Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo han supuesto un profundo cambio en la distribución del poder territorial en España. No se trataba de unas elecciones generales, pero para casi todo el mundo esta cita electoral tiene una lectura que trasciende su ámbito territorial y, por tanto, unos efectos y consecuencias sobre la política nacional. Y señalo lo de para “casi todo el mundo” porque es evidente que ni para el Presidente del Gobierno, ni para los máximos dirigentes socialistas es así.
El derrumbe por doquier del PSOE ha sido despachado por el Sr. Zapatero como una consecuencia de la crisis económica. Ni tan siquiera ha sido capaz de asumir la más mínima responsabilidad. Sigue sin darse cuenta de que no se trata de la crisis en si, sino de la pésima gestión que él ha hecho de esta crisis. Los ciudadanos españoles han dado una patada a Zapatero en los traseros de miles de candidatos socialistas, algunos de los cuales, buenos gestores de sus Ayuntamientos, no se la merecían con seguridad.
Es indudable que la inmensa mayoría de los españoles ya no confía en el PSOE como partido gobernante de España y lo ha manifestado castigando a esos candidatos socialistas que concurrían a las urnas el pasado domingo.
Es igualmente evidente que si existe una pérdida tan clara y rotunda de la confianza de los ciudadanos en el partido del gobierno, no hay, hoy por hoy, una correspondencia entre la voluntad del electorado y su representación en el Parlamento. Y eso sólo puede ser definido como una grave crisis política. El Sr. Zapatero manifiesta que no va a haber adelanto electoral y que necesita acabar la legislatura para terminar las reformas económicas necesarias, a pesar de que hace tan sólo unas semanas había manifestado que el ciclo de reformas profundas había terminado. ¿En qué quedamos?
Para situaciones como éstas, nuestra Constitución prevé en el Artículo 112 la posibilidad de que el Presidente del Gobierno plantee ante el Congreso una cuestión de confianza. Y existen dos motivos más que importantes para evidenciar la necesidad de plantear la cuestión de confianza. Por una parte, la pérdida tan acusada de la confianza del electorado en el partido del gobierno debe ser contrastada con la confianza que pueda aún subsistir en el Congreso, máxime cuando se trata de un Gobierno sin mayoría parlamentaria propia. Por otra parte, la presunta necesidad de acometer reformas antes de agotar la legislatura debe contar con apoyo parlamentario previo suficiente y ello sólo puede ser comprobado con la cuestión de confianza.
Plantear frente a esta previsión constitucional, tal y como ha hecho hoy el Portavoz socialista, Sr. Alonso, que lo que tiene que hacer la oposición es presentar una moción de censura constituye un ejercicio de cinismo y una escapatoria fácil sin sustento racional y político. Quien no tiene credibilidad es el partido del gobierno, quien ha perdido de una manera brutal la confianza del electorado es el PSOE y quien debe, por tanto, demostrar que puede seguir gobernando sin problemas hasta el final de la legislatura es el Presidente Zapatero. Planteando la cuestión de confianza podrá reflejarse públicamente qué grupos políticos están dispuestos a prologar la agonía gubernamental a pesar del dictamen de las urnas.
Si unas simples elecciones municipales fueron motivo suficiente para proclamar una república, es de suponer que otras bien pueden motivar que un Presidente del Gobierno se someta a una simple cuestión de confianza. Así de fácil.
Santiago de Munck Loyola
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