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jueves, 9 de febrero de 2023
Aguas de Alicante sube ilegalmente la tarifa del agua potable un 14,5% y el servicio de alcantarillado hasta un 950% en Monforte del Cid.
miércoles, 1 de febrero de 2023
Efectos indeseables, previsibles e irrevocables.
Pocos casos se habrán dado de una Ley tan malparida y con efectos tan indeseables como el de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Más de 330 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y 30 han salido a la calle por obra y gracia de la entrada en vigor de esta Ley. Es indudable que con su entrada en vigor se pretendía proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual o, al menos, eso decían. No había más que contemplar en los medios de comunicación la autocomplacencia de las diferentes facciones del Gobierno y la patética competición entre ellas para atribuirse los méritos sobre su paternidad. Pero, lo cierto es que no pudieron hacerlo peor. Esta Ley no protege mejor a las víctimas. Es evidente. Y ahora la parte socialista del Gobierno, con muchos meses de retraso, se abre a la posibilidad de enmendar su propia ley aludiendo a lo que llaman sus efectos indeseables. Y éstos no son otros que los derivados de la aplicación de los principios jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico: el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo recogido no solo en el Código penal sino también reconocido por el artículo 9.3 de la Constitución Española. Vamos, de primero de carrera.
Pues sí, sus efectos son indeseables y son una auténtica burla a las víctimas de esos delincuentes sexuales, pero no pueden engañarnos. Los efectos de la entrada en vigor de esta bazofia legislativa han sido, son y serán durante años indeseables, pero eran perfectamente previsibles para cualquier persona con un mínimo de nociones jurídicas.
Y aunque lo intentan, los miembros del Gobierno no pueden alegar, sin mentir una vez más, que los efectos indeseables eran imprevisibles porque debían saberlo y porque los informes jurídicos previos, como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a la aprobación de la Ley ya preveían dichos efectos negativos para las víctimas y beneficiosos para los delincuentes sexuales condenados.
Las chapuzas de esta reforma legislativa no se limitan a las rebajas de penas que benefician a determinados delincuentes sexuales, sino que también alcanzan a otros aspectos que misteriosamente silencian los medios de comunicación. Es el caso de los delitos cometidos por menores edad. Tanto la jueza de menores de Madrid, Eva Saavedra, como el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco García Ingelmo, han advertido recientemente sobre la mayor dureza con la que castiga esta Ley del “solo sí es sí” a los menores respecto a los adultos cuando cometen determinados tipos sexuales. Se da el caso de que mientras que el adulto por la comisión de un delito sexual recibe una pena de prisión de seis meses o incluso una multa, en el caso de los menores no baja de un año de internamiento en un centro. Algo que va en contra no solo de la propia legislación española, sino del propio Derecho Internacional ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, establece que un menor de edad no podrá ser penado en peor condición que un adulto.
Sinceramente, no tienen vergüenza alguna y su empatía con las víctimas de agresiones sexuales es similar a la de un mejillón. Se permiten el lujo de bromear sobre las excarcelaciones y no cesan de mentir buscando endosar su responsabilidad a cualquiera: que si el problema son los jueces machistas, que si no hay problema alguno y que se trata de una campaña orquestada por la derecha política, mediática o judicial, que si se trata de un simple desajuste propio de la aplicación de una Ley nueva, que si los jueces no saben hacer su trabajo, etc. Todo menos reconocer su responsabilidad y su culpa.
Hay que decir las cosas claras, los daños ocasionados por la Ley del “sólo sí es sí” son indeseables como también son irremediables tanto como previsibles. Y por mucho “retoque” o reforma que vayan a introducir, solo una declaración judicial de nulidad por haber prescindido de algún informe preceptivo en su tramitación podrá anular todos sus efectos. Algo que no parece posible que vaya a ocurrir. ¡Vaya legado que la izquierda sanchista nos ha dejado!
Santiago de Munck Loyola
lunes, 19 de diciembre de 2022
EL PAR PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MONFORTE DEL CID.
EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN UN CASO QUE TERMINÓ EN UNA HERENCIA PARA LA ALCALDESA Y SU HERMANO.
Hoy, el Partido Alicantino Regionalista, ha presentado por registro una moción para que el Pleno del Ayuntamiento ordene a la alcaldesa entregar a un ciudadano la documentación sobre su madre que solicitó hace 276 días sin haber recibido respuesta alguna del Ayuntamiento. Se trata del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria de la madre del solicitante que ya tuvo que esperar 222 días a que la alcaldesa le entregase el expediente correspondiente a su tía, fallecida en 2017, y a la que sorprendentemente heredaron la alcaldesa de Monforte del Cid y su hermano, adjudicándose dos viviendas y más de 40.000 €. Se da la circunstancia, además, que el expediente que recibió este ciudadano no contenía los informes preceptivos para el otorgamiento del servicio de ayuda, como tampoco ningún informe de seguimiento del estado de dicha anciana y ni siquiera se había tramitado a través de la plataforma electrónica del Ayuntamiento lo que impide verificar su autenticidad. Según el único informe emitido a posteriori por los servicios sociales les bastaba la información sobre la anciana que les transmitía la madre de la alcaldesa que junto a su marido y su hijo se habían instalado a vivir en la casa de dicha anciana, algo absolutamente escandaloso.
Por ello, la moción del PAR se ha presentado con el fin de que, por una parte, el Ayuntamiento cumpla la ley, a pesar del obstruccionismo de la alcaldesa, y se forme una comisión de investigación que investigue el irregular e ilegal proceder de los servicios sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid.
TEXTO DE LA MOCIÓN PRESENTADA.
MOCIÓN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
Han pasado 276 días desde que D. Manuel Jesús Martínez Limiñana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid una copia del expediente del Servicio de Ayuda Domiciliaria prestado por los Servicios Municipales a su madre Dª Concepción Limiñana Boyer sin que hasta el día de hoy se le haya contestado a dicha solicitud. Ya cuando este ciudadano pidió la copia del mismo expediente relativo a su tía, Dª Teresa Limiñana Boyer, tuvo que acudir al Síndic de Greuges para lograrlo y lo obtuvo tras 222 días de espera, algo inaudito y a todas luces ilegal. Hay que resaltar que el supuesto expediente entregado no reúne ni uno solo de los requisitos legamente establecidos y ni tan siquiera puede constatarse su autenticidad pues no ha sido tramitado por la plataforma Gestiona, algo altamente sospechoso pues hace casi diez años que los expedientes han de tramitarse a través de dicha plataforma.
Es evidente que se están produciendo graves anomalías imputables a dos causas: la primera, el obstruccionismo de la alcaldesa que, habiendo heredado junto a su hermano los bienes de Dª Teresa Limiñana Boyer a la que condujo personalmente a hacer testamento (impidiendo, por cierto, que momentos antes el Técnico de Administración General, emparentado con ella, pudiera ni tan siquiera saludarla), no está dispuesta a que salgan a la luz las irregularidades cometidas por los servicios sociales a su cargo. La segunda, la deficiente actuación de los servicios sociales que permitieron que la familia de la alcaldesa se instalase (padre, madre, hermano y perro) en la vivienda de la anciana, con el pretexto infantil de cuidarla, que no realizaron ninguna visita a la anciana para comprobar su estado y que, según informe escrito, sabía del estado de la misma por las informaciones que les daba la ocupante de la vivienda de Dª Teresa, es decir, la madre de la alcaldesa. ¿Es esto normal en un servicio público de asistencia social? ¿Es normal que no conste ningún rastro digital de sus actuaciones?
Y ahora, tras 276 días de espera, ¿Es normal que no se entregue a un ciudadano el expediente municipal sobre su propia madre?
Todo ello exige una intervención del Pleno del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la información de un ciudadano y para investigar la actuación de los servicios sociales municipales exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar, por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Disponer la entrega en un plazo no superior a tres días de la copia del Expediente del Servicio de Ayuda a Domicilio de Dª Concepción Limiñana Boyer a D. Manuel Jesús Martínez Limiñana.
Segundo.- Constituir una Comisión de Investigación compuesta por un miembro de cada Grupo Municipal y presidida por un concejal de la oposición para investigar la actuación de los servicios sociales en los casos de Dª Teresa Limiñana Boyer y Dª Concepción Limiñana Boyer.
En Monforte del cid, a dieciocho de diciembre de 2022.
lunes, 12 de diciembre de 2022
2023: un año para la esperanza.
Y a ello, los alicantinos hemos tenido que añadir un maltrato presupuestario sin precedentes del Gobierno de España que ha colocado a nuestra Provincia en el último lugar de inversión por habitante de toda España: 3.550 millones de € de déficit en 15 años. Maltrato que se suma al impuesto por la Generalidad de Valencia con una constante discriminación presupuestaria, con su imposición lingüística en una provincia mayoritariamente hispanoparlante, con la menor ratio de profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana y con el desmantelamiento de servicios públicos, como los servicios de emergencia (CICUS) para su traslado a Valencia. Pero también se acaba este año con un atisbo de esperanza: el 32 % de los alicantinos ya desea según una reciente encuesta, como respuesta a lo anterior, que Alicante se constituya como Comunidad Autónoma Uniprovincial. Un objetivo más que saludable para quienes aspiramos a vivir en un Alicante español, lejos de la órbita pancatalanista, integrado e integrador, orgulloso de sus raíces plurales y plenamente capacitado para decidir su futuro sin depender de Valencia.
Santiago de Munck Loyola
Presidente del Partido Alicantino Regionalista
martes, 15 de noviembre de 2022
EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE MIEMBROS DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE SE PERSONARON EN EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y TRAS MÁS DE 10 HORAS SE LLEVARON DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.
(ANTE LA CENSURA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALICANTINOS REPRODUZCO LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA AYER POR EL PAR)
Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido la visita de varios miembros de la Agencia Valenciana Antifraude quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde requiriendo la entrega de expedientes administrativos al Gobierno Municipal, examinándolos y llevándose varios de ellos.
Todo parece indicar que esta actuación contra la corrupción de la Agencia Valencina Antifraude viene motivada por dos denuncias del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ante los juzgados de Instrucción y ante la propia agencia por dos acuerdos urbanísticos adoptados por el consistorio que han supuesto pérdidas millonarias tanto para la Generalitat Valenciana como para el propio Ayuntamiento monfortino así como un “pelotazo” superior a los 5 millones para la empresa que contrató al marido de la alcaldesa en plena pandemia.
La primera denuncia del PAR fue presentada el 18-3-2021 (Diligencias previas 167/21), ampliada el 8 de noviembre del mismo año, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente contra la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás responsables por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de enero de 2021 aprobando definitivamente el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. Este Convenio supuso una pérdida de más de 1.200.000 euros de ingresos al Ayuntamiento. Una segunda ampliación de la denuncia fue rechazada por el juzgado dado que la naturaleza de los hechos requería una instrucción independiente. Igualmete el juzgado señaló que dada la complejidad técnica del asunto se había requerido a la Agencia Valenciana Antifraude su colaboración en la causa.
La segunda denuncia, derivada de la anterior, fue presentada por el PAR el 18-5-2022 por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de Esquerra Unida, Mª Dolores Berenguer Bello, el concejal de urbanismo del mismo partido, Angel Guitérrez Guillén, los funcionarios y demás personas responsables de la aprobación del acuerdo plenario de de 17-7-2018, aprobado por los concejales de todos los partidos, por el que se aprobó ilegalmente exonerar a los empresarios de la Agrupación Urbanística Las Norias de construir dos
rotondas valoradas en un millón de euros y endosar su ejecución a la Generalitat Valenciana. Hay que resaltar que este acuerdo del Pleno se llevó a cabo sin seguir ninguno de los trámites exigidos por la legislación urbanística valenciana y sin que existiera ni tan siquiera el preceptivo informe del Secretario del Ayuntamiento, a la sazón, D. José Fernando Mullor Ortiz.
EL Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid entiende que estas denuncias y actuaciones son solo la punta del iceberg de una gestión urbanística absolutamente corrupta, caracterizada por la falta de transparencia, el nepotismo y salpicada del victimismo de la alcaldesa que enseguida lloriquea invocando en su defensa un inexistente acoso ante cualquier crítica o denuncia política de la única oposición existente en el Municipio, la del Partido Alicantino Regionalista.
martes, 8 de noviembre de 2022
¿Se acabó? Sólo en parte.
El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.
Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 25 de septiembre de 2022
El “dumping fiscal” no existe.
La segunda precisión es de carácter más personal. La autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, es decir, su capacidad de crear tributos o de regular los existentes cedidos por el Estado, al igual que ocurre con otras competencias autonómicas, quiebra con un principio y un derecho fundamental recogido en la Constitución española de 1978 recogido en el Capítulo II, Derechos y Libertades, Artículo 14 y que señala lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, el hecho que los españoles paguen más o menos impuestos en función de su circunstancia personal de su lugar de residencia quiebra con este principio básico. La igualdad ante la Ley, también las leyes tributarias, significa imponer el mismo esfuerzo tributario a todos sin distinción de territorio o lugar de residencia. No anda muy descaminado el Ministro José Luis Escrivá cuando plantea la necesidad de centralizar los impuestos.
Guste o no, la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, la capacidad de subir o bajar los impuestos, tiene su apoyo en la Constitución española. La autonomía financiera de las CC AA se reconoce en el artículo 156 del texto constitucional y se delimita por los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El sistema de financiación de las CC AA se recoge en los artículos 156 a 158, de acuerdo con lo establecido en su artículo 133.2 que legitima el poder tributario de las mismas, reconociendo la posibilidad de que éstas establezcan y exijan tributos de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, así como en el resto de las leyes.
Por ello, cualquier intento del Gobierno y de sus socios de impedir a las Comunidades Autónomas que ejerzan sus competencias fiscales tendrá por delante un duro camino político y judicial. No parece que sea este el mejor momento para intentar modificar el texto constitucional ni siquiera por la vía de una interpretación sui generis. Porque, además, ese camino atenta directamente con la esencia de la democracia que radica en la existencia y el reconocimiento de la pluralidad política. Subir o bajar impuestos son opciones políticas legítimas que se pueden proponer y ejercer en el marco constitucional. Intentar retorcerlo para excluir legalmente una de las dos opciones solo conducirá a la imposición de un modelo concreto al conjunto de la ciudadanía. No es eso lo que ahora mismo necesitamos los españoles. Necesitamos que esta clase política se ponga las pilas de una vez, se ponga a trabajar para resolver nuestros problemas y que lo haga desde el diálogo, el pragmatismo y, sobre todo, la ejemplaridad.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 14 de agosto de 2022
LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.
NOTA DE PRENSA.
13-8-2022
LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.
A juicio de los dirigentes locales del PAR, la concejala debe renunciar a esta subvención pública y presentar su dimisión de forma inmediata porque su proceder carente de ética es inadmisible.
martes, 9 de agosto de 2022
La crisis energética no es compatible con los privilegios de la clase política.
Santiago de Munck Loyola
viernes, 1 de julio de 2022
COMUNICADO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA SOBRE LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.
1-7-2022
COMUNICADO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA SOBRE LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.
Ante el cúmulo de mentiras difundidas por la alcaldesa de Monforte del Cid, M.ª Dolores Berenguer Belló, en algunos medios de comunicación, el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid se ve en la obligación de responder mediante el siguiente
COMUNICADO
1º Es radicalmente falso que “El Juzgado de Instrucción Número 1 de Novelda ha desestimado una querella por prevaricación contra la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, por supuestamente apropiarse de la casa de una vecina en herencia”. Y ello es así porque no existe todavía ninguna querella por ese motivo. Retamos a la alcaldesa a que deje de mentir y exhiba públicamente esa supuesta querella. Lo que ha hecho ese Juzgado es archivar provisionalmente una denuncia por prevaricación, no una querella (y si la alcaldesa no sabe distinguir entre querella y denuncia a pesar de las decenas de miles de euros gastados en asesores y abogados más vale que se vaya a su casa ilegítimamente heredada) presentada por D. Manuel Jesús Martínez Limiñana el 8-11-2021 por “convocar un Pleno extraordinario el pasado 4 de noviembre sin incluir en el orden del día la recusación por mí formulada, ocultando así la misma y bloqueando sine die la tramitación de la documentación solicitada”. (Se adjunta copia de la denuncia) Como puede verse nada que ver con “por supuestamente apropiarse de la casa de una vecina en herencia”. Excusatio non petita, accusatio manifiesta.
2º El talante autoritario y déspota de la alcaldesa comunista no admite crítica política alguna y, por ello, se envuelve en la bandera del victimismo y trata de hacerse pasar por una víctima de acoso. Es cierto que ella entiende mucho de acoso porque es su técnica habitual, no en balde ella ha interpuesto con el dinero de los contribuyentes más querellas contra empleados municipales que cualquiera de sus antecesores, no en balde bajo su mandato las bajas de trabajadores municipales por ansiedad y depresión han batido todos los récords, así como las solicitudes de traslados a otros ayuntamientos. Su autoritarismo ha llegado al extremo de pedir ilegalmente a la policía local que realizase test de alcoholemia a trabajadores municipales al incorporarse a su puesto de trabajo por la mañana.
3º No es ningún acoso denunciar en las redes sociales cómo se hizo con un importante patrimonio usando los servicios sociales. Se trata de un asunto político, no personal, porque requirió de la colaboración de unos Servicios Sociales costeados por los vecinos para proteger a los más vulnerables, no para esquilmarlos.
Metió a su madre, a su padre, a su hermano y hasta al perro a vivir en la casa de una anciana, Dª Teresa Limiñana Boyer, con el pretexto de cubrir el servicio de asistencia domiciliaria, todos vivieron a costa del dinero de la anciana como demuestran los extractos bancarios, la alcaldesa condujo personalmente en octubre de 2015 a la anciana ante un Notario de Aspe para que anulase su testamento de 1999 y otorgase uno nuevo nombrándola coheredera junto a su hermano, la mantuvieron aislada de sus sobrinos, mal atendida y finalmente tras año y medio heredaron, la alcaldesa y su hermano, dos viviendas y decenas de miles de euros, quedándose incluso con un depósito de cerca de 40.000 euros que un sobrino había depositado en la cuenta de su tía. Y todo ello con la pasividad inducida de los servicios sociales del Ayuntamiento que durante ese período no emitieron ni uno solo de los informes a los que estaban obligados por ley, ni visitaron a la anciana y, además, tras más de 200 días de espera y denuncias antes el Síndic de Greuges entregaron al sobrino denunciante un expediente a todas luces falsificado sobre la citada anciana. Son hechos, no difamaciones, sobre los que la alcaldesa y toda la corporación que la encubre deben dar una respuesta y explicaciones a la ciudadanía. Son hechos ignominiosos y repugnantes que ponen en la picota a los Servicios Sociales Municipales, sujetos pasivos, a la alcaldesa y a sus encubridores.
4º La alcaldesa trata por todos los medios de desviar la atención de su corrupta trayectoria mezclando temas y remontándose por ejemplo a la querella que el Pleno acordó interponer contra la anterior Alcaldesa y el anterior Secretario y miente, como es su costumbre, al afirmar sin vergüenza alguna que “El pleno de Monforte votó favorablemente de manera casi unánime a excepción de algunos concejales díscolos del Partido Popular rompiendo, de este modo, la disciplina de voto a finales de 2017”. Basta leer las actas que no fue así.
5º Tampoco es acoso, sino el cumplimiento de la obligación de cualquier grupo de la oposición, denunciar ante los tribunales de Justicia los presuntos actos de corrupción de su Gobierno Municipal. Y eso ha hecho el PAR presentando una denuncia sobre el convenio que suscribió la alcaldesa con la empresa que acababa de contratar a su marido para que dicha empresa pudiera conectarse a las infraestructuras del Polígono Las Norias por un precio ridículo, con el resultado de la pérdida de más de 1.200.000 € para el Ayuntamiento y una revalorización de los suelos de dicha empresa de más de 4 millones de euros. Prueba de que no es un simple acoso es que hace dos meses el juzgado de Novelda que lo instruye ha pedido a la Agencia Valenciana de Antifraude que se persone en la causa.
6º Monforte del Cid no se merece una alcaldesa patológicamente mentirosa que se esconde en el victimismo y en el lloriqueo. A la política se viene llorado de casa y a ser posible con vivienda propia.
lunes, 20 de junio de 2022
El sanchismo: un cadáver andante.
Aunque sea a título simbólico, los resultados del PSOE han sido un auténtico varapalo, en primer lugar, porque ya no es el partido más votado en su propio feudo, mejor dicho, su ex feudo y, en segundo lugar, porque ni contando con el apoyo del Gobierno de España que enseguida hizo uso de la chequera han podido mejorar los resultados de 2018. El PSOE pierde casi un 3 % de los votos y 3 escaños respecto a 2018 y no pierde más porque se ha producido una transferencia de voto de la ultraizquierda hacia el PSOE cercana al 4 %. Y resulta especialmente increíble la incapacidad de los socialistas para hacer autocrítica. Todavía no han pedido perdón por los 630 millones de euros robados según sentencia y, aún más, el inefable Zapatero ensalzó la figura política de Cháves y Griñán en el final de la campaña socialista. ¡Vergonzoso! Resulta ridículo atribuir sus malos resultados a la falta de movilización cuando lo cierto es que la participación ha subido casi dos puntos respecto a 2018. La Sra. Lastra ni se entera. Por cierto ¿alguien sabe si ya se ha movilizado para protestar por los resultados?
En definitiva, hemos asistido a un resultado histórico que bien administrado puede ser determinante para un próximo cambio político en toda España. Ha quedado demostrado que el centro derecha pueda volver a alcanzar una mayoría absoluta en España porque, además, se quiera o no, se ha iniciado un nuevo ciclo político que pivota sobre el Partido Popular. Eso sí, hace falta prudencia y es imprescindible que antes el Partido Popular recupere el arraigo en territorios ahora hostiles donde su presencia es testimonial. La soberbia o la prepotencia no son buenos aliados y abrir las puertas del partido, apostar por la democracia interna e integrar son más necesarias que nunca para que el centro derecha pueda consolidarse como una alternativa al sanchismo y a toda la patulea separatista y radical que le acompaña. El sanchismo es ya un cadáver político, aunque aún no se haya dado cuenta de ello y eso lo hace especialmente peligroso para la libertad y el progreso de los españoles.
Santiago de Munck Loyola