Hace
unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet
(http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la
participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata
de una iniciativa presentada en junio de 2010,
por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del
2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase
política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso
de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las
nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación
directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la
superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta
nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.
En
síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir,
si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se
desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión,
en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su
voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de
electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la
pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima
parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se
les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de
soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.
Es
un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas
tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas
en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos
sistemas políticos.
Del
mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de
los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía
radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó
la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida
al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el
de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el
concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela
pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las
posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que
la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse
efectivas en tiempo real.
El
ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través
del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía
eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la
misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo
transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los
representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un
período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido
convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y
en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los
representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.
Hoy
no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si
así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la
que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la
libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos
acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos
para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que
podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar
impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia
podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así
lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html)
ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma
telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los
ciudadanos?
A
la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente
derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una
parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún
tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los
electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a
la hora de recabar nuestro voto y que,
una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.
La
recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto
digital no supondría la desaparición de los representantes políticos,
instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor
parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una
importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su
sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en
cada momento.
Santiago
de Munck Loyola
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