Alicante maltratada (1).

Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.

“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor” por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito; son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda, o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria. ¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un “engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.

Me he acordado de esos farsantes al leer las declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr.  Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los enamorados, que el PP “va a poner a Alicante en valor” porque “cree en esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la Generalidad Valenciana.

El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es decir, que  la provincia deja de recibir 12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y 2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada 100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante, mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en 2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los 1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Los políticos pueden decir lo que les venga en gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas razones.

Santiago de Munck Loyola

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Comunicado de Esperanza Ciudadana de Alicante.

COMUNICADO.

Esperanza Ciudadana de Alicante denuncia una vez más las políticas discriminatorias del PP hacia nuestra Provincia.

El sábado pasado, 31 de enero de 2015, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ante un auditorio compuesto por empresarios y cargos públicos del Partido Popular reconoció públicamente, por fin, que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, que es deber del Gobierno corregir esta situación y que el Gobierno del Partido Popular no ha tenido, ni va a tener tiempo en esta legislatura de acabar con esta discriminación que venimos sufriendo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, en especial, los ciudadanos de la Provincia de Alicante.

Esperanza Ciudadana de Alicante, como partido comprometido con la defensa de los intereses de los alicantinos, desea manifestar su repulsa por el cinismo y la clara falta de voluntad política del Partido Popular de acabar con una situación profundamente injusta e insolidaria para los ciudadanos de Alicante. Igualmente quiere resaltar la falta de peso y la ausencia de compromiso con los ciudadanos de la Provincia de Alicante de los cargos públicos del Partido Popular que manifiestan una sumisión indigna ante los dictados y políticas de su partido en detrimento de los ciudadanos que con su voto los auparon para defender sus intereses y no los de su partido.

Alicante no sólo sufre la discriminación histórica de la Generalidad Valenciana que siempre relega a la provincia al último puesto en cuanto a transferencias e inversiones, sino también la discriminación del Gobierno de la Nación que prima a otras comunidades autónomas a pesar de la histórica lealtad de Alicante con el proyecto común que es España.

Esperanza Ciudadana quiere hacer un llamamiento no sólo al tejido empresarial, sino al conjunto de los colectivos sociales que tienen que soportar este continuo desprecio para que tomen conciencia de esta realidad y, en consecuencia, actúen y exijan lo que por justicia corresponde a los alicantinos.

2 DE FEBRERO DE 2015.

El PP sin propósito de enmienda.

Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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El patio revuelto.

A cinco meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas el patio político alicantino no podía estar más revuelto, aunque nunca se sabe habida cuenta las peculiaridades de algunos de los personajes que transitan por los distintos partidos políticos. Los movimientos son incesantes, los cuchillos vuelan, los rumores se disparan y aflora la peor cara de algunos sujetos. Las ambiciones desmedidas, el ansia de poltrona, la ausencia de un “modus vivendi” alternativo de quienes han hecho de la política su único medio de subsistencia no hacen sino subrayar el rostro más feo y menos amable de la política. A ello contribuye además la incertidumbre de los posibles resultados que las encuestas señalan y que se pueden resumir en una drástica disminución de la cuota de poder del hasta ahora partido mayoritario, el Partido Popular, y en un imprevisible reparto para el resto, con la posibilidad de éxitos para nuevas opciones.

Espectáculo señalado y lamentable el del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, el del PP de Alicante con unas expectativas electorales bastante negras. Resulta especialmente bochornoso ver el Presidente Fabra mendigar firmas y avales para ser, por primera vez, candidato a la Presidencia de la Generalidad a la que accedió de rebote sin pasar por las urnas. Dar ese paso revela cierta candidez por su parte porque las negativas, más o menos explícitas, que ha recibido eran de esperar y especialmente la del Presidente popular alicantino José Ciscar (“Tu quoque, Brute, fili mi”), un arribista y oportunista reconocido ávido de ser él mismo el candidato. Y si son ciertos los rumores según los cuales José Ciscar no estaría mal visto en Génova para ese puesto sería la confirmación de que en Madrid siguen ignorando lo que ocurre en nuestra provincia y de que, sencillamente, pasan de los alicantinos. José Ciscar y su ayudante José Juan Zaplana son los responsables de haber situado el PP alicantino a la cola del furgón de la regeneración, de haber roto al PP en numerosos municipios, de tutelar y proteger a Sonia Castedo y, en definitiva, de la pésima imagen del Ayuntamiento de Alicante. Ahora pretenden ponerse el traje de la regeneración y, la verdad, les queda muy estrecho, intentan lavarse la cara sacrificando a su protegida, pero llegan tarde, ya han hecho todo el daño que podían hacer a Alicante. A todo ello, resulta poco edificante contemplar al Secretario General popular, José Juan Zaplana, teniendo que dar explicaciones de los contratos que dio a dedo a uno de los implicados en la red corrupta Púnica. Y mientras tanto, los concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Valor, Castillo, Barcala, Seva… (los cómplices políticos de Sonia Castedo) realizando toda clase de maniobras y de declaraciones para desmarcarse y para ver si consiguen situarse bien en la era poscastedo. ¡Ridículos y patéticos!

Claro que si bochornosa es la situación del PP alicantino, no lo es menos la situación del Partido Socialista que ha hecho de la división interna su principal seña de identidad. Los socialistas no se renuevan ni aunque venga a verlos el mismísimo Pedro Sánchez. Unos y otros, socialistas y populares, están más que nunca “a lo suyo” que no es precisamente “lo de los ciudadanos”, hartos, atónitos y asqueados del politiqueo. Buen ejemplo de ello es la bancada municipal socialista completamente fracturada mientras que el alcaldable Gabriel  Echávarri, con “tics” autoritarios más que notables, que en teoría venía a regenerar su partido se dedica a fichar como loco a antiguos colaboradores del Partido Popular, curiosa regeneración, seguramente para  ver si se le “pega” algo a su descabalada organización. La verdad es que lo de los socialistas alicantinos no tiene nombre. Parece que trabajan a destajo para ayudar al crecimiento de Podemos. Y estos últimos aprovechando y creciendo mientras deshojan la margarita de la fórmula para comparecer en las elecciones  y mientras engullen al resto de las formaciones de izquierda. Sin programa, sin propuestas pero con mucho marketing y mucho populismo terminarán por rentabilizar el trabajo y la estructura de formaciones como Esquerra Unida.

Y hablando de fracturas y numeritos la de UPyD en la Comunidad Valenciana y en nuestra provincia tampoco tiene nada que envidiar a la socialista, al fin y al cabo, la cabra siempre tira al monte y UPyD no deja de ser una escisión del PSOE. Y es que los ramalazos autoritarios de Dª Rosa terminan por sacudir a toda la organización y de ahí las salidas en bloque de militantes magentas. Y los que se pasan de UPyD a Ciudadanos en la Provincia de Alicante salen de Málaga para meterse en Malagón porque Ciudadanos, en nuestra Provincia, no termina de despegar gracias o por culpa del hecho poco conocido de estar bajo el control de antiguos colaboradores del ex presidente provincial popular Joaquín Ripoll. El mensaje limpio y renovador que Albert Rivera está tratando de exportar desde Cataluña al resto de España tiene serias dificultades de credibilidad en Alicante a causa del origen político y, en consecuencia de los métodos de expansión, de la cúpula de esta organización.

Así las cosas, siguen existiendo dos grandes retos en la política alicantina: de una parte, movilizar a todos los ciudadanos que no quieren experimentos y que no siendo de izquierdas no pueden volver a confiar en un partido que les ha traicionado y abandonado y, de otra, atraerlos a un proyecto nuevo y centrado que anteponga por primera vez los intereses de Alicante a cualquier otra consideración. Y cada día somos más los que estamos dispuestos a afrontar estos retos.

Santiago de Munck Loyola

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Hay alternativas.

Derechas e izquierdas andan revueltas y nerviosas ante los resultados que, encuesta tras encuesta, se otorgan a Podemos. Y encuestas las hay para todos los gustos pero todas coinciden en un incremento espectacular de la intención de votos de esta nueva formación política de rancio trasfondo ideológico. Son muchos los factores que influyen en este crecimiento electoral: la indignación ciudadana ante la corrupción, ante los recortes, el desempleo, el aumento de la desigualdad social, la falta de ejemplaridad de la mayor parte de la clase política, los incumplimientos programáticos, la falta de buenas perspectivas, etc. Ante un panorama económico, político y social desolador cualquier discurso que cuente con apoyos mediáticos, que no esté lastrado por un pasado de gestión criticable y que ofrezca soluciones por muy utópicas o irrealizables que sean tiene grandes posibilidades de calar entre los ciudadanos.

Es evidente que el mensaje de Podemos ha calado en la izquierda y que se va a producir un nuevo reparto de la tarta electoral con importantes cambios. Lo que no es tan evidente es que este mensaje haya calado en el votante de centro derecha aunque una pequeña parte del mismo, la menos ideológica, esté dispuesta a asumirlo y a otorgar su voto como una forma de castigo. Pero ¿qué pasa con los votantes que no son de izquierdas? Es curioso. El Partido Popular se derrumba en las encuestas y lleva camino de superar el record de la UCD en 1982 pero sus dirigentes no aciertan a salir del asombro o del escepticismo y se muestran incapaces de reorientar su discurso y, sobre todo, su política. ¿Por qué? Pues porque están desconectados de la realidad de la calles y son incapaces de realizar lo que debería ser un requisito previo, una profunda autocrítica.

Hay que señalar que el Partido Popular, como instrumento político, como maquinaria electoral, parte en desventaja respeto a muchas otras formaciones políticas. Es una gigantesca maquinaria política piramidal, carente de vida política interior, en la que las bases, lejos de ser la fuente del poder interno, son un simple instrumento al servicio de la estructura de poder. Lejos de aprovechar la conexión social que supone disponer de cientos de miles de afiliados y de enriquecer y actualizar permanentemente el debate interno, las propuestas políticas y los mensajes del partido, las bases no cuentan para nada en la estructura del Partido Popular. Y eso se nota. Las políticas que se han desarrollado no responden ni al programa comprometido con los electores, ni a las aspiraciones de la militancia por lo que el distanciamiento entre Partido y votante es cada día mayor.

Muchos de los votantes de centro derecha no van a repetir su voto al Partido Popular y se van a abstener en los próximos comicios y otros, los menos, se van a decantar por otras formaciones como Ciudadanos o UPyD fundamentalmente. Es la respuesta a los incumplimientos electorales, a la falta de ejemplaridad de buena parte de la clase política y al continuo goteo de casos de corrupción que no pueden sino abochornar hasta al más leal incondicional.

Si al mayor incremento de la presión fiscal sobre la clase media, si al permanente empobrecimiento de la misma, si a los continuos recortes en educación, en sanidad o prestaciones sociales, si a los incumplimientos en materia de protección a la vida y a la familia, si al continuismo en la política antiterrorista o en materia autonómica, si a la falta de ejemplaridad, si a la ausencia de una política informativa inteligente sumamos además la continua aparición de casos de corrupción con relevantes dirigentes populares implicados y la ausencia de una respuesta clara, definida y contundente por parte del Partido Popular no es de extrañar que las encuestas vayan por donde van. No se puede pasar, como si nada, de hablar de “casos aislados” al “pedir perdón” por haber nombrado a los corruptos en puestos de responsabilidad política. No se puede pasar del “vamos a hacer un pacto anticorrupción” al “y tú más” sin que de ello se deriven consecuencias políticas. Porque todo ello, lo único que transmite es la sensación de ausencia de convicciones profundas y, por tanto, de una clara determinación para acabar con esta lacra. La falta de democracia interna es la que obliga a Rajoy a pedir perdón por haber promovido políticamente a determinadas personas, es la evidencia de que no son los militantes populares los que se han equivocado al elegir a un Fabra, a un Granados, a un Blasco o a una Castedo sino que son los más altos dirigentes los que se han equivocado. En política, cuando alguien se equivoca y de esta manera, no sólo se pide perdón sino que, además, se dimite.

No tiene ningún sentido que para intentar acabar con la corrupción haya que proponer pacto alguno. Es como si para perseguir la pederastia hiciese falta pactar con la oposición. La corrupción se persigue con la ley en la mano y mecanismos legales ya existen aunque falten medios para hacer más rápida y efectiva la justicia. El problema no está en la persecución y castigo de la corrupción, el problema está en la prevención, en la adopción de medidas que impidan o dificulten la aparición de nuevos casos. La prevención pasa por dos ejes fundamentales, de una parte, la eliminación de la discrecionalidad del político en determinados procedimientos ejecutivos y, de otra, el incremento de los mecanismos democráticos de selección y control en la vida interna de los partidos. Y en este segundo eje la clave está en la selección y el posterior control democrático de quienes ostentan cargos públicos de responsabilidad, es decir, en los mecanismos de selección interna de los partidos para proveer los cargos públicos. Algo que, por el momento, el Partido Popular no está dispuesto a tocar. Un partido que usa el “dedazo” para confeccionar sus listas electorales, para estructurar su organización y sus congresos está desconectado de sus bases y, por tanto, de la ciudadanía y mal puede así prevenir la aparición de fenómenos de corrupción entre sus filas.

Si algo deben tener claro los votantes del Partido Popular y especialmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana es que con sus actuales dirigentes no hay futuro posible porque son los auténticos responsables, por acción o por omisión, del sucio panorama que nos rodea. ¿Quiénes son los responsables de la confección de las listas electorales a las Cortes Valencianas plagadas de imputados y procesados? ¿Ha dimitido alguien por la evidente chapuza que fueron esas listas? Nadie. Siguen al frente del partido los mismos, los que están desmotivando al votante y dejando el campo libre a la izquierda. Son los mismos los que ya han dado por perdida la batalla y están más preocupados buscándose puertas giratorias que en dar la cara, en dar un paso al frente y reconstruir una opción política de centro derecha digna de los cientos de miles de ciudadanos que en nuestra Comunidad no quieren aventuras políticas. Ante un Partido Popular autocomplaciente, desconectado de la realidad, en proceso de descomposición y sin talante ganador, el votante de centro derecha no puede, ni debe sumirse en el pesimismo. Hay otras opciones dispuestas a recoger el testigo, hay alternativas y en Alicante se llama Esperanza Ciudadana.

Santiago de Munck Loyola

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​Rivas, hace 25 años.

Dentro de pocas semanas se cumplirán 25 años de la fundación del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid que tuve el honor y la responsabilidad de impulsar. Corría el año 1989, un año especialmente intenso para el centro derecha español que se enfrentaba al relevo de su líder fundador, Manuel Fraga, sustituido por un joven político, José María Aznar, como cartel electoral en los comicios que se celebraron el 29 de octubre de aquel mismo año. Rivas-Vaciamadrid, con casi 10.000 habitantes, no contaba con una organización local de Alianza Popular refundada como Partido Popular en aquellas fechas.

Han pasado 25 años desde entonces pero conservo intactos los mismos principios e ideales que me impulsaron a dar aquel paso, fundar el Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, en un entorno político y social francamente hostil. Pocos que no conozcan y hayan vivido allí en aquella época pueden hacerse una idea aproximada de las enormes dificultades que aquella empresa encerró y el coste personal que supuso, tanto para mí como para los pocos vecinos que inicialmente apostaron por ello.              
 
Estábamos convencidos de la necesidad de promover una alternativa política regeneradora, centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente, con un talante abierto, integrador y dialogante; una opción moderna, liberal, reformista, con aires renovados pero anclada en los principios y valores del humanismo cristiano. Y lo hicimos tal y como ya se ha contado en estas páginas ( http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/06/hace-20-anos.html ). Durante 14 años tuve el honor de presidir el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid y logramos convertirlo en la segunda fuerza política municipal, en una organización viva, dinámica, participativa y democrática que, con sus errores y aciertos, se consolidó como una auténtica alternativa de gobierno.   
 
Han pasado 25 años y hoy ya no milito en el Partido Popular. Paradójicamente he sido expulsado del mismo por defender en Alicante y ante el PPCV los mismos principios y valores que en su día me impulsaron a hacerlo en Rivas-Vaciamadrid. Pero hay que subrayarlo, el PP de Alicante, con su Ciscar, su Ripoll, su Castedo, su JJ Zaplana y demás colaboradores necesarios, y el PPCV, con su Fabra, su Camps, su Cotino, su Del baño y demás, poco o nada tienen que ver con los ideales de responsabilidad política, de renovación de la vida pública, de apuesta por la libertad, la transparencia, la participación ciudadana, la democracia interna o la eficacia en la gestión pública que, con uñas y dientes, defendíamos en 1989.     
 
Han pasado 25 años en los que la militancia activa en el Partido Popular no estuvo exenta de riesgos personales ni de sacrificios de toda índole para lograr que el proyecto político se hiciera realidad. Y, día a día, con profunda pena se comprueba, caso tras caso, que mientras la inmensa mayoría de la militancia popular se dejaba la piel para que los ideales y programas populares se convirtiesen en realidad de gobierno, buena parte de la élite del partido se dedicaba a hacer negocios sucios en la política. Mientras los militantes poníamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, mientras que buzoneábamos las calles, pegábamos carteles, pasábamos interminables horas en las mesas electorales, o teníamos que mirar cada mañana los bajos de nuestro coche o nos tragábamos interminables mítines para que se cosecharan unos miserables minutos en los informativos, buena parte de nuestros dirigentes se dedicaban a llenarse los bolsillos. La falta de cauces democráticos internos adecuados permitió que fueran medrando en la estructura del partido y en las instituciones,  centenares de personas que se lo han estado llevando crudo, que hicieron de la política un modus vivendi poco ejemplar y cuyas actividades han terminado por corroer las vigas de madera del edificio popular. 

Un partido que no rinde cuentas de sus ingresos ante sus propios militantes (como en Alicante, sin ir más lejos), un partido que decide con el “dedazo” (disfrazado de comités electorales) los nombres de los dirigentes y de los candidatos, un partido que impide que sus afiliados puedan controlar y exigir responsabilidades a sus cargos públicos, un partido en el que la meritocracia ha sido sustituida por el amiguismo y el “borreguismo”, un partido en el que el debate interno y la participación de sus militantes han sido sustituidos por la adhesión inquebrantable y el prieta las filas tenía que encontrarse, tarde o temprano, con la colección de escándalos que día sí, día también, salpican y enfangan al Partido Popular.        
 
Han pasado 25 años y compruebo con profunda pena lo que han hecho líderes y compañeros a los que profesaba respeto y, en algunos casos, admiración. Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta confianza y tanto sacrificio de cientos de miles de militantes tirado por la borda por culpa de la rapiña y la ausencia de escrúpulos y de principios  de unos pocos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué monumental estafa! Y, lo que es peor, es que no hay perspectivas optimistas. El centro derecha español decente está huérfano, hoy por hoy, porque no se vislumbra, fuera de retoques cosméticos destinados a tratar de salvar la situación, ni una sólida medida eficaz para corregir el rumbo. Los responsables, por acción o por omisión, no pueden liderar regeneración alguna ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Alicante. Hoy, muchos afiliados en Rivas-Vaciamadrid, a los que deseo todo el éxito posible, como en muchos otros puntos de España, estarán sorprendidos, desilusionados o enfadados. Y buenas razones tienen para ello.

Han pasado 25 años y con la misma ilusión que entonces sigo defendiendo la necesidad de un proyecto político de centro derecha renovado para mi ciudad y mi provincia, Alicante. Y como yo, un buen número de amigos y compañeros, que entienden que la lealtad a los principios y a los valores no debe correr en paralelo a la fidelidad a unas siglas concretas monopolizadas por unos aprovechados o unos incompetentes, nos hemos puesto manos a la obra y estamos construyendo un nuevo partido, Esperanza Ciudadana. Es el único proyecto político alicantinista, regenerador, reformista, radical y liberal que puede ofrecer a los ciudadanos una sólida alternativa de gobierno en medio de este páramo de principios y valores en que el Partido Popular de Alicante ha convertido la política de la provincia. No es posible seguir siendo meros espectadores, no es bueno resignarse y quedarse en casa, no hay por qué taparse la nariz para seguir votando al centro derecha por temor a los que puedan venir. Hay que rebelarse y actuar, como hace 25 años, porque nos va a todos mucho en ello.

Santiago de Munck Loyola

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Las innovaciones éticas y jurídicas de Alberto Fabra.

He de reconocerlo, tras escuchar a mediodía unas declaraciones del “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad Valenciana, Sr. Fabra, me he visto obligado a dar un repaso al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por, si en estos tiempos de cambios fulgurantes, me había perdido alguna innovación jurídica tan trascendental como lo que acababa de oír. Y parece que no ha sido así. Parece más bien que el que estaba soltando una auténtica majadería jurídica era nuestro Presidente autonómico. ¿De qué se trata? Pues bien, el Sr. Fabra estaba siendo preguntado sobre la toma de posesión del escaño autonómico de un sujeto, Felipe del Baño, imputado por un posible delito de prevaricación en sustitución de Juan Cotino. Ni corto ni perezoso, el Sr. Fabra ha asegurado que la imputación que recae sobre el ex teniente de alcalde de San Antonio de Benagéber (Valencia) Felipe del Baño es simplemente "administrativa" y que la línea roja establecida por él se refiere a casos por corrupción. Fabra ha hecho notar que "siempre" ha hablado de "imputación por corrupción" y que en este caso "es una imputación administrativa que no tiene nada que ver", ha razonado supuestamente. Hay que añadir que si el Sr. Del Baño no pudiese tomar posesión del escaño por estar imputado, tampoco podría hacerlo el siguiente en la lista pues, al parecer, es el Alcalde de Enguera y también está imputado por dos delitos, uno de ellos prevaricación. ¡Hay que ver cómo está la bancada popular! Habría que hacer un homenaje al comité electoral responsable de la aprobación semejantes listas.

Lo primero que me ha llamado la atención es lo de una imputación administrativa. Por más que he revisado distintos manuales jurídicos no he encontrado semejante concepto. La imputación, concepto propio del Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se acusa formalmente a una persona de la posible comisión de un determinado  delito. La imputación tiene un carácter procesal y más específicamente penal, criminal. Nada de carácter administrativo. Claro que, afinando un poco más, lo de "imputación por corrupción" tampoco parece que se sostenga mucho, porque el delito por “corrupción” no existe como tal en el vigente Código Penal.

Felipe del Baño está imputado, junto al alcalde de San Antonio de Benagéber, por un posible delito de prevaricación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Paterna sobre dos encargos municipales con un coste total aproximado de 100.000 euros. La Plataforma San Antonio de Benagéber denunció ante la Fiscalía que el ex concejal Felipe del Baño realizó una "contratación verbal" de trabajos de jardinería por un importe de 50.000 euros, es decir saltándose todas las normas legales a pesar de su condición de licenciado en derecho, y que se realizó un encargo de unos libros conmemorativos de la población "que no han aparecido, pero por los que se pagaron unos 50.000 euros".

¿Y en qué consiste el delito de prevaricación que el Sr. Fabra cualifica de “administrativa”? Pues se trata de un delito encuadrado entre los delitos contra la Administración Pública junto con otras figuras delictivas como el abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y denegación de auxilio, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación. ¡Quién sabe! A lo mejor la malversación o el tráfico de influencias tampoco son encuadrables en el ámbito de la corrupción en la nueva ética política que parece encarnar el Sr. Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El Artículo 404 del Código Penal define la prevaricación así: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. Y de la posible comisión de este delito, que no infracción administrativa, es por lo que está imputado el nuevo diputado, el Sr. Del Baño que, por cierto, como sabrán los lectores habituales de estas páginas, fue el inquisidor, a instancias de los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, de los militantes del PP de Alicante que pedíamos honradez en la gestión pública y regeneración democrática. Casualidades de la vida. Dios los cría y ellos se juntan.

Es evidente que, de ser sostenibles los nuevos y esperpénticos conceptos jurídicos del Sr. Fabra y del PPCV, habría que revisar casos como el del ex Alcalde de Torrevieja y ex diputado popular Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres años de cárcel por la comisión de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación (¿administrativa Sr. Fabra?).

Lamentable pero cierto. Ésta es la supuesta regeneración que promueve el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este es el estado real del centro derecha oficial de la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que tanta gente decente se abstuviera de votar al PP en las pasadas elecciones europeas. Este PP oficialista apesta a cadáver en franca descomposición.

Santiago de Munck Loyola

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La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones europeas: un varapalo especial en el Levante.

El varapalo que los resultados electorales han supuesto para la clase política española y, en especial, para los dirigentes de los dos grandes partidos políticos empieza a tener consecuencias. Los primeros en reaccionar y en asumir las responsabilidades por los resultados electorales han sido los socialistas cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha convocado un congreso extraordinario de su partido y ha adelantado el proceso de primarias. Lo ha hecho incluso reconociendo, por primera vez y en contra del discurso que ha venido manteniendo, que el fracaso socialista como alternativa es consecuencia en gran parte de los daños producidos a muchos españoles durante la etapa de gobierno de su partido. Y esta actitud es, sin lugar a dudas, un buen comienzo para intentar reconstruir una alternativa política sólida y creíble de cara al futuro.

Muy diferente es, sin embargo, la actitud del otro gran castigado por los resultados electorales, el Partido Popular. Da la sensación de que el hecho de haber ganado es más que suficiente para intentar minimizar la realidad de una victoria que ha supuesto la pérdida de 8 escaños sobre 24 y la fuga de 2.500.000 votos. Salvo alguna llamada a la reflexión interna, como si fuese tan difícil entender por qué se ha producido este fuerte castigo, y salvo alguna autocrítica más seria como la de la Presidenta popular madrileña, Esperanza Aguirre, que ha estado una vez más absolutamente certera en su análisis y en sus propuestas para enderezar la situación, lo cierto es que poco más se ha podido escuchar de interés de los dirigentes populares. Es más, algunos de ellos parecen empeñados en no querer enterarse de lo que pasa y de culpar el empedrado. Es el caso, nada menos, de la propia Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, que su supuesta llamada a la reflexión ante lo que es mucho más que un simple toque de atención de los votantes se limitaba a hacer autocrítica sobre la “forma de comunicar” del partido a los ciudadanos las actuaciones del Gobierno. Es decir, que a su juicio, el principal problema del PP es que no comunica bien con el ciudadano y que por eso éste no entiende bien lo que hace el gobierno. ¡Acabáramos! La culpa, en el fondo, es del votante que no termina de sintonizar. Pues bien, se equivoca una vez más la Sra. De Cospedal y todos los demás dirigentes populares que no son capaces de asumir y expresar públicamente lo que es una realidad incontestable: buena parte de los votantes populares se han quedado en casa precisamente porque entienden bien, perfectamente bien, lo que está haciendo el Partido Popular en el gobierno. Se han quedado en casa o han elegido otras opciones políticas porque entienden que el PP no sólo no está cumpliendo el programa electoral, que hasta hace muy poco era “vendido” como un contrato entre el candidato y el votante, sino que, además, está traicionando los propios principios que siempre han inspirado al Partido Popular. Así de claro y de sencillo.

Y la misma falta de reacción y de autocrítica que se aprecia en el PP nacional se observa en la Comunidad Valenciana, en el PPCV, donde el varapalo ha sido aún mayor. La desafección ciudadana y en especial la del votante popular que algunos, por cierto, veníamos anunciando hace tiempo como consecuencia de la escandalosa tolerancia de los dirigentes del PPCV ante los innumerables casos de corrupción que le salpican se ha puesto de manifiesto con especial fuerza en nuestra tierra. Así, mientras el PP ha perdido una media del 16 % de sus votos en toda España, en la Comunidad Valenciana esa pérdida de votos se ha elevado hasta el 23 %. Este castigo electoral no es casual. Su origen está en la política de un PPCV escasamente democrático, controlado por rancias camarillas, en el que el afiliado no cuenta para nada y en el que la democracia interna no existe lo que ha producido, como era de esperar, una delirante política que ha arruinado a la Comunidad Valenciana y un cúmulo de casos de corrupción a los que nadie ha sido capaz de poner freno. 

Cerca de 500.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana han decidido no volver a depositar en estas elecciones su confianza en este PPCV y no vale achacarlo exclusivamente al desgaste provocado por las medidas del Gobierno de Rajoy porque la pérdida de votos es casi un tercio más a la media nacional. La fuga de estos 500.000 votantes es mérito también y ganado a pulso por Alberto Fabra, un líder artificial y sin palabra, por Serafín Castellano, por Javier Moliner, por Alfonso Rus, la personificación de la sutileza política y el pluriempleo, por José Ciscar y su acólito, JJ Zaplana, el dúo protector de imputados, y por la larga ristra, hasta 127, de cargos públicos populares imputados en diferentes casos de corrupción. Esos son los responsables del varapalo electoral levantino y, con seguridad, ninguno de ellos tendrá la decencia de dimitir. 

Lo más sorprendente es la capacidad de resignación y de lealtad hacia unas nobles siglas secuestradas por semejante tropa que no se merecen los 507.000 votos recibidos. Sin autocrítica, sin reacción positiva, sin regeneración política terminarán esfumándose estos votos también. Han dejado el campo del centro derecha alicantino, que es lo que nos toca más de cerca, hecho unos zorros y todavía no se ha estructurado una nueva opción política, a la vista de los resultados del pasado domingo, capaz de resucitar la confianza ciudadana en unos principios e ideales que siguen siendo sociológicamente mayoritarios en la provincia. Pero pronto van a cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

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Felipe del Baño, el "sicario político" de Ciscar y cía, en apuros judiciales.

Según anuncian los medios de comunicación Felipe del Baño, el "sicario" de Alberto Fabra y José Ciscar para "liquidar" a los afiliados alicantinos del PP, Santiago de Munck Loyola y Antonio Sobrino Ribes, culpables de la grave infracción estatutaria consistente en defender la regeneración democrática y en pedir públicamente la dimisión de los cargos públicos imputados, podría ser imputado por un posible caso de corrupción. ¡Dios los cría y ellos se juntan! Este sujeto, Felipe del Baño, fue el encargado por Fabra, Ciscar y JJ Zaplana de instruir el expediente de expulsión de estos afiliados y lo hizo mediante un pliego de cargos inconsistente, jurídicamente erróneo, plagado de falsedades y repleto de estúpidas argumentaciones con el fin de justificar una cacicada propia del impresentable liderazgo de unos sujetos que son protectores y complacientes con la corrupción que inunda la Comunidad Valenciana. Parece que pronto le toca su especial San Martin a unos de estos individuos.

La Fiscalía de Valencia ha pedido la imputación del alcalde de San Antonio de Benagéber, el 'popular' Eugenio Cañizares, y del concejal y presidente del PP local, Felipe del Baño, tras una denuncia de la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes, y en el segundo además por la contratación verbal de unos "supuestos" trabajos de jardinería, según ha informado la formación denunciante en un comunicado.

En un escrito del pasado 14 de abril, la Fiscalía remite al juzgado decano de Paterna las diligencias de investigación penal incoadas en relación con la denuncia para que el órgano judicial que por turno corresponda inicie un procedimiento penal y tome declaración como imputados al alcalde, al concejal y al administrador único de la empresa editora y como testigos a los responsables de la compañía de jardinería.

Según subraya esta formación que presentó la denuncia, la petición de imputación del alcalde obedece a "los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007" a una empresa por los que el Ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio "recibió una subvención equivalente de la Conselleria por esos libros, a pesar de que nunca han existido".

Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación se produce en relación a esta cuestión y por la "contratación verbal" a una empresa de "supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010", cuando se ocupaba de este área. La Plataforma señala que la empresa reclama al consistorio el pago de 50.770 euros.

En el escrito de Fiscalía se indica que se pide la imputación de Cañizares ya que ha sido citado como "directo interviniente" en el "encargo, cuyo procedimiento de adjudicación deberá aclararse, de 5.000 libros, facturados indiciariamente a instancias suyas y/o del señor del Baño como responsables del Ayuntamiento, sabiendo que no se habían editado esos libros, y se pagaron íntegramente y que, a fecha actual, aún no se han editado". Sobre Felipe del Baño, afirma que "al parecer, tuvo intervención relevante con relación del Ayuntamiento" con ambas mercantiles. PIDE LA DIMISION DE AMBOS

La Plataforma SAB ha reclamado la dimisión de ambos cargos públicos y que ofrezcan las "oportunas explicaciones a la ciudadanía y grupos de la oposición".

http://www.lasprovincias.es/20140507/mas-actualidad/politica/alcalde-antonio-benageber-libros-201405071118.html