Santiago de Munck Loyola.
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miércoles, 26 de noviembre de 2014
jueves, 13 de noviembre de 2014
La resaca del 9-N.
La resaca del sucedáneo de
referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de
actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la
incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni
siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los
diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única
coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado
domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo
unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la
independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y
sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno
de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto
derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay
algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día
más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue
apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han
logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen
manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos,
en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su
modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de
esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a
partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y
constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas
supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España
para convocar un referéndum legal.
Pero donde más diferencias de
opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no
independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política
parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y
siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación, y por pedir el empleo de la fuerza si fuere
necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en
parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del
Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia.
Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de
respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por
tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y,
por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y
verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido
a la calle, burlando la Ley
y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios
públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este
simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los
populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente
del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable
es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde
el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud
inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy
nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que
resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.
Y si hay fractura interna ante
esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido
socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su
apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el
mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases
del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser
peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de
la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben
mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay
dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de
corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra
de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje
están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia
también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y
debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley , con cargo público o sin
él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los
independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su
desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español
que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si
los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución
hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos.
Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los
independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la
igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los
hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con
quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No
se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo
español.
Es cierto que es hora del
diálogo, pero también de la
Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes
estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba
establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer
el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que
los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa
a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave
problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la
mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a
las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya
solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social
y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política
viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus
propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a
la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando
por ello.
Santiago de Munck Loyola
martes, 11 de noviembre de 2014
Otra de viajes y de tomadura de pelo.
Hay que ver la que se ha organizado a
cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la
Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos
contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar
con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos
Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como
secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha
pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo
justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y
devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores
propias del cargo.
Esto
de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase
política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de
representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda
más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya
en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus
señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html
En estos artículos, escritos a raíz de
los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes
tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera
aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del
Consejo General del Poder Judicial.
Un servidor presentó un escrito al Congreso
de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas
las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en
el que tan sólo se señalaba que “la
Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del
Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2?
Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones
por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función.
A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias
eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado
respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres
parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes
Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus
señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.
Parece mentira que en estos tiempos en
los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web
del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni
siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la
institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples
privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:
- Sueldos muy por encima de la media. Un
diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas,
ayudas y otra serie de complementos.
- Gastos por alojamiento. Todo
diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en
concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en
comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación
en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86
euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.
- Además de no pagar billetes de avión,
tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les
paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.
- El Congreso les sufraga además un
plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un
diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un
complemento de pensión.
- Los casi 3.000 euros de sueldo base
se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces,
portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un
complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y
el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento
mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente,
los Secretarios y Portavoces, entre otros, ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728
euros.
- Si viajan al extranjero en misión
oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio
nacional.
- Además, sus señorías reciben un ‘kit
tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un
Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.
- Pueden además sus señorías compatibilizar
varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades
privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.
Todo ello parece indicar que el asunto
de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la
punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros
parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los
ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos
hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad.
Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de
Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los
diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el
territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado
"al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la
sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos
por tontos.
Santiago de Munck Loyola
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lunes, 3 de noviembre de 2014
Hay alternativas.
Derechas e izquierdas andan
revueltas y nerviosas ante los resultados que, encuesta tras encuesta, se
otorgan a Podemos. Y encuestas las hay para todos los gustos pero todas
coinciden en un incremento espectacular de la intención de votos de esta nueva
formación política de rancio trasfondo ideológico. Son muchos los factores que
influyen en este crecimiento electoral: la indignación ciudadana ante la
corrupción, ante los recortes, el desempleo, el aumento de la desigualdad
social, la falta de ejemplaridad de la mayor parte de la clase política, los
incumplimientos programáticos, la falta de buenas perspectivas, etc. Ante un
panorama económico, político y social desolador cualquier discurso que cuente
con apoyos mediáticos, que no esté lastrado por un pasado de gestión criticable
y que ofrezca soluciones por muy utópicas o irrealizables que sean tiene
grandes posibilidades de calar entre los ciudadanos.
Es evidente que el mensaje de
Podemos ha calado en la izquierda y que se va a producir un nuevo reparto de la
tarta electoral con importantes cambios. Lo que no es tan evidente es que este
mensaje haya calado en el votante de centro derecha aunque una pequeña parte
del mismo, la menos ideológica, esté dispuesta a asumirlo y a otorgar su voto
como una forma de castigo. Pero ¿qué pasa con los votantes que no son de
izquierdas? Es curioso. El Partido Popular se derrumba en las encuestas y lleva
camino de superar el record de la
UCD en 1982 pero sus dirigentes no aciertan a salir del
asombro o del escepticismo y se muestran incapaces de reorientar su discurso y,
sobre todo, su política. ¿Por qué? Pues porque están desconectados de la
realidad de la calles y son incapaces de realizar lo que debería ser un
requisito previo, una profunda autocrítica.
Hay que señalar que el Partido
Popular, como instrumento político, como maquinaria electoral, parte en
desventaja respeto a muchas otras formaciones políticas. Es una gigantesca
maquinaria política piramidal, carente de vida política interior, en la que las
bases, lejos de ser la fuente del poder interno, son un simple instrumento al
servicio de la estructura de poder. Lejos de aprovechar la conexión social que
supone disponer de cientos de miles de afiliados y de enriquecer y actualizar
permanentemente el debate interno, las propuestas políticas y los mensajes del
partido, las bases no cuentan para nada en la estructura del Partido Popular. Y
eso se nota. Las políticas que se han desarrollado no responden ni al programa
comprometido con los electores, ni a las aspiraciones de la militancia por lo
que el distanciamiento entre Partido y votante es cada día mayor.
Muchos de los votantes de centro
derecha no van a repetir su voto al Partido Popular y se van a abstener en los
próximos comicios y otros, los menos, se van a decantar por otras formaciones
como Ciudadanos o UPyD fundamentalmente. Es la respuesta a los incumplimientos
electorales, a la falta de ejemplaridad de buena parte de la clase política y
al continuo goteo de casos de corrupción que no pueden sino abochornar hasta al
más leal incondicional.
Si al mayor incremento de la
presión fiscal sobre la clase media, si al permanente empobrecimiento de la
misma, si a los continuos recortes en educación, en sanidad o prestaciones
sociales, si a los incumplimientos en materia de protección a la vida y a la
familia, si al continuismo en la política antiterrorista o en materia
autonómica, si a la falta de ejemplaridad, si a la ausencia de una política
informativa inteligente sumamos además la continua aparición de casos de corrupción
con relevantes dirigentes populares implicados y la ausencia de una respuesta
clara, definida y contundente por parte del Partido Popular no es de extrañar
que las encuestas vayan por donde van. No se puede pasar, como si nada, de
hablar de “casos aislados” al “pedir perdón” por haber nombrado a los corruptos
en puestos de responsabilidad política. No se puede pasar del “vamos a hacer un
pacto anticorrupción” al “y tú más” sin que de ello se deriven consecuencias
políticas. Porque todo ello, lo único que transmite es la sensación de ausencia
de convicciones profundas y, por tanto, de una clara determinación para acabar
con esta lacra. La falta de democracia interna es la que obliga a Rajoy a pedir
perdón por haber promovido políticamente a determinadas personas, es la
evidencia de que no son los militantes populares los que se han equivocado al
elegir a un Fabra, a un Granados, a un Blasco o a una Castedo sino que son los
más altos dirigentes los que se han equivocado. En política, cuando alguien se
equivoca y de esta manera, no sólo se pide perdón sino que, además, se dimite.
No tiene ningún sentido que para
intentar acabar con la corrupción haya que proponer pacto alguno. Es como si
para perseguir la pederastia hiciese falta pactar con la oposición. La
corrupción se persigue con la ley en la mano y mecanismos legales ya existen
aunque falten medios para hacer más rápida y efectiva la justicia. El problema
no está en la persecución y castigo de la corrupción, el problema está en la
prevención, en la adopción de medidas que impidan o dificulten la aparición de
nuevos casos. La prevención pasa por dos ejes fundamentales, de una parte, la
eliminación de la discrecionalidad del político en determinados procedimientos
ejecutivos y, de otra, el incremento de los mecanismos democráticos de
selección y control en la vida interna de los partidos. Y en este segundo eje la
clave está en la selección y el posterior control democrático de quienes
ostentan cargos públicos de responsabilidad, es decir, en los mecanismos de
selección interna de los partidos para proveer los cargos públicos. Algo que,
por el momento, el Partido Popular no está dispuesto a tocar. Un partido que
usa el “dedazo” para confeccionar sus listas electorales, para estructurar su
organización y sus congresos está desconectado de sus bases y, por tanto, de la
ciudadanía y mal puede así prevenir la aparición de fenómenos de corrupción
entre sus filas.
Si algo deben tener claro los
votantes del Partido Popular y especialmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana
es que con sus actuales dirigentes no hay futuro posible porque son los
auténticos responsables, por acción o por omisión, del sucio panorama que nos
rodea. ¿Quiénes son los responsables de la confección de las listas electorales
a las Cortes Valencianas plagadas de imputados y procesados? ¿Ha dimitido
alguien por la evidente chapuza que fueron esas listas? Nadie. Siguen al frente
del partido los mismos, los que están desmotivando al votante y dejando el
campo libre a la izquierda. Son los mismos los que ya han dado por perdida la
batalla y están más preocupados buscándose puertas giratorias que en dar la
cara, en dar un paso al frente y reconstruir una opción política de centro
derecha digna de los cientos de miles de ciudadanos que en nuestra Comunidad no
quieren aventuras políticas. Ante un Partido Popular autocomplaciente,
desconectado de la realidad, en proceso de descomposición y sin talante
ganador, el votante de centro derecha no puede, ni debe sumirse en el pesimismo.
Hay otras opciones dispuestas a recoger el testigo, hay alternativas y en Alicante
se llama Esperanza Ciudadana.
Santiago de Munck Loyola
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Sonia Castedo
miércoles, 29 de octubre de 2014
Despilfarro y algo más en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig.
El Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig no es, políticamente hablando, un
ayuntamiento cualquiera en la Provincia de Alicante. Y no lo es porque
concentra, por circunstancias coyunturales, una importante parcela de poder
político y económico provincial derivado de la concurrencia de dos
circunstancias especiales. De una parte, su Alcaldesa, Dª Luisa Pastor, es a la
vez Presidenta de la Diputación de Alicante, circunstancia que por cierto puede
estar influyendo en ciertas adjudicaciones en las licitaciones de la Diputación
(algo de lo que se hablará en estas páginas en otra ocasión). De otra parte, el
concejal responsable del área de informática de dicho Ayuntamiento y Portavoz
del Grupo Popular Municipal, el profesional de la política José Juan Zaplana,
es a la vez Secretario General del Partido Popular de Alicante, cargo que ha
utilizado para proteger y privilegiar a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo.
Pues bien, ayer la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la
Diputación de Alicante, Dª Luisa Pastor, tuvo que saltar al ruedo de los medios
de comunicación para tratar de aclarar, infructuosamente por cierto, la
relación del Consistorio que preside con uno de los empresarios detenidos en la
operación contra la corrupción “Púnica”.
Dª Luisa Pastor explicó que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
mantuvo una relación contractual con la empresa Eico Online Reputación
Management S.L. del empresario Alejandro de Pedro, detenido en esta operación
policial, para la creación de los perfiles del Ayuntamiento en las redes
sociales y por los que pagó, unos 25.000 euros en tres años, nada menos.
O sea que, para que nos entendamos, el Ayuntamiento de San Vicente de
Raspeig ha gastado en tres años 25.000 euros de sus vecinos para que un señor
escogido a dedo, sin concurso ni nada que se le parezca, le hiciese y le
mantuviese al Ayuntamiento los perfiles de Facebook y Twitter. Hay que tener
poca vergüenza para tirar así el dinero de los contribuyentes sobre todo porque
primero todo el mundo sabe que ese trabajo no cuesta ese dinero, segundo porque
si se hubiese licitado el contrato en vez de adjudicarlo “a dedo” habría salido
por cuatro duros y tercero porque en el Ayuntamiento de Dª Luisa Pastor, además
de un concejal dedicado al área de informática (que algo sabrá del tema) hay
cuatro cargos de confianza en prensa, que cuestan un potosí a los vecinos, y
que ése sería precisamente uno de sus trabajos. Vamos, que era innecesario
contratar a nadie y menos a esos precios. A eso, se le llama despilfarrar el
dinero público, se mire por donde se mire.
La alcaldesa de San Vicente del Raspeig señaló, además, que el contrato se
hizo “sin concurso porque son contratos menores y estos no tienen concurso”,
sin aclarar si pidieron tres ofertas o no y que desconocía por qué se había
elegido a esa empresa en concreto, algo que, sin duda, debería ser explicado
por el derrochador concejal de informática, Sr. Zaplana, capaz de gastarse 25.000
euros de sus vecinos en páginas de facebook y twitter.
El grupo municipal de EU de esta localidad, con buen criterio aunque con
cierta ingenuidad, ha pedido explicaciones sobre este vergonzoso asunto al
pródigo Sr. Zaplana y para que explique también si se ha valido de su cargo
como Secretario Provincial del PP para involucrar en la trama a otros ayuntamientos
de la provincia.
Es evidente que este asunto es una muestra más del despilfarro y de la mala
gestión que algunos han asumido como una práctica de lo más normal. Una vez más
los discursos de ciertos sujetos no se compadecen con sus acciones. Una vez más,
y este asunto así lo pone de manifiesto, la necesidad de una profunda
regeneración y de una política al servicio del ciudadano y no de los partidos y
de sus vividores profesionales se impone. Y mientras sigan liderando al centro
derecha popular los mismos que lo han conducido al desastre ético y político no
quedará más alternativa que optar por nuevos movimientos limpios y regeneradores.
Santiago de Munck Loyola
lunes, 27 de octubre de 2014
Rivas, hace 25 años.
Dentro de pocas semanas se cumplirán 25 años de la
fundación del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid que tuve el honor y la
responsabilidad de impulsar. Corría el año 1989, un año especialmente intenso
para el centro derecha español que se enfrentaba al relevo de su líder
fundador, Manuel Fraga, sustituido por un joven político, José María Aznar,
como cartel electoral en los comicios que se celebraron el 29 de octubre de
aquel mismo año. Rivas-Vaciamadrid, con casi 10.000 habitantes, no contaba con
una organización local de Alianza Popular refundada como Partido Popular en
aquellas fechas.
Han pasado 25 años desde entonces pero conservo intactos
los mismos principios e ideales que me impulsaron a dar aquel paso, fundar el
Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, en un entorno político y social
francamente hostil. Pocos que no conozcan y hayan vivido allí en aquella época
pueden hacerse una idea aproximada de las enormes dificultades que aquella
empresa encerró y el coste personal que supuso, tanto para mí como para los
pocos vecinos que inicialmente apostaron por ello.
Estábamos convencidos de la necesidad de promover una alternativa política regeneradora, centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente, con un talante abierto, integrador y dialogante; una opción moderna, liberal, reformista, con aires renovados pero anclada en los principios y valores del humanismo cristiano. Y lo hicimos tal y como ya se ha contado en estas páginas ( http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/06/hace-20-anos.html ). Durante 14 años tuve el honor de presidir el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid y logramos convertirlo en la segunda fuerza política municipal, en una organización viva, dinámica, participativa y democrática que, con sus errores y aciertos, se consolidó como una auténtica alternativa de gobierno.
Han pasado 25 años y hoy ya no milito en el Partido Popular. Paradójicamente he sido expulsado del mismo por defender en Alicante y ante el PPCV los mismos principios y valores que en su día me impulsaron a hacerlo en Rivas-Vaciamadrid. Pero hay que subrayarlo, el PP de Alicante, con su Ciscar, su Ripoll, su Castedo, su JJ Zaplana y demás colaboradores necesarios, y el PPCV, con su Fabra, su Camps, su Cotino, su Del baño y demás, poco o nada tienen que ver con los ideales de responsabilidad política, de renovación de la vida pública, de apuesta por la libertad, la transparencia, la participación ciudadana, la democracia interna o la eficacia en la gestión pública que, con uñas y dientes, defendíamos en 1989.
Han pasado 25 años en los que la militancia activa en el Partido Popular no estuvo exenta de riesgos personales ni de sacrificios de toda índole para lograr que el proyecto político se hiciera realidad. Y, día a día, con profunda pena se comprueba, caso tras caso, que mientras la inmensa mayoría de la militancia popular se dejaba la piel para que los ideales y programas populares se convirtiesen en realidad de gobierno, buena parte de la élite del partido se dedicaba a hacer negocios sucios en la política. Mientras los militantes poníamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, mientras que buzoneábamos las calles, pegábamos carteles, pasábamos interminables horas en las mesas electorales, o teníamos que mirar cada mañana los bajos de nuestro coche o nos tragábamos interminables mítines para que se cosecharan unos miserables minutos en los informativos, buena parte de nuestros dirigentes se dedicaban a llenarse los bolsillos. La falta de cauces democráticos internos adecuados permitió que fueran medrando en la estructura del partido y en las instituciones, centenares de personas que se lo han estado llevando crudo, que hicieron de la política un modus vivendi poco ejemplar y cuyas actividades han terminado por corroer las vigas de madera del edificio popular.
Estábamos convencidos de la necesidad de promover una alternativa política regeneradora, centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente, con un talante abierto, integrador y dialogante; una opción moderna, liberal, reformista, con aires renovados pero anclada en los principios y valores del humanismo cristiano. Y lo hicimos tal y como ya se ha contado en estas páginas ( http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/06/hace-20-anos.html ). Durante 14 años tuve el honor de presidir el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid y logramos convertirlo en la segunda fuerza política municipal, en una organización viva, dinámica, participativa y democrática que, con sus errores y aciertos, se consolidó como una auténtica alternativa de gobierno.
Han pasado 25 años y hoy ya no milito en el Partido Popular. Paradójicamente he sido expulsado del mismo por defender en Alicante y ante el PPCV los mismos principios y valores que en su día me impulsaron a hacerlo en Rivas-Vaciamadrid. Pero hay que subrayarlo, el PP de Alicante, con su Ciscar, su Ripoll, su Castedo, su JJ Zaplana y demás colaboradores necesarios, y el PPCV, con su Fabra, su Camps, su Cotino, su Del baño y demás, poco o nada tienen que ver con los ideales de responsabilidad política, de renovación de la vida pública, de apuesta por la libertad, la transparencia, la participación ciudadana, la democracia interna o la eficacia en la gestión pública que, con uñas y dientes, defendíamos en 1989.
Han pasado 25 años en los que la militancia activa en el Partido Popular no estuvo exenta de riesgos personales ni de sacrificios de toda índole para lograr que el proyecto político se hiciera realidad. Y, día a día, con profunda pena se comprueba, caso tras caso, que mientras la inmensa mayoría de la militancia popular se dejaba la piel para que los ideales y programas populares se convirtiesen en realidad de gobierno, buena parte de la élite del partido se dedicaba a hacer negocios sucios en la política. Mientras los militantes poníamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, mientras que buzoneábamos las calles, pegábamos carteles, pasábamos interminables horas en las mesas electorales, o teníamos que mirar cada mañana los bajos de nuestro coche o nos tragábamos interminables mítines para que se cosecharan unos miserables minutos en los informativos, buena parte de nuestros dirigentes se dedicaban a llenarse los bolsillos. La falta de cauces democráticos internos adecuados permitió que fueran medrando en la estructura del partido y en las instituciones, centenares de personas que se lo han estado llevando crudo, que hicieron de la política un modus vivendi poco ejemplar y cuyas actividades han terminado por corroer las vigas de madera del edificio popular.
Un partido que no rinde cuentas de sus ingresos ante sus propios
militantes (como en Alicante, sin ir más lejos), un partido que decide con el
“dedazo” (disfrazado de comités electorales) los nombres de los dirigentes y de
los candidatos, un partido que impide que sus afiliados puedan controlar y
exigir responsabilidades a sus cargos públicos, un partido en el que la
meritocracia ha sido sustituida por el amiguismo y el “borreguismo”, un partido
en el que el debate interno y la participación de sus militantes han sido
sustituidos por la adhesión inquebrantable y el prieta las filas tenía que
encontrarse, tarde o temprano, con la colección de escándalos que día sí, día también, salpican y enfangan al Partido Popular.
Han pasado 25 años y compruebo con profunda pena lo que han hecho líderes y compañeros a los que profesaba respeto y, en algunos casos, admiración. Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta confianza y tanto sacrificio de cientos de miles de militantes tirado por la borda por culpa de la rapiña y la ausencia de escrúpulos y de principios de unos pocos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué monumental estafa! Y, lo que es peor, es que no hay perspectivas optimistas. El centro derecha español decente está huérfano, hoy por hoy, porque no se vislumbra, fuera de retoques cosméticos destinados a tratar de salvar la situación, ni una sólida medida eficaz para corregir el rumbo. Los responsables, por acción o por omisión, no pueden liderar regeneración alguna ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Alicante. Hoy, muchos afiliados en Rivas-Vaciamadrid, a los que deseo todo el éxito posible, como en muchos otros puntos de España, estarán sorprendidos, desilusionados o enfadados. Y buenas razones tienen para ello.
Han pasado 25 años y compruebo con profunda pena lo que han hecho líderes y compañeros a los que profesaba respeto y, en algunos casos, admiración. Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta confianza y tanto sacrificio de cientos de miles de militantes tirado por la borda por culpa de la rapiña y la ausencia de escrúpulos y de principios de unos pocos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué monumental estafa! Y, lo que es peor, es que no hay perspectivas optimistas. El centro derecha español decente está huérfano, hoy por hoy, porque no se vislumbra, fuera de retoques cosméticos destinados a tratar de salvar la situación, ni una sólida medida eficaz para corregir el rumbo. Los responsables, por acción o por omisión, no pueden liderar regeneración alguna ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Alicante. Hoy, muchos afiliados en Rivas-Vaciamadrid, a los que deseo todo el éxito posible, como en muchos otros puntos de España, estarán sorprendidos, desilusionados o enfadados. Y buenas razones tienen para ello.
Han pasado 25 años y con la misma ilusión que entonces
sigo defendiendo la necesidad de un proyecto político de centro derecha
renovado para mi ciudad y mi provincia, Alicante. Y como yo, un buen número de
amigos y compañeros, que entienden que la lealtad a los principios y a los
valores no debe correr en paralelo a la fidelidad a unas siglas concretas monopolizadas por
unos aprovechados o unos incompetentes, nos hemos puesto manos a la obra y
estamos construyendo un nuevo partido, Esperanza Ciudadana. Es el único
proyecto político alicantinista, regenerador, reformista, radical y liberal que
puede ofrecer a los ciudadanos una sólida alternativa de gobierno en medio de
este páramo de principios y valores en que el Partido Popular de Alicante ha
convertido la política de la provincia. No es posible seguir siendo meros
espectadores, no es bueno resignarse y quedarse en casa, no hay por qué taparse
la nariz para seguir votando al centro derecha por temor a los que puedan venir.
Hay que rebelarse y actuar, como hace 25 años, porque nos va a todos mucho en
ello.
Santiago de Munck Loyola
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Sonia Castedo
miércoles, 22 de octubre de 2014
Las innovaciones éticas y jurídicas de Alberto Fabra.
He de reconocerlo, tras escuchar a mediodía unas
declaraciones del “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad Valenciana, Sr.
Fabra, me he visto obligado a dar un repaso al Código Penal y a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por, si en estos tiempos de cambios fulgurantes, me
había perdido alguna innovación jurídica tan trascendental como lo que acababa
de oír. Y parece que no ha sido así. Parece más bien que el que estaba soltando
una auténtica majadería jurídica era nuestro Presidente autonómico. ¿De qué se
trata? Pues bien, el Sr. Fabra estaba siendo preguntado sobre la toma de
posesión del escaño autonómico de un sujeto, Felipe del Baño, imputado por un
posible delito de prevaricación en
sustitución de Juan Cotino. Ni corto ni perezoso, el Sr. Fabra ha asegurado que
la imputación que recae sobre el ex teniente de alcalde de San Antonio de
Benagéber (Valencia) Felipe del Baño es simplemente "administrativa"
y que la línea roja establecida por él se refiere a casos por corrupción. Fabra
ha hecho notar que "siempre"
ha hablado de "imputación por corrupción" y que en este caso "es
una imputación administrativa que no
tiene nada que ver", ha razonado supuestamente. Hay que añadir que si
el Sr. Del Baño no pudiese tomar posesión del escaño por estar imputado,
tampoco podría hacerlo el siguiente en la lista pues, al parecer, es el Alcalde
de Enguera y también está imputado por dos delitos, uno de ellos prevaricación.
¡Hay que ver cómo está la bancada popular! Habría que hacer un homenaje al
comité electoral responsable de la aprobación semejantes listas.
Lo
primero que me ha llamado la atención es lo de una imputación administrativa. Por más que he revisado distintos
manuales jurídicos no he encontrado semejante concepto. La imputación, concepto propio del
Derecho procesal penal, es el acto
mediante el cual se acusa formalmente a una persona de la posible comisión de un
determinado delito. La imputación tiene
un carácter procesal y más específicamente penal, criminal. Nada de carácter
administrativo. Claro que, afinando un poco más, lo de "imputación
por corrupción" tampoco parece que se sostenga mucho, porque el
delito por “corrupción” no existe como tal en el vigente Código Penal.
Felipe
del Baño está imputado, junto al alcalde de San Antonio de Benagéber, por un
posible delito de prevaricación en la causa que investiga el Juzgado de
Instrucción número 6 de Paterna sobre dos encargos municipales con un coste total
aproximado de 100.000 euros. La Plataforma San Antonio de Benagéber denunció ante
la Fiscalía que el ex concejal Felipe del Baño realizó una "contratación
verbal" de trabajos de jardinería por un importe de 50.000 euros, es decir
saltándose todas las normas legales a pesar de su condición de licenciado en
derecho, y que se realizó un encargo de unos libros conmemorativos de la
población "que no han aparecido, pero por los que se pagaron unos 50.000
euros".
¿Y
en qué consiste el delito de prevaricación que el Sr. Fabra cualifica de “administrativa”?
Pues se trata de un delito encuadrado entre los delitos contra la
Administración Pública junto con otras figuras delictivas como el abandono de
destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y
denegación de auxilio, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación.
¡Quién sabe! A lo mejor la malversación o el tráfico de influencias tampoco son
encuadrables en el ámbito de la corrupción en la nueva ética política que
parece encarnar el Sr. Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El
Artículo 404 del Código Penal define la prevaricación así: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de siete a diez años”. Y de la posible comisión de este delito, que
no infracción administrativa, es por lo que está imputado el nuevo diputado, el
Sr. Del Baño que, por cierto, como sabrán los lectores habituales de estas
páginas, fue el inquisidor, a instancias de los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, de
los militantes del PP de Alicante que pedíamos honradez en la gestión pública y
regeneración democrática. Casualidades de la vida. Dios los cría y ellos se
juntan.
Es
evidente que, de ser sostenibles los nuevos y esperpénticos conceptos jurídicos
del Sr. Fabra y del PPCV, habría que revisar casos como el del ex Alcalde de
Torrevieja y ex diputado popular Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres
años de cárcel por la comisión de los delitos de falsedad en documento oficial
y prevaricación (¿administrativa Sr. Fabra?).
Lamentable
pero cierto. Ésta es la supuesta regeneración que promueve el Partido Popular
de la Comunidad Valenciana. Este es el estado real del centro derecha oficial
de la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que tanta gente decente se
abstuviera de votar al PP en las pasadas elecciones europeas. Este PP
oficialista apesta a cadáver en franca descomposición.
Santiago
de Munck Loyola
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viernes, 17 de octubre de 2014
De las tarjetas black a la Convención del PP en Benidorm.
La
verdad es que esta semana que se acaba no ha tenido desperdicio informativo
políticamente hablando o ha tenido en exceso, según se mire. Día tras día,
vamos conociendo el alegre uso que los consejeros de Bankia, antes Caja Madrid,
le fueron dando a esas tarjetas negras, black u opacas, que tan famosas se han
hecho, hasta echar humo. Nunca ha habido una muestra mayor de consenso entre la
clase político-sindical-empresarial española que la demostrada con el manejo de
estas tarjetas. Desde el PP hasta IU, pasando por el PSOE, UGT, CCOO y los representantes
de los empresarios, nadie, excepto 3 de los 86 consejeros, se ha librado del
abuso de las tarjetas. Las diferencias ideológicas o sociales no han impedido que
los señores consejeros coincidiesen en sacar dinero de los cajeros, en pagar
comilonas, comprar joyas, pagar viajes, lencería, muebles o el dentista con las
mágicas tarjetas; parece que tampoco ha impedido que los señores consejeros
coincidiesen en no declarar esos gastos como pagos en especie en sus
declaraciones del IRPF ni que coincidan ahora en no saber explicar muy bien en
concepto de qué se beneficiaban del uso de las tarjetas. Tanto consenso
emociona. Ya no hay dos Españas como antes, una roja y otra azul. Ahora hay dos
Españas diferentes, una que trinca y otra que es esquilmada.
Pero
la España de la picaresca, de los trincones y sinvergüenzas no se agota en el
descubrimiento ahora de las fechorías de estos consejeros de Cajamadrid, ni se
agota con el descubrimiento de las andanzas del histórico dirigente del
sindicato minero SOMA-UGT de Asturias, José Ángel Fernández Villa, al que la
Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año por haber ocultado a
la Hacienda Pública 1,4 millones de euros, ni se agota con los demás casos de
corrupción abiertos desde hace meses o años. Y no se agota, porque aunque diga
el Ministro del interior que no hay una corrupción generalizada y que sólo
estamos ante la coincidencia del afloramiento de casos del pasado, lo cierto es
que también hemos conocido las andanzas del pequeño “Nicolás”.
Francisco
Nicolás Gómez Iglesias de 20 años, estudiante de Derecho en el Centro
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, está acusado de los
delitos de estafa, usurpación de función pública y falsedad. Según la Policía,
cobró 25.000 euros por la venta de un falso informe del CNI. Hemos visto con
estupor la colección de fotos de este presunto farsante que ha llegado a
codearse hasta con el Rey utilizando los resortes y técnicas que al abrigo del
poder funcionan en una sociedad corrompida. ¿Que el pequeño Nicolás se ha hecho
pasar por lo que no era? Sí ¿y qué? ¿No tenemos a un Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos, que durante tres legislaturas se atribuyó la
titulación de Licenciado en Medicina sin serlo? Y ahí sigue, nombrado por Rajoy
y sin inmutarse. Y es que la España de la picaresca, de los trincones y
sinvergüenzas no se acaba con una determinada generación, sino que se reproduce
y, al parecer, con retoños precoces.
Y
para acabar esta semana en la que políticamente tanto se ha puesto de
manifiesto la necesidad de acabar con la picaresca con las prácticas deleznables que están
reventando la confianza del ciudadano en el sistema político, nos encontramos
con la, cuando menos, peculiar Convención del Partido Popular de Alicante. Con
el fin de intentar levantar los decaídos ánimos de sus huestes ante las negras
perspectivas electorales y acosados por un desolador panorama judicial, los
populares alicantinos se han dado cita en Benidorm este fin de semana en una
llamada Convención, es decir, un montaje caro, con muchos figurantes, en el que
el guión está escrito y en el que el debate de las bases no existe. ¿El
contenido? Dos pinceladas de supuesto programa y un sucedáneo de regeneración y
de renovación. En realidad más de lo mismo. Es imposible, por mucha Convención
mitinera que se organice (pagada por los contribuyentes), que sin democracia
interna, sin debate entre los afiliados y bajo la batuta de los responsables
políticos, cuando no protectores, de numerosos casos de corrupción, los Sres.
José Ciscar y José Juan Zaplana, pueda construirse un mensaje sincero de
regeneración democrática.
Hablan
de renovar candidaturas pero sin que los afiliados puedan votar, es decir, más “dedazo”.
Tratan de engañar a la ciudadanía con propuestas como la aprobada para que en
los ayuntamientos en los que el PP gobierne puedan presentarse al Pleno las
iniciativas populares suscritas al menos por el 15% del censo electoral, cuando
eso ya está aprobado en la vigente Ley de Bases del Régimen Local. Pero no
hablan de los errores cometidos, no piden perdón a la sociedad alicantina por
el deterioro constante de la imagen de nuestra provincia y, sobre todo, de su
capital, no explican qué hay de cierto en los informes de la UDEF que señalan
al propio Sr. Ciscar, por ejemplo, como pagador con dinero negro a la trama
Gürtel o cómo financiaron las últimas elecciones municipales. ¿Cómo van a
promover la regeneración los responsables directos de la degeneración de la
política alicantina? Lo tienen francamente difícil porque tienen tanta
credibilidad como el pequeño Nicolás.
Santiago
de Munck Loyola
martes, 14 de octubre de 2014
Todos tranquilos: No hay corrupción generalizada.
¡Menudo
peso nos hemos quitado de encima los ciudadanos! El Ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, es decir, el Ministro responsable de que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado persigan los delitos, corrupción incluida, no ve que haya corrupción generalizada, sino
muchos casos simultáneos. Según ha declarado ayer el Ministro los casos de corrupción
que están apareciendo son "del
pasado", pero que al salir "todos en el mismo momento da la
sensación de un estado de corrupción generalizada que no se corresponde con la
realidad del país". Y ha remachado estas declaraciones, efectuadas en
los Desayunos de TVE, afirmando que se está viendo que "había mucha" corrupción y que "el estado de moralidad pública en
el pasado no es el que debería haber existido". O sea, que podemos
estar tranquilos porque la corrupción es y era cosa del pasado (seguramente por
culpa de Zapatero) y lo único que pasa es que la coincidencia del
descubrimiento simultáneo de diferentes casos hace que parezca que hay una
corrupción generalizada, pero que no, que no es así: casos aislados, del pasado
y ¡Oh coincidencia! que afloran a la vez.
O
sea, a ver si se puede entender lo que dice o quiere decir el Ministro
encargado de perseguir la corrupción. Casos de corrupción del futuro no pueden
ser. Todavía nuestro ministerio del interior no ha llegado a la detección
precoz de la corrupción. Casos de corrupción del presente parece que los obvia
el Sr. Ministro. Es "el estado de
moralidad pública en el pasado” (en estado comatoso al parecer) la causa de
que se produjesen tantos casos de corrupción, en el pasado, y que ahora, en el
presente, afloren y los conozcamos, causándonos una impresión de corrupción
generalizada equivocada.
¡Menudo
respiro! A lo que se ve la “moralidad pública” del presente debe ser impecable.
¿Será que los responsables de casos de corrupción del pasado han asumido una
nueva moralidad y se están confesando públicamente, están haciendo propósito de
enmienda y están realizando penitencia? ¿Será que bajo la “moralidad pública”
recuperada están cantando de plano sus pecadillos y devolviendo la pasta
trincada? Parece que el Sr. Ministro opina que sí.
El
expolio del dinero de la Junta
de Andalucía destinado a la formación de los parados con 33 cargos públicos
socialistas imputados, la financiación ilegal de los partidos (por ejemplo de
las campañas electorales del PPCV), la trama Gürtel, la fortuna de origen
dudoso del clan Pujol en Cataluña, el caso Palau, la financiación ilegal de
Convergencia Democrática de Cataluña, el caso Brugal en Alicante, las
imputaciones a la Alcaldesa
de Alicante Sonia Castedo, los pagos con dinero negro a la trama Gürtel realizados
por José Ciscar, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, Miguel Peralta, Alfredo
Castelló o Adela Pedrosa por citar sólo algunos de los que aparecen en el
informe de la UDEF ,
el escándalo de las tarjetas negras de Bankia, los sobresueldos del Partido
Popular, el caso Cooperación, el caso Palma Arena, el caso Rabasa en Alicante,
el caso Emarsa y el largo etcétera que inunda los informativos es cosa del
pasado y su conocimiento público, pura coincidencia.
Y
por analogía ministerial, alguien debería explicar a la Organización Mundial
para la Salud
que en algunos países africanos no existe ninguna epidemia de Ébola, sino que
se trata de la aparición de muchos casos simultáneos de la enfermedad. Así que
todos tranquilos.
Santiago
de Munck Loyola
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martes, 7 de octubre de 2014
La filípica de Sonia Castedo.
A pocos, sobre todo en Alicante,
ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha
obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y
desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de
algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que
ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de
su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado.
Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del
Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y
eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos
públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la
regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario
Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas
con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o
Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella
pudiese ser la
Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales
del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden
fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre
bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su
política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza
mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario
examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando
sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de
oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son
difíciles de igualar.
Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que
estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue
incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18
concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de
ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de
ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado:
traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa
electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que
únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado
popular, la piden muchos antiguos
militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en privado.
Dice la Alcaldesa que la
izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no
en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades
políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades
políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano,
por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se
haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las
políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese
territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado
su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen
responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble
arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de
nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es
consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar,
de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos
y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son
responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian
conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.
Y es muy posible que las
bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la
Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como
ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por
los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por
el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas”
en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos
colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación.
Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan
sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la
ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se
precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede
consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en
esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos
los ciudadanos a los que representa.
Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya
realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente…
no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar
hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones
sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos
donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio
de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros
y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr.
Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de
limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio,
de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final
de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como
hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el
nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas
y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la
ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.
Para quienes seguimos creyendo en
los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y
el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea
o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la
política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo
diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo
ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante
oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la
Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho.
Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que
seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro
derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni
nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante.
No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se
queda.
Santiago de Munck Loyola
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lunes, 6 de octubre de 2014
Los disparates socialistas de Pedro Sánchez.
No parece que la llegada de Pedro
Sánchez a la Secretaría General
del PSOE haya supuesto, de momento, la consolidación de un nuevo proyecto
político sólido y coherente. El socialismo español no termina de encontrar una
hoja de ruta propia que le permita presentarse ante la sociedad española como
una alternativa de gobierno creíble a pesar de los intentos por ofrecer la
imagen contraria avalados por encuestas precocinadas como la que se acaba de
publicar este fin de semana. Las últimas ideas o propuestas lanzadas por el
dirigente socialista, bastante disparatas por cierto, no parecen responder a un
sólido y elaborado programa de gobierno, sino que más bien se asemejan a globos
sonda, a ocurrencias electoralistas o, lo que es más preocupante, a
posicionamientos obligados quizás por la influencia de Podemos.
Hace unos días, el líder
socialista, preguntado sobre qué Ministerio sobraría, respondió con rotundidad
y sin matizaciones que sobraba el Ministerio de Defensa. Faltó tiempo para que
saltaran todas las alarmas en Ferraz y para que se apresuraran a “matizar” esta
afirmación señalando que lo que en realidad quería decir es que había que
reducir su presupuesto. Pero, no nos engañemos, dijo lo que dijo y lo hizo sin matización
alguna. Y si en Ferraz piensan de verdad que hay que reducir el presupuesto
vamos listos los españoles.
Ya unos pocos días antes, el Sr.
Sánchez había defendido que las víctimas de violencia de género tuvieran
funerales de Estado, con todo lo que ello supone. Y también los “apagafuegos”
de Ferraz habían tenido que salir a la palestra para aclarar semejante
propuesta matizando que en realidad lo que quería decir es que en los oficios
religiosos por esas víctimas debería haber alguna presencia gubernamental.
Ayer mismo, sin ir más lejos, el
líder socialista anunció que en el caso de llegar al gobierno subiría el sueldo
a los docentes y es de suponer que se estaba refiriendo de forma exclusiva a
los docentes que dependen de las administraciones públicas. Constituye todo un
misterio conocer la razón por la que sólo esta categoría de empleados públicos,
los docentes, van a ser premiados con un incremento salarial y no así el resto
de empleados públicos. Los mal pensados apuntan a que este guiño a los docentes
públicos obedece a la indudable capacidad de los mismos de influir en las
mentes de los escolares, pero es toda una incógnita la razón de fondo de esta
inusitada promesa. Empleados públicos lo son también los médicos, los bomberos,
los policías, los administrativos, etc. y todos ellos han venido sufriendo una
pérdida salarial enorme durante los últimos años con congelaciones salariales y
recortes retributivos impuestos primero por Zapatero y continuados después por
Rajoy. No cabe pensar pues otra cosa que con este nuevo socialismo la igualdad
es relativa y que depende de de la arbitrariedad del gobernante de turno.
Y, por si fuera, poco los
socialistas y su nuevo líder andan todavía perdidos respecto al independentismo
catalán. De una parte sus correligionarios en los ayuntamientos catalanes andan
votando favorablemente las mociones a favor del referéndum ilegal presentadas
por los partidos separatistas. De otra, sigue proponiendo, como lo venía
haciendo su antecesor Pérez Rubalcaba, una reforma constitucional para hacer de
España un estado federal como fórmula para acabar con las tensiones rupturistas
de los independentistas. Sin embargo, el Sr. Sánchez y su partido no nos
explican dos cuestiones básicas: de una parte qué entienden exactamente por un
estado federal, si se trata de que todos los estados federados (las actuales
comunidades autónomas) gocen de iguales competencias o no o si, por el
contrario, se trata de resucitar esa peculiar idea del federalismo “asimétrico”
y, de otra, si embarcarse en semejante reforma constitucional va a ser aceptada
por los independentistas y, por tanto, va a servir para acabar con esta
pesadilla rupturista. Si una cosa está clara es que promover una estructura
federal a través de la reforma constitucional para no arreglar nada es un disparate
político.
Es de desear que el nuevo líder
socialista encarne un nuevo proyecto sólido y apto para el conjunto de España y
que con el tiempo ocurrencias como las anteriores sean sólo el recuerdo de
disparates transitorios y no el anticipo de una política que de hacerse
realidad sería un desastre.
Santiago de Munck Loyola
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