Alberto Fabra ¿un mentiroso compulsivo?

Si hace unos días era José Ciscar el que se veía obligado, a instancias de los periodistas, a pronunciarse sobre la corrupción y los imputados y entonaba, una vez más, su falso discurso sobre lo que le preocupaban estos temas, procupación debida más al desgaste electoral que a una cuestión de principios éticos, ahora ha sido el Presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana el que ha entonado su peculiar lamento al respecto. Mal deben andar las encuestas y peor deben ser las relaciones con la C/ Génova, no en balde, merced a la actuación de estos dos personajes, el PPCV se ha convertido en motivo de preocupación y de escándalo en la sede de los populares.

Y aunque a algunos pueda parecerles que la insistencia desde estas páginas por denunciar los inmorales comportamientos de algunos dirigentes populares resulta cansina, no por ello hay que renunciar a ello. Si lo de José Císcar eran lágrimas de cocodrilo, lo de Alberto Fabra en el Club Siglo XXI ya es de nota. Dicen que se puede mentir por omisión, ocultando parte de la verdad, o por acción, es decir, faltando o falseando deliberada e intencionadamente a la verdad. D. Alberto Fabra ha hecho en su comparecencia las dos cosas a la vez. No se trata ya de que algunos hechos sean más o menos ciertos o que puedan ser susceptibles de interpretaciones. De lo que se trata aquí es que el Sr. Fabra es un auténtico embustero, un descarado mentiroso que no ha tenido empacho alguno, no ya en ocultar algunos hechos que desmontan su supuesto repudio a la corrupción, sino de afirmar cosas que son absolutamente falsas y que son muy fácilmente demostrables.

Este inconsistente, pusilánime y melifluo Presidente autonómico no se ha limitado en su intervención a lanzar propuestas como la peregrina idea de resucitar el famoso “tercio” familiar de los procuradores de las Cortes franquistas, sino que, además, y hablando de la corrupción en la política de nuestra Comunidad ha intentado sacar pecho, presentándose como el Mr. Proper levantino de la lucha contra la corrupción. Ha vuelto a exhibir su permanentemente incumplida, especialmente en Alicante de la mano de Císcar y JJ Zaplana, línea roja en virtud de la cual los imputados no ostentarán cargos públicos en la Generalitat ni cargos orgánicos en el seno de la estructura organizativa del Partido Popular. Y todo ello bajo la mirada complaciente, nada menos, del otro Zaplana, el ex presidente de la Generalitat.

Se le olvidan, oculta, esconde y falsea muchas cosas Alberto Fabra. Para empezar se le olvida que el problema de la corrupción y del descrédito de la política va mucho más allá de dónde estén y qué se haga con los imputados, al fin y al cabo, inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La falta de principios, de criterios y de formación política y jurídica le ha llevado a adoptar una medida, la de la línea roja, bastante incoherente e incumplida permanentemente. La corrupción tiene muchas causas, pero una de peso es la falta de democracia interna en los partidos, entre ellos el PPCV, que propicia la ascensión de los amiguetes, de los arribistas, de los aprovechados y de los incompetentes a puestos de responsabilidad que escapan de la elección de las bases y, por supuesto, de su posterior control. Forma parte de la corrupción financiar al PPCV a través de asociaciones paralelas como ha venido ocurriendo hasta hace dos días en Alicante o que las campañas electorales se financien oscuramente a través de ciertas empresas, como en el 2007 en Alicante, y que se niegue a los afiliados, como han hecho el Sr. Ciscar y su ayudante JJ Zaplana, el control y la información de la contabilidad a los afiliados. Forma parte de la corrupción no cumplir los programas electorales, llenar de personal una RTV autonómica y tener que cerrarla de malas maneras, construir infraestructuras innecesarias e inútiles como el aeropuerto de Castellón, hacer licitaciones de 420 millones de euros de tal manera que sólo se presente un licitador, etc.

Y forma parte de la corrupción meter en el gobierno, como mano derecha, a la novia que además está denunciada por "malversación de caudales públicos"  por el uso de habitaciones de hotel a precios mucho más elevados de los previstos por la ley de austeridad que dictó el propio presidente Fabra y, presuntamente, en fechas sin agenda oficial de la Generalitat en aquellas localidades. Y para qué mencionar las facturas de la compra por 3.000 euros cargadas a la Generalitat.

Pero si hay una afirmación del Sr. Fabra que permite sin ningún género de dudas poder calificarle de mentiroso es la de que ningún imputado ostenta con él cargo orgánico alguno dentro del PP. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? En estas páginas se ha denunciado repetidamente: en Alicante el Sr. Fabra, de la mano de Ciscar y Zaplana, ha sustituido la Junta Local del PP de la ciudad a cuya presidencia no podía aspirar formalmente la Alcaldesa Sonia Castedo por estar imputada y lo ha hecho por cinco distritos, ahora encabezados por los concejales de confianza de la Alcaldesa, y se ha inventado un Consejo de Dirección (que no existe en los Estatutos) para que lo presida Sonia Castedo. Por tanto, Fabra miente y lo sabe. Y, además, su mentira, su falta de compromiso con la regeneración y con la honestidad se compadece perfectamente con lo que ha hecho con los afiliados que reclamábamos precisamente eso, más honradez pública, regeneración y más democracia interna. Y no se trata de una suposición, sino que, para colmo, el PPCV así lo ha escrito en el documento de expulsión de los militantes que propugnábamos unos valores bastante ausentes en las actuaciones del PPCV. D. Alberto Fabra no es el campeón de la higiene política, ni mucho menos. Es cómplice, cuando menos, del profundo descrédito de la política en nuestra comunidad y de la mala imagen que los votantes perciben del PP. Alguien cuyos actos son los que son, alguien que miente tan descaradamente, alguien que se deshace de la gente que propugna la regeneración no puede, de ninguna manera, encabezar ningún proyecto regenerador. No se puede poner a la zorra a cuidar de las gallinas.

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar y sus lágrimas de cocodrilo.

Desde hace tiempo, las encuestan indican que entre las preocupaciones que más importan a los ciudadanos españoles se encuentran la corrupción y los comportamientos de una buena parte de la clase política. Parece que en la C/ Génova empiezan a darse cuenta y por ello se van anunciando algunas medidas, a todas luces necesarias pero insuficientes, encaminadas a tratar de frenar esos comportamientos y, por tanto, a mejorar la percepción ciudadana sobre estos problemas. No parece sin embargo que en la rama popular valenciana se esté percibiendo de igual manera la gravedad y el alcance de la indignación de los ciudadanos. Hace tan sólo dos días, el vicepresidente del Consell y Presidente del PP alicantino, José Císcar, a preguntas de los periodistas llegó a reconocer que los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes “perjudican” la imagen del partido, pero que les corresponde a ellos decidir si entregar el acta o si, por el contrario, prefieren aferrarse a ella. El Sr. Ciscar añadió que la permanencia de imputados y procesados “perjudica a la imagen pública del conjunto de políticos en general, y por supuesto también” del PP, algo que “preocupa” al partido. Y con ello, con expresar su supuesta preocupación da por zanjado el asunto y da a entender a los ciudadanos que ni él ni el PP pueden hacer otra cosa que preocuparse por la mala imagen que se proyecta ya que no pueden obligar a nadie a que deje su escaño o su acta de concejal.

Sin embargo, semejante obviedad no significa que no se pueda hacer algo más que preocuparse. El Sr. Ciscar lo sabe, pero lo oculta. Si estas personas dañan según él la imagen del PP, lo hacen porque están imputadas o procesadas y siguen permaneciendo en el Grupo Parlamentario Popular o en los Grupos Municipales Populares de los distintos Ayuntamiento y ahí sí que puede actuar el Sr. Ciscar y el PPCV. ¿Y Cómo? Pues excluyéndolas de dichos Grupos institucionales que con los reglamentos en la mano es factible. ¿Y por qué si está tan preocupado el Sr. Ciscar no lo hace o no pide que se haga? Por varias razones. En primer lugar porque peligrarían las votaciones en dichas instituciones ya que los así excluidos podrán revolverse y tumbar con su voto las propuestas populares. Los actuales dirigentes del PPCV no se mueven por principios éticos sino por pragmatismo. Yen segundo lugar, porque dicha preocupación no se corresponde con la realidad. Hay que recordar que hace pocos meses, estando imputada por tres presuntos delitos la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el Sr. Ciscar manifestó públicamente que seguía siendo el mejor activo electoral del PP de la ciudad de Alicante, lo que da una idea del nivel de los activos electorales populares.

Pero es que, además, la falta de principios y, por tanto, de preocupación sincera y honesta de algunos dirigentes populares se pone perfectamente de manifiesto en el documento del PPCV por el que se expulsa a varios militantes del PP. En dicho documento redactado por el exdiputado Felipe del Baño, acusado por cierto de corrupción y promovido por el Sr. José Ciscar y su ayudante el Sr. José Juan Zaplana, se dice que no se pueden criticar públicamente las actuaciones de la alcaldesa imputada, Sonia Castedo, porque sus actuaciones son las del Partido Popular y que no se puede pedir públicamente honestidad y regeneración democrática porque eso es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Es, por tanto, más que evidente que el Sr. Ciscar y todos los demás dirigentes del PPCV, al avalar y apoyar esta tesis, actúan en connivencia con la corrupción y son, por consiguiente, corresponsables del daño que la imagen pública del PP sufre.

Y, por si fuera poco, la connivencia del Sr. Ciscar y de su equipo con el daño a la imagen del PP que ocasiona la corrupción se puso no hace mucho de manifiesto con la antidemocrática maniobra orquestada para que la alcaldesa imputada pudiera seguir controlando la organización popular de la ciudad de Alicante, sorteando con descaro la inexistente línea roja de Fabra. Para ello suprimieron la Junta local de la ciudad, la dividieron en distritos y sin elecciones democráticas situaron en la cúspide a la alcaldesa como directora de un órgano de coordinación recién inventado. ¿Qué credibilidad puede tener por tanto el Sr. Ciscar y todos cuantos participan y consienten silenciosamente estas sucias maniobras? Ninguna. La corrupción y la desafección ciudadana les trae al pairo. Sólo les preocupan los efectos electorales y no mucho porque para lo que les queda en el convento…

Y, a todo esto, vuelve a surgir con fuerza el rumor de que la Alcaldesa, Sonia Castedo, podría estar organizando su propio partido para concurrir a las próximas elecciones municipales. No es nuevo el rumor pero hoy en el Diario El Mundo, en la Sección de Alicante, se publica un interesante artículo al respecto (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/23/5309d86bca47415d108b4572.html). Hay que decirlo: hoy por hoy, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante es inocente. Está imputada por varios delitos, pero es inocente y es normal que intente actuar como tal. Otra cosa es que a la luz de las grabaciones publicadas y de los distintos testimonios conocidos hasta la fecha pueda afirmarse con rotundidad que su comportamiento con algún proveedor municipal diste mucho del que debería haber tenido quien representaba la dignidad de esta ciudad y de los alicantinos. Y otra cosa muy distinta, también, es que siendo inocente, por el momento, las acusaciones existentes contra ella dañan y mucho a la imagen del PP, de la clase política en general y de la propia ciudad que regenta. Considerándose inocente es lógico que no dimita, pero siendo consciente del daño que su situación procesal causa, no es tan lógico que no haya tenido un gesto de generosidad o de grandeza personal y haya suspendido voluntariamente su militancia o haya abandonado temporalmente el Grupo Popular.

Si es cierto que está “montando” su propio partido, y algo debe haber cuando el río suena, no es posible creer que en la Dirección Provincial del PP no sepan nada o que la estén dejando actuar con toda libertad. Organizar un partido desde la Alcaldía de Alicante, con los inmensos recursos a su disposición para hacerlo, es relativamente sencillo y, desde luego, no se puede llevar en secreto. Lo que sí es evidente es que si se consuma será gracias a la pasividad, cuando no complicidad, de muchos ediles que hoy son del PP y de la funesta dirección provincial popular encarnada en ese tétrico dúo compuesto por los Sres. Ciscar y Zaplana.

Santiago de Munck Loyola

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¡Cuánta porquería!

A veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos. Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

Pero entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y, según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.

Los asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político, como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su “amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y de su amigote Enrique Ortiz  publicadas por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra ciudad!

El nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se merecen tanta porquería.

Santiago de Munck Loyola

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Largas vacaciones para sus señorías.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podemos dormir tranquilos: la tranquilidad, el sosiego y el descanso de nuestros representantes, nuestros diputados en las Cortes Valencianas está más que asegurado. Podemos tener la seguridad casi absoluta de que sus señorías no se van a estresar en las Cortes y que, por tanto, estarán en plena forma, tras sus prolongadas vacaciones, para abordar sin nervios los innumerables problemas que nos aquejan merced a la incompetencia y a los incumplimientos electorales de quienes nos gobiernan. Y es que en esta nuestra Comunidad somos punteros como le gusta decir al Presidente Fabra: somos punteros en el número de diputados del PP imputados, somos punteros en los casos de corrupción a lo largo y ancho de nuestra geografía, somos punteros en despilfarro y deuda pública y somos punteros también, por algo será, en vacaciones parlamentarias para sus señorías. Todo es poco para nuestros representantes gracias a cuyos desvelos estamos como estamos.

Las Cortes Valencianas iniciaron sus vacaciones de Navidad el 19 de diciembre cuando se aprobaron los presupuestos para 2014. El parto presupuestario debió ser duro, sin epidural ni nada, a pelo y por eso sus señorías no van a reanudar su trabajo parlamentario hasta la semana que viene que  en la que se reanudará la actividad. Pero, que nadie se llame a engaño, la incorporación al trabajo parlamentario requiere calma y tranquilidad, no sea que alguien pueda de nuevo estresarse, y se hará con un Pleno en el que ni el Presidente Fabra va a comparecer, que para eso ya debatió con la oposición el 28 de noviembre y no hay por qué abusar, ni se van a debatir los problemas más importantes que agobian a los ciudadanos de la Comunidad.

Hay que ser comprensivos y entender que nuestros parlamentarios autonómicos necesitan reposo y sosiego para debatir, estudiar y aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Mens sana in corpore sano. Ya lo decían los romanos y el cuerpo de sus señorías debe estar en forma. Total, si uno se cree, ya hay que ser incauto, los discursos del Sr. Fabra, del Sr. Ciscar, de la Sra. Castedo o los cuentos chinos del Sr. Cotino la cosa no está tan mal, no es para tanto y no hay que ser catastrofista. Vamos, que lo están arreglando todo. Además, mantener las Cortes Valencianas sólo nos va a costar este año a los ciudadanos de la comunidad 23.300.000.- €, eso sí, siempre que no haya desviaciones presupuestarias, algo demasiado frecuente en las prácticas políticas del PPCV. ¿Y qué son 23 milloncitos al lado del aeropuerto de Castellón, de la Ciudad de las Artes, de las facturas de Calatrava o de lo que se debe a Alicante? Una minucia. Todo es poco para una casta política insaciable que con su ejemplo nos invita a los ciudadanos a movilizarnos para concederle unas vacaciones muchísimo más largas.

Pero en medio de tanta mediocridad siempre se eleva un faro de excelencia y brillantez intelectual y para ejemplo ahí tenemos al Portavoz del PPCV en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, que a propósito de la dedicación de los diputados a su actividad parlamentaria ha querido iluminarnos con su sabiduría (aunque alguno se atrevería a calificarlo de mentecato contemporáneo) afirmando que los ciudadanos esperan de sus representantes que trabajen, pero que participen de la vida de estas fiestas. ¡Claro! Para eso les pagamos para que trabajen, aunque sea un poquito, y para que estén de fiesta.

Lamentablemente, no es posible ignorar que lo que subyace tras esta situación es una profunda falta de respeto a los ciudadanos y a su esfuerzo diario, así como un absoluto desprecio a la esencia de lo democracia. Los foros parlamentarios son el núcleo donde se articulan las reglas de juego de la democracia y ésta se caracteriza por el debate, el diálogo, la negociación, el control de las minorías a las mayorías, etc. Un parlamento anestesiado, un parlamento en el que se elude el debate y el control, un parlamento que en medio de una brutal crisis se reúne con cuentagotas es el síntoma más claro y evidente de una democracia enferma. Y una democracia no enferma por casualidad sino por las acciones y omisiones de los políticos que tienen la obligación y la responsabilidad de velar por su salud. Todo ello es una prueba más de que la regeneración democrática, de que la revitalización de nuestra democracia es imprescindible y de que el mayor enemigo de la misma son los políticos y los partidos que se empeñan en negarlo.

Santiago de Munck Loyola

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Huelgas y servicios públicos.

El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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Comienza el navajeo.

Durante los últimos días los ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Más cerca, en nuestra Comunidad, hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y promoviéndose a si mismo.

Pero si uno va más allá de estos juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en las candidaturas.

A un demócrata debería importarle poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales” de nuestros presuntos políticos.

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante ahora en pijama.

Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas. 

Ya el simple hecho de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la organización popular en la Provincia de Alicante. Confunden libre concurrencia con división y consenso con pasteleo. Es evidente que no se podía esperar otra cosa de alguien que carece de raíces en el Partido Popular y que hace poco más de diez años militaba en otra formación política en contra de su actual partido; ni se puede esperar tampoco otra cosa de alguien que sin oficio ni beneficio ignora lo que es ganarse la vida fuera de las moquetas y despachos oficiales.

Es muy decepcionante comprobar cómo los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse con el control de una importante organización política y la mansedumbre, sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con que lo aceptan.

Hace poco más de un año que los dirigentes provinciales decidieron impedir que el Partido Popular de Alicante pudiera resurgir como una organización local fuerte y renovada y que pudiese adquirir el protagonismo y la importancia que le corresponde en la Provincia. Y para lograrlo no dudaron en violentar los Estatutos del Partido Popular, en ocultar sus maniobras a los militantes populares, en perseguir, coaccionar y finalmente expulsar a quienes denunciaban sus enredos y en mentir con absoluto descaro a los medios de comunicación, a los militantes y a la propia sociedad alicantina. Baste recordar que el 12 de octubre de 2012, el Secretario Provincial compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Junta de Alicante había sido disuelta, que su Presidente Julio de España había cesado y por ello se le nombraba vocal del Comité Ejecutivo, que se creaba una Gestora y que se sustituía dicha junta por Juntas de Distrito. Y alguien debió mentir cuando Julio de España ha convocado hace unas semanas por escrito las elecciones a dichas juntas firmando en su calidad de “Presidente de la Junta de Alicante”. O bien el Sr. Zaplana mintió a los medios de comunicación el 12 de octubre del año pasado o bien D. Julio de España ha usurpado funciones o ha enviado un documento falso a los afiliados. Pronto se sabrá en los Tribunales de Justicia. Sea como fuere el talante democrático de los personajes queda perfectamente retratado con estas maniobras.

Ayer, tras forzar la retirada de los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa, Sonia Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar: el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama. ¡Chapeau!

Santiago de Munck Loyola

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Las "apuntaladas" elecciones del PP de la ciudad de Alicante.

Reproduzco aquí la información publicada el 31 de octubre de 2013 en el Diario El Mundo, edición de Alicante, en el que se pone de manifiesto lo que algunos veníamos vaticinando y denunciando: que las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante son un fraude político y democrático, un montaje para que en el fondo nada cambie, para que el partido en el ciudad siga controlado, es decir, muerto e inactivo, por la Alcaldesa, Sonia Castedo, y sus peones - concejales, bien directamente o a través de parientes. Una vez más, el nepotismo, el amiguismo y la sumisión servirán para que la regeneración democrática se una simple utopía. El Presidente Provincial, Ciscar, y su Secretario, Zaplana, han liquidado cualquier posibilidad de celebrar unas elecciones modélicas, limpias y transparente. No les interesa un Partido Popular en Alicante fuerte y renovado que pueda poner en evidencia sus sucios y caducos hábitos políticos. Al que sobra lo eliminan y punto.

Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldía de Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

El PP expulsa a los afiliados alicantinos que piden honradez pero mantiene a Castedo.

Noticia aparecida hoy, 27 de julio de 2013, en el Diario El Mundo de Alicante. Me limito a reproducirla pero en los próximos días la iré analizando para tratar de explicar a los lectores lo que puede haber detrás. Hoy sólo adelantaré que coincide con la próxima convocatoria de elecciones internas y que se produce tras haber solicitado por segunda vez que rindan cuentas del dinero de la Junta Local de Alicante.

Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

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El AVE a Alicante ¡por fin!

La llegada del Ave a Alicante es, se mire por donde se mire, una excelente noticia para la ciudad y para la Provincia. Tras no pocas dificultades, rumores e incertidumbre la nueva línea será inaugurada el próximo lunes 17 de junio, unos pocos días antes de las Hogueras, por el Príncipe Felipe, el Presidente Rajoy y el Presidente Fabra. En el anecdotario de ese día quedará seguramente lo que ocurra protocolariamente con nuestra Alcaldesa imputada, Sonia Castedo, si interviene o no entre los oradores, aunque todos los pronósticos apuntan a que no lo hará, y dónde o con quién es fotografiada ya que según algunos medios de comunicación existe entre los dirigentes políticos cierta alergia a dejarse fotografiar junto a ella. Algunos comentaristas apuntan a que el hecho de que no hable en el acto o sea marginada protocolariamente por su imputación judicial supondrá nuevamente un “feo” a Alicante y a los alicantinos. No creo que sea para tanto, pero de ser así la responsabilidad incumbe solamente a quien por sus acciones se ha situado bajo el ojo de la Justicia y, con ello, a la institución y a los ciudadanos a los que representa.

Pero al margen de estos dimes y diretes, lo relevante es que el AVE va a suponer un importante revulsivo para la economía de la Provincia. Según las previsiones de la Generalitat, la llegada del AVE a Alicante tendrá un impacto económico en el PIB de la provincia de Alicante de unos 70 millones de euros al año y generará 735 nuevos empleos. Con el AVE, según estas previsiones, el número de viajeros ferroviarios se incrementará en 650.00 al año, un 40 % más, alcanzándose una cifra total de 2.250.000 viajeros al año. De acuerdo con estas previsiones, el AVE servirá también para impulsar el sector inmobiliario de la provincia, líder en la venta de inmuebles a extranjeros, y que ya el año pasado fue la preferida para los madrileños que adquieren una segunda residencia produciéndose más 4.300 ventas a los mismos. Es indudable que poder llegar desde Madrid a Alicante en poco más de dos horas, y esperemos que una vez probada y consolidada la línea pueda reducirse este tiempo, supone un importante aliciente para adquirir y disfrutar de una segunda residencia en la provincia.

Es evidente que no todo está hecho y que quedan aún pendientes de resolver y organizar muchas cuestiones en torno al AVE, sobre todo para tratar de rentabilizar al máximo esta infraestructura para beneficiar a todas las localidades alicantinas que puedan aprovechar sus beneficios. Se está trabajando en la organización de todos los enlaces de otros medios de transporte para conectar mejor esta infraestructura, aunque parece evidente que estas cuestiones ya deberían haber sido planificadas y resueltas hace tiempo.

Desde otra perspectiva habría que subrayar que la llegada del AVE a la provincia supone una mejora respecto al deficitario saldo que presentan las inversiones de la Generalitat y el Estado en nuestra provincia. Del mismo modo que las cifras señalan que la Generalitat está infrafinanciada respecto a las demás autonomía, no es menos cierto que la Provincia de Alicante está a la cola de las inversiones públicas por habitante tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. Y si existe una “deuda” histórica del Estado hacia la Generalitat, también existe respecto a la Provincia de Alicante. Y el AVE no la salda.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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