España goza de un régimen de libertades como nunca ha tenido. Nuestro sistema democrático, con sus defectos que indudablemente los tiene, es uno de los más avanzados del mundo. Los derechos humanos y las libertades públicas están garantizados como nunca lo han estado a lo largo de la historia española. Todas las libertades políticas tienen su amparo en nuestra Constitución. Cualquier posición política, incluso aquellas que buscan de destrucción de la propia Constitución o de la Nación española, puede ser públicamente defendida y puede concurrir en las elecciones democráticas que se celebran. Los independentistas participan en las convocatorias electorales y reciben el respaldo electoral que todos conocemos. Bien es cierto que estas afirmaciones pueden aplicarse al conjunto de la sociedad española sin reservas y que en el País Vasco, al menos sobre el papel, también lo son. Subrayo lo de “sobre el papel” porque teóricamente y con la Ley en la mano en las provincias vascas rigen los mismos principios y normas democráticas que en el resto de España, pero, lo cierto, es que la democracia en el País Vasco no es del todo real pues, como todo el mundo conoce, la realidad diaria es que allí las libertades públicas están condicionadas por el clima de temor que la existencia de los pistoleros y asesinos de la ETA impone a determinados ciudadanos. Sería absurdo proclamar sin matices que en el País vasco hay plenas libertades públicas cuando más de 200.000 ciudadanos vascos han tenido que exiliarse por miedo a perder la vida, cuando la libertad de prensa está limitada o cuando la gente no puede expresar públicamente sus simpatías políticas. Son los etarras y su red de simpatizantes, la izquierda abertzale, los que precisamente pisotean las libertades públicas. Hay un déficit de legitimidad en las instituciones vascas y eso es un hecho más que evidente.
Y, en este contexto, esta izquierda nacionalista y antidemocrática ha convocado esa farsa denominada pomposamente como la "Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco" que se reunirá el próximo lunes en la Casa de la Paz de San Sebastián. Esta farsa contará con la presencia de mediadores internacionales elegidos por la ETA, con políticos vascos y lo que es más sorprendente con la presencia de representantes del PSOE. Este bodrio teatral tiene dos objetivos claros: lavar la cara al mundo proetarra de cara a las elecciones generales y, en su caso, poder diseñar una especie de final pactado entre víctimas y sicarios, todo ello sin que los asesinos se apeen ni un milímetro de sus reivindicaciones políticas, sin rendirse entregando las armas y sin pedir perdón a los centenares de víctimas inocentes que han causado en estos años.
Hay quien piensa que hay que negociar con los asesinos para que dejen de matar y parece que la única razón para ello es que estos tipos han asesinado a mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, que se trata de una cuestión de cantidad. Negociar con ellos supone legitimar el uso de la fuerza y de la violencia asesina. Es reconocer que cuanta más violencia se ejerza contra la sociedad democrática más oportunidades hay de que el estado se siente a negociar con los asesinos. Ni más, ni menos. Si el Grapo hubiese seguido operativo matando, torturando, robando y secuestrando ¿también habría que negociar con ellos?
En un país como el nuestro, donde cualquier opción política goza de todas las libertades públicas posibles para captar el apoyo popular en las urnas, resulta inadmisible aceptar que, quienes han escogido la vía de las armas en lugar de la de las urnas para reivindicar sus ideas políticas, pueden negociar con el Estado esas mismas ideas. Si éste va a ser el resultado final de la estrategia de ETA ¿para qué y por qué ha muerto tanta gente?
Aquí no puede haber un empate entre los asesinos y la sociedad española. Resultaría indecente de todo punto. Aquí sólo puede ganar la democracia, el estado de derecho y las víctimas. Y lo que no sea así huele a traición.
Santiago de Munck Loyola.
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