Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.
He aquí, algunos de los datos aportados:
- Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.
- José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.
- 900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.
- 900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.
- 526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).
- Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).
- Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).
- Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).
- Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).
- Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).
- Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).
- Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).
- Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).
- Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).
- Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).
- José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).
No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.
Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público, alcance niveles tan escandalosos.
Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.
Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.
Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.
Santiago de Munck Loyola
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