El Gobierno de España sigue la linde, aunque se ha acabado.

Es muy probable que, a lo largo de la historia de nuestra democracia, sea ésta la primera vez en que el Gobierno del Estado se ha constituido como oposición de un Gobierno regional, el de Madrid. Es una realidad que ha venido desarrollándose y creciendo desde el inicio de la pandemia, que parecía haber llegado a su culmen en la campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo pero que, lejos de ello, hemos visto cómo ayer mismo se ha consolidado con los ataques de varios Ministros a la Presidente Ayuso y al conjunto de los madrileños. 

Se trata de una auténtica anomalía democrática, de un atropello institucional de la parte más fuerte del Estado contra una de sus propias administraciones, de un desprecio al mandato de cooperación y colaboración interadministrativa y, sobre todo, de un uso torticero de la administración pública contra una parte muy importante de su población que puede responder a varias consideraciones.

 

Los socialistas de Sánchez confunden claramente el partido con el Estado y tratan, de forma permanente, de usarlo en beneficio propio. Ya hace casi un año, el Delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y a la vez Secretario General de los socialistas madrileños, el Sr. Franco, usaba la Delegación del Gobierno para conspirar con los alcaldes socialistas contra el Gobierno Regional. Algo nunca desmentido y, por supuesto, nunca visto. No es de recibo que un Delegado del Gobierno, pagado por todos los contribuyentes, dedicase los recursos públicos para intentar desestabilizar al Gobierno Regional de todos los madrileños. Esta confusión entre estado y partido es un claro síntoma de ausencia de cultura democrática y un perfecto embrión de totalitarismo y de corrupción.

 

Pero es que, además, las interferencias partidistas desde la administración del Estado para desarrollar una labor de oposición contra un Gobierno regional esconden la propia debilidad de los socialistas de Madrid para ejercer el mandato conferido por las urnas. Es decir, la incapacidad de los socialistas madrileños para desarrollar una labor eficaz de oposición controlando y proponiendo alternativas del Gobierno de Ayuso es la razón por la que tienen que acudir al “primo de Zumosol”, al Gobierno de España para que desde el mismo se intente desgastar a cualquier precio al Gobierno Madrileño. 

Y para conseguirlo no han reparado en medios, divulgación de bulos, actuando irresponsablemente en el control de las vías de acceso del virus, obstruyendo y dificultando la distribución de vacunas, despreciando las inversiones sanitarias madrileñas para luchas contra la pandemia, imponiendo cierres de la Comunidad en contra de los criterios sanitarios madrileños, etc. Y a ello hay que sumar, además, el uso partidista en plena campaña electoral de los recursos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para divulgar encuestas manipuladas con el fin de influir en favor de la izquierda las tendencias de voto. Eso sí, el socialista Tezanos ha conseguido transferir su escaso prestigio intelectual al propio CIS cuyo crédito profesional es ahora nulo. Que el máximo responsables del CIS califique a los votantes de derechas de “tabernarios” es más que suficiente como para que en cualquier país democrático hubiera sido cesado de forma fulminante.

 

Y en este ámbito, el de la confusión entre Estado y partido socialista, es especialmente grave el uso del Ministerio del Interior con fines puramente electorales. Los socialistas han traspasado una importante línea roja al poner al servicio de su partido el Ministerio que debe garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos. Un Ministerio del Interior que conoce los llamamientos previos de la ultraizquierda a boicotear un acto electoral de Vox en Vallecas, que no adopta las medidas de seguridad necesarias para evitarlo poniendo en riesgo la seguridad de muchas familias y que oculta a la opinión pública la detención, en los incidentes violentos surgidos, de los escoltas, de los matones contratados por el ex vicepresidente del Gobierno y ex coleta Sr. Iglesias, no es un Ministerio del Interior, es un chiringuito privado y abyecto. Y para qué hablar del numerito de las supuestas amenazas, de los sobres con balas o con navajas. Todo un circo en el que, además, destaca el hecho de que una Ministra del Gobierno de España, la Sra. Maroto, comparezca ante la prensa acusando falsamente  y sin prueba alguna a Vox de la autoría de la supuesta amenaza.

 

Y la última consideración que puede subrayarse es la falta de aceptación de la voluntad de los votantes por parte de los socialistas y, en consecuencia, del Gobierno de España. Sin entrar a fondo en la falta de autocrítica por parte de la mayor parte de la izquierda madrileña y en sus sorprendentes valoraciones de los resultados insultando y descalificando, algo inaudito, a los votantes madrileños, léase al jeta de Monedero, a la inculta Carmen Calvo o al propio Tezanos, lo cierto es que la constatación de que el hecho de que nunca individuos con tan baja preparación intelectual hubieran llegado tan alto implica, necesariamente, la persistencia en los errores. 

Dicen que "cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue". El talante antidemocrático de esta colección de “tontos” tan altamente situados en la esfera del poder es sumamente peligroso para la convivencia y para la estabilidad de las instituciones. Han comprobado que seguir la linde del enfrentamiento, de la confrontación y de la deslealtad institucional se ha acabado y que no les ha proporcionado réditos electorales y, sin embargo, ellos siguen y siguen. Esta estrategia, se acaba de comprobar, es electoralmente suicida. Y desde la perspectiva electoral puede ser muy buena para la derecha, pero no lo es para el conjunto de los ciudadanos.

 

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y el conjunto de los españoles no se merecen un Gobierno del Estado al servicio exclusivo de las estrategias cortoplacistas de un partido cuyas señas de identidad se difuminan cada vez más con las de los enemigos de la Nación española.

 

Santiago de Munck Loyola