracia de tener que llamar a la Policía Local porque alguien monta un escándalo debajo de tu ventana a las dos de la madrugada o porque un vehículo a las cuatro de la tarde obstruye el paso de vehículos de emergencia, menos de una hora de espera no te la quita nadie.

Salvo opinión mejor fundada estas actuaciones de la Policía Municipal contravienen claramente el Artículo 105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y constituyen un abuso que solo puede responder a un mero afán recaudatorio. Y si de lo que se trata es simplemente de recaudar mejor, ya que de atender a los vecinos pasan, que se paseen por la zona los fines de semana soleados y se pondrán las botas con decenas de vehículos no sólo mal aparcados sino obstaculizando realmente la circulación. Empiecen a hacer las cosas bien, pero por favor dejen de atosigar a los vecinos de la zona.

Santiago de Munck Loyola

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A las urnas.

Hoy 3 de mayo de 2016, con la firma del Rey Felipe VI del decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio se cierra una corta, pero intensa etapa política, que ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad de los partidos políticos tradicionales como de los nuevos para sacrificar sus intereses partidistas en beneficio del interés general, la falta de cultura de diálogo y de pacto de esta clase política y la supervivencia de los peores vicios de la partitocracia rápidamente asimilados por los nuevos partidos.

Empieza la cuenta atrás para que los ciudadanos podamos volver a votar y decidir cómo queremos que sea nuestro nuevo Parlamento y, por tanto, el próximo Gobierno. Hay opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría se decanta por unos resultados parecidos a los del pasado mes de diciembre. Hay una gran sensación de decepción y de frustración ciudadana por la demostración de incapacidad de nuestros políticos, pero es difícil que ello se traduzca en un gran cambio en los resultados electorales del próximo 26 de junio. Los programas y los candidatos se van a mover muy poco por lo que no van influir gran cosa en la decisión de los votantes. Y tampoco es muy probable que vaya a ser determinante la constatación de la mezquindad e incapacidad de esta clase política por mucho que una gran parte de la opinión pública las censure. Probablemente pesarán más en la decisión del voto ciudadano el miedo a los resultados de posibles pactos, ensayados ya en estos meses, reforzando el sentido del voto del 20 de diciembre o el tedio con el consiguiente peligro de un aumento de la abstención.

Los partidos culpables de que haya que repetir las elecciones andan ahora proponiendo reducir los gastos electorales, como queriéndose hacer perdonar su culpa. Propuesta que parece razonable si no fuera porque siempre incumplen los topes previstos. Pero en todo caso se trata de una propuesta que a los pequeños partidos, como Esperanza Ciudadana, no nos afecta. Los pequeños partidos que vamos a concurrir a esta cita electoral nos encontramos con muchas dificultades para poder hacerlo. De una parte una injusta Ley Electoral que nos obliga a emplear muchos esfuerzos en reunir los avales necesarios para poder presentar candidaturas quebrando con ello el principio de igualdad. De otra, una nula repercusión de nuestras propuestas en los medios de comunicación que, sin cortarse un pelo, te dicen de antemano que o pagas publicidad o informativamente no existes por muy interesentes o novedosas que sean tus propuestas.

En Esperanza Ciudadana hemos decidido intentar participar nuevamente en estas elecciones generales. Nos lo impidieron con toda clase de tretas y argucias legales el pasado 20 de diciembre, pero en esta ocasión no van a poder impedirlo. Y vamos a participar con especial intensidad porque estamos convencidos de que Alicante, más que nunca, necesita tener voz propia en el Parlamento, una voz independiente que no se someta a intereses ajenos a los de nuestra Provincia. Frente a la permanente discriminación presupuestaria de Madrid y de Valencia, frente a la agresión a las libertades básicas ejercida desde el tripartito valenciano, frente a la falta de regeneración de la vida política y frente al catalanismo excluyente impulsado por la propia Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana se va a presentar a las elecciones como un proyecto español, alicantino, de progreso y de libertad.

Somos conscientes de las enormes dificultades existentes no solo para trasladar nuestras propuestas a la sociedad alicantina, sino nuestra propia existencia. Y somos igualmente conscientes del peso del voto del miedo y del voto útil que hará que mucha gente vote con la nariz tapada con tal de alejar el peligro de un gobierno frentepopulista, pero estamos más que convencidos de que pocas cosas puede haber más satisfactorias y gratificantes en política que poder votar con el corazón en absoluta libertad.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSPV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña, galardonada por su defensa del catalán y por su apoyo al referéndum independentista de Mas. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó recientemente una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.

Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola

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TIC, TAC, TIC, TAC.

Las manecillas del reloj no se detienen y siguen su inexorable avance. Pasan las horas y los días y cada vez queda menos tiempo para que se agote el plazo para convocar nuevas elecciones generales. Entre las muchas cosas que parece que han quedado claras es que el sistema previsto en nuestra Constitución para la formación de un Gobierno tras unas elecciones no es operativo, no responde a las necesidades de una Nación y un Estado como el nuestro en medio de una sociedad y una economía tan volátil. Hay que revisar el sistema y sus plazos porque es evidente que nuestro país no puede y no debe permanecer sin Gobierno durante más de siete meses.

Y así las cosas, a punto de expirar el plazo legal para poder formar un gobierno, los principales protagonistas, los principales responsables de lograrlo siguen prácticamente enrocados en sus posiciones iniciales. Mariano Rajoy atrincherado en su pírrica victoria del 20 de diciembre quejándose inútilmente de las constantes negativas del líder socialista Pedro Sánchez a negociar una gran coalición constitucionalista, mientras que aguanta, semana tras semana, la aparición de nuevos casos de corrupción que salpican al Partido Popular.

Por su parte, el encargado por el Rey de formar Gobierno, Pedro Sánchez, sigue anclado a tres postes: su pacto con Ciudadanos, su “no es no” al Partido Popular y sus patéticas e indignas súplicas a los Podemitas para que le aúpen a la Moncloa. Y quién sabe, vista su propia dignidad política, hasta donde habrá llegado en sus secretas conversaciones con los independentistas catalanes.

Su socio, Alberto Rivera de Ciudadanos se apresuró a firmar un pacto con los socialistas de Pedro Sánchez que, al margen de una escasa rentabilidad electoral, puede suponer una pesada carga ideológica y programática de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio. Se ha mantenido firme en su veto a Podemos al igual que éstos con su veto a Ciudadanos. Y a última hora se ha descolgado con la peregrina propuesta de que sea un “independiente” quien presida el próximo gobierno. Da la sensación de que aquí lo único que cuenta es el “quien” y no el “cómo” y sobre todo el “para qué”. ¿Un independiente? ¿Con qué programa de gobierno? ¿Con un programa que no ha pasado por las urnas? ¿Con un refrito de programas? ¿Con qué apoyos parlamentarios? Si la solución pasa por un independiente, por un tecnócrata, es evidente que se reconoce abiertamente el fracaso de la política y de la capacidad parlamentaria de sus señorías.

El cuarto principal protagonista de este pesadisimo sainete, el Sr. Iglesias, junto con sus mareas y confluencias mantiene desde el primer día varias propuestas destinadas en el fondo a que no se pueda formar un gobierno, a pesar de que le una con PSOE y Ciudadanos el objetivo de impedir que siga gobernando quien ganó las elecciones pasadas. Desde su veto a Ciudadanos, a su exigencia de un referéndum independentista pasando por su peculiar forma de marcarle el paso al PSOE con reparto de sillones y ministrables incluidos, Iglesias, aunque se está dejando plumas errejonistas por el camino, anhela unas nuevas elecciones para sobrepasar al PSOE de la mano de IU que, de aceptar, firmará su sentencia de muerte política.

A todo esto, cuentan los medios de comunicación que los partidos políticos, en el más que probable caso de que se repitan las elecciones generales, no van a modificar sus candidaturas y volverán a presentar a los mismos candidatos. Ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos celebrarán primarias para designar nuevos candidatos. Por supuesto que en el PP seguirá funcionando la dedocracia en las listas y solo se verá obligado a modificarlas para quitarse de encima a algún que otro imputado. O sea que casi todos los 350 diputados que en cuatro meses han sido incapaces de lograr un acuerdo para formar gobierno van a repetir candidatura como premio a su incompetencia y falta de patriotismo. Una burla más de esta partitocracia y de esta casta incompetente a los votantes. Mientras tanto, Tic, Tac, Tic, Tac el reloj no se detiene.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Rajoy no debe ganar para sustos. A uno o dos escándalos semanales de corrupción que salpican a políticos del PP no es para menos. ¡Vaya semanita! Primero el Ministro Soria que aparece en los papeles de Panamá con tres explicaciones distintas y después aparece con una sociedad en Jersey;  el Alcalde de Granada y la concejala de urbanismo detenidos por la policía, el Ayuntamiento patas arriba y todo ello con un despliegue y una escenografía como si se tratara de la detención de un comando yihadista y con bronca por medio entre el poder judicial y la policía que, al parecer, ha actuado por su cuenta; otro día Hacienda poniéndole las pilas fiscales al ex Presidente Aznar, multa incluida, por “haberse marcado un Monedero”; sin olvidar, claro, a Esperanza Aguirre descolgándose con la idea de que Felipe González pudiera ser propuesto para la Presidencia del Gobierno. Y la cosa no quedará seguramente ahí, porque con unas elecciones generales en ciernes dentro de poco más de dos meses, siempre y cuando el Sr. Pedro Sánchez no termine por entregarse abiertamente a podemitas e independentistas, es muy probable que afloren nuevos escándalos. Y cuando no se trate de escándalos siempre habrá algún notable del PP que se encargará de remover las aguas con declaraciones más o menos pintorescas,  bien presentando un libro o bien reclamando cambios internos en cuanto vislumbre que se puede quedar sin poltrona.

Lo que está ocurriendo era de esperar, es lo normal que tenía que ocurrir con un partido que funciona como funciona y que aún no ha hecho los deberes internos. Presume el gobierno del PP de haber aprobado en la anterior legislatura más medidas contra la corrupción que ningún otro gobierno. Y es posible que sea así. Pero el partido del Gobierno, el Partido Popular, no ha movido su estructura, sus estatutos y su funcionamiento interno ni un centímetro desde hace muchos años, demasiados. Es difícil aprobar un examen estudiando solo el día anterior. Hacen falta hábitos de estudio, constancia, muchas horas de codos para superar con tranquilidad un examen. Y eso no se ha hecho en el PP. Estamos asistiendo a la recolección de toda una cosecha de corruptos, pero no es espontánea, no es casual. Hace muchos años que sus semillas fueron sembradas gracias a unas estructuras internas que promocionan a los cargos públicos a través del “dedazo” a amiguetes, familiares, oportunistas o trepas y que han podido hacer lo que han hecho gracias también a unas estructuras internas que impiden el control de la militancia de esos cargos públicos. Los mismos Estatutos, las mismas estructuras internas y los mismos hábitos políticos que instalaron en cargos públicos a los Rus, los Granados, los Soria o los Matas, por citar solo algunos, siguen vigentes en el Partido Popular. Y las nuevas caras jóvenes y presuntamente regeneradoras del PP deben sus cargos y su protagonismo político a esos mismos Estatutos, a esas mismas estructuras internas y a esos mismos hábitos políticos que han propiciado el florecimiento escandaloso de los casos de corrupción.

La inmensa mayoría de la gente del PP es gente honesta, el PP cuenta con cientos de miles de afiliados honrados y trabajadores, pero lamentablemente pintan muy poco en el seno del partido. Y ello es así porque el PP lleva en su genética estatutaria todos los ingredientes para que los casos de corrupción no sean simples casos aislados. Y algo parecido le pasa al PSOE cuya distribución de poder territorial impone unos equilibrios internos que le impiden afrontar, entre otros, los mayores casos de corrupción de la historia de España: los Eres y los cursos de formación de Andalucía.

El centro derecha español necesita un partido limpio, democrático, fuerte, pegado a la calle y a las necesidades de la gente. Y, hoy por hoy, el PP no responde a esa necesidad, el PP ha aplazado cualquier reforma interna para el año que viene conformándose, de momento, con ser el refugio del voto del miedo y renunciando a ser la plataforma del voto de la esperanza, del cambio y de la solución de los graves problemas económicos, sociales, territoriales y éticos que ensombrecen el futuro de los españoles. Al PP lo están matando entre todos, sobre todo los de dentro, y se morirá seguramente celebrando una pírrica victoria.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es