Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

La peregrinación indigna de la besucona.

En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

¡Adiós, agosto, adiós!

Vaya mes de agosto. Lo cierto es que los medios de comunicación en este mes de agosto han sido unos auténticos terrarios para reptiles veraniegos y han elevado a la categoría de hechos trascendentes o históricos, sucesos y noticias irrelevantes para la gran mayoría de los ciudadanos. Página tras página, programa tras programa, comentaristas de todo y expertos en nada nos han castigado de forma machacona,

inmisericorde y en oleadas sucesivas con sus elucubraciones sobre el viaje de novios de Falcón Crest y Onieva, pareja tan mediática como hueca, con marquesado incluido, con la paternidad tardía o no de Bertín Osborne, con el asesinato y descuartizamiento en Tailandia protagonizado por el hijo del actor Rodolfo Sancho, con el "picogate” del patán federativo Rubiales y, entre col y col, con una de olas de calor o de fuertes tormentas con salsa de calentamiento global, como si eso no fuera lo normal en pleno verano peninsular. 

No nos han contado, porque, total, ya lo notamos directamente en nuestros bolsillos, y no hace falta ensañarse con nuestras penurias, quién se está forrando con la brutal subida del aceite de oliva, esencial en las cocinas españolas, o por qué se sostiene la inflación en los productos alimentarios o qué ha pasado para tener que pedir un

préstamo para poder comprar una sandía este verano, o quién es el responsable político de permitir la invasión en nuestros supermercados de productos agrícolas marroquíes tratados con fertilizantes y pesticidas prohibidos a los agricultores españoles y europeos, o cuántos

pantanos y embalses y por qué se están derribando en nuestro país castigado por la sequía.

 

Sobre el monumental e inducido escándalo del “picogate” de Rubiales y la señorita Jenni hay que subrayar la inmensa hipocresía de nuestra sociedad y, como no, de nuestros políticos. Aquí y ahora todos tenemos que ser solidarios con la futbolista protagonista. ¿Y dónde está la solidaridad con la mujer sevillana que sufrió un intento de violación por parte de un violador que estaba en la calle antes de tiempo gracias a la rebaja de pena aprobada por el Gobierno de España? Claman por la dimisión de Rubiales por el pico consentido o no por la futbolista ¡Vaya usted a saber! ¿Y dónde están las peticiones de dimisión de los políticos que aprobaron una Ley que ha permitido la reducción de penas de más de mil violadores, asesinos y pederastas? Si esto no es hipocresía, si el “picogate” no es un escándalo artificial, azuzado y jaleado por los creadores de la ley del “sí es sí” y secundado bienintencionadamente por media España, que venga Dios y lo vea.

 

Llega septiembre y debemos irnos preparando para que nos inunden ahora con noticias, comentarios y programas sobre la vuelta al cole, sobre lo que cuesta cada niño, sobre las subidas de precios del material escolar, sobre las depresiones por la vuelta al trabajo y los divorcios que se cuajan en período estival, sobre si a Núñez Feijóo le salen o no las cuentas (que no le salen, evidentemente) y con anuncios de revistas con minuiaturas coleccionables interminables. Todo ello, mientras los perdedores de las elecciones se aprestan a negociar lo innegociable: la justicia a la carta, la dignidad del Estado y la unidad de la Patria. Ya nos va preparando Pedro cum laude y sus voceros a sueldo con una simpleza como la de que “en el derecho cabe todo”, refiriéndose a la amnistía. Nos ha jod… Pues claro, en el derecho por caber cabe hasta la pena de muerte, so mentecato. Ésa no es la cuestión, ése no es el debate. Pero la previsible amnistía requiere más espacio. Lo dejo para otro artículo y feliz septiembre para todos.

 

Santiago de Munck Loyola

  

Un imparable proceso de degradación política.

Cada día que pasa, cada decisión política que se adopta, cada noticia nueva, cada declaración política no hacen otra cosa que poner de manifiesto que estamos en un proceso de progresiva degeneración de la política y de los miembros de la llamada “clase política”. Existe un abismo entre la política de la transición democrática y la actual. Una brecha insalvable entre los políticos de entonces y los actuales. Hemos pasado de los pactos de la Moncloa al mercadillo de la Moncloa, de considerar un mérito construir una España para todos a calificar de éxito desenterrar a un muerto, del consenso a los cordones sanitarios, del pacto antiterrorista a los pactos con los terroristas, de la vertebración del Estado a su descoyuntamiento. 

El proceso de negociaciones y su resultado para la elección de la nueva Presidenta del Congreso, la tercera magistratura más alta del Estado, son buena prueba de ello. Y como no podía ser de otra forma, la Presidenta electa es el resultado de lo que cabía esperar. Si comparamos los últimos presidentes del Congreso con los primeros de la transición nos podemos hacer mejor una idea de cómo ha degenerado nuestra democracia, de cómo nuestras más altas instituciones se han degradado hasta límites insospechados. 

 

Fernando Álvarez de Miranda, de la UCD, primer Presidente del Congreso de la etapa democrática, fue un político, abogado y profesor universitario. Había estudiado Derecho en las Universidades de Madrid y Zaragoza y Derecho Comunitario en la Universidad de Luxemburgo. Más tarde fue profesor de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid. 

Gregorio Peces-Barba, del PSOE, tercer Presidente del Congreso, político, jurista y catedrático español de filosofía del Derecho; uno de los siete padres de la actual Constitución Española. Se había licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró cum laude con una tesis sobre el pensamiento social y político de Jacques Maritain. En la Universidad de Estrasburgo obtuvo la licenciatura de Derecho comparado. Dos personas con un altísimo nivel intelectual y humano, dialogantes y con dilatadas trayectorias profesionales antes de asumir ningún cargo político.

 

Entre los últimos Presidente del Congreso, tenemos a Francisco Javier López Álvarez, alias Patxi López, del PSOE, se matriculó en una ingeniería industrial pero no llegó a terminar la carrera. A los 28 años ya era diputado y no se le conoce otro oficio. 

Y ahora nos acaban de colocar, con el permiso de un delincuente huido de la justicia, a Francina Armengol, del PSOE, licenciada en farmacia, no se le conoce otra experiencia laboral que la de haber trabajado en la farmacia de su padre hasta 1999. Tras varios cargos políticos desde 1998, en 2015 asumió la Presidencia del Gobierno Balear. Bajo su mandato, en 2019 se destapó la existencia de una red de prostitución y tráfico de drogas que afectaba a jóvenes custodiadas por su Gobierno. Un informe de la Comisión de la Unión Europea que denunció la situación y criticó la falta de medidas preventivas por parte de su Gobierno. Impidió que el caso se investigara en el Parlamento Balear. Durante la pandemia del covid, fue sorprendida de madrugada en el HAT BAR por la Policía Local de Palma, saltándose el horario de cierre nocturno. Y le persigue la polémica por el enriquecimiento de su marido, el ex-jardinero devenido en promotor inmobiliario de lujo, Joan Nadal. A todo ello hay que añadir sus posicionamientos políticos claramente inconstitucionales como su defensa de los inexistentes países catalanes, la imposición antidemocrática del catalán y su persecución contra el español o la defensa de un referéndum en Cataluña. Se ve que no había nadie con mejor nivel en el PSOE para complacer a los separatistas, golpistas y proetarras. Una presidenta a su medida.

 

Comparando a estos cuatro Presidente del Congreso es más que evidente que la política y los políticos al uso han sufrido un proceso de degeneración y de degradación que tiene consecuencias directas, aunque no se quieran percibir, en la calidad de nuestra democracia y, por tanto, en la vida de los ciudadanos.

 

Si para conseguir la elección de una señora carente de empatía con las víctimas de abusos y desconectada de los principios constitucionales básicos el gobierno en funciones no ha dudado en saltarse la Ley solicitando a Bruselas la inclusión de las lenguas regionales en el funcionamiento de las Instituciones europeas, podemos claramente hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los votos necesarios para lograr la investidura de quien, digan lo que digan, perdió las pasadas elecciones generales. Cuando los socialistas y demás satélites repiten como loros que el PP no tiene “amigos” para lograr los votos necesarios, nos están diciendo que el PSOE sí los tiene, que los amigos de los socialistas son los herederos de quienes asesinaron con un tiro en la nuca a sus compañeros, los que han robado a manos llenas en Cataluña, los que intentaron un golpe de estado con una parodia de referéndum y cualquier delincuente que se siente en el Congreso. Sabio es nuestro refranero: “dime con quién andas y te diré quien eres” o “más vale solos que mal acompañados”.

 

En estos días buenos es recordar a John Locke, pensador inglés padre del liberalismo moderno, quien contemplaba la posibilidad de resolver el “contrato social” cuando  el poder legislativo viola la ley fundamental de la sociedad, “ya sea por ambición, por miedo, por insensatez, por corrupción o por acumular excesivo poder”. ¿A eso vamos?

 

Santiago de Munck Loyola.