Los críticos con la división del PP de Alicante en distritos apelarán a Génova.

El Mundo 30-10-2012

Las personas importan, no las banderas.

La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.

Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola

¿Miedo o alergia a las urnas en Alicante?

Durante años la mayor parte de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de la Ciudad de Alicante hemos asistido atónitos a las peleas entre diferentes grupos y clanes del partido agrupados en torno a determinadas personalidades. No se trataba de rivalidades o diferencias en torno a unas u otras ideas políticas, a debates ideológicos sino a personalismos egoístas con todas las consecuencias que ello conlleva. ¡Quítate tú para ponerme yo y, de paso, a los míos! Y “los que no están conmigo están contra mí”, obligando con ello a muchos afiliados a tomar partido, a ponerse una etiqueta con tal de tener cobijo en una determinada facción. El espectáculo indigno y bochornoso se completó, no hace mucho, con espectaculares cambios de chaqueta y de lealtades de algunos dirigentes locales. Es cierto que un árbol fuerte y grande puede ser arrancado por un vendaval y por eso algunos han preferido siempre ser simples juncos para inclinarse en la dirección del viento dominante.

Ni una palabra, ni una idea, ni un solo debate ideológico durante años. En muchos lugares, al alcanzar el poder, el Partido Popular se ha ido transformando paulatinamente pasando de ser un Partido de fuerte y abnegada militancia a un partido dominado por los cuadros, por el cuerpo de “profesionales” de la política. A ello hay que añadir un curioso y significativo proceso de absorción de “medradores”, de gente que no habiendo nunca militado en el Partido, y habiéndolo hecho a veces en otros, se ha ido incorporando o ha sido invitada a incorporarse y la generosidad del Partido ha sido tal que han terminado ocupando cargos públicos pasando por delante de la vieja militancia, e incluso dando lecciones sobre lo que debería ser el PP, a pesar de una evidente carencia de capacitación profesional y política. Y todos conocemos muchos casos con nombres y apellidos.

Lo cierto es que estos procesos han sido posibles porque mientras se han venido sucediendo los triunfos electorales pocos se han atrevido a cuestionar unos métodos bastantes alejados de lo que se supone debe ser un partido en el que impere la democracia interna real, no sólo la formal, un partido basado en la voluntad exclusiva del afiliado, y no de los cuadros, y un partido sustentado en el debate interno, la participación y la información. En cualquier partido político, los mediocres, los inseguros, los líderes apadrinados desde arriba y los “medradores” siempre temen a la democracia interna y al debate porque sus vergüenzas podrían quedar al descubierto.

El Partido Popular de la ciudad de Alicante ha sido durante los últimos años un claro ejemplo de lo que no debe ser un partido político realmente democrático y al servicio del afiliado y de los ciudadanos. Ha sido un partido con una existencia nominal, sobre el papel, con muchos supuestos afiliados que le otorgaban un teórico peso que se compadecía poco con la realidad pero que servía perfectamente al reparto de cuotas de poder entre las distintas familias y clanes que lo dominaban, mejor dicho, que lo dominan. Los afiliados no eran convocados salvo para votar, en pocas ocasiones, listas en papeletas previamente marcadas, para cubrir las mesas electorales como apoderados o interventores o para asistir a cenas o mítines. En años no han sido convocados a una sola reunión ni para participar en el programa electoral, ni para hablar del PGOU, ni para tratar cualquier tema sobre la ciudad. Participación nula, información nula, debate nada de nada. El Partido gobernante de la ciudad no tiene ni sede propia ni, tan siquiera, una mísera página web para comunicarse con los ciudadanos o los afiliados. Algo increíble, pero absolutamente cierto.

Muchos pensábamos que con el cambio producido con la elección de José Ciscar como Presidente Provincial el panorama iba a cambiar. De sus palabras en el Congreso Provincial se desprendía un deseo de cambio profundo que, entre otras cosas, iba a suponer la devolución de la palabra a los únicos depositarios de la soberanía dentro del partido, los afiliados. Y le votamos. Sin embargo, parece que aquello fue un espejismo. La decisión de su Equipo de suprimir la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante es una vuelta al pasado, a unos hábitos que pensábamos que iban a ser desterrados. Pese a algunas declaraciones a los medios de comunicación intentando suavizar el alcance de esta decisión lo cierto es que:

1º Se suprime la Junta Local del PP de Alicante, es decir, que el PP de la ciudad deja de existir como tal  al copiar el modelo de la ciudad de Madrid.

2º Se crean diez o doce Juntas de Distrito del PP con lo que el Partido Popular de la Ciudad no tendrá una única voz frente a la sociedad alicantina.

3º Se baja de categoría a los afiliados de la ciudad en comparación con localidades como la de Elche en la que incluso sería más adecuada la división en distritos dada su configuración territorial.

4º Se hace sin contar, una vez más, con la opinión de los afiliados.

Y ¿por qué han tomado semejante decisión? ¿Porque hay muchos afiliados? ¿Porque hay muchos habitantes? No, no es por eso y lo sabemos todos. Se toma esta decisión porque el Presidente Provincial no ha encontrado el candidato a Presidente de la Junta Local del PP de Alicante a su medida o si lo ha encontrado no tiene la seguridad de que pueda ganar. Y éso es escandaloso por la sencilla razón de que desde una perspectiva democrática a los únicos que debe preocupar encontrar al candidato idóneo es a los afiliados, no al Comité Ejecutivo Provincial. La democracia va de abajo a arriba, no a la inversa y eso lo sabemos los que militamos en el PP de toda la vida. Son los afiliados los que deben elegir un Presidente para el PP de la ciudad de Alicante y no el Presidente Provincial. ¿Tan difícil es de entender? Creo que para cualquier demócrata no lo es.

https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts

La supresión del PP de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito es una burda maniobra para controlar, una vez más, al PP de Alicante que estaba empezando a despertar. Que no intenten engañarnos. En los Estatutos Provinciales aprobados en el último Congreso se aprobó un artículos que preveía la posibilidad, no la obligación de crear distritos pero ese artículo es una simple transcripción de los Estatutos Nacionales del PP y, desde luego, nadie en aquel Congreso anunció su intención de “cepillarse” al PP de Alicante. O se mintió entonces o se improvisa ahora. En Política nunca hay nada definitivo y cuando se comete un error es mejor rectificar cuanto antes. ¿Por qué no dejan que los afiliados de la ciudad decidamos lo que queremos para nuestro partido? ¿Por qué tienen tanto miedo a las urnas? Sinceramente, un servidor no lo entiende.

Santiago de Munck Loyola

Críticos con Ciscar impugnan la división del PP de Alicante en distritos.

Galicia y País Vasco han hablado.

Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

Afiliados del PP de Alicante recogen firmas para evitar su división y exigir "honestidad".

Manifiesto por la regeneración interna. Candidatura “Esperanza Popular”.

Los afiliados del Partido Popular de Alicante que respaldamos este documento creemos firmemente en los principios políticos básicos que inspiran los Estatutos del Partido Popular y que se sustentan en la participación, en la información, en el debate y en la democracia interna. No nos resignamos a una forma de hacer política de partido de espaldas a los afiliados, ni podemos seguir aceptando un modelo caduco que aleja al Partido Popular de la ciudad de Alicante de la militancia y de los ciudadanos.

En este sentido rechazamos en primer lugar la decisión de la Junta Provincial de Alicante de suprimir la Junta Local de la ciudad de Alicante y de dividir al partido local en distritos por vulnerar, entre otras cosas, los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Se trata de una decisión tomada de espaldas a los afiliados, de una decisión que supone rebajar de categoría a los afiliados alicantinos en relación a los de las localidades vecinas y de una decisión que obedece claramente a intereses particulares y a intrigas de salón. Con ella desaparece el peso que al PP de la ciudad de Alicante le corresponde y un instrumento global de interlocución social y política en la ciudad.

Entendemos que el afiliado es el único titular de derechos y obligaciones y que deben tener una concreción real en el funcionamiento diario de nuestra organización local mucho más allá de su simple enunciado estatutario. La realidad de los últimos años ha venido consagrando un modelo de funcionamiento interno muy alejado de los principios básicos que toda militancia política conlleva. Es una realidad incontestable que los afiliados alicantinos hemos sido mantenidos al margen de la vida política interna de la organización local y que tan sólo hemos sido convocados para asistir a actos electorales, para desarrollar labores de apoderamiento e intervención en mesas electorales y, en contadas ocasiones y de forma restrictiva, para acudir a procesos electorales internos. Durante los últimos años, los afiliados no hemos contado con cauces internos para participar en la elaboración de los programas electorales o de las candidaturas que nos representan en las instituciones municipales; no hemos contado tampoco con los instrumentos internos para aportar propuestas y sugerencias que pudieran servir para mejorar los distintos barrios de la ciudad o los diferentes sectores que configuran el tejido económico y social de Alicante. En definitiva, la organización local alicantina ha sido un gueto en el que el protagonista no era el afiliado, sino diferentes clanes que se han apropiado de los derechos políticos de los afiliados, únicos sujetos de derechos y obligaciones según nuestros estatutos.

Queremos una organización local viva, dinámica y fuerte, no diez organizaciones débiles y fraccionadas. Una organización local capaz de impulsar las políticas y programas del Partido Popular allí donde haya representantes institucionales de la ciudad de Alicante. Una organización capaz de exigir que sus representantes en las instituciones públicas rindan cuenta periódicamente ante los afiliados del Partido y recojan de ellos cuantas iniciativas sirvan al conjunto de la sociedad alicantina. Una organización local capaz de hacer realidad los principios de austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública y de apartar de su seno a cuantos vulneren dichos principios.

Pretendemos que el Partido Popular de la Ciudad de Alicante alcance en el seno del Partido Provincial el peso que cuantitativa y cualitativamente le pertenece y que no siga sirviendo de simple cuota de poder y de intercambio entre unos y otros. Queremos una organización local respetada por la Dirección Provincial, con la misma autonomía que las demás juntas locales, en la que los afiliados de Alicante sostengan a la sede provincial en la misma proporción que los demás afiliados y por ello propugnamos que el Partido Popular de la Ciudad de Alicante cuente con una sede propia, a pie de calle, que sea un lugar de encuentro entre los afiliados y un punto de contacto permanente con los ciudadanos.

En definitiva apostamos por una organización local fuerte, con la autonomía que le pertenece, asentada en los principios de democracia interna, participación, transparencia y ejemplaridad, capaz de ofrecer a los ciudadanos de Alicante una nueva forma de hacer política, un proyecto de ciudad ilusionante y una gestión impecable de las instituciones públicas.

Por todo ello, compareceremos en las urnas en las próximas elecciones internas a través de la candidatura “Esperanza Popular”, una candidatura cohesionada, renovada e integradora, sin padrinazgos ni tutelas, una candidatura nacida de la militancia y al servicio de todos los alicantinos.

En Alicante, a dieciséis  de octubre de 2012.

https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts

Se han “cepillado” al PP de la Ciudad de Alicante.

Lo que algunos periodistas habían vaticinado, incluso un servidor desde estas modestas páginas, se ha cumplido: la Dirección Provincial de Alicante ha suprimido la Junta Local de Alicante del Partido Popular y ha anunciado que la ciudad será dividida en diez o doce distritos. Habrá elecciones en breve para elegir a los Presidente Locales excepto en la Ciudad de Alicante. Se trata de una decisión tomada sin contar para nada con los miles de afiliados de la ciudad de Alicante a los que, una vez más, se ha ignorado y despreciado. Al parecer, los populares alicantinos no tenemos ni p… idea de lo que nos conviene, pero para eso están los señores de fuera, para decirnos lo que más nos conviene. ¡Menos mal! No se trata de una decisión baladí, ni por sus causas, ni por sus consecuencias, todo lo contrario. Se trata de un golpe de mano que va a tener gravísimas consecuencias, no sólo para los afiliados del PP, sino también para la propia ciudad.

Los comentaristas políticos, que ya venían elucubrando sobre esta posibilidad, manejaban muchas hipótesis para explicar las causas de una decisión cómo ésta. Algunos apuntaban que, dada la falta de autoridad política del Presidente Císcar para imponer el código ético a la Alcaldesa de Alicante y ante la posibilidad de que ésta se postulase como candidata a la Presidencia del PP de la Ciudad o que promoviese a su delfín, Carlos Castillo, se podría apostar desde la Provincial por suprimir la Junta Local de la Ciudad y así impedir que la Alcaldesa o su pupilo presentasen su candidatura. Otros especulaban sobre la idea de la necesidad del Presidente Provincial de impedir que en la Ciudad de Alicante se presentasen varias candidaturas a la Presidencia Local ya que existe cierta alergia a los procesos democráticos internos competidos. Por último, hay quien apuntaba a que un liderazgo fuerte en la Ciudad de Alicante sería una sombra intolerable para el Presidente Provincial y su equipo, por lo que iban a apostar por dividir a la ciudad y suprimir “manu militari” la Junta Local de Alicante. Lo cierto es que, sea cual sea de estas tres razones la que se esconde tras este “golpe”, son los afiliados populares de la ciudad de Alicante los que vamos a pagar las miserias de unos u otros y a los que se nos rebaja de categoría, de forma injusta y discriminatoria, frente a los demás afiliados de la Provincia.

Durante años hemos soportado que nuestra Junta Local, debidamente anestesiada por la Dirección Provincial, no funcionase, que no fuéramos tenidos en cuenta, ni consultados para elaborar el Programa Electoral, o para confeccionar las candidaturas municipales o para ser informados de cualquier asunto de interés. Hemos pagado nuestra cuota, sin que nadie nos rinda jamás cuentas sobre el destino de la misma, sosteniendo los gastos de la Provincial, hemos sido convocados para ser interventores y apoderados en las elecciones, para rellenar mítines o cenas y punto. Y, ahora, a poco más de un mes de iniciar nuestro proceso democrático interno en el que podíamos elegir una nueva dirección local y para el que algunos habíamos empezado a construir una candidatura regeneradora, democrática y participativa, a la vista de la misma, la Dirección Provincial decide que no, que la Ciudad de Alicante no puede tener una Junta Local como la de Elche, por ejemplo, y que a los populares alicantinos lo que nos conviene es dividirnos en distritos y perder la identidad y el referente de gran ciudad que Alicante conlleva.

Y para esta turbia maniobra, se acogen al Art. 14.3 de los Estatutos Provinciales que señalan que “En los municipios cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, podrán constituirse Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial”. Claro, que no queda más remedio que preguntarse ¿por qué en Alicante y no en Elche también? ¿Por qué se nos rebaja de categoría a los afiliados de la ciudad de Alicante? Poco importa, al parecer, que el Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular señale que “el Partido Popular, a través de sus estructuras territoriales, procurará su presencia permanente en todos los municipios mediante la creación y potenciación de las Juntas Locales”. ¡Curiosa forma de potenciar a la Junta Local de la Ciudad de Alicante! ¡Cepillándosela! La posibilidad de constituir Juntas de Distrito, también recogida en los Estatutos Nacionales en su Artículo 20.5, no es excluyente ni incompatible con la existencia de las Juntas Locales cuya potenciación es un mandato estatutario nacional, se trata, como cualquiera puede entender, de un instrumento de ayuda y descentralización para aquellas Juntas Locales muy grandes. Si no fuera así, sobraría el Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales del PP.

Diez o doce Juntas de Distrito del PP en la Ciudad de Alicante y la inexistencia de una Junta Local  de la ciudad tendrá varias consecuencias:

1º La ciudad de Alicante carecerá de peso y entidad propia en el conjunto del Partido Popular de la Provincia de Alicante.

2º Los afiliados populares de Alicante estarán discriminados respecto a los afiliados populares de otras grandes ciudades de la Provincia.

3º No existirá una única voz popular en la ciudad de Alicante.

Es evidente que la inexistencia de una organización popular para toda la ciudad de Alicante imposibilitará la elaboración de las políticas del Partido Popular para el conjunto de la ciudad. ¿O acaso piensan en la Provincial usurpar ese papel a los afiliados de la ciudad? ¿Habrá diez o doces voces populares según el barrio? No tiene sentido. La ciudad de Alicante necesita un Partido Popular fuerte, capaz de desarrollar un proyecto de ciudad global, único y de sacarla de su actual atonía y ausencia de liderazgo.

Desde la candidatura “Esperanza Popular” es lo que estábamos construyendo: un proyecto regenerador de la política interna del partido, un proyecto nacido desde la militancia, no desde las moquetas oficiales, un proyecto basado en la participación, en el debate y en la democracia interna, un proyecto capaz de imponer el Código Ético a todos sus cargos públicos y de impulsar las políticas necesarias para volver a situar a Alicante en el lugar que se merece. Y en la Dirección Provincial tenían conocimiento de ello. Lucharemos ahora para que cumplan con los Estatutos Nacionales y para que potencien nuestra Junta Local, la Junta de nuestra Ciudad, para que nos la devuelvan. Y si no lo conseguimos, la candidatura “Esperanza Popular” se presentará en todos los distritos, con un mismo programa para toda la Ciudad.

Si a los afiliados de Alicante nos hubiesen contado hace tres meses en el Congreso provincial que se iban a cargar nuestra organización local, a lo mejor no habríamos votado a quienes votamos. Hay cosas que no se deberían ocultar. Hacerlo dice muy poco en favor de quien lo hace.

Santiago de Munck Loyola

¿Desafección hacia la clase política? No, puro rechazo.

Parece ser que últimamente los dirigentes del Partido Popular y del PSOE han empezado a detectar lo que algunos llaman la “desafección” de una gran parte de los ciudadanos hacia la clase política y que, en consecuencia, van a estudiar el asunto para intentar corregirlo. O sea, que han tardado pero empiezan a notar algo que para cualquiera era evidente: que muchos ciudadanos están profundamente “cabreados” con la clase política. Y fieles a su proverbial sentido de Estado los dirigentes de los partidos mayoritarios han empezado por done siempre, por culparse mutuamente del progresivo rechazo que la clase política genera en la gente. Sólo falta que para completar sus costumbres el anunciado estudio conjunto de medidas para abordar el problema se haga mediante la constitución de una comisión parlamentaria a 600 € de dietas por asistente. Ya lo decía Napoleón, “si se quiere que un asunto no prospere, forme una comisión de estudio”. Y tan felices.

Una vez más, parece que la clase política no se da cuenta del verdadero alcance del problema que puede suponer el creciente rechazo que provoca en los ciudadanos y que es incapaz de aprender de la experiencia italiana en los años 90 que supuso el derrumbamiento electoral de los partidos tradicionales o de otras experiencias en las que los populismos han barrido partidos e instituciones.

Nuestra sociedad se ha empobrecido enormemente y los continuos recortes provocan un profundo malestar y un rechazo cada vez más generalizado. Los españoles pagamos hoy las consecuencias de la mala gestión de la clase política mientras que ésta sigue inalterable instalada en sus privilegios. Es la clase política la que ha dispuesto la construcción de aeropuertos vacíos, de autopistas que nadie usa o de edificios e instalaciones insostenibles y lo ha hecho sin tener el dinero necesario para ello, pidiéndolo prestado. Ahora, no sólo hay que devolver ese dinero sino que, además, hay que pagar unos intereses anuales que se comen el presupuesto público. La mala gestión de la clase política la sufrimos todos los ciudadanos y, sobre todo, los que cuentan con menos recursos.

Es normal que la mala gestión de los políticos provoque un mayor distanciamiento de los ciudadanos hacia ellos, pero no es sólo eso. Es que, además, nuestra clase política no ha hecho la más mínima autocrítica. Aquí nadie ha tenido la honestidad intelectual de reconocer los errores y de pedir, en consecuencia, perdón a los ciudadanos. O culpan al adversario de los problemas o, en algunos casos, se envuelven en la bandera regional para ocultar su profundo fracaso y engatusar a su opinión pública con quimeras antihistóricas. Y no contentos con ello, nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, sigue instalada en un mundo de auténticos privilegios que suponen un agravio y un insulto permanente hacia sus víctimas, los sufridos ciudadanos. Es francamente improbable que sin un verdadero ejercicio de autocrítica nuestra clase política sea capaz de corregir su rumbo.

Son muchas las cosas que deben cambiar para intentar recuperar la confianza y la credibilidad del conjunto de los ciudadanos. Y lo primero que tendrían que asumir es que sin ejemplaridad sobra todo lo demás. Ante millones de ciudadanos asfixiados por subidas de impuestos, por el desempleo o por recortes en servicios esenciales es imprescindible que la clase política ofrezca un ejemplo de sacrificio y de austeridad y debe hacerlo, además, porque ella es la causante de nuestros males.

¿Sobran políticos? Es probable, pero no es ése el único problema. ¿Podemos gastarnos 350 millones de euros al año en sostener los Parlamentos Autonómicos? Puede que no. Son preguntas cuyas respuestas requieren un estudio mucho más profundo y cuya solución sólo puede pasar por un amplio consenso político y social. Sin embargo, hay otros aspectos más inmediatos que sí podrían suponer un gran paso hacia la ejemplaridad de la clase política. Es el caso de las retribuciones con dinero público. Hay que terminar de una vez con los abusos. En un país arruinado las administraciones públicas no pueden seguir pagando salarios por encima de los 70.000 € que cobra el Presidente del Gobierno. Es también el caso de los privilegios fiscales de los parlamentarios ¿por qué no tributan en el IRPF como cualquier ciudadano? ¿No conocen la diferencia entre inmunidad parlamentaria e impunidad? Es igualmente el asunto de las pensiones. Mientras que a los ciudadanos se nos endurecen los requisitos y períodos para cobrar una determinada pensión ¿por qué hay que consentir que nuestros parlamentarios puedan cobrar la pensión máxima con sólo 11 años cotizados? ¿Por qué no se someten al régimen general? Es el régimen de incompatibilidades, por ejemplo, que permite que parlamentarios y políticos cobren con cargo al erario público dos o más retribuciones disfrazas como indemnizaciones, pensiones o salarios. Nuestros parlamentarios cobran sus sueldos íntegros y, sin embargo, simultanean su actividad parlamentaria con dedicaciones privadas. Pues no, en las actuales circunstancias no se lo pueden permitir. Les pagamos un sueldo íntegro para que se dediquen exclusivamente a su labor y si no les parece suficiente que renuncien al escaño. Es el caso de los coches oficiales, de los viajes gratis total, de los consejos de administración, de los teléfonos gratuitos, de las dietas por alojamiento teniendo casa propia en la capital, los taxis a cargo de los contribuyentes,… La lista de privilegios prescindibles sería muy extensa y si no la recortan, como nos recortan nuestros sueldos y prestaciones, el rechazo hacia la clase política seguirá creciendo. Y del rechazo a la expulsión hay muy poquito.

Necesitamos una clase política ejemplar y ésta no lo es. Una clase política que haga su trabajo, que cobre por él, que no se beneficie de aquello que no pueden disfrutar los ciudadanos, que, en definitiva, tenga la autoridad moral y la legitimidad de ejercicio suficiente como para poder pedirnos sacrificios a todos.

Santiago de Munck Loyola

Sobre la Alcaldesa de Alicante: un análisis demoledor.

El pasado domingo, 7 de octubre, el Diario El Mundo, bajo el titular “La última Alcaldesa en aferrarse al cargo” publicó un demoledor artículo de Héctor Fernández que plantea no pocas interrogantes y deja perplejo a cualquier afiliado del Partido Popular sobre los oscuros “manejos” que se producen en su interior. El artículo en cuestión empieza así: “Sonia Castedo se ha convertido en una piedra en el zapato de José Ciscar, Alberto Fabra y María Dolores de Cospedal. O lo que es lo mismo, de todas las estructuras del PP, desde la provincial hasta la nacional pasando por la autonómica. Su negativa a dimitir como primera edil de Alicante después de la imputación de tres graves delitos, tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada, y de que tenga la ciudad paralizada a la espera de su horizonte panal, se ha planteado como un pulso a las diferentes cúpulas del partido que en otros casos han enseñado ya la puerta de salida a los imputados”.

Poco más adelante continúa afirmando que “Alberto Fabra ha sido inflexible con altos cargos de la Generalitat dependientes directamente de él, como es el caso del cese inmediato del ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, por su imputación en el caso Noós… Por eso, lo que muchos en el partido se preguntan es ¿por qué Castedo se le resiste?”

El articulista ofrece cuatro razones para explicar esa resistencia de la Alcaldesa de Alicante:

“1º Maneja los tiempos del Partido en vez de que sea al revés. Castedo, pese a sus errores mediáticos, está siendo habilidosa en el manejo de los tiempos. Ha conseguido que solo haya un interlocutor, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, entre el Presidente Regional y ella. Y le ha arrancado el compromiso de protegerla mientras no haya nuevas decisiones judiciales. Ciscar está dispuesto a aplazar la Asamblea del PP de Alicante lo máximo para permitirle presentarse en el supuesto de que se archive la causa. En caso contrario, o promociona a su delfín, Carlos Castillo, como Presidente local o dividirá el partido en distritos para que no haya ningún contrapoder a la estructura provincial…

2º Juega con el miedo del PP a una escisión en Alicante…. Además, ha extendido la amenaza que si se le obliga a dimitir podría presentarse en 2015 como independiente y arrebatar la Alcaldía al PP…

3º El PPCV y la Generalitat tienen sus propios problemas…. Gürtel, Noós y Cooperación…

4º Se ha convertido con el paso de los años en la “líder” de los críticos con Fabra en la Provincia.

Para concluir su análisis, el articulista ofrece una última explicación para la numantina resistencia de la Alcaldesa:

Sin ninguna salida fuera de la política.

“No se va porque no tiene donde irse” dicen sus compañeros. Y es que Castedo no tiene profesión fuera de la política. … A esto se añade que durante este año ha intentado colocar a su marido desempleado (Arturo Soto “Turi”, de profesión transportista) en la Diputación, sin éxito.”

De todas estas razones expuestas en este periódico no se puede admitir ninguna con el peso suficiente para explicar, no la esperada resistencia de la Alcaldesa a presentar su dimisión, sino la falta de un pronunciamiento claro y contundente, de un gesto inequívoco de reprobación por parte del Presidente Regional y del Presidente Provincial. Si se diese por válida la primera razón, el manejo de los tiempos, deberían sonar todas las alarmas en el Partido Popular ya que sólo cabría preguntarse qué fuerza oculta la Alcaldesa, qué arma tan poderosa esconde como para doblegar al Presidente Provincial y obtener de él su protección hasta el punto de condicionar el calendario para la elección de un nuevo Presidente Local de Alicante, para imponer en su caso al delfín de Sonia Castedo, Carlos Castillo, (más de lo mismo) o para dividir a la ciudad en distritos agraviándola, una vez más, en relación a la ciudad de Elche, por ejemplo. Cualquiera de estas tres opciones sería no sólo una muestra de debilidad de la Dirección Provincial sino, además, un claro desprecio a los derechos de los afiliados de la Ciudad de Alicante a los que se demostraría que nada ha cambiado tras el Congreso Provincial, que sobreviven hábitos caducos y podridos en la forma de hacer política.

Es muy poco probable que alguien pueda tener miedo a una hipotética escisión del PP Alicantino liderada por alguien imputado y que hasta el día de hoy ha demostrado una clara incapacidad para liderar un proyecto de ciudad y cuyo estilo político se aleja cada día más de las exigencias morales que el servicio público impone. Las convocatorias electorales están llenas de cadáveres políticos de muchos que un día se creyeron por encima de las siglas de su partido y que llegaron a creerse valores políticos “per se”.

Es evidente que su perfil profesional o, mejor dicho, su incapacidad para ganarse la vida fuera de la sombra del poder condiciona enormemente el paso de la dimisión en la Alcaldesa de Alicante. Pero ni esa, ni ninguna de las otras razones pueden servir de excusa para que la Dirección Provincial adopte una postura pública clara y tajante, salvo que haya algo más que esconder. Si la política del Presidente Fabra es “aparcar” a los imputados, la Alcaldesa de Alicante no puede ser una excepción. Si no quiere dimitir como Alcaldesa (podría conservar su asiento de concejal hasta que se diluciden las causas penales contra ella y volver al primer asiento en el caso de que salga limpia), la Dirección Provincial tiene la obligación moral, ética y política de pedir su dimisión y, en su caso, de ordenar una moción de censura a los concejales populares. Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Todo lo que no pase por ahí son paños calientes inaceptables para cuantos propugnamos transparencia, honestidad, democracia interna y participación en el seno del Partido Popular.

No es de extrañar que con la pasividad de muchos, los silencios de algunos y la trayectoria de unos pocos, hoy mismo, algunas encuestas (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/valencia/1349726507_027630.html) pronostiquen un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana anunciando una próxima mayoría de izquierdas. Y seguramente así será si no se actúa de forma ejemplar, si no se recupera la sintonía con los ciudadanos cansados de una clase política, responsable de la crisis, y enrocada en su mundo de privilegios y conspiraciones. La izquierda valenciana está encontrando a sus mejores aliados en los Alperi, Castedo, Blasco, etc. y algunos no nos vamos a resignar a ello (https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts).

 

Santiago de Munck Loyola

Mi calle.

“Todos tenemos un banco, un árbol, una calle en la que hemos mecido nuestros sueños” decía el estribillo de una canción que ganó el Festival de Eurovisión allá por los años setenta. En mi caso es cierto. A mediados del año 1963 nuestros padres trasladaron el domicilio familiar de Colmenar Viejo a Madrid, en el distrito de Chamartín. Nuestra casa era un adosado con garaje y dos plantas. La calle en la que estaba situado se llamaba, curiosamente, Plaza de los Castaños. Ni se trataba de una plaza ni había castaños en las proximidades. Era una calle corta, con árboles a ambos lados de la misma, las anchas aceras tenían parte del suelo con tierra. Había sólo seis viviendas a un lado de la calle y al otro la parte trasera de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora compuesta por los despachos parroquiales, las viviendas de los sacerdotes y del sacristán y la entrada a un gran patio de arena de la Parroquia en el que los chavales del barrio jugaban al fútbol hasta que a finales de los años ochenta un párroco, D. Jesús Pérez de Miguel, decidió que era más productivo para la obra de Dios dedicarlo a aparcamiento para vehículos que al esparcimiento de la chiquillería del barrio.

Con el paso de los años, la calle perdería su denominación de plaza y pasaría a ser la prolongación de la Calle Gabriel y Galán. En una calle tan corta, con seis viviendas, vivíamos más de 20 chavales por lo que pronto se convirtió en un lugar de juegos y de encuentro para muchos niños del barrio. Desde pequeño casi el peor castigo que uno podía recibir era no bajar a la calle mientras esta rebosaba de vida. En las zonas de tierra construíamos larguísimas carreteras para hacer carreras con cochecitos o para jugar con las chapas. El Tour, el Giro o la Vuelta a España se reproducían año tras año con resultados muy diferentes a los oficiales. Había quien se preparaba chapas de verdadero lujo: el fondo con la foto de un ciclista recortada de un cromo y sobre ella un trozo de cristal bien redondeado tras horas de lijado contra el bordillo de granito y sellado con jabón. Las partidas de canicas también constituían todo un evento social. Canicas de cristal con llamativos colores dentro o de barro cocido se ponían a veces en juego y solían terminar en la bolsita de tela del ganador.

Durante los primeros años, solían pasar ovejas que eran conducidas a pastar a lo que años más tarde sería el Parque de Berlin. La calle se convertía todos los veranos en una improvisada pista de tenis. Había tan poca circulación que extendíamos una cuerda de una acera a otra y jugábamos partido tras partido. Fue aquella calle para muchos de nosotros la pista de aprendizaje para montar en bicicleta o en patinete. Una BH para nueve hermanos no da para mucho pero hacíamos turnos o, al menos, lo intentábamos. También, la suave pendiente que había en el inicio de la calle sirvió para las primeras prácticas con los patines. Los nuestros tenían ruedas metálicas y hacían un ruido tremendo. Poco después aparecieron los de lujo: patines con ruedas de goma que se deslizaban silenciosamente.

Con el tiempo instalaron un banco de madera y se convirtió en el lugar de encuentro para muchos chavales del barrio. En verano la calle se llenaba sobre todo al atardecer hasta bien entrada la noche. Hacíamos un paréntesis para la cena y, a veces, ni siquiera éso ya que nos bajábamos el bocadillo. La calle se llenaba de distintos grupos formados según la edad: los pequeños, los medianos y los mayores. A veces, según el juego o la actividad los grupos se entremezclaban. Se jugaba al churro, al palo envenenado, al escondite inglés o a la correa. En ocasiones, alguien llevaba una guitarra y cantábamos canción tras canción. Los primeros cigarrillos, los primeros flechazos, los primeros celos o los primeros desengaños de muchos nacieron en aquella calle. Desde los quince hasta los diecinueve años, más o menos, esta calle fue mi club, un punto de encuentro obligado con amigos. Fue también la sede de mi Grupo Scout cuyo local estaba en el sótano de la Parroquia. Era algo más que una simple calle, un lugar de juegos, de fiestas, de verbenas Scouts cada mes de junio. Punto de partida y de llegada de excursiones y campamentos. En aquel banco, bajo aquellos árboles y en aquella calle se mecieron mis sueños, disfruté de mi familia y abracé recuerdos inolvidables.

Santiago de Munck Loyola

Los empleados públicos chivos expiatorios.

Parece que en esta crisis los empleados públicos se han convertido en una especie de chivo expiatorio al que inmolar sobre el altar de los recortes. Es como si todo gobierno que se precie tuviera la necesidad o la obligación de propinar a este colectivo un pescozón para general deleite de la opinión pública. ¿Que los políticos han despilfarrado y han malgastado el dinero de los contribuyentes? Pues nada, siempre se empieza por congelar o recortar las retribuciones de los empleados públicos. Eso sí, de forma previa es preciso contar con la atmósfera adecuada y ningún ambiente más propicio para ello que el existente con más de cinco millones de parados en el que calan perfectamente toda clase de mensajes: que sobran muchos empleados públicos, que no trabajan lo exigible, que se lo llevan crudo, que tienen mucho absentismo laboral o que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo. Una vez se ha predispuesto adecuadamente a la opinión pública se produce el cíclico hachazo que generalmente es recibido con alborozo y satisfacción de muchos.

Es evidente que la imagen de los empleados públicos no se encuentra en esta época en sus mejores momentos. Es muy posible que a ello también haya contribuido la irresponsabilidad o la cara dura de algunos empleados públicos. Es cierto que existen en algunos ámbitos determinados abusos, pero si es así los responsables son los mandos, generalmente los políticos, que no han puesto remedio a estas situaciones, bien porque no han querido o bien porque no han sabido. A buenas horas un empresario permitiría que, día tras día, sus empleados llegasen dos horas tarde a trabajar como ocurre en algunos juzgados, por poner un ejemplo, o que sus trabajadores se llevasen a casa para uso particular materiales de la empresa, como ocurre en algunos hospitales o centros de salud, por poner otra ejemplo. A ningún buen empresario tampoco se le ocurriría poner a dirigir una fábrica o una tienda a personas sin la más mínima preparación por el simple hecho de pertenecer al mismo club de fútbol y, sin embargo, estamos hartos de ver cómo el simple hecho de poseer un determinado carnet político o la simple amistad sirve para ostentar máximas responsabilidades en muchos ámbitos públicos. Parece pues que existe una evidente responsabilidad en el consentimiento de determinados abusos por parte de algunos empleados públicos, abusos que en todo caso se producen por culpa o negligencia de la clase política y cuya difusión mancha la imagen del conjunto de servidores públicos. Y si a ello se añade la irracional pretensión de algunos políticos de identificar la gestión privada como paradigma de todas las bondades entonces podremos hacernos una clara idea de que detrás de esta mala imagen existe algún interés oculto.

Pese a todo, la realidad de la función pública es mucho más compleja de lo que evidencian las simplificaciones interesadas que circulan por ahí. Los empleados públicos también pueden perder sus puestos de trabajo, claro que sí. Con más o menos dificultad según su carácter funcionarial o laboral, pero pueden perderlo en determinadas ocasiones. Esa justificación de que son unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto no pasa gran cosa porque se les recorte el sueldo es falsa. Parece increíble, que el patrón de patronos, el Sr. Rosell, afectado por algún tipo de fobia funcionarial, pidiese hace unos meses sacrificios a los empleados públicos justificándolo precisamente "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios". Afirmaba pomposamente que "no es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante". Y se quedó tan ancho mientras sigue percibiendo subvenciones que pagamos todos. Pues bien, desde 1982 a 2007, sin contar los sablazos del Sr. Zapatero y los últimos del Sr. Rajoy, los empleados públicos han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo. ¿Más sacrificios?

Y forman parte de esta función pública a la que hay que seguir recortando para regocijo del personal los Policías, los Guardias Civiles o los soldados que nos protegen y a veces a costa de su propia vida, los bomberos y agentes forestales que mueren cada año en los pavorosos incendios que nos asolan cada verano, las trabajadores sociales que se ven desbordados para atender a los cientos de miles de personas arruinadas por la gestión de los políticos, el personal sanitario en cuyas manos ponemos nuestras propias vidas, el personal docente al que confiamos a nuestros hijos, las miles de personas que mantienes habitables nuestras calles o todos aquellos que nos resuelven la complicada burocracia que nos imponen unos dirigentes políticos incapaces de construir una sociedad más racional, por citar algunos ejemplos. No, los empleados públicos no son una cuerpo informe y abstracto idóneo para cualquier ocurrencia presupuestaria.

Hay quien dice que sobran, como mínimo, 500.000 empleados públicos en España. No lo sé. Puede que sea así pero una cosa es indudable: si queremos recibir unas prestaciones públicas de calidad, los empleados públicos son imprescindibles y deben ser tratados justamente. Es evidente que existen sectores no esenciales, en concurrencia desleal con el sector privado y además permanentemente deficitarios que podrían ser perfectamente prescindibles sin que se resientan los pilares básicos de una sociedad moderna, es decir, la sanidad, la educación y la atención social. Pero da la casualidad de que es precisamente en aquellos sectores  no esenciales donde los Partidos Políticos han encontrado un auténtico filón para colocar a sus huestes prescindiendo, además, de los principios para el acceso a la función pública. Hay quien prefiere, por ejemplo, recortar el personal sanitario de su Comunidad Autónoma antes que cerrar las seudoembajdas abiertas por medio mundo en las que familiares y amigotes encuentran una colocación a medida. Un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Santiago de Munck Loyola

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?

Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola