José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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La pasividad de muchos son las alas de los corruptos.

Es tal el aire a podrido y a corrupción pura y dura que destila el Ayuntamiento de Alicante y ha sido tal el batacazo recibido por ello en las elecciones europeas que algunos, tanto en los medios de comunicación como en el PP,  han empezado a inquietarse y a moverse para tratar de evitar lo que ya es inevitable. Hoy domingo, dos importantes periódicos se ocupan del tema y uno de ellos, pionero en las denuncias sobre la corrupción del PP en el Ayuntamiento alicantino, publica un artículo sobre la existencia de “vientos de regeneración en el PP” y analiza algunos movimientos en las filas populares en valencia y Alicante. Si entrar a valorar estos movimientos en Valencia, sí que se puede afirmar respecto a la provincia de Alicante que no hay nada nuevo bajo el sol, de regeneración nada de nada.

Los protagonistas de los movimientos supuestamente regeneracionistas de Alicante son los mismos de siempre, los que con su actitud sumisa, complaciente y colaboracionista han facilitado que el Ayuntamiento de Alicante, y algunos otros gobernados por el Partido Popular, sea un referente nacional de corrupción. Nótese que estos presuntos regeneracionistas se reúnen en el Casino de Alicante con la previa autorización del Presidente Provincial Popular, José Ciscar, principal responsable de esta escandalosa situación, protector de la Alcaldesa y enemigo declarado de quienes hace casi dos años denunciábamos la corrupción. Y nótese también que estos afiliados del PP, pertenecientes a ese grupo conocido como los ibéricos, fueron en su mayoría los colaboradores en el fraude político que constituyó el desguace y troceado del PP de Alicante para dividirlo en Distritos y entregárselo en bandeja, como coordinadora de los mismos a Sonia Castedo, con la bendición de José Ciscar y la colaboración de su mamporrero político, José Juan Zaplana, Secretario General Provincial. Poco, por tanto, pueden aportar a un proyecto de regeneración del PP quienes han contribuido de forma decisiva a su deriva corrupta, unas veces con su silencio cómplice, otras con su colaboración activa y en la mayoría de los casos con su irresponsable pasividad. Joaquin Galant, Salvador Fornes, Eloy Sentaña, Francisco Martín Irles, María Teresa Revenga, José Ramón Baró, José Albadalejo, José María Rodríguez Galant, José Rincón, Francisco Maestre, Ignacio Segura, Manuel Marcos o María José Santana no han expresado nunca públicamente ni en el seno del PP su rechazo a la política popular en el Ayuntamiento alicantino, ni su defensa de la necesidad de una regeneración interna ni su solidaridad, salvo una honrosa excepción, con los afiliados expulsados por promover esa regeneración y por pedir la separación de los imputados y procesados. No existe pues ningún antecedente político de los miembros de este grupo que permita pensar otra cosa que no sea que estamos ante un estratégico movimiento para intentar conseguir un salvavidas en el naufragio popular que se avecina.

Y por si fuera poco lo anterior, hoy hemos conocido la brillante ocurrencia de UPyD. Los seguidores alicantinos de Rosa Díez se han ofrecido al Partido Popular para votar conjuntamente una moción de censura contra Sonia Castedo y sustituirla por un concejal del PP que no esté imputado, ni procesado, claro está. Es decir, el Sr. Llopis de UPyD está dispuesto a promover y votar esta moción que exigiría en primer lugar que los concejales del PP expulsasen del Grupo Popular a Sonia Castedo. O sea que pretende que los mismos concejales que hace tan sólo unos días se han negado a reprobar en Pleno a la Alcaldesa por el repugnante contenido de sus conversaciones con “la polla insaciable”, Enrique Ortiz, sean ahora los encargados nada menos que de expulsarla del Grupo Popular, para después nombrar a uno de ellos, es decir, a uno de los cómplices políticos de la Alcaldesa, nuevo Alcalde o Alcaldesa. ¡Menudo papelón el de UPyD!

Tras la publicación de las grabaciones entre la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz y entre éste y el sobrino de Cotino, tras la fulgurante decisión del Gobierno de la Generalitat de allanar el camino de los negocios de Ortiz con IKEA, tras los rumores sobre la posibilidad de que Bankia “regale” suelos a Ortiz para que complete su control sobre este pelotazo de más de 90 millones de euros, tras las noticias relativas a los concursos municipales, a las técnicas mafiosas empleadas contra los representantes de los comerciantes o asociaciones vecinales o al cese del interventor municipal es más fuerte que nunca el hedor que destila nuestra Casa Consistorial y el partido que la gobierna. Y la solución no puede pasar por una moción de censura para que sigan los mismos, porque aunque se cambie el titular de la Alcaldía seguirá uno de sus colaboradores necesarios, uno de sus cómplices políticos, un miembro del Partido Popular que ha tolerado, facilitado y consentido esta situación. Hoy por hoy, no hay regeneración que valga sin una profunda regeneración del Partido Popular de Alicante previa entonación de un sincero “mea culpa”.

Y como eso está aún por venir y para que ocurra deberían irse previamente a su casa el Sr. Ciscar y el Sr. JJ Zaplana, responsables políticos de este repugnante clima, la única solución política y éticamente aceptable pasa por la disolución del Ayuntamiento de Alicante y por el nombramiento de una gestora. La izquierda, incluida UPyD, fue derrotada ampliamente en las últimas elecciones municipales. El Partido Popular tiene la legitimidad legal que otorgan las urnas para regir nuestro Ayuntamiento pero carece de la más mínima legitimidad moral, de ejercicio, para seguir al frente de la Alcaldía de Alicante. El presupuesto municipal no puede seguir en manos de este equipo de gobierno, solidariamente responsable del clima de corrupción que asola a nuestro Ayuntamiento. ¡Disolución ya!

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante con “la polla insaciable”.

Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola

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El PP alicantino ensuciando el prestigio de Alicante.

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación están publicando las escuchas policiales o la transcripción de las mismas efectuadas a varios de los implicados en los casos de corrupción que afectan a políticos municipales y a empresarios de la ciudad de Alicante. Los principales protagonistas de estas grabaciones son la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (Partido Popular) y el empresario Enrique Ortiz. Es sencillamente vergonzoso tanto en el tono como en el contenido lo que se está publicando. El nombre de la ciudad de Alicante y su representación institucional quedan por los suelos. Hoy por hoy, la Alcaldesa está imputada por cuatro graves delitos y salvando su presunción de inocencia lo que sí se puede afirmar con absoluta rotundidad es que su grado de compadreo con el Sr. Ortiz, la sumisión al mismo de la representación municipal y el estilo cutre y tabernario de las conversaciones son inadmisibles e incompatibles con la más alta representación municipal. Ni la ciudad de Alicante, ni los vecinos se merecen tanta y tan cara basura.

Según el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, "la política de la Alcaldesa de Alicante es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP". Será por ello que al ser imputada se organizó una cena de homenaje que presidió nada menos que el Secretario General del PP de Alicante José Juan Zaplana, en claro y chulesco desafío a la justicia y a los ciudadanos decentes. Pero es indudable que el Partido Popular de Alicante es cómplice y encubridor de esta situación, al menos por su actitud pasiva y por su acoso a los que pidieron públicamente más honradez expulsándolos finalmente del PP.

Sea o no finalmente culpable o inocente la Alcaldesa, alguien debería pedir perdón a los alicantinos por la deplorable imagen que se está transmitiendo de nuestra ciudad en toda España y por el desprestigio de la institución municipal y de la clase política que han fomentado con estas peculiares formas de entender la gestión municipal.

Conversaciones cariñosas.

El sobrino de Cotino trabajando para IKEA de Ortiz.

Santiago de Munck Loyola

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El lodazal municipal del PP de Alicante.

Que hablen mal de uno aunque sea mal dicen con no poco cinismo algunos políticos que prefieren los titulares al ostracismo de los medios de comunicación aunque, con la que está cayendo, es posible que no sea esa precisamente la preferencia de los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, de PP de la Provincia de Alicante. Y es que 127 cargos públicos del PPCV imputados o procesados por casos de corrupción dan para mucho.

En pocos días se han sucedido noticias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PP de Alicante en nuestra ciudad y, en concreto, en nuestro Ayuntamiento. Produce sonrojo y vergüenza que un día sí y otro también el nombre de nuestro Ayuntamiento se vea arrastrado por las salas judiciales como consecuencia de las acciones de unos políticos y las omisiones de otros, más prestos a ser tolerantes y complacientes con los imputados que con quienes exigen honradez y limpieza en la vida pública.

Así, en pocos días hemos sabido que el Vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por un supuesto caso de obras amañadas y que el fiscal acaba de pedir tres años de prisión por esos hechos. Y como era de esperar, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el supuesto amaño o apaño, vaya usted a saber, del PGOU de Alicante, se ha apresurado a apoyar en el presente y en futuro al Sr. Llorens en su decisión de no abandonar sus cargos en el consistorio alicantino tras su procesamiento. 

Hay que subrayar que la actitud política de la Alcaldesa apoyando a su Vicealcalde pese a su situación procesal no es ninguna novedad en el PP alicantino ya que ella misma recibió el apoyo del propio secretario general provincial del PP, José Juan Zaplana, que presidió una cena de homenaje a la Alcaldesa cuando se conoció su imputación. Hoy por ti, mañana por mí. Actitud congruente también con la mantenida, por ejemplo, por el concejal popular Luis Barcala quien tras la imputación declaró que los concejales estarían del lado de la Alcaldesa pasase lo que pasase. Es evidente que para el PP de Alicante las líneas rojas de Fabra no existen, aunque ello le esté costando al PP alicantino un auténtico varapalo electoral como el recibido hace pocos días.

Y, por si fuera poco lo anterior, hoy un medio de comunicación ha publicado que “La Policía detecta una red para amañar contratos en Alicante” y ha hecho públicos extractos de los “pinchazos” telefónicos del caso que investiga sobornos en el Plan E. Nótese que cuando se habla de una red para amañar contratos en Alicante se está haciendo referencia, desgraciadamente, al Ayuntamiento de Alicante. ¿En qué han convertido estos “señores” nuestra Casa Consitorial? El informe de la Policía relata cómo se adjudicaban obras sin concurso y cómo se inflaba su precio. 

Según este informe los contratos se adjudicaban después de haberse empezado a ejecutar, los precios que se incrementaban arbitrariamente por los técnicos y se fraccionaban los contratos para no superar el límite legal de 18.000 euros y poder concederlos así a dedo. Todo ello forma parte de un sumario que investiga una presunta trama de sobornos en Alicante para amañar contratos millonarios, entre ellos tres del Plan E. Y en las conversaciones grabadas, además de algún técnico, aparece también el Vicealcalde de Alicante.

Y para completar las noticias sobre el panorama judicial que salpica a nuestro Ayuntamiento, los medios también se han hecho eco de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declarándose  incompetente para continuar con la causa abierta contra el ex alcalde de Alicante y ex diputado autonómico Luis Díaz Alperi por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, e inhibiéndose en favor de los juzgados de Alicante.

Se trata de un panorama desolador de nuestro Ayuntamiento que dura ya demasiado tiempo. La desesperante lentitud de la Justicia es inaceptable porque el daño a la imagen de las instituciones de nuestra ciudad es enorme. Es inaceptable porque, además, en el caso de que los acusados resultasen finalmente inocentes se les ha habría sometido a una larga presión injusta. Y es inaceptable porque, finalmente, si resultasen culpables habrían seguido manejando la administración demasiado tiempo. Pero aún aceptando que la Justicia en España tiene sus tiempos y que los implicados han podido contribuir intencionadamente a la prolongación de las causas, lo cierto es que el daño a la imagen de nuestro Ayuntamiento y a la de la clase política, en general, está hecho. Alicante no se merece tanto paseíllo judicial. Alicante se merece un Ayuntamiento transparente y libre de sospechas, un Ayuntamiento digno de confianza y unos regidores dispuestos a sacrificar sus intereses personales por los de la ciudad. Tan es así que los electores se han dado cuenta de ello y ya han dado un serio aviso al principal responsable de esta situación, al Partido Popular de Alicante, que ha sido castigado el pasado 25 de mayo con más fuerza que el resto del PPCV al bajar un 4 % más que la media.

La Asociación Esperanza Popular de Alicante, desde su nacimiento, ha venido denunciando esta penosa situación y ha reivindicado la necesidad de una profunda regeneración política que se traduce en más transparencia, más ejemplaridad, más honradez y más eficacia en la gestión pública. Y pronto dará un paso más pasando de la denuncia y la reivindicación a las propuestas concretas y a las alternativas, porque ni la Provincia de Alicante, ni la ciudad de Alicante, ni quienes han visto defraudado su voto se merecen este lodazal.

Santiago de Munck Loyola

El PP de Alicante nos sube los impuestos para poder pagar a los amigotes.

Si hay una ciudad y una provincia en las que se pueden ejemplificar el sistemático incumplimiento de un programa electoral, la traición a unos determinados principios políticos y la institucionalización de las prácticas corruptas son la ciudad y la Provincia de Alicante. Y si hay un partido al que se le puede imputar la autoría de ese rechazable proceder es al Partido Popular de Alicante. Viene esta reflexión al hilo de tres coincidencias producidas en la última semana: la recepción postal en nuestras casas del aviso de cobro de los tributos y tasas municipales enviado, por primera vez, por SUMA (por cierto, algo que nos va a costar más caro que antes), la publicación de informaciones hasta ahora no desmentidas en las que se afirma textualmente que “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz” y el anuncio de nuevos incrementos fiscales para los alicantinos que serán aprobados por el Partido Popular el próximo lunes día 12 de mayo de 2014.

Para ser Partido Popular la fuerza política abanderada de la disminución fiscal, de la austeridad, de la eficiencia y del ahorro no está mal. Si esa es la buena dirección mejor cambiar de conductor o mejor cambiarse de autobús. En los próximos días, los contribuyentes tendremos que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles que no ha experimentado disminución alguna tras ser incrementado un 10 % en 2012 y 2013. Pagaremos también la tasa de la basura que va a ser subida otro 3% el próximo lunes con lo que acumulará un incremento del 9 %. Nuestro querido Ayuntamiento no solo no nos descuenta los días que como consecuencia de la huelga no nos prestó el servicio por el que pagamos, sino que, además, nos lo sube a partir del lunes otro 3 % junto a otros tributos, tasas y precios públicos. Así a partir del lunes se incrementarán también la tasa por la prestación de servicios de los bomberos municipales, las tasas de la grúa municipal, de Mercados, de Cementerio, la tasa por la obtención de licencias urbanísticas y de ocupación, por el uso de instalaciones deportivas, del ascensor del Castillo de Santa Bárbara, las Escuelas Deportivas Municipales y Escuelas Infantiles Municipales. En conjunto, el PP de Alicante va a incrementar en tan sólo 2 años entre un 6 y un 10 % los diferentes tributos, tasa y precios públicos municipales lo que es un ataque directo al poder adquisitivo de los alicantinos. Y, si a ello sumamos, el incremento de la presión fiscal del Gobierno de la Nación es un hecho incontestable que la política del PP, en contra de su programa y sus principios, lesiona y perjudica al bolsillo de los alicantinos y supone un freno al consumo y a la recuperación económica. Si exceptuamos a ciertos políticos ¿alguien ha tenido un incremento salarial o en su pensión entre el 6 y el 10 % en los dos últimos años? Pues eso.

Pero con ser desolador este panorama para los bolsillos de los alicantinos gracias a la desastrosa gestión de Sonia Castedo, Andrés Llorens, Juan Seva y demás miembros del Gobierno municipal, eso sí, con el apoyo y complicidad de la dirección provincial popular capitaneada por ese irrepetible dúo, José Ciscar y José Juan Zaplana, lo es aún más cuando se tiene presente la incalificable gestión de las contratas municipales que obliga a aumentar la presión fiscal para hacer frente a unos compromisos contractuales incomprensibles desde su gestación, pasando por su tramitación hasta su propio contenido. Según ha revelado un Diario a raíz del seguimiento de las declaraciones judiciales que se están produciendo estos días en torno a la adjudicación del servicio de basuras a una empresa participada por el empresario Enrique Ortiz, amigo de la Alcaldesa e imputado en el caso Brugal, “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz”, es decir, que el PP de Alicante ordenó que esta contrata no pudiera ser adjudicada más barata para así beneficiar al adjudicatario en claro perjuicio de los contribuyentes, como estamos viendo ahora con los recibos y las subidas fiscales. Y no queda más remedio que preguntarse ¿por qué? o ¿a cambio de qué? La recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos es un impresionante negocio en el que se mueven toda clase de intereses económicos pero en el que desgraciadamente vemos y comprobamos que lo que está ausente es el interés por un tratamiento sostenible y por la eficiencia y el ahorro de los recursos. Durante los últimos diez años, los ciudadanos de Alicante no hemos percibido ninguna mejora del servicio encaminada a implantar una política medioambientalmente sostenible, sólo hemos percibido escándalos, corrupción y pagar más por la tasa correspondiente. Y esta falta de ambición medioambiental es perfectamente imputable también a la Diputación Provincial aunque no es ahora el momento para extenderse en ello.

Y metidos en plena campaña electoral parece toda una burla que quienes encerrados en sus torres de marfil abandonen ahora sus cómodas moquetas para dignarse a acercarse a los ciudadanos a pedirnos el voto. No sólo no han sido capaces de cumplir con sus promesas electorales, no sólo no han sido capaces ni tan siquiera de cumplir con los principios éticos y morales que se suponen animan sus siglas que, encima, vienen a contarnos lo bien que lo están haciendo y lo mejor que lo van a hacer en Europa. Nos vienen con el cuento del miedo ¡que viene el tripartito! o con la estupidez del voto útil ¡no tirar el voto con partidos minoritarios! Dicen que vamos en la buena dirección. Pues, por parte de un servidor, esta vez que vayan solos porque por más que uno se repasa programas e idearios, lo de esquilmar el bolsillo de los alicantinos, lo de favorecer a los “amigotes” y lo de ser complacientes con la corrupción no aparece por sitio alguno.

Santiago de Munck Loyola

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El Grupo Popular en las Cortes Valencianas: un fracaso anunciado.

Anuncian los medios de comunicación que nuestra Alcaldesa y Diputada Autonómica, Sonia Castedo, ha firmado ante notario su renuncia al escaño en las cortes valencianas que ocupaba en representación de la provincia de Alicante y que dicha renuncia podría ser presentada en el registro de las cortes el viernes día 2 de mayo. Esta decisión no obedece a una repentina conversión de índole ética que le haya convencido de lo políticamente inconveniente que es ocupar dos cargos de responsabilidad sin poder atenderlos adecuadamente, no. Tampoco obedece esta decisión a una cesión ante la propagandística e ineficaz línea roja del Presidente Fabra en virtud de la cual ningún imputado del PP debe ostentar responsabilidades políticas o cargos políticos en el PP, pues de todos es conocido que los Sres. Ciscar, presidente provincial popular, su mano derecha, el incompetente JJ Zaplana, secretario provincial popular, y la propia Sonia Castedo se pasan esa famosa línea por donde todos sabemos. No en balde Sonia Castedo es ahora la Coordinadora popular de los mini PPs de la ciudad de Alicante, los “pepelitos” de distrito en claro desafío a las directrices del Presidente Regional Popular. Esta decisión obedece más bien a una clara estrategia para dilatar al máximo el procedimiento judicial en el que está incursa la Alcaldesa de Alicante. La pluriempleada alcaldesa y plurimputada por el caso Brugal que se está sustanciando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana conseguirá con su renuncia al escaño que el sumario tenga que retornar a los juzgados ordinarios de Alicante al quedar más aforados en la causa.

Ya en su día, desde estas mismas páginas, se denunció la forma de elaborar las listas de los candidatos que el Partido Popular presentaba para la Provincia de Alicante. Al margen del hecho incuestionable de que el procedimiento de elaboración es profundamente antidemocrático pues los afiliados populares, como siempre, nada pueden decidir u opinar respecto a la misma, resaltaba también los criterios utilizados por el “dedazo” popular entre los que la defensa de los intereses de los ciudadanos alicantinos brillaba por su ausencia. Del examen de los componentes de aquella lista resaltaba, en primer lugar, la presencia de alcaldes y alcaldables, es decir, de personas que deberían simultanear dos cargos públicos, el de su municipio y el del escaño, con lo que a todas luces no podrían desempeñar con dedicación plena ninguno de los dos cargos y obviando cualquier referencia a las incompatibilidades. Destacaba también la presencia en dicha lista de parientes de políticos populares aportando así una curiosa interpretación del significado de la defensa de la familia como signo distintivo de la ideología popular, vamos, puro nepotismo. Y finalmente resaltaba también la presencia en dicha lista de personas que estaban siendo objeto de investigaciones judiciales, como el Sr. Alperi o la propia Sonia Castedo, con lo que parecía evidente que se les quería dotar de cierto blindaje con el aforamiento que su elección parlamentaria les habría de otorgar. Amiguismo, nepotismo, arbitrariedad, ausencia de democracia interna y búsqueda de blindajes judiciales primaron frente a la defensa y representación de los derechos y las necesidades de los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Es tan evidente que sólo la ceguera partidista puede negar esta realidad: el PP una vez más ha sacrificado los intereses de Alicante a los intereses de su camarilla dirigente.

De los 55 diputados en las Cortes Valencianas que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas quedan 54 porque el Sr. Blasco se ha convertido en tránsfuga largándose con su acta de diputado al grupo mixto generosamente subvencionado gracias al propio grupo popular. De los 55 diputados iniciales del Partido Popular 18, que se dice pronto, han tenido que renunciar a su escaño en la mayoría de los casos por estar salpicados por asuntos judiciales. Y de los 55 diputados populares iniciales, cinco están procesados o imputados y conservan aún su escaño. ¿No es esto la constatación de un sonoro fracaso? ¿No es un auténtico fraude a los votantes?

Esta situación no ha nacido de la casualidad, no se trata de un simple accidente político. Es el resultado de una determinada forma de entender la vida política dentro del Partido Popular que se caracteriza por desarrollarla al margen y de espaldas a la voluntad de sus afiliados y, por supuesto, de los votantes. Los responsables, los miembros del Comité Electoral que aprobó estas listas autonómicas, no darán la cara por supuesto, no dimitirán que es lo que haría cualquier político responsable y decente. Se pondrán de perfil y esperarán a su oportunidad para obtener su correspondiente premio si es que aún no lo han recibido por semejante tropelía.

Una vez más, los votantes alicantinos del centro derecha han sido estafados por el partido mayoritario. Estos días, andan los populares movilizando a sus cargos públicos y a algunos militantes para difundir las supuestas bondades de su gestión y las nuevas promesas electorales de cara a los comicios europeos. Una vez más se acuerdan de los afiliados, cuyo voto a la hora de hacer las listas ignoran y desprecian sistemáticamente, para que “vendan” lo buena que es la lista europea impuesta por el “dedazo” de Rajoy y lo malo que es todo lo demás. Ojalá que mucha gente no se vuelva a dejar engañar o que el miedo al cambio no les impulse a repetir el voto aunque sea tapándose la nariz. Ojalá que el votante alicantino de centro derecha sepa que hay alternativas, que se puede cambiar de siglas sin necesidad de traicionar ideales y principios.

Santiago de Munck Loyola

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Regeneración democrática: por sus obras los conoceréis.

El sistema político que padecemos, la feroz partitocracia, permite que algunos sujetos se permitan ciertos lujos que en una sociedad plural, viva, responsable y moralmente sana serían inadmisibles. Ciertos sujetos, cómodamente instalados a dedo en las cúpulas de los partidos y en las instituciones, se creen que la política es puro teatro y en consecuencia deambulan por la misma como simples actores interpretando aleatoriamente cualquier papel que se les encargue, prescindiendo de cualquier convicción ética y del más mínimo principio moral. Su problema y, por tanto, el todos los ciudadanos es que la política no es teatro; su problema es que se nota, y mucho, que están actuando y que detrás de sus palabras y de sus discursos sólo hay vacío intelectual y oquedad moral; su problema es que sus actos, sus hechos ponen de relieve su auténtica catadura moral. Como bien dice el Evangelio de San Mateo “Por sus obras los conoceréis”.

Viene este reflexión a colación de la noticia publicada hoy 4 de abril de 2014, en el Diario Información, en la que se da cuenta de la participación de un consumado actor político, José Juan Zaplana, Secretario Provincial del PP de Alicante, en una mesa redonda sobre la regeneración democrática: “El club Información acogió ayer por la tarde la mesa redonda «Vías para la regeneración democrática», enmarcadas dentro de las VII Jornadas Católicas y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Intervinieron José Juan Zaplana (PP), Loles Fernández (PSOE), Silvia Poveda (UPyD) y David Abad (Compromís). Francisco Sánchez moderó el debate”.

José Juan Zaplana, nada menos, que representando al PP para hablar sobre regeneración democrática. Increíble, pero cierto. Desconozco si la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera invitó directamente a este sujeto sin conocer su forma de proceder en torno a la regeneración democrática y los problemas de corrupción. Es posible que sí le conociesen y que le invitaran precisamente por eso, por representar todo lo contrario a la regeneración democrática. Puede que simplemente formulasen una invitación al Partido Popular y que éste le enviase como su representante más cualificado para hablar sobre el tema o, simplemente, que este señor se ofreciese con tal de salir en la foto, una de sus obsesiones. Es igual. Es de suponer que como habitual intérprete secundario y cínico consumado intentaría aparecer como un defensor a ultranza de la regeneración democrática, pero sus obras, sus acciones y antecedentes le delatan.

Hay que recordar una vez más que cuando los tribunales imputaron a la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por cuatro delitos, el Sr. José Juan Zaplana acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma, algo que dista mucho de lo que implica trabajar por la regeneración democrática. Hay que recordar que el Sr. Zaplana y su jefe el Presidente Provincial José Císcar promovieron la expulsión de los afiliados populares que promovían la regeneración democrática suscribiendo un documento oficial del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, redactado por otro pésimo actor, el ex diputado Felipe del Baño, en el que literalmente se dice: “criticar la política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (imputada por cuatro delitos) es criticar la política del Partido Popular” o que “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro”.

Hay que recordar que impedir la democracia interna en un partido político, y los hechos lo demuestran, como hace el tandem Císcar – Zaplana tiene muy poco que ver con el concepto de regeneración democrática. Hay que recordar igualmente que vivir de la política sin haber sabido ganarse la vida fuera de ella tampoco tiene mucho que ver con la regeneración. Como tampoco lo tiene ocultar a los afiliados del partido que lo piden el examen las cuentas de las campañas electorales que están bajo sospecha judicial.

En fin, que constituye una auténtica decepción y un despropósito digno de una película de Almodóvar que la fuerza mayoritaria del centro derecha alicantino no cuente entre sus filas con personas suficientemente capacitadas para poder hablar en público, con convicción y con una sólida trayectoria ética, sobre la regeneración democrática y que se envíe a semejante representante. Es un síntoma más de que el Partido Popular de Alicante no sólo no cree en esta necesaria idea, sino que además se burla del conjunto de los sufridos ciudadanos designando a un embajador como éste, perfectamente conocido y retratado por sus obras. Salvando las distancias ¿se imagina el lector a Bárcenas participando en un coloquio sobre la transparencia en la contabilidad de los partidos? De pena.

Santiago de Munck Loyola

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Los ciudadanos pasmados y ellos a lo suyo.

Tanto asesor para nuestros políticos, tanto dinero público empleado en marketing político,  en técnicas de comunicación y en imagen para que luego algunos de nuestros dirigentes desconcierten e indignen al personal con sus declaraciones o sus actitudes públicas. El pasado domingo, en un acto político del PPCV celebrado en Alicante el Presidente del Partido y de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dejó de piedra a más de uno de los asistentes (que no obstante aplaudirían de forma entusiasta como es habitual en este tipo de actos) y a los ciudadanos de la calle cuando manifestó su respaldo a la plurimputada alcaldesa de Alicante Sonia Castedo. “Estás fantástica, a punto, y ahí estaremos todos ayudándote”. Sorpresa y aplausos entre los asistentes. Más de uno de los actuales concejales que trabajan bajo cuerda para ocupar el sillón de la alcaldesa se quedó helado. ¿Y qué hay de la línea roja de Fabra? ¿Dónde queda esa línea discontinua según la cual los imputados deberían irse a casa? Al día siguiente todos los medios de comunicación y los comentaristas políticos atónitos también. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no hay línea roja? 

Y se monta tal revuelo que el Presidente Fabra se ve obligado a salir a la palestra para rectificar y para aclarar que su apoyo era de carácter personal y que se refería sólo al embarazo de la alcaldesa. ¡Acabáramos! Alguien, alguno de esos múltiples asesores con los que cuenta el Presidente Fabra y que costeamos los contribuyentes debería haberle advertido que se trataba de un mitin, de una reunión política y no de un encuentro entre amiguetes, ni de una charla del curso del parto sin dolor por lo que debía medir muy bien sus palabras. Claro que, cuando todo un Presidente de la Generalitat ve normal que su amiga cargue la factura del “arreglo del cocido” al presupuesto público, es normal que pasen estas cosas.

Pero, claro, en el PPCV siempre hay “tiralevitas” dispuestos a apoyar cualquier tontería por grande que sea  que diga el jefe y a buscar cualquier argumento que la refuerce. Es ése el caso de la Presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor, que se apresuró a hacer unas declaraciones antes de que se produjera la rectificación del jefazo. Y, así, con el pie cambiado dijo al día siguiente del “apoyo comunitario al embarazo de la alcaldesa” que no hay ningún inconveniente en que Sonia Castedo vuelva a encabezar la candidatura del PP porque sólo está imputada por cuatro graves delitos y que no está condenada. 

Semejante “perogrullada” cae por su peso. Evidentemente, ningún imputado es, de momento, culpable de nada. Pero cuando se traza una línea roja, no se sabe muy bien siguiendo qué criterio y se fija en el momento de la imputación, se hace, se supone,  por una exigencia pública de ejemplaridad, aunque no lo sepa la Sra. Pastor. Tampoco Luis Bárcenas ha sido condenado por nada y se sospecha que, pese a su valía financiera, la Sra. Pastor no desea incorporarle en la próxima candidatura del PP de su pueblo ni ofrecerle cargo alguno en la Diputación. ¿O sí?

Y por si fuera poca la ligereza con la que algunos políticos se toman la necesidad de practicar la ejemplaridad y de combatir la corrupción, ayer mismo fuentes próximas al Gobierno de España y al Ministro De Guindos, experto fichando socialistas chaqueteros para altos puestos del Gobierno, hacen saber que no hay ninguna prisa por promover la sustitución de la socialista Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada en el caso de los ERES andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia, y para la que la Juez Mercedes Alaya acaba de imponer una fianza civil de 29.568.129 euros. Sospecha la Juez que la ex ministra de Zapatero fue la ideóloga (algo difícil conociendo al personaje) del procedimiento de subvenciones que dio lugar al latrocinio del dinero de los ERES en la Junta de Andalucía. Que los socialistas sigan calladitos y que, por supuesto, no pidan la dimisión de sus imputados es absolutamente normal. Pero que haga lo mismo el Gobierno y el partido que lo sustenta ya no lo es tanto. Parece que ajuicio de nuestro Gobierno y, en especial, del Sr. De Guindos este asunto no afecta a la imagen de España. Total, que la vicepresidenta del banco europeo que maneja miles de millones destinados a inversiones esté procesada por un caso de corrupción tan escandaloso como éste carece de importancia. Es más, con no poco cinismo algunos argumentan que se trata de un asunto que nada tiene que ver, por ser anterior en el tiempo, con su trabajo en dicho banco como si en ese banco o en la Junta andaluza no se manejasen fondos públicos y que estas cosas hay que tratarlas con más delicadeza que la que los socialistas suelen emplear en asuntos de corrupción mucho menos relevantes. Casi nada.

Hay quien ve algo más en esta tibieza gubernamental y “pepera” frente a la ejemplaridad  que una simple falta de principios y apunta al hecho de que España es el principal cliente del Banco Europeo de Inversiones, que en 2013 concedió al país préstamos por valor de 10.656 millones de euros. España tiene 76.000 millones de euros de préstamos vivos y espera que este año este Banco nos preste otros 10.000 millones, por lo que, algunos entienden que es bueno que esta señora siga en su puesto en el que, por cierto, cobra 23.000 euros al mes.

Ni principios, ni gestos, ni gaitas. El euro es el euro. Unos no saben por dónde se andan entre tanto asesor, tana línea roja incumplida y tantos casos de corrupción y otros saben demasiado bien por dónde transitan aunque huela a cloaca. Y mientras tanto, los ciudadanos pasmados ante tanta incompetencia y tanto espectáculo bochornoso.

Santiago de Munck Loyola

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