Con la que está cayendo ¿una comisión de ética?

La reiteración de conductas repudiables de algunos dirigentes políticos o empresariales está generando un verdadero hartazgo entre los ciudadanos. Cada día que pasa irrumpe un nuevo escándalo sobre los abusos y latrocinios de unos pocos sobre los bienes públicos, pero que salpican irremediable pero inmerecidamente al conjunto de la clase dirigente de nuestro país. Y las reacciones de esta clase dirigente no son siempre las más acertadas. Hay cierta sensación de que todo este ambiente de corrupciones  y abusos está cogiendo con el pie cambiado a los principales responsables políticos y, por supuesto, a las lentas maquinarias de los partidos políticos. Si los ciudadanos están indignados, no menos desconcertados lo están los miles de militantes de las formaciones políticas que se debaten entre el cierre de filas, la incredulidad o la exigencia de responsabilidades. Se proponen pactos anticorrupción, auditorías internas y externas de las cuentas de los partidos, "fiscales anticorrupción" internos, se marcan líneas rojas respecto a la situación de cargos públicos imputados o procesados, se amaga pero no se da, en fin, que todo anda francamente revuelto y no parece existir un rumbo claro para acabar con una lacra que no ha nacido ahora, sino que viene incubándose desde hace muchos años gracias a un conjunto de normas que facilitan este tipo de conductas: la legislación vigente sobre contrataciones públicas, la regulación de la financiación de los partidos políticos, un derecho procesal anquilosado y una justicia escasa de medios.

Y en medio de este panorama aparece una noticia que merece la pena ser comentada: el Partido Popular de la Provincia de Alicante ha encargado a su “comité de ética” (sólo ya la denominación del citado comité tiene lo suyo) la redacción de un “libro blanco” para trasladar transparencia, rigor y firmeza en su gestión pública. Este comité a pesar de llevar varios meses constituido, “será a partir de ahora decisivo en el modelo de comportamiento que el Partido Popular de la Provincia de Alicante va a exigir a sus responsables y cargos públicos”. ¿Y antes? Según se ha comunicado a la prensa, la dirección provincial ha encargado al comité de ética la elaboración de un reglamento, un libro blanco que responderá a la máxima de que “no basta con ser honrados. Además, hay que parecerlo”. También se ha comunicado desde la Provincial popular que el citado comité, que preside Pascual Díaz, requerirá a los políticos populares, transparencia, rigor y firmeza. Y uno no tiene más remedio que preguntarse ¿es que es necesario un comité para exigir a los políticos populares transparencia, rigor y firmeza? ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los políticos populares por la existencia de determinados y notorios casos sobre los que precisamente la dirección provincial no se pronuncia públicamente? ¿Hace falta un comité para exigir a los políticos populares lo que ya el propio Partido Popular y la legislación vigente exigen?

Es de suponer que este comité y el reglamento que va a elaborar versa sobre la ética, es decir, sobre esa rama de la filosofía que trata sobre los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre y que no se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, para tratar de determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. La ética establece una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien y el mal en sí. Complejo campo el de la ética como para andar jugando con ella. Pero es que, además, los criterios éticos, siempre cambiantes según la evolución de la conciencia social, son previos al derecho positivo y su arraigo social impulsa la transformación de las leyes que los ciudadanos nos damos. Y entre la multitud de normas que rigen nuestras vidas, nacidas de una determinada conciencia social ética, hay algunas que permiten aproximarse a esos conceptos que en el funcionamiento de las instituciones pretende trasladar el citado comité de tan pomposo nombre: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por citar solo algunas en el ámbito de la legislación estatal. Y sin ir muy lejos, dentro de la propia casa, es decir en el Partido Popular, además de los propios Estatutos del Partido, en el año 2009, se aprobó el Código de Buenas Prácticas cuyo objetivo es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.

Una de dos, o dicho código interno ya no está vigente en el Partido Popular y no nos lo han comunicado, para variar, a los afiliados o sí que está vigente y lo que ocurre es que la Dirección Provincial Alicantina, que no se pronuncia sobre si los cargos públicos del PP imputados de Alicante deben o no dimitir, lo considera insuficiente y por ello ha tenido que encargar un nuevo Reglamento sobre “la ética” de ciertas conductas. Por cierto, que repasando dicho código aparecen algunas cuestiones más que llamativas, por ejemplo, en el mismo se exige que los candidatos a cargos públicos deben suscribir una Carta de Compromisos y que dicha carta se publicará en la página web del partido ¿la ha visto alguien en Alicante? ¿la han suscrito todos? o que “Se constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano deliberante que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido analizar y ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, los viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. La Mesa de Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será en todo caso un audito interno que garantice que el proceso de contratación se atiene a los principios y al procedimiento establecidos en este documento.” ¿Se ha constituido dicha Mesa en la Dirección Provincial de Alicante? ¿Cuándo? ¿Quién la compone?

Como puede observarse no será por falta de normas y reglamentos que ahora sea necesario un comité de estas características para elaborar un reglamento más a añadir a los que existen y no se cumplen. Hay otra forma de hacer las cosas. Los ciudadanos queremos ejemplaridad, que se cumplan las leyes existentes y si no son suficientes que se reformen. Hay demasiados problemas por resolver como para andarse con juegos florales a mayor gloria de los protagonistas de turno. Trabajo constante, silencioso y tenaz y menos cohetes es lo que hace falta, no sea que haya que terminar pensando que Napoleón Bonaparte tenía razón cuando decía que “si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Santiago de Munck Loyola