Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.
El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.
Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.
Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.
La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos.
En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!
De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.
Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.
Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.
Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.
No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.
Santiago de Munck Loyola
