Ley de memoria democrática: el blanqueamiento de la izquierda totalitaria.

Hace años, en Brujas, el guía que acompañaba al grupo de turistas que habíamos embarcado en la barca para recorrer los canales, al darse cuenta de la presencia de españoles, nos dijo “la historia cambia mucho según el lado del que se cuente, unos mismos hechos se interpretan hasta de maneras opuestas. Los españoles dicen que Bélgica, Flandes, fue suya a partir del Emperador Carlos, pero teniendo en cuenta que Carlos era flamenco, nacido y criado aquí, hay quien puede sostener lo contrario ya que un flamenco heredó la Corona española”. Y no le faltaba parte de razón. La historia estudia hechos y procesos pasados y no sólo los estudia, sino que los interpreta con la mayor objetividad posible. 

Carlos I de España y V de Alemania nació en Gante, ciudad flamenca, en la actual Bélgica. Era hijo de Hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso, nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña y por vía materna de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. A los 15 años fue proclamado Señor de los Países Bajos y a los 17 proclamado Rey y Señor de las posesiones de sus abuelos maternos. Fue un extranjero que vino a reinar en España sin tan siquiera dominar el idioma. Esos son los hechos históricos. Son indiscutibles, pero aún así, pueden ser interpretados de distinta manera porque la objetividad también es variable en función del contexto de quien hace su interpretación.

 

El Gobierno acaba de aprobar el Anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática”. La denominación no es casual. Si ya la historia, el estudio e interpretación de hechos y procesos pasados, está sujeta a grandes dosis de manipulación en función del grado de objetividad aplicado en su interpretación, la memoria aún es más manipulable. La memoria es una función cerebral y, por tanto, individual que permite al organismo del individuo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado y esa información, en este caso, es la que proporciona la historia. Hay memoria inmediata, memoria a corto y largo plazo, memoria selectiva, pero ¿memoria democrática? Legislar por un gobierno lo que es y no es memoria supone una selección arbitraria de los hechos pasados objeto de la Ley.

Es elevar a rango de ley una determinada selección de hechos y la interpretación de los mismos para constituirlos en memoria colectiva, es decir, en verdad oficial, anulando y persiguiendo la expresión de las memorias individuales que no coincidan con el relato oficial. Algo así, recuerda mucho a cómo los cerdos manipulaban la historia en la obra “Rebelión en la granja” de George Orwell.

 

A nadie se le puede escapar el tufo totalitario que desprende este anteproyecto de ley. No en balde los únicos partidos políticos participantes en la Guerra Civil que cuentan hoy con representación parlamentaria son el PSOE, el PCE, el PNV y ERC. Y basta con leer la exposición de motivos para confirmarlo. En esta exposición de motivos se habla de “esos periodos democráticos que eran abruptamente interrumpidos” y se señala que “el último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra”. No se puede mentir más descaradamente. La Segunda República no fue interrumpida por UN golpe de estado, sino por DOS golpes de estado. ¿O acaso el golpe protagonizado por la izquierda en 1934 no fue tal? Sí, en 1934 hubo un golpe de estado organizado y perpetrado por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas que fracasó. Como también fracasó el golpe de estado de 1936 y se desencadenó la guerra civil.

 

Sigue la Exposición de Motivos diciendo que “la ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”.Claro que sí, pero ¿sólo la verdad sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista? ¿Y qué hay de los procesos de violencia y terror desarrollados a lo largo de la segunda república? ¿Y de los llevados a cabo en el campo republicano del 36 al 39? ¿No hay nada que decir? ¿No existieron? ¿no son condenables?

 

El anteproyecto continúa señalando que “se trata de articular una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su integridad, rehabilitando la memoria de las víctimas, reparando los daños causados y evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de regímenes totalitarios”. De acuerdo, perfecto, pero cuando se habla de asumir los hechos del pasado en su integridad significa en su integridad y ello exige reconocer todos los hechos incluyendo la violencia previa al 36 también perpetrada por la izquierda, la violencia y el terror desarrollado en la retaguardia republicana durante la guerra civil y evitar la justificación presente de regímenes totalitarios incluidos, por supuesto, los regímenes comunistas. No cabe ninguna duda de que un Gobierno que al mismo tiempo que impulsa esta ley es incapaz, no ya de condenar, sino de calificar como dictadura al régimen comunista cubano carece de legitimidad para impulsar una Ley tan innecesaria como delicada como ésta.

 

Sí, esta nueva Ley es innecesaria. Hace 46 años que Franco murió y con él su régimen. Hace 82 años que acabó la Guerra Civil. La Constitución del 78, la del consenso y la reconciliación, dio paso a diferentes y sucesivos gobiernos que han ido legislando para reparar los daños morales y políticos causados por la dictadura franquista. Y si algo queda por hacer en este campo puede y debe hacerse sin necesidad de crear una verdad oficial que sirva para blanquear a todos los que desde la izquierda contribuyeron al fracaso del régimen republicano. Porque lo cierto es que la República fue víctima tanto de la derecha reaccionaria como de la izquierda revolucionaria. El dirigente socialista Largo Caballero decía el 20 de enero de 1936 “La case obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y, como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Ni la mayoría de los socialistas ni, por supuesto, los comunistas creían en la democracia tal y como hoy la entendemos.

No lucharon por las libertades que hoy disfrutamos, sino por “las libertades” que imperaban en la Rusia de Stalin. Ya en 1933 Largo Caballero afirmaba “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos” y en 1934 “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”.

 

Son muy numerosos los ejemplos que podrían citarse que demuestran que la nueva verdad oficial que pretende imponer este anteproyecto de Ley no se corresponde con los hechos históricos, que es profundamente sectaria, que busca blanquear a los totalitarios socialistas y comunistas, que ignora la Resolución europea sobre la condena de las ideologías totalitarias (incluyendo la comunista) y tapar sus crímenes.

 

Seguramente, nuestra sociedad necesita hoy, más que una ley para remover un pasado poco edificante, una Ley para defender nuestra democracia frente a las ideologías totalitarias, frente al terrorismo reciente y el olvido de sus victimas blanqueando a sus actuales voceros y frente a los que permanentemente actúan contra la soberanía del pueblo español, negándole su existencia como tal y su derecho a decidir sobre el conjunto de la Nación española.

 

Santiago de Munck Loyola