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viernes, 13 de junio de 2025

Y ahora ¿qué?

Cada día que pasa y cada nuevo titular periodístico hacen que la situación política española se complique más y más. Es evidente que nuestra cultura democrática no es homologable aun a la de las viejas democracias europeas en la que, por ejemplo, haber copiado parte de una tesis doctoral conlleva la dimisión de un ministro o el no haber contratado a la niñera. Baste recordar como en 1974, el canciller alemán Willy Brandt dimitió al descubrirse que uno de sus asistentes personales, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania Oriental. Brandt dimitió asumiendo su culpa “in vigilando”.

España es muy diferente. Somos demasiado tolerantes no solo ya con los errores políticos, sino también con el alcance de las responsabilidades éticas y políticas. Ninguna democracia europea soportaría un panorama político como el nuestro: un Presidente cuyo entorno familiar más próximo está bajo sospecha judicial, un Presidente del Gobierno cuyo ex Ministro de Fomento y nº 2 de su partido, junto con su asesor personal, están imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y un nuevo nº 2 de su partido “dimitido” por presuntamente encabezar una red de corrupción cuyo alcance real aún se desconoce.

Y lo anterior no es más que una parte pequeña de los escándalos que rodean a este Presidente. Pedro Sánchez es doblemente culpable: es culpable “in eligendo” y culpable “in vigilando”, como poco. No tengo ninguna duda, en ningún país europeo un Presidente del Gobierno duraría más de 24 horas en estas circunstancias. O bien habría dimitido por dignidad o bien habría sido sustituido por su propio partido o por el Parlamento. Ningún ciudadano medianamente inteligente o con algún escrúpulo moral se habría conformado con la patética comparecencia de un Pedro Sánchez tan esforzadamente compungido como la de ayer.

En esta situación la oposición no tiene más que un camino: el de promover una moción de censura con un solo objetivo: devolver la palabra al pueblo español para que se pronuncie en unas elecciones generales. Es de tal gravedad la situación que no es admisible entrar en cálculos partidistas a la hora de plantear la moción de censura. No presentarla alegando que sería inútil porque no se cuenta con los votos para que prospere y que supondría darle un balón de oxígeno, no son más que excusas baratas impropias de una oposición responsable ante una situación excepcionalmente grave.

Se pierda o se gane, la moción de censura servirá para poner negro sobre blanco la excepcional situación en la que se encuentra España. No estamos ante bulos, fango o noticias de “pseudomedios”. Esa cantinela gubernamental se acabó.

Estamos ante una organización criminal que, emboscada en el partido del gobierno y al amparo del mismo, se ha dedicado, entre otras cosas, a asaltar los contratos públicos millonarios de diferentes ministerios para enriquecerse. Y hay que evitar que quienes han consentido, amparado o protegido a los culpables siga moviendo los hilos del Estado para terminar enterrándolo todo.

La oposición debe intentar la moción de censura y solo con un fin, el de convocar inmediatamente elecciones generales. Sé que muchos pensaran que la corrupción pasada del PP le inhabilita para encabezar una moción de censura, pero también estoy convencido de que, al margen de los tribunales, el PP ya ha pagado en las urnas su pasado. Son precisamente los que piensan eso quienes hoy en día se dedican a inundar las redes sociales con recordatorios de esos casos junto con “inventadas”, que diría el Sr. Sánchez, pero que son incapaces de realizar la más mínima critica sobre el estercolero monclovita. Callan sobre la prostitución pagada por los contribuyentes, sobre la traición a los saharauis, sobre la venta de armas a Israel, sobre los millones de euros repartidos en comisiones a costa de encarecer los contratos públicos, etc. Callan sobre todo lo que a ojos de la mayoría es inaceptable. Sus tragaderas son inversamente proporcionales a sus principios éticos y políticos y, por tanto, su credibilidad es nula.

Es hora de retratarse y de actuar, no solo con sentido común, sino también con altura de miras y con patriotismo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola 

sábado, 7 de junio de 2025

¡Bravo por Ayuso! ¡Pinganillos fuera!

La Presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido una vez más en la diana mediática por poner negro sobre blanco el ridículo y absurdo asunto de los pinganillos durante la reciente reunión de la Conferencia de Presidente autonómicos celebrada en Barcelona. Lo advirtió y lo hizo: Si alguien utilizaba en la reunión un idioma cuya comprensión requiriese el uso de intérpretes y de los correspondientes pinganillos, ella abandonaría la reunión. Dicho y hecho para escándalo de la progresía y la patulea independentista: que si ha sido una falta de respeto a las “lenguas oficiales”, a los catalanes, a los vascos, que si lo ha hecho para dar la nota o para satisfacer su ego, etc.


Pero, en realidad, lo que ha hecho Ayuso ha sido dar visibilidad al desprecio y a la persecución que el español sufre de manos de politicuchos mediocres y de los odiadores profesionales de todo lo español. No en balde, los que más ladran ante este gesto son los que impiden a los niños en sus regiones estudiar en su lengua materna, el español, los que multan por rotular sus establecimientos en español o los que coaccionan a los niños y a sus familias para que no usen el español en los patios de los colegios. Y son los comentaristas y periodistas que callan y ocultan los pogromos antiespañoles promovidos por independentistas y aplaudidos por la izquierda bastarda.

El Estado español no tiene más lengua oficial que la lengua castellana. Asi lo dispone el  Artículo 3.1 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, señala el apartado 2 del Articulo 3.


La Conferencia de Presidentes Autonómicos es un órgano deliberativo y consultivo de ámbito estatal en el que, como es lógico, el idioma de comunicación es el oficial, el idioma español, la lengua castellana. Y no hay más que discutir, ni hay que caer en la sandez del ministro Torres de que como su reglamento no prohíbe el uso de otras lenguas se pueden usar las lenguas regionales, pagando eso sí, intérpretes y sistemas de traducción simultánea. Que más da, al fin y al cabo, somos los contribuyentes quienes pagamos la factura para que cuatro descerebrados hagan el payaso.


En una reunión de Presidentes autonómicos que todos sin excepción comparten y conocen el idioma oficial del Estado y que lo usan para comunicarse con los ciudadanos de sus regiones no es necesario utilizar su lengua regional y no lo es por muchas razones: por sentido común, por educación, por cortesía, por respeto a la lengua común hablada por más de 600 millones de personas, por economía procesal y monetaria y, sobre todo, porque no necesitan reivindicar sus peculiaridades lingüísticas de sobra conocidas y apoyadas.

En Hispanoamérica y en muchos países europeos no entienden cómo es posible que en determinadas partes de España se desprecie y se persiga el idioma español y menos aún cómo es posible que el propio Gobierno de España refuerce ese desprecio en las propias instituciones del Estado cediendo a las pretensiones de los enemigos de un idioma universal como el nuestro.

¡Bravo por Ayuso!

Santiago de Munck Loyola 

lunes, 5 de mayo de 2025

CRÓNICA DE UNA DESASTROSA CHAPUZA.


En el último Pleno del Ayuntamiento vimos como el Portavoz de Vox, Rafael Náñez, puso contra las cuerdas a la inefable Maribel de las Nieves Antón, concejala de Contratación y Patrimonio, Servicios Sociales, Juventud e Infancia, Igualdad, Administración Electrónica y Transparencia que no supo responder a la cuestión planteada, ¿cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento en concepto de intereses por renunciar a la subvención concedida por la Generalidad Valenciana para “rehabilitar las casas de los maestros”? La Sra. Concejala con su habitual gracejo y elegancia mintió afirmando que los intereses pagados habían sido 2.752 € y el Portavoz de Vox la dejo en ridículo al exhibir un decreto del 19-11-2024 del Alcalde ordenando el pago, por ese mismo concepto, de casi 10.000 €. 


Pero más allá de esto; más allá de que la señora concejala escudase la inacción del Ayuntamiento en la rehabilitación de estas viviendas esgrimiendo que la competencia en materia de viviendas era de la Generalidad Valenciana ignorando, como no podía ser de otra forma habida cuenta su preparación para el cargo, que el Articulo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local señala que El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación; más allá  de que culpase a la guerra de Ucrania del incremento en un 55% de los materiales construcción, cuando lo cierto es que los costes de construcción en edificación residencial han aumentado según el INE un 23,5% desde entonces; más allá de cualquier otra peregrina excusa lo cierto es que el Gobierno Municipal solicitó una subvención incumpliendo los requisitos para obtenerla (la propiedad de los bienes) y, además, fue absolutamente incapaz de gestionar el propio Ayuntamiento para funcionar al ritmo que los plazos legales exigían. Basta con observar la cronología de las actuaciones municipales para darse cuenta de ello. Veamos.

Plazo para ejecutar las obras a partir del 30-12-2021

730 días

Fecha

Concepto

Tiempo empleado

Quedan

11-4-2022

El Ayto. inicia expediente contratación

101 días

629 días

28-11-2022

El Ayto. adjudica el expediente

231 días 

398 días

5-12-2022

El Ayto. firma contrato con adjudicatario

7 días

391 días

3-3-2023

Adjudicatario entre 28 días tarde el proyecto

88 días

303 días

5-7-2023 

Adjudicatario entrega nuevo proyecto con precios revisados

124 días

179 días

6-7-2023

El Ayto. lo informa favorablemente

1 día

178 días

28-7-2023 

La junta de Gobierno aprueba el proyecto

22 días

156 días

3-10-2023

Ayto. nombra responsable de las obras

67 días

89 días

23-10-2023

Ayto. firma acta de replanteo

20 días

69 días

16-11-2023

Ayto. renuncia a la subvención

24 días

45 días

 

A la vista está que ni añadiendo a los 45 días una posible prórroga de seis meses ( 182,5 días, prevista en las Bases de la subvención) habrían podido ejecutar una rehabilitación cuyo plazo era de un año y medio (547 días). Putin no tiene la culpa de que el Gobierno Municipal tardase 101 días en iniciar el expediente de contratación; los empleados municipales tampoco tienen la culpa de que la empresa adjudicataria emplease 212 días, en vez de 60, en terminar el proyecto, ni la fachosfera es culpable de que el Sr. Alcalde, que se había tomado un período de descanso nada más tomar posesión del cargo, tardase más de dos meses en nombrar al responsable de las obras.



Son los miembros del anterior y del actual Gobierno Municipal los únicos responsables de este desaguisado, de esta chapuza infecta y desastrosa que está costando miles de euros a todos los monfortinos. Sí, los mismos que han estado dedicando ingentes esfuerzos y dinero de los contribuyentes para perseguir en los tribunales a sus adversarios políticos, los mismos que han desengrasado la maquinaria administrativa municipal acosando a decenas de empleados, los mismos que han empleado su tiempo en enriquecerse bien “pillando” subvenciones para ellos mismos, como la citada concejala o bien usando los servicios municipales para despojar de sus bienes a una indefensa anciana. Son los mismos que van a convertir a Monforte del Cid en un páramo fotovoltaico. Inútiles, incompetentes, mentirosos y corruptos. Ya está bien.

Fdo. Santiago de Munck Loyola