La fortaleza y vitalidad de una sociedad democrática puede medirse por la variedad, independencia y fuerza del tejido asociativo que la compone. Hay una gran diferencia entre la pluralidad e independencia de los movimientos y asociaciones que se generan y desarrollan en las sociedades anglosajonas y el tejido asociativo que sobrevive en nuestra sociedad. Muchas veces, a lo largo de la historia, los movimientos asociativos en aquellas sociedades han servido de contrapeso al poder político, controlándolo y moderándolo gracias, fundamentalmente, a su enraizamiento social y a su independencia.
Sin embargo, en España, la tendencia que se manifiesta en la mayoría de las ocasiones es la inversa: es el poder político, en cualquiera de sus niveles, el que intenta moderar y controlar al movimiento asociativo. Y lo hace principalmente a través del control económico del mismo, a través de la subvención. La ausencia de una identificación fuerte entre las asociaciones y los ciudadanos, la tendencia al crecimiento burocrático de esas organizaciones y la falta de una auténtica conciencia social asociativa conduce a una evidente debilidad estructural de las mismas que les impide funcionar sin ayudas económicas externas y, por tanto, a depender económicamente del poder político para poder subsistir. Papá – Estado pone el dinero de los ciudadanos, que evidentemente no quieren voluntariamente asociarse, al servicio del funcionamiento de esas mismas asociaciones y movimientos ignorados por los contribuyentes. Y así cientos de millones de euros salen de las arcas públicas para subvencionar todo aquello que los contribuyentes no quieren mantener en su vida cotidiana.
Claro que quienes dirigen el Estado padecen el mismo problema. Lo mismo pasa con aquellas entidades que debían ser la columna vertebral de la participación y la democracia: los partidos políticos y los agentes sociales. Recién estrenada nuestra democracia y recién salidos de la clandestinidad podría considerarse no sólo normal, sino absolutamente necesario, que partidos políticos y agentes sociales recibiesen ayuda económica para funcionar y poder consolidar un régimen político participativo. Pero, transcurridos más de 30 años ¿sigue siendo necesario? Los partidos políticos han recibido del Estado en 2010 cerca de 84 millones de euros y en 2011 recibirán más de 131 millones de euros. A esas cantidades hay que sumar, además, las percibidas de las CCAA y de los Ayuntamientos que financian a los grupos municipales (y hay más de 8.000 ayuntamientos en España) ¿Cómo es posible que un Partido como el PP que dice contar con más de 700.000 afiliados necesite del dinero del contribuyente para sobrevivir? ¿Es que el PSOE, el PP, IU y los demás partidos no pueden vivir sin dinero público? Si después de 30 años, los ciudadanos no quieren mantenerlos voluntariamente es que algo se ha hecho muy mal en nuestra democracia. Sus lujosas sedes, sus desaforados gastos electorales, sus cientos o miles de empleados deberían ser sostenidos exclusivamente con el esfuerzo y el compromiso de sus afiliados. Y deberían ajustar sus estructuras y gastos a su capacidad de movilización de adhesiones y, por tanto, de financiación. Lo demás es una farsa a costa del contribuyente.
Y otro tanto cabe decir de sindicatos y organizaciones empresariales. UGT y CCOO, ellas solas, han manejado 193 millones de euros de fondos públicos en 2009. En el presente año, CEOE recibirá 13, 29 millones de euros de subvenciones para fines como el capítulo de formación; las ayudas destinadas a apoyar la promoción de las empresas en el exterior o en concepto de representación institucional de la patronal. ¿No deberían sostenerse con las cuotas de sus afiliados? Yo creo que sí. ¿Qué clase de empresarios tenemos que necesitan del dinero de los contribuyentes para mantener su asociación? Estos empresarios que se reparten miles de millones de euros de beneficios de sus empresas, que viajan en aviones privados, que disfrutan de enormes fortunas ¿necesitan del dinero recaudado a los asalariados para mantener sus lujosas sedes? ¿Qué clase de estado mantenemos que da dinero a los millonarios cuando hay tantas necesidades básicas sin cubrir?
Y qué decir de las mutimillonarias ayudas entregadas a las entidades financieras. Las cifras son tan escandalosas como la ausencia de transparencia sobre el procedimiento seguido.
Lo cierto es que partidos políticos y agentes sociales no cuentan con el respaldo popular suficiente como para autofinanciarse y usan el estado para hacerlo. La brecha entre su posición y la realidad social es cada vez mayor. Pero, claro, ahí no acaba la cosa. La regla imperante es que todo aquello que no es respaldado por el ciudadano recibe del Estado lo que los ciudadanos le niegan. Que la gente no ve películas españolas, pues no pasa nada, a tirar de subvenciones. Así, el 40 % de las películas que se ruedan en nuestro país no se estrenan o tienen menos de 100 espectadores. El Ministerio de Cultura en 2008 repartió 85 millones de euros, 87 en 2009 y en 2010 estaba previsto subir la cifra hasta los 89,4 millones de euros. Es decir, las entradas de cine que no pagan los ciudadanos porque el cine hecho no les gusta son pagadas con creces por el Estado. Ah, y 600.000 euros para los guionistas en 2010. Luego resulta que según la Inspección Tributaria el cuarto grupo de profesionales que más defrauda a Hacienda es el de los Artistas. ¿Por qué hay que subvencionar al cine que los ciudadanos no quieren ver? ¿Se subvenciona a los escritores, a los pintores, a los escultores o a los compositores? ¿Por qué unos sí y otros no?
Y hablando de subvenciones se podría seguir extendiendo la lista de beneficiarios. Hay muchos. Pero lo cierto es que los recursos son cada vez más escasos y que es preciso de una vez decir basta ya. No se puede seguir ordeñando más la vaca estatal porqué está exhausta. Y existen sectores sociales mucho más necesitados que los partidos políticos, los agentes sociales o los artistas. Es hora de que el Estado y los que lo dirigen sean de verdad solidarios y justos. Así no se puede seguir.
Santiago de Munck Loyola
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