Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.

No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.

Santiago de Munck Loyola

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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“Los putos españoles tarados” D. Arturo Balaguer dixit.

Dicen que un día malo lo tiene cualquiera. Y es evidente que el 17 de agosto de 2014, D. Arturo Balaguer, asesor y miembro del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela merced al “dedazo” de la Alcaldía, no tuvo un día especialmente bueno o inspirado. Varios medios de comunicación se han hecho eco del tuit que el periodista, o “agroperiodista” como él mismo se denomina, publicó y en el que llamaba “putos españoles tarados” a los madrileños que veranean en nuestras tierras con “niños maleducados”. Un día malo lo tiene cualquiera, dicen, pero hay personas que por razón de su cargo o de su profesión no pueden permitírselo. Es muy significativo el uso de los insultos concretos que el “agroperiodista” emplea: “putos españoles tarados”. El odio a lo español es evidente, amén de su fobia a los madrileños y a sus niños. Lo extraño es que alguien con tan mala educación y sin complejo alguno en hacer pública exhibición de la misma sea capaz de distinguir a un niño maleducado de otro.

Un día malo lo puede tener cualquiera, pero cuando, como en el caso que nos ocupa, no se procede a borrar ese tuit, ni a pedir disculpas por ello, es que no se trata de un día malo, sino de una determinada forma de ser y proceder, de una actuación consciente y deliberadamente ofensiva lanzada contra los cientos de miles de madrileños que veranean en nuestras tierras y que, en muchos casos, tienen una segunda vivienda aquí. El Gobierno Municipal de Orihuela debería haber despedido ya a este “maestro del agroperiodismo” y si no lo hace habrá que deducir que suscribe sus palabras y sus insultos a esas decenas de miles de madrileños que veranean en Orihuela, muchos de ellos propietarios de viviendas, que también pagan allí sus impuestos al Ayuntamiento y no, precisamente, para que desde el consistorio se les insulte.

Un día malo lo puede tener cualquiera y alguien podría pensar que también ha sido ése el caso de José Juan Zaplana, Secretario General del PP Alicantino, quien tampoco ha estado demasiado afortunado a la hora de exigir el cese del D. Arturo Balaguer. Lo cierto es que lo raro es que el Secretario Provincial de los Populares tenga un buen día. Pero bien, centrándonos en el asunto, tras pedir correctamente el cese del asesor y las públicas disculpas de la Alcaldía de Orihuela por los insultos a los madrileños, el Sr. Zaplana ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter una cuña en defensa de la impresentable propuesta del PP para reformar deprisa y corriendo el sistema de elección de los Alcaldes. Así, el Sr. Zaplana ha señalado que "El problema de fondo es que en Orihuela decidieron la Alcaldía quienes perdieron las elecciones [los Verdes apoyados por el PSPV]. Si quien gobernara fuera el más votado, el PP, este individuo no habría tenido sitio en el Ayuntamiento y nos hubiéramos ahorrado este sofoco. Si estas son las formas que utilizan quienes llegan al abrigo de un gobierno de izquierdas, no las queremos". Disciplinado mensajero, el Sr. Zaplana repite el argumentario oficial allí donde tiene ocasión. No en balde, ante las negras expectativas electorales el PP se ha lanzado a una carrera suicida para reformar la Ley Electoral y evitar así la pérdida de muchas alcaldías, algo que motiva especialmente a cuantos no habiéndose ganado nunca la vida fuera del paraguas de la política ven peligrar su sustento.

No está de más recordar que el problema de fondo es que en Orihuela hubo una mayoría de votantes que no querían que gobernase el Partido Popular y que por eso el Partido Popular no sumó más votos que el resto. El problema de fondo es que el Partido Popular no ha podido ni tan siquiera promover una moción de censura en Orihuela porque tiene a algunos de sus dirigentes locales imputados en presuntos casos de corrupción. El problema de fondo es que 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados, que la ex alcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada y que otros cuatro ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia. El problema de fondo es que éstas son las consecuencias de elaborar las listas a “dedazo” y de practicar una política contraria a la idea de regeneración democrática. El problema de fondo, en fin, es que hay más vecinos de Orihuela que no querían que volviera a gobernar este PP que los que sí querían.

Mucho habría que volver a hablar sobre la elección directa de los Alcaldes, sobre cómo hacerlo, sobre si es bueno o no que el PP incentive con ello el “frentepopulismo” o facilite que BILDU pueda lograr más alcaldías, por ejemplo, pero traer a colación este tema a propósito del impresentable comentario del asesor digital del Alcalde de Orihuela es una simpleza oportunista que denota otro mal día.

Santiago de Munck Loyola

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La elección directa de los alcaldes.

Una de las consecuencias de los resultados de las últimas elecciones europeas ha sido el encendido de alarmas en el Partido Popular ante la previsible pérdida de numerosas alcaldías en las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo del 2015. Lamentablemente estas alarmas no han activado un proceso interno de autocrítica para analizar las causas de la pérdida de apoyo electoral sufrida y corregir los errores cometidos. Lo que han activado las alarmas es la búsqueda de mecanismos legales para garantizar poder conservar las alcaldías en riesgo de pérdida a pesar de la sangría de votos. ¿Tanto miedo provoca a los populares la irrupción de Podemos o el declive del bipartidismo? ¿Tan poca confianza tienen en sus propias políticas?

En el Partido Popular han encontrado la solución para poder seguir gobernando los ayuntamientos a pesar de obtener menos votos: reformar las reglas de juego, reformar la ley para que resulte automáticamente elegido Alcalde el candidato más votado siempre que supere el 40 % de los votos. Esto de cambiar las reglas de juego en medio de un partido es propio de trileros y tramposos, pero ésta es, al parecer, el tipo de regeneración que algunos dirigentes populares quieren vendernos a los ciudadanos para “fortalecer” la democracia. La experiencia demuestra, una y otra vez, que las reformas legislativas hechas deprisa y corriendo, respondiendo a fenómenos coyunturales y sin contar con un amplio consenso suelen ser contraproducentes y esta lleva todo el camino de serlo. Y no se trata de una simple reforma de la Ley electoral, sino que se trata de todo un cambio que afecta directamente a la Ley de Bases de Régimen Local y a procedimientos relativos a la distribución de competencias en las corporaciones o a la figura de la moción de censura, por ejemplo.

Los defensores de esta idea, la elección directa de los alcaldes en estos supuestos, lo hacen alegando que así se facilitaría que gobernase la lista más votada. Dicen que no es democrático que pueda ser elegido alcalde alguien que se ha quedado en segundo o tercer lugar merced a los pactos postelectorales. Sin embargo, estos argumentos que a primera vista podrían parecer lógicos no se ajustan a la realidad.

Hay que empezar por aclarar que en España los ciudadanos no elegimos directamente ni al Presidente del Gobierno, ni a los Presidente autonómicos ni a los Alcaldes. Los ciudadanos elegimos a representantes, diputados y concejales, para que sean ellos los que elijan en su ámbito, Congreso, Parlamentos Autonómicos o Plenos Municipales, al Presidente del Gobierno, a los Regionales o a los Alcaldes. Se trata de un sistema fundamentalmente parlamentarista recogido en la propia Constitución. Es el Parlamento, el Congreso en concreto, el que elige al Presidente del Gobierno y este principio parlamentarista es el que se ha implantado de arriba abajo hasta llegar a los Ayuntamientos. Si nadie cuestiona este principio y, por tanto, no se cuestiona la legitimidad democrática de un Presidente de Gobierno elegido merced a las alianzas parlamentarias que sean precisas ¿a qué viene cuestionar ahora, a pocos meses de la celebración de unas elecciones municipales, la legitimidad y la calidad democrática de los alcaldes elegidos por los concejales?

Para los defensores de esta reforma unilateral y arbitraria del sistema de elección de los alcaldes es poco democrático que no pueda gobernar la lista, que no el candidato, más votada. Entonces ¿es más democrático que alguien con un 40 % de los votos pueda gobernar aplicando políticas no votadas y contrarias a la mayoría social?

Es cierto que nuestros sistemas de representación adolecen de muchos defectos y que es preciso realizar reformas para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones. Tenemos una Constitución que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien y que es perfeccionable. Pero esta Constitución contiene principios y reglas de participación que inspiran el conjunto del sistema político. Abordar apresuradamente, de forma partidista y sin visión de estado algo tan importante como la reforma de las reglas de juego y de participación ciudadana de unas instituciones tan importantes y cercanas a los ciudadanos como son los Ayuntamientos no es admisible. Debemos mejorar la calidad de nuestra representación de modo que el voto de un ciudadano de Soria valga lo mismo que el voto de un ciudadano de Madrid, por ejemplo, algo que ahora no existe. Debemos mejorar la capacidad de elección de los ciudadanos que se ven obligados a votar listas cerradas impuestas por los partidos sin procesos previos de democracia interna. Debemos mejorar la vinculación y la responsabilidad de los cargos electos ante los electores de modo que votar no sea otorgar un cheque en blanco por cuatro años. Debemos buscar nuevas fórmulas que permitan al ciudadano intervenir directamente a través de las nuevas tecnologías en los procesos de toma de decisiones. En fin, que hay muchas tareas pendientes por delante para mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político sin necesidad de acudir a reformas improvisadas y sin consenso que solo buscan un satisfacer un interés egoísta coyuntural.

Santiago de Munck Loyola

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