En
la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la
clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los
españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer
quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel
que no se conocía desde 1995.
A este dato revelador hay que añadir que entre los diez
primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que
ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos
de nuestro país.
El
comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase
política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el
conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos,
pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor
de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los
comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe
fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades
conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte
de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos
decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente,
no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación
hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los
comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o
de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de
la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos
incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que
existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas
prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas
estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual
fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen
nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los
ciudadanos.
Es
curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la
Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una
y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto
Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los
cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta
línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el
Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no
puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera
concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el
hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos
internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos.
En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados
sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a
decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir.
¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no
se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si
perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los
imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares
no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y
en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado
y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de
su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?
Tan
cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico,
como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable
de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en
los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que
ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas
judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales
circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que
permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase
política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues
bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello
se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar
cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.
Hoy
por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados,
percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos
casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino
también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras
día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas
de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un
futuro político más que incierto.
Santiago
de Munck Loyola
Pues leido esto, solo me queda decirle "NO MIRES LA PAJA EN OJO AJENO...pues de sobra sabe como funcionario y compañero mio, de que estamos hablando. Solo espero q su sabiduria en este sentido le ayude como Gestor y en su caso como Secretario Accidental, Un saludo
ResponderEliminarPascual Tomas Macia.
Pues sinceramente no sé ni por aproximación de lo qué está hablando. En todo caso y en este contexto que me diga que "No mire la paja en ojo ajeno..." es una sugerencia inaceptable. He escrito sobre corrupción, sobre imputados y procesados y las lineas rojas que deben delimitar la actitud de los partidos políticos, por ello creo que lo que sugiere "ver la viga en el propio" está absolutamente fuera de lugar. Y si no lo cree así, acuda a los tribunales donde a buen seguro podrá encontrar una adecuada respuesta. Un saludo.
ResponderEliminarPresiento por su respuesta que no ha comprendido mi comentario, y por proximidad quizá usted sí intuya lo que intento decirle, pero en cualquier caso una vez revisado el texto observo que no me expresado suficiente por lo que lo hago ahora. El comentario anterior esta motivado por la capacidad de análisis que tiene usted en ámbitos más lejanos y complejos como el que comenta (imputados y procesados), respecto de un ámbito en principio más cercano y mucho más sencillo como el laboral que usted gestiona, por lo que aún no me explico como no se ha podido propiciar soluciones a cuestiones laborales que ambos conocemos encontrándose usted como Gestor y/o Secretario, y que por sus conocimientos pudiera favorecer la resolución de los mismos.
EliminarLamento si la confusión le ha molestado y apelo a su buen hacer en este sentido. Un saludo.
Pascual Tomás Maciá
Evidentemente la lectura de su primer comentario conducía a conclusiones muy molestas. Aclarado este asunto, he de señalar que la capacidad de análisis que un servidor pueda tener es la misma se trate de asuntos lejanos o cercanos pero es evidente que tanto en unos como en otros de la misma no se desprende una capacidad de resolución de dichos problemas. En el caso de los asuntos más cercanos a los que hace referencia posiblemente mis conclusiones y soluciones para dichos asuntos seguramente coinciden con las suyas mucho más de lo que se imagina. Pero no se le escapará que el puesto que ocupo está ostensiblemente limitado y que mis obligaciones profesionales consisten fundamentalmente en ejecutar decisiones tomadas en instancias que no me corresponden sino por quienes tienen legalmente las atribuciones para ello. En todo caso, es más que evidente que este foro no está ni para analizar mis actividades profesionales, ni las suyas. Un saludo.
EliminarLe vuelvo a repetir lo mismo, espero que su capacidad de análisis le sirva de ayuda como Gestor y Secretario accidental en los asuntos que le ocupan para bien de todos, pues su cargo, según usted ostensiblemente limitado, es clave para que un ayuntamiento funcione correctamente y que las decisiones a instancias de los órganos de decisión puedan materializarse correctamente, y sigo pensando que es usted quien debe aportar su sabiduría como viene demostrando en el artículo de referencia, y no se equivoque, yo no estoy analizando sus actividades profesionales ni las mías, estoy poniendo en valor su capacidad en este artículo para que siga esforzándose aun más si es posible, que yo creo que sí. Y seguiré leyendo sus artículos de opinión y los comentaré si es necesario. Un saludo
EliminarEstoy de acuerdo en todo menos en eso de que "estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos" por lo siguiente:
ResponderEliminarEl propio Carlos Fabra coponente de los actuales Estatutos Nacionales dice en el Preámbulo de los mismos: "...incorporamos a nuestra normativa los
principios del Código de Buenas Prácticas, que más allá de la declaración de
intenciones deviene en norma de obligado cumplimiento. Se refuerza y agiliza
la capacidad de la organización para responder ante comportamientos
indeseables de sus miembros y se pauta una temporalidad en la respuesta
ante los mismos, al tiempo que se fijan con precisión los supuestos en que la organización debe actuar APARTANDO a alguno de sus miembros que haya
infringido los principios éticos."
Algunos de esos principios éticos vienen recogidos así:
"ARTÍCULO 9 bis: Principios Generales.
1. Todos los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con
funciones ejecutivas en el Partido Popular:
a) Han de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el
desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés
público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de
cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar
la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen.
b) Actuarán en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo
con los principios de transparencia, eficacia y austeridad.
2. Los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con
funciones ejecutivas en la organización, deberán ajustarse en su
desempeño a las pautas de conducta anteriormente descritas,..."
Por otra parte el propio Fabra en nuestros Estatutos nos dice:
"Art.16.El procedimiento disciplinario, ...
8. En los casos en los que un afiliado incurra en cualquier forma de
corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que
estén tipificadas como un delito doloso que por su naturaleza o por las
circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible
con las obligaciones y deberes éticos a los que los presentes Estatutos
sujetan a los afiliados al Partido Popular, el expediente disciplinario se
ajustará a las reglas anteriores con las siguientes especialidades:
a) Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia
de una imputación judicial de un afiliado, por un caso de los
referidos en este punto, se incoará al afiliado afectado el
correspondiente EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. El Comité de Derechos y
Garantías competente podrá determinar la suspensión de funciones
o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias
específicas de cada caso concreto."
Con todo esto, está bastante claro que no sólo la imputación, sino también incurrir en cualquier forma de corrupción o incumplimiento de los principios éticos de nuestros Estatutos obligan a la apertura de expediente y que el Comité de Derechos acuerde la suspensión de militancia o de funciones. No hay duda de que funciones se refiere en general a cualquier tipo de función pública u orgánica. Así como tampoco queda duda que, si tuvieran firmada la Carta de Compromisos nuestros cargos públicos, algo que están obligados a hacer desde el pasado Congreso Nacional, deberían "poner a disposición del Partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública."
Y todo esto no me lo invento yo, lo dice Carlos Fabra en los Estatutos de nuestro Partido Popular.
Efectivamente, es lo que dicen los Estatutos, pero en la práctica los dirigentes del PP no piden públicamente a los imputados o procesados que renuncien a sus cargos, ni los apartan de los grupos parlamentarios o municipales, ni promueven mociones de censura en caso de negativa.
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