Ley de memoria democrática: el blanqueamiento de la izquierda totalitaria.

Hace años, en Brujas, el guía que acompañaba al grupo de turistas que habíamos embarcado en la barca para recorrer los canales, al darse cuenta de la presencia de españoles, nos dijo “la historia cambia mucho según el lado del que se cuente, unos mismos hechos se interpretan hasta de maneras opuestas. Los españoles dicen que Bélgica, Flandes, fue suya a partir del Emperador Carlos, pero teniendo en cuenta que Carlos era flamenco, nacido y criado aquí, hay quien puede sostener lo contrario ya que un flamenco heredó la Corona española”. Y no le faltaba parte de razón. La historia estudia hechos y procesos pasados y no sólo los estudia, sino que los interpreta con la mayor objetividad posible. 

Carlos I de España y V de Alemania nació en Gante, ciudad flamenca, en la actual Bélgica. Era hijo de Hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso, nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña y por vía materna de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. A los 15 años fue proclamado Señor de los Países Bajos y a los 17 proclamado Rey y Señor de las posesiones de sus abuelos maternos. Fue un extranjero que vino a reinar en España sin tan siquiera dominar el idioma. Esos son los hechos históricos. Son indiscutibles, pero aún así, pueden ser interpretados de distinta manera porque la objetividad también es variable en función del contexto de quien hace su interpretación.

 

El Gobierno acaba de aprobar el Anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática”. La denominación no es casual. Si ya la historia, el estudio e interpretación de hechos y procesos pasados, está sujeta a grandes dosis de manipulación en función del grado de objetividad aplicado en su interpretación, la memoria aún es más manipulable. La memoria es una función cerebral y, por tanto, individual que permite al organismo del individuo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado y esa información, en este caso, es la que proporciona la historia. Hay memoria inmediata, memoria a corto y largo plazo, memoria selectiva, pero ¿memoria democrática? Legislar por un gobierno lo que es y no es memoria supone una selección arbitraria de los hechos pasados objeto de la Ley.

Es elevar a rango de ley una determinada selección de hechos y la interpretación de los mismos para constituirlos en memoria colectiva, es decir, en verdad oficial, anulando y persiguiendo la expresión de las memorias individuales que no coincidan con el relato oficial. Algo así, recuerda mucho a cómo los cerdos manipulaban la historia en la obra “Rebelión en la granja” de George Orwell.

 

A nadie se le puede escapar el tufo totalitario que desprende este anteproyecto de ley. No en balde los únicos partidos políticos participantes en la Guerra Civil que cuentan hoy con representación parlamentaria son el PSOE, el PCE, el PNV y ERC. Y basta con leer la exposición de motivos para confirmarlo. En esta exposición de motivos se habla de “esos periodos democráticos que eran abruptamente interrumpidos” y se señala que “el último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra”. No se puede mentir más descaradamente. La Segunda República no fue interrumpida por UN golpe de estado, sino por DOS golpes de estado. ¿O acaso el golpe protagonizado por la izquierda en 1934 no fue tal? Sí, en 1934 hubo un golpe de estado organizado y perpetrado por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas que fracasó. Como también fracasó el golpe de estado de 1936 y se desencadenó la guerra civil.

 

Sigue la Exposición de Motivos diciendo que “la ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”.Claro que sí, pero ¿sólo la verdad sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista? ¿Y qué hay de los procesos de violencia y terror desarrollados a lo largo de la segunda república? ¿Y de los llevados a cabo en el campo republicano del 36 al 39? ¿No hay nada que decir? ¿No existieron? ¿no son condenables?

 

El anteproyecto continúa señalando que “se trata de articular una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su integridad, rehabilitando la memoria de las víctimas, reparando los daños causados y evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de regímenes totalitarios”. De acuerdo, perfecto, pero cuando se habla de asumir los hechos del pasado en su integridad significa en su integridad y ello exige reconocer todos los hechos incluyendo la violencia previa al 36 también perpetrada por la izquierda, la violencia y el terror desarrollado en la retaguardia republicana durante la guerra civil y evitar la justificación presente de regímenes totalitarios incluidos, por supuesto, los regímenes comunistas. No cabe ninguna duda de que un Gobierno que al mismo tiempo que impulsa esta ley es incapaz, no ya de condenar, sino de calificar como dictadura al régimen comunista cubano carece de legitimidad para impulsar una Ley tan innecesaria como delicada como ésta.

 

Sí, esta nueva Ley es innecesaria. Hace 46 años que Franco murió y con él su régimen. Hace 82 años que acabó la Guerra Civil. La Constitución del 78, la del consenso y la reconciliación, dio paso a diferentes y sucesivos gobiernos que han ido legislando para reparar los daños morales y políticos causados por la dictadura franquista. Y si algo queda por hacer en este campo puede y debe hacerse sin necesidad de crear una verdad oficial que sirva para blanquear a todos los que desde la izquierda contribuyeron al fracaso del régimen republicano. Porque lo cierto es que la República fue víctima tanto de la derecha reaccionaria como de la izquierda revolucionaria. El dirigente socialista Largo Caballero decía el 20 de enero de 1936 “La case obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y, como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Ni la mayoría de los socialistas ni, por supuesto, los comunistas creían en la democracia tal y como hoy la entendemos.

No lucharon por las libertades que hoy disfrutamos, sino por “las libertades” que imperaban en la Rusia de Stalin. Ya en 1933 Largo Caballero afirmaba “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos” y en 1934 “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”.

 

Son muy numerosos los ejemplos que podrían citarse que demuestran que la nueva verdad oficial que pretende imponer este anteproyecto de Ley no se corresponde con los hechos históricos, que es profundamente sectaria, que busca blanquear a los totalitarios socialistas y comunistas, que ignora la Resolución europea sobre la condena de las ideologías totalitarias (incluyendo la comunista) y tapar sus crímenes.

 

Seguramente, nuestra sociedad necesita hoy, más que una ley para remover un pasado poco edificante, una Ley para defender nuestra democracia frente a las ideologías totalitarias, frente al terrorismo reciente y el olvido de sus victimas blanqueando a sus actuales voceros y frente a los que permanentemente actúan contra la soberanía del pueblo español, negándole su existencia como tal y su derecho a decidir sobre el conjunto de la Nación española.

 

Santiago de Munck Loyola

La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola

Con la libertad de los cubanos, sí o sí.

Vamos a ver, algo está fallando aquí. Resulta que de todos es sabido que Cuba padece, desde mi punto de vista, o disfruta, desde el punto de vista de los izquierdistas, de un régimen comunista. Y el régimen comunista cubano cumple perfectamente con lo que se espera de un régimen comunista, es decir, con lo que establecen los cánones comunistas: partido único, ausencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de manifestación, de libertad de movimientos o de libertad económica y todo ello aderezado con la oportuna represión fulminando los derechos humanos más elementales. O sea, comunismo de libro. El régimen cubano es una dictadura “del proletariado”, sí, dictadura marxista y que ha seguido al pie de la letra las ideas de Engels “el partido victorioso (en la revolución) si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios”.

 

Y algo está fallando en España cuando los políticos comunistas, podemitas y socialistas no se atreven a decir claramente que Cuba es una dictadura, que lo que hoy y desde hace 62 años disfrutan o padecen los cubanos es una dictadura del proletariado de manual marxista, una dictadura comunista con los deberes bien hechos imponiendo el terror “engueliano” a todos los reaccionarios, o sea, a todos los que no sean comunistas. Porque lo quieran o no comunismo y dictadura son sinónimos. Ser comunista de manual, ortodoxo, implica ser enemigo radical de las libertades públicas, del libre ejercicio de los derechos humanos más elementales.

 

Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.

 

Estamos asistiendo a una protesta, a un levantamiento de buena parte del pueblo cubano que tras 62 años de dictadura comunista, de democracia popular, está saliendo a las calles para decir ¡Basta! Ante cualquier clase de vulneración de los derechos humanos no vale la táctica de la avestruz, no puede haber equidistancias y no pueden prevalecer las conveniencias económicas. Es incomprensible que, mientras el Gobierno español aplaude sin reservas cualquier medida que la UE adopte contra Hungría o Polonia por supuestas vulneraciones de los derechos del colectivo homosexual, sin embargo, mire hacia otro lado cuando todo un pueblo especialmente cercano al español como el cubano sufre una constante vulneración de sus derechos humanos. No hay excusa que valga, ni valen las razones diplomáticas, ni las de oportunidad para no decir las cosas claras, para no llamar a las cosas por su nombre. 

 

El pueblo cubano es prisionero de una terrible dictadura y ningún demócrata puede mirar hacia otro lado, ni tratar de enmascarar la condenable situación de los cubanos. Y si tras la miserable actitud de tibieza del Gobierno de España solo se esconde su fragilidad y su dependencia de fuerzas políticas que defienden la vulneración de los derechos humanos perpetrada por sus afines ideológicos en Cuba es que nuestros propios derechos humanos y nuestra democracia también está en peligro.

 

Santiago de Munck Loyola

La autonomía para Alicante es posible y deseable.

Que Alicante es una provincia discriminada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana o en los del Estado no lo puede negar nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, y de hecho cuando sus adversarios políticos gobiernan en una u otra administración los políticos alicantinos se atreven a decirlo. Hoy, los políticos alicantinos de derechas lo dicen mientras que los de izquierdas se callan. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando era la derecha quien gobernaba en el Estado o en la Comunidad Valenciana. Pero si en algo coinciden unos y otros es en que, salvo criticar esa situación injusta e incumplir sus promesas de rectificación, ni unos ni otros han propuesto jamás una alternativa constitucional para acabar con esa situación y devolver a Alicante la dignidad que le corresponde.

 

La Constitución de 1978 estructuró parte de la organización del Estado en Comunidades Autónomas tratando de descentralizarse y de acercar el poder de las administraciones a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa autonómico no se estableció sobre la base de la distribución regional hasta entonces existente y aparecieron nuevas Comunidades Autónomas hasta entonces inexistentes o se crearon otras con escaso arraigo histórico. Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha o Murcia. No se tocó la división provincial diseñada por el Ministro de Fomento Javier De Burgos y aprobada el 30 de noviembre de 1833. En este contexto nace en 1982 la Generalidad Valenciana como gobierno de la Comunidad Valenciana. El antecedente histórico remoto fue la Diputación del General, surgida en el siglo XIV como una comisión de las Cortes del Reino de Valencia para administrar un impuesto denominado generalidades.

Sin arraigo histórico real, ni arraigo popular se creó en 1982 una administración ex novo que, además, ignoró las peculiaridades históricas de la Provincia de Alicante que, por cierto, durante siglos mantuvo una administración autónoma dentro del Reino de Valencia como lo era la Gobernación General de Orihuela creada en 1366 y cuya demarcación ocupaba gran parte de la actual Provincia de Alicante.

 

Es evidente que el sistema autonómico, junto a grandes ventajas, arrastra también muchas carencias y defectos que casi nadie se atreve a abordar seriamente. La clase política se encuentra inmersa en el problema independentista y lleva muchos años olvidándose de mejorar y perfeccionar un sistema territorial cuyos defectos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y no se trata sólo de su financiación. Sin ir muy lejos, hemos podido comprobar que el estado autonómico ha sido muy ineficiente para gestionar la pandemia: comunidades autónomas compitiendo entre sí en los mercados internacionales para adquirir material sanitario, multiplicidad de normas contradictorias, ausencia de una dirección nacional para una emergencia nacional, etc. Pero es que, además, el estado autonómico no garantiza entre los ciudadanos el principio constitucional de la igualdad de derechos en materias tan básicas como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Ya hace años se cuantificó en 40.000 millones de euros el coste para las empresas españoles que implica la ruptura del mercado único en el territorio nacional.

 

Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.

 

Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.

 

Alicante puede, si sus ciudadanos así lo deciden, seguir como hasta ahora y perpetuar esta situación o decir ¡basta ya! e intentar un nuevo camino. Alicante tiene historia propia, población y recursos suficientes como para reclamar un estatus distinto: el de Comunidad Autónoma Uniprovincial, como Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja o Navarra. Y no, no es ninguna locura porque el mapa autonómico no está definido en la Constitución (no hay que tocarla) y porque la historia reciente no puede ser condicionante ni del presente ni del futuro ¿Quién decide qué punto de la historia nos vincula a una Generalidad que no se corresponde con la actual? ¿Por qué no se busca el arraigo en la Gobernación General de Orihuela? ¿O en el Reino de Tudmir? Construir una nueva Comunidad no es ser “independentista”, es ser autonomista y es serlo para reforzar la unidad de España. No se trata de construir una Comunidad Uniprovincial al uso, sino diferente. Una Comunidad solo con las competencias realmente útiles y convenientes para, de una parte, administrar los intereses alicantinos desde Alicante, no desde Valencia, y de otra fortalecer la cohesión nacional dejando al Estado las competencias que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles. Se trata también de economizar recursos, de no tener que sostener con los impuestos a cinco administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Regional, al Estado y a las Instituciones Europeas, sino a cuatro fundiendo en una a la Diputación Provincial y al Gobierno Regional.

 

Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

Sr. Sánchez, métase los indultos por donde le quepan.

Pedro Sánchez ya ha empezado a sacar la patita. Por fin, lo que muchos pensábamos se empieza a hacer realidad. Pedro Sánchez se dispone a pagar a los enemigos de España el precio por haberle hecho Presidente. El PSOE del indigno Sánchez se prepara a indultar a los delincuentes golpistas catalanes y, para ello, toda la batería mediática progre empieza a inundarnos con falsos mensajes y argumentos falaces sobre la bondad de semejante disparate y traición a la Constitución y a España.

 

Lo primero que hay que subrayar es que en España no hay ningún preso político, aunque lo diga el mismo Papa. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Lo que hay son políticos presos por haber cometido no uno, sino muchos delitos contra el estado, contra la hacienda pública y contra la pacífica convivencia entre los españoles. Sus delitos son gravísimos pues pretendían quebrar lo más sagrado para cualquier demócrata, la soberanía nacional, el derecho a decidir de todos españoles, no de unos pocos, y la unidad nacional cuya defensa en última instancia habría supuesto la quiebra de la pacífica convivencia y su aseguramiento finalmente mediante el uso de las armas.

No hay otra posibilidad. Hay miles de españoles en las cárceles condenados por delitos mucho menos graves y menos trascendentes y no se escucha a ningún político, ni a ningún comunicador andar pidiendo indultos, ni amnistías. Y muchos de estos ciudadanos están en la cárcel por haber quebrantado la ley para simplemente sostener a sus familias. Los indultos supondrían ante todo la quiebra de uno de los principios básicos de la Constitución, el de la igualdad de los españoles ante la Ley. Resulta paradójico que la izquierda, la misma que se llena la boca hablando de igualdad, se pase por el arco del triunfo esa sacrosanta igualdad: si cometes delitos por muy graves que sean, malversar fondos, prevaricar, rebelión, etc. con una excusa política ya puedes ser indultado. Y a los que no tengan un móvil supuestamente político, que les den.

 

En segundo lugar, el Sr. Sánchez y sus voceros deberían ahorrarse sus supuestas justificaciones. No nos las tragamos. Los indultos nada tienen que ver con la búsqueda de una solución para el problema de Cataluña, son simplemente el pago del precio por seguir en el gobierno. Nada más. Los indultos no sólo no van a suponer la desaparición de un problema ya que los separatistas y golpistas condenados han manifestado por activa y por pasiva no sólo que no están arrepentidos, sino que van a volver a hacer lo mismo en cuanto tengan otra ocasión, es decir, que en cuanto puedan van a intentar forzar nuevamente el enfrentamiento civil y el derramamiento de sangre si es necesario, con el añadido, además, de que van a suponer un incremento de la tensión política a nivel nacional entre los defensores de la Constitución y de la unidad de España con los defensores de la mercantilización de la Justicia.

 

Y en tercer lugar si hay algo especialmente repugnante es el uso de la Constitución para amparar y justificar una medida absolutamente inaceptable para cualquier persona con un mínimo de decencia. Es llamativo el hecho de que se intente justificar unos indultos apelando a la inexistencia de valores constitucionales como la venganza o la revancha. Pues claro que no son valores constitucionales, como tampoco lo son el amor o la abnegación. ¿Y qué? Pero la justicia y la igualdad ante la ley sí son valores constitucionales. Es más, son exigencias irrenunciables. Y unos hipotéticos indultos pisotearían ambos principios. Un presidente del gobierno serio y decente no puede "comprar" el discurso de los golpistas y asumir que las condenas de los golpistas y su cumplimiento conforme a la ley son actos de “venganza o de revancha” porque de hacerlo estaría deslegitimando a las más altas instancias de la Justicia del Estado, es decir, de hacerlo estaría promoviendo un auténtico golpe de estado judicial. Y tan llamativo como apelar a valores no recogidos en la Constitución es hacer lo mismo con la utilización de la palabra concordia. Sí, la Constitución de 1978 fue definida como la Constitución de la Concordia porque por primera vez España se dotaba de una Constitución apoyada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de izquierdas y derechas, porque fue el fruto de un pacto de estado entre los herederos de los vencedores y de los vencidos en la guerra civil intentando así cerrar y olvidar los episodios más siniestros de nuestra reciente historia. Sí, concordia, término que significa conformidad y unión. Hay que tener cuajo y desfachatez para relacionar, como hace Sánchez, concordia con indultos a los delincuentes golpistas. ¿Dónde está la conformidad y con quién? ¿Dónde la unión?

 

Los indultos son un instrumento legal, pero en este caso no están ni política, ni jurídica, ni éticamente justificados. No cuentan ni con el aval de la Fiscalía, ni con el del Tribunal Supremo. Que no nos hablen del sufrimiento de los presos y de sus familias porque ese sufrimiento es común a todos los que delinquen. Que no nos hablen de venganza o revancha porque saben que en España hay Justicia. Que no nos hablen de los valores constitucionales porque conforme a dichos valores se han dictado las sentencias. Y, sobre todo, que no nos intenten engañar apelando a una concordia que los independentistas odian. El Presidente Sánchez puede, por una vez y sin que sirva de precedente, hacer caso al Sr. Junqueras y meterse los indultos “por donde le quepan” y todos sabemos que por ahí le caben muchos.

 

Santiago de Munck Loyola

¿Valencianista y alicantinista?

Pronto se va a celebrar el Congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en el que los compromisarios elegirán al nuevo Presidente del PPCV y que será, sin ninguna duda, el candidato ungido por el dedazo de Génova, es decir, al actual Presidente del PP de Alicante y Presidente de la Diputación, Carlos Mazón. 

Desde una perspectiva estrictamente personal poco puede ser más grato que una persona como Carlos Mazón, un alicantino profundo conocedor de la cosa pública, con una amplia experiencia política, pase a presidir el Partido más importante de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el hecho de que un alicantino presida el PP de la Comunidad Valenciana y que de ahí pueda presidir el propio Gobierno de la Generalidad, no es en si mismo ninguna garantía de que el peso de nuestra provincia, su relevancia y su tratamiento mejore en un futuro próximo. Ya en 1995, otro político alicantino, aunque nacido en Cartagena, Eduardo Zaplana presidió el PPCV y logró hacerse con la Presidencia de la Comunidad Valenciana durante siete años. Y esta circunstancia no supuso un cambio significativo en la política y, por tanto, en las inversiones territoriales de la Generalidad Valenciana. Las inversiones en Alicante no mejoraron, la cohesión territorial de la Comunidad Valenciana tampoco y la brecha de la renta entre alicantinos y valencianos siguió ensanchándose. Una administración pública como la Generalidad Valenciana que no ha logrado en toda su historia reducir la brecha económica entre los ciudadanos de sus distintos territorios es una administración fallida. Gobierne la izquierda o lo haga la derecha los alicantinos siempre han perdido.

 

En este sentido, es especialmente significativa la reciente declaración de Carlos Mazón señalando que "El Partido Popular debe crecer por el centro y ser valencianista". Si se piensa que esta frase encierra algo más que un simple tópico de carácter protocolario de quien aspira a gobernar toda la Comunidad Valenciana y que es, por tanto, una verdadera declaración programática se disparan las señales de alarma. No por la intención de ensanchar la base electoral del PP por el centro, sino por la aspiración de convertirlo en un partido valencianista.

 

¿Qué significa exactamente que el PP deba ser un partido valencianista? El valencianismo puede ser de carácter regionalista o nacionalista. El valencianismo de carácter regional es una corriente política que promueve la recuperación de la identidad propia de la Comunidad Valenciana, una Comunidad con 39 años de historia. Sin embargo, el valencianismo ignora o pretende ignorar la inexistencia de una identidad cultural e histórica uniforme en todo su territorio y especialmente en nuestra provincia. Por su parte, el valencianismo nacionalista aspira al autogobierno de la actual Comunidad Valenciana incluyendo el derecho a la autodeterminación de su territorio y normalmente asume que la Comunidad Valenciana forma parte culturalmente de los llamados Países Catalanes.

 

Asumiendo de antemano que el candidato Carlos Mazón se refiere al valencianismo regionalista, su pretensión de convertir al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en un partido valencianista no es una buena noticia para el conjunto de los alicantinos. Es precisamente el carácter uniformador y centralista del valencianismo el que, al negar la existencia de una identidad plural en su territorio, ha venido perjudicando no sólo al desarrollo económico de Alicante sino también al libre ejercicio de libertades individuales tan elementales como las relacionadas con el uso del idioma mayoritario de nuestra Provincia, el español.

 

No se puede ser a la vez valencianista y alicantinista, como no se puede ser a la vez del Hércules y del Elche o comunista y demócrata. Es perfectamente legítimo apuntarse al valencianismo, pero hay que asumir que ello conlleva indefectiblemente un abandono de las justas reivindicaciones de los alicantinos frente al maltrato, a las discriminaciones permanentes y a la colonización cultural de la Generalidad Valenciana de una provincia tan plural y tan española como la nuestra.

 

Santiago de Munck Loyola